La última denuncia del periodista Rafael Emiro Moreno, cuya voz callaron las balas

El pasado 30 de septiembre fue la última publicación de Rafael Emiro Moreno como opinador consagrado en Voces de Córdoba, un medio de comunicación fundado por él y con más de 40.000 seguidores en la región. Si bien los sucesos de los pequeños municipios cordobeses suelen escaparse de los titulares de la prensa nacional, Moreno sentía una deuda ética y profesional con sus seguidores. A ellos les contó, ese día, cómo las autoridades de Puerto Libertador se habrían gastado $1.000 millones en un contrato de transporte escolar por solo 50 días. Dos semanas más tarde, lo asesinaron en Montelíbano, luego de que denunciara varias amenazas.

“Si tú denuncias algo que está mal, entonces tú eres extorsionista. El día de transporte escolar estaba costando un promedio de $19 millones diarios”, explicaba Moreno en el video que publicó en sus redes sociales, su formato y su canal habitual, desde donde sacaba a la luz contratos públicos, decisiones judiciales y sucesos del sur de Córdoba. Sus denuncias ahora han recibido más atención, luego de que fuera baleado por sicarios en un restaurante de su propiedad. El hecho también encendió las alarmas de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), pues recordó que denunciar en las regiones donde el Estado está ausente, y sin garantías de seguridad, puede ser mortal.

(En contexto: Sociedad Interamericana de Prensa condena el asesinato de Rafael Emiro Moreno)

Rafael Moreno estudió algunos semestres de derecho, estuvo siempre muy cerca de la política y, hace unos cuatro años, sus denuncias comenzaron a tener más visibilidad. Según fuentes de la región, fue por una entrevista que dio a Los Informantes, de Caracol Televisión, sobre la grave situación de la cárcel Las Mercedes, en Montería, que había llevado a que los internos iniciaran una huelga de hambre, tal y como había hecho por esos días el disidente de las Farc Jesús Santrich. Le contó a la periodista María del Rosario Arrázola: “Dicen que el arroz huele a cucaracha y sabe peor de lo que huele. Ahí no más empieza la huelga: no la como porque me va a afectar”.

Fundó Voces de Córdoba y, desde allí, comenzó a denunciar con nombre propio a varios funcionarios regionales y hasta congresistas. “Así tiene Orlando Farándula a Montelíbano, es una vergüenza”, escribió en Twitter el 2 de septiembre, acompañando un video que mostraba las inundaciones en el municipio e interpelando a Orlando Benítez, gobernador de Córdoba. Días más tarde, también en un tuit, había denunciado con imágenes la supuesta existencia de “una cantera ilegal en el patio de la hacienda del representante Andrés Calle y el ‘jefe de gabinete’ del ministro del Interior, Gabriel Calle”.

(Lea: Clan del Golfo niega responsabilidad por muerte del periodista Rafael Moreno)

“Rafael era un periodista que de manera regular y constante publicaba informaciones relacionadas con la administración local”, le dijo a este diario Jonathan Bock, director de la Flip. La organización venía acompañando el caso hace varios años y documentó que Moreno había recibido amenazas, al menos desde 2019, en las que se hacía referencia explícita a sus publicaciones. Por eso piden que en la investigación del homicidio se agote a fondo si tuvo en algo que ver su labor periodística. “Teniendo en cuenta los antecedentes y su actividad periodística, le solicitamos a la Fiscalía que investigue el caso relacionando el crimen con su trabajo”, añadió Bock.

Las amenazas se arreciaron entre finales de 2021 y este año. Ya Moreno contaba con un esquema de seguridad, que consistía en un escolta, un chaleco antibalas y un botón de pánico. Sin embargo, la Flip y otras organizaciones le habían pedido a la Unidad Nacional de Protección que aumentara estas medidas, solicitud que fue negada. Bock explica así lo difícil que es tener un esquema de esas características: “Cuando tienes un solo hombre, hay muchos momentos en que los protegidos quedan sin esa protección, porque les dan permiso o les dan descanso. Eso muestra la deficiencia en los medios de protección, teniendo en cuenta el riesgo que era claro que tenía el periodista”.

Precisamente por esos riesgos y por la sensibilidad de la información que manejaba, a Rafael Moreno lo contactaron de la organización internacional Forbidden Stories, que se ha puesto en la misión de continuar el trabajo de otros reporteros encarcelados, secuestrados o asesinados. Por ejemplo, en el pasado, han continuado con las investigaciones de la periodista de Malta Daphne Caruana Galizia. Querían que el reportero cordobés participara de un taller de su iniciativa SafeBox Network, para compartir su información con otros periodistas que podrían continuar su labor si algo llegaba a pasarle. Como en efecto ocurrió.

Clément Le Merlus, periodista de Forbidden Stories y coordinador del SafeBox Network, explicó por qué llegaron hasta este reportero: “Rafael trabajaba en una zona muy sensible. La información que revelaba molestaba a políticos y grupos armados, y ponía su vida en peligro. Le propusimos que se uniera a SafeBox Network para que protegiera su información, compartiéndola. Porque creemos que la protección de la información puede proteger a los periodistas: sería contraproducente silenciar a un periodista que comparte su material de investigación, porque no se detendrá la información. Lo que algunos intenten ocultar se difundirá a una escala aún mayor”.

Hasta ahora no se tiene indicios de quién pudo estar detrás del homicidio. El Clan del Golfo, grupo armado que tiene gran influencia en esta zona del país, negó en un comunicado estar vinculados con el hecho. Por su parte, protagonistas de muchas de las denuncias del periodista, como el gobernador Benítez o el congresista Andrés Calle, aseguraron en redes sociales que lamentan lo sucedido y pidieron que se esclarezca pronto el crimen. Las pesquisas las lideran fiscales de la Unidad Especial de Investigación, que tienen a su cargo los homicidios cometidos contra líderes sociales. La ausencia de su voz ahonda el silencio de una región acallada por la guerra.

Bock, de la Flip, explicó este riesgo así: “Colombia tiene unos puntos ciegos para el ejercicio periodísticos donde no hay garantías. Montelíbano (Córdoba) es uno de ellos, porque prácticamente no circula información”. Y añadió que, además de esa preocupación, el homicidio de Rafael Moreno puede tener un efecto aleccionador en la región. Es decir, puede que el asesinato, en lugar de darles más eco a sus denuncias, podría aumentar el miedo y el silencio que reina en el sur de Córdoba.

El pasado 30 de septiembre fue la última publicación de Rafael Emiro Moreno como opinador consagrado en Voces de Córdoba, un medio de comunicación fundado por él y con más de 40.000 seguidores en la región. Si bien los sucesos de los pequeños municipios cordobeses suelen escaparse de los titulares de la prensa nacional, Moreno sentía una deuda ética y profesional con sus seguidores. A ellos les contó, ese día, cómo las autoridades de Puerto Libertador se habrían gastado $1.000 millones en un contrato de transporte escolar por solo 50 días. Dos semanas más tarde, lo asesinaron en Montelíbano, luego de que denunciara varias amenazas.

“Si tú denuncias algo que está mal, entonces tú eres extorsionista. El día de transporte escolar estaba costando un promedio de $19 millones diarios”, explicaba Moreno en el video que publicó en sus redes sociales, su formato y su canal habitual, desde donde sacaba a la luz contratos públicos, decisiones judiciales y sucesos del sur de Córdoba. Sus denuncias ahora han recibido más atención, luego de que fuera baleado por sicarios en un restaurante de su propiedad. El hecho también encendió las alarmas de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), pues recordó que denunciar en las regiones donde el Estado está ausente, y sin garantías de seguridad, puede ser mortal.

(En contexto: Sociedad Interamericana de Prensa condena el asesinato de Rafael Emiro Moreno)

Rafael Moreno estudió algunos semestres de derecho, estuvo siempre muy cerca de la política y, hace unos cuatro años, sus denuncias comenzaron a tener más visibilidad. Según fuentes de la región, fue por una entrevista que dio a Los Informantes, de Caracol Televisión, sobre la grave situación de la cárcel Las Mercedes, en Montería, que había llevado a que los internos iniciaran una huelga de hambre, tal y como había hecho por esos días el disidente de las Farc Jesús Santrich. Le contó a la periodista María del Rosario Arrázola: “Dicen que el arroz huele a cucaracha y sabe peor de lo que huele. Ahí no más empieza la huelga: no la como porque me va a afectar”.

Fundó Voces de Córdoba y, desde allí, comenzó a denunciar con nombre propio a varios funcionarios regionales y hasta congresistas. “Así tiene Orlando Farándula a Montelíbano, es una vergüenza”, escribió en Twitter el 2 de septiembre, acompañando un video que mostraba las inundaciones en el municipio e interpelando a Orlando Benítez, gobernador de Córdoba. Días más tarde, también en un tuit, había denunciado con imágenes la supuesta existencia de “una cantera ilegal en el patio de la hacienda del representante Andrés Calle y el ‘jefe de gabinete’ del ministro del Interior, Gabriel Calle”.

(Lea: Clan del Golfo niega responsabilidad por muerte del periodista Rafael Moreno)

“Rafael era un periodista que de manera regular y constante publicaba informaciones relacionadas con la administración local”, le dijo a este diario Jonathan Bock, director de la Flip. La organización venía acompañando el caso hace varios años y documentó que Moreno había recibido amenazas, al menos desde 2019, en las que se hacía referencia explícita a sus publicaciones. Por eso piden que en la investigación del homicidio se agote a fondo si tuvo en algo que ver su labor periodística. “Teniendo en cuenta los antecedentes y su actividad periodística, le solicitamos a la Fiscalía que investigue el caso relacionando el crimen con su trabajo”, añadió Bock.

Las amenazas se arreciaron entre finales de 2021 y este año. Ya Moreno contaba con un esquema de seguridad, que consistía en un escolta, un chaleco antibalas y un botón de pánico. Sin embargo, la Flip y otras organizaciones le habían pedido a la Unidad Nacional de Protección que aumentara estas medidas, solicitud que fue negada. Bock explica así lo difícil que es tener un esquema de esas características: “Cuando tienes un solo hombre, hay muchos momentos en que los protegidos quedan sin esa protección, porque les dan permiso o les dan descanso. Eso muestra la deficiencia en los medios de protección, teniendo en cuenta el riesgo que era claro que tenía el periodista”.

Precisamente por esos riesgos y por la sensibilidad de la información que manejaba, a Rafael Moreno lo contactaron de la organización internacional Forbidden Stories, que se ha puesto en la misión de continuar el trabajo de otros reporteros encarcelados, secuestrados o asesinados. Por ejemplo, en el pasado, han continuado con las investigaciones de la periodista de Malta Daphne Caruana Galizia. Querían que el reportero cordobés participara de un taller de su iniciativa SafeBox Network, para compartir su información con otros periodistas que podrían continuar su labor si algo llegaba a pasarle. Como en efecto ocurrió.

Clément Le Merlus, periodista de Forbidden Stories y coordinador del SafeBox Network, explicó por qué llegaron hasta este reportero: “Rafael trabajaba en una zona muy sensible. La información que revelaba molestaba a políticos y grupos armados, y ponía su vida en peligro. Le propusimos que se uniera a SafeBox Network para que protegiera su información, compartiéndola. Porque creemos que la protección de la información puede proteger a los periodistas: sería contraproducente silenciar a un periodista que comparte su material de investigación, porque no se detendrá la información. Lo que algunos intenten ocultar se difundirá a una escala aún mayor”.

Hasta ahora no se tiene indicios de quién pudo estar detrás del homicidio. El Clan del Golfo, grupo armado que tiene gran influencia en esta zona del país, negó en un comunicado estar vinculados con el hecho. Por su parte, protagonistas de muchas de las denuncias del periodista, como el gobernador Benítez o el congresista Andrés Calle, aseguraron en redes sociales que lamentan lo sucedido y pidieron que se esclarezca pronto el crimen. Las pesquisas las lideran fiscales de la Unidad Especial de Investigación, que tienen a su cargo los homicidios cometidos contra líderes sociales. La ausencia de su voz ahonda el silencio de una región acallada por la guerra.

Bock, de la Flip, explicó este riesgo así: “Colombia tiene unos puntos ciegos para el ejercicio periodísticos donde no hay garantías. Montelíbano (Córdoba) es uno de ellos, porque prácticamente no circula información”. Y añadió que, además de esa preocupación, el homicidio de Rafael Moreno puede tener un efecto aleccionador en la región. Es decir, puede que el asesinato, en lugar de darles más eco a sus denuncias, podría aumentar el miedo y el silencio que reina en el sur de Córdoba.