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Este lunes se cumplen tres semanas desde que el magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), anunció que se abrirán dos nuevos macrocasos para investigar desplazamientos y desapariciones forzadas atribuidas a la fuerza pública y el uso de métodos de guerra ilegales por parte de las Farc. Hasta el momento, la Sala de Reconocimiento de Verdad, encargada de abrir estos casos, no ha entregado más detalles de esta nueva estrategia de investigación. En medio de ese silencio institucional, El Espectador tuvo acceso a los documentos que servirán de hoja de ruta para estas pesquisas. Estos son sus detalles.
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En concreto, se trata de dos nuevos macrocasos que han sido llamados por la JEP “casos sombrilla”, pues emplean una metodología distinta a la que había utilizado la Sala de Reconocimiento hasta ahora. Su estrategia se basó en cruzar informes de organizaciones de víctimas, la Fiscalía y otras entidades, así como pronunciamientos de la justicia, para establecer prioridades de qué investigar primero. Así, por ejemplo, encontraron que la conducta más atribuida a la fuerza pública era el desplazamiento forzado; y sobre las Farc, establecieron que, después de 1982, comenzó a recurrir a medios ilícitos en la guerra como el uso de minas antipersonales, la toma de pueblos y los ataques a población civil.
Militares y paramilitares
La nueva estrategia de la JEP, además de responder a un vacío en la investigación de temas cruciales de la guerra, también es el resultado de un sinnúmero de exigencias de las víctimas. Por eso, una de las grandes temáticas que ahora va a tratar la JEP es la de la relación entre las autodefensas, los militares y otros agentes estatales. “El repertorio de violencia empleado por los grupos armados organizados que obraron conjuntamente con la fuerza pública, o con su aquiescencia, comprende toda clase de vejámenes censurados por el derecho internacional penal”, dice el documento que construyeron el Grupo de Análisis de Información (GRAI) y el magistrado Óscar Parra.
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Ese documento detalla cómo se investigarán esas conexiones ilegales. De entrada, los autores explican que, tras cruzar datos de distintas fuentes, se evidenció que esta relación fue caldo de cultivo para el desplazamiento forzado, primordialmente, en dos regiones: el gran Magdalena (Cesar, Magdalena y La Guajira) y los Montes de María. Por eso, estas dos regiones serán priorizadas en subcasos de la “sombrilla” de los militares. Según datos del GRAI, entre 1997 y 2004 en todos los municipios del gran Magdalena se registraron crímenes relacionados con el conflicto, para un total de 814.914 hechos, de los cuales más de 500.00 serían atribuidos a agentes estatales o paramilitares.
“La información disponible y los informes revisados permiten inferir que muchos de los hechos de desplazamiento forzado masivo e individual ocurridos en el período de investigación (1997-2004) implicaron la participación de miembros de la fuerza pública, por acción u omisión”, dice uno de los documentos en poder de este diario. Los bombardeos en zonas donde hay población civil y el no intervenir para impedir una inminente masacre son algunos de los posibles patrones que identificó la JEP. En los documentos, además, se nombra a altos mandos del Ejército que podrían ser llamados a responder por estos hechos.
Entre ellos están: el general (r) Iván Ramírez Quintero, quien fue comandante de la 1.ª División del Ejército, con jurisdicción en el Caribe, entre 1995 y 1997; el general (r) Freddy Padilla, quien fue comandante de la Segunda Brigada, con injerencia en la zona, entre 1998 y 2000, y hasta el general (r) Nicacio Martínez, quien estuvo en la región en varios cargos entre 2000 y 2004. En los Montes de María, la Sala de Reconocimiento se concentrará en lo ocurrido entre 1996 y 2007. La JEP identificó once masacres que “desencadenaron desplazamientos masivos e individuales, que permiten ilustrar un patrón y dan cuenta de la presunta responsabilidad de algunos miembros de la fuerza pública” en varios hechos.
Según el documento de la JEP, esas patrones se evidenciaron en sucesos como la masacre de Pichilín, ocurrida en diciembre de 1996; pasando por la de El Salado, en febrero de 2000, hasta la de Chengue, en enero de 2001. En todos estos casos Policía y militares omitieron sus deberes, fueron cómplices de los hechos o participaron directamente. Estas masacres fueron la antesala de la incursión paramilitar en Montes de María y, según los datos recopilados por el GRAI, de la JEP, en todas hay pruebas, como testimonios y documentos, de un rol de la fuerza pública en alguna fase del crimen.
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Por ejemplo, a la hora de planear masacres como la de Chengue, hubo reuniones de paramilitares con militares; otro caso es el de Pichilín, donde, al parecer, miembros de la Infantería de Marina entregaron una lista de quiénes eran “guerrilleros” en el pueblo; y luego, para encubrir lo ocurrido, se amenazó y asesinó a funcionarios judiciales, como ocurrió con Yolanda Paternina, fiscal de Chengue. Las víctimas han mencionado en informes un posible rol en esta seguidilla de masacres de los entonces comandantes de Policía de Bolívar y Sucre, Carlos Eduardo Devia (hoy jefe de seguridad de la rama Judicial) y Rodolfo Palomino (excomandante de la Policía), respectivamente.
Si bien según los documentos que conoció El Espectador reconocen que “no existen otros elementos explícitos que destaquen su responsabilidad”, sí se recomienda a renglón seguido que los magistrados de la Sala de Reconocimiento llamen a estos y otros uniformados a versión voluntaria.
Las Farc contra civiles
La utilización de minas antipersonales, las tomas de pueblos y los ataques contra civiles por parte de las Farc serán investigados en el segundo caso “sombrilla”, que se concentrará en los métodos y medios de guerra ilícitos, que son delitos no amnistiables. Para esclarecer lo ocurrido, la Sala de Reconocimiento se concentrará en investigar responsabilidades por estructuras. “El Bloque Oriental de las Farc fue señalado como responsable en 43 casos, seguido del Bloque Occidental (39 casos), Bloque Noroccidental (37 casos) y Bloque Sur (36 casos)”, dicen los documentos conocidos por este diario. Y habría razones para el oprobioso récord de cada uno.
En el caso del Bloque Oriental, hechos como la toma de Pasca, en 1994, y Cabrera, en 1997, ambos en Cundinamarca, así como otros episodios en Meta harían parte, según la JEP, “de un intento de establecer una ruta estratégica y el control territorial y vial desde el municipio del Meta, acercándose hasta la capital del país”. En el caso del Bloque Occidental, que se asentó en Cauca, se hizo famoso por su “artillería popular” —misiles y explosivos artesanales—, haber accionado una chiva bomba y otros hechos en los que, al parecer, buscaba copar al enemigo a través de ataques indiscriminados. En total habría 1.974 víctimas de este tipo de crímenes de las extintas Farc.
La guerra urbana
El magnicidio del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, el asesinato del general Fernando Landazábal, el del guerrillero Hernando Pizarro Leongómez y otros crímenes que fueron reconocidos por líderes de las extintas Farc son atribuidos a estructuras urbanas de la guerrilla. “La Sala debe analizar si tiene competencia para conocer de estos hechos, para lo cual debe analizar si se trata de un acto que, conforme a las evidencias disponibles, pueda ser atribuido a las Farc-Ep”, dice uno de los documentos conocidos por El Espectador, en el que se detalla cómo las milicias insurgentes estuvieron involucradas en una seguidilla de hechos que merecerían abrir otro subcaso.
El congresista Julián Gallo (conocido como Carlos Antonio Lozada), le dijo a la JEP que en 1983 las Farc ya tenía, por lo menos, trece estructuras urbanas con funciones políticas. Las acciones armadas, supuestamente, comenzaron en 1991 con la masacre de Usme, en la que, según la versión de Gallo, treinta miembros de la Red Urbana Antonio Nariño (RUAN), que él comandaba, detonaron explosivos contra una comisión judicial que investigaba el asesinato del líder Julio César Naranjo. Y, después, en 1993, las Farc acordaron fortalecer estructuras urbanas en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y otras ciudades. Sus acciones ahora pasarían a la lupa de la Sala de Reconocimiento.
Violencia sexual
El magistrado Cifuentes anunció que en estos casos “sombrilla” se investigaría la violencia sexual, que ha sido un pedido insistente de las víctimas, los movimientos de mujeres y hasta la Procuraduría y entes internacionales. Al parecer, la Sala de Reconocimiento no ha llegado a un acuerdo de cómo investigar este tipo de violencias: hay voces que piden que se abra un macrocaso aparte enfocado en delitos sexuales y otras que piden que se continúe con la línea que ya anunció el presidente de la JEP; es decir, como una conducta que se dio solo en relación con otras. Esta última vía es la que se ve reflejada en los documentos que conoció El Espectador.
En los 151 delitos sexuales atribuibles a la fuerza pública, la JEP identificó seis patrones, que podrían dar cuenta de estas violencias: que la violencia sexual se utilizó como castigo contra mujeres por ser “guerrilleras”; que fue una forma de sometimiento de los cuerpos de las mujeres, que ocurrió en el marco de combates, operaciones o masacres en connivencia con paramilitares, y que se dio por prejuicios bien hacia personas con sexualidades diversas o bien hacia afros e indígenas. El último patrón se refiere a la violencia intrafilas, donde se habría recurrido a la violencia sexual como una forma de reafirmar la autoridad.