La JEP aún no se ha casado con la versión de las Farc en el caso de Álvaro Gómez

Una decenade personas han declarado en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre lo que saben del magnicidio del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado. Ninguna, hasta ahora, ha confirmado ni negado que las Farc hubieran estado detrás del asesinato, cometido el 2 de noviembre de 1995. Esta hipótesis, la tercera que hay sobre el crimen y causó revuelo nacional, la introdujo el senador y excomandante guerrillero Julián Gallo, conocido en la guerra como Carlos Antonio Lozada en octubre de 2020. En la justicia especial, según supo este diario, no están muy convencidos todavía y por eso el caso continúa en una investigación previa.

Año y medio después de que Lozada dijera en este periódico: “Yo ejecuté la orden de asesinar a Álvaro Gómez” y lo ratificara en estrados judiciales, aún no hay testigos que ratifiquen su versión. Supuestamente, uno de los milicianos que participó del crimen sigue con vida. En este tiempo, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia envió a la JEP el expediente que le abrió al senador de Comunes, pues considera que es una investigación de su competencia. Y la Sala de Reconocimiento de Verdad de la jurisdicción anunció que abrirá tres macrocasos, uno de los cuales investigará crímenes cometidos por las Farc. Entre ellos, los de las estructuras urbanas de la extinta guerrilla.

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Una fuente dijo que esa línea de investigación la abrió la Sala casi que, exclusivamente, para tener competencia sobre el crimen de Gómez; pero otra aseguró que todavía no está claro si el magnicidio de líder conservador entrará a ser parte de ese macrocaso, pues el supuesto rol de la Red Urbana Antonio Nariño (RUAN) de las Farc todavía no ha sido corroborado. Hasta que eso suceda, siguen sobre la mesa otras dos hipótesis que han predominado estos 26 años. Cuando se decante por alguna de las tres, podrá determinar si tiene competencia o no para continuar el proceso y eso depende de a cuáles responsables apunten las pruebas.

Una de las hipótesis barajadas en estos años señala a miembros de la Brigada XX del Ejército por un supuesto complot de golpe de Estado. Por estos hechos fue absuelto el coronel (r) Bernardo Ruiz, excomandante de esa brigada. Su antecesor allí, el general (r) Iván Ramírez Quintero, también ha sido mencionado en el expediente y fue admitido formalmente en la JEP en las últimas semanas en el caso del Palacio de Justicia. La otra hipótesis apunta a que el asesinato de Álvaro Gómez “fue ejecutado por miembros del cartel narcotraficante del norte del Valle, en asocio con agentes del Estado, destacando la participación de miembros de la Policía”, según la Fiscalía.

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Así, al menos, aseguró el ente investigador en 2017, cuando declaró el magnicidio como un crimen de lesa humanidad. Esta versión está soportada en el testimonio de Luis Hernando Gómez Bustamante, alias Rasguño, exmiembro de ese cartel. Para corroborar o descartar la participación en el crimen de miembros las Farc, el Ejército o la Policía, la JEP ha ordenado pruebas, inspeccionó el expediente que tiene la Fiscalía y otras evidencias las han aportado las víctimas. Dos piezas centrales en el rompecabezas del supuesto rol de la guerrilla las prometió el senador Lozada desde que acudió a la justicia especial a confesar y todavía no las ha enviado.

Por un lado, está el libro “Farc-EP: documentos y correspondencias”, de Manuel Marulanda Vélez 1993-1998. En esas páginas, el difunto jefe guerrillero, también conocido como “Tirofijo”, supuestamente confirma el rol de las Farc en el magnicidio. Pero el escrito es difícil de conseguir, nadie aún confirma su veracidad y “Lozada” no se lo ha entregado a la jurisdicción. Del otro lado, está una comunicación que supuestamente envió a alias “Jorge Briceño” o “Mono Jojoy” el día del magnicidio en la que le informó: “Red urbana le dio al ponente de las ‘repúblicas independientes’ en los años 60”. Este mensaje lo hizo público “Lozada” en abril de 2021 en una rueda de prensa, pero aún no se lo entrega a la JEP.

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Entretanto, la Sala de Reconocimiento de la JEP ya ordenó inspeccionar los computadores del Mono Jojoy y el del propio Lozada. Según la versión del senador, todos los milicianos que participaron del homicidio murieron en la masacre de Mondoñedo, una matanza atribuida a agentes de la Sijín de la Policía, en la que fueron asesinadas seis personas señaladas de hacer parte de la RUAN. Lozada ha dicho que este hecho fue el punto de partida para que las investigaciones por el asesinato de Álvaro Gómez comenzaran a enredarse. Supuestamente, uno de los milicianos que participó del crimen, alias Sebastián, estaría vivo.

Eso, al menos, es lo que ha asegurado la senadora Piedad Córdoba, quien dijo que tuvo contacto con él. Un exmiembro de la RUAN llamado Chucho le dijo a la Fiscalía que Sebastián se salvó de la masacre porque era un infiltrado de la Policía en el grupo guerrillero, ratificó que está vivo y hasta aseguró haberlo visto en Bogotá. La declaración de este ex-Farc ya hace parte del expediente que estudia la JEP. A su vez, Julieta Lemaitre, magistrada ponente del caso, le pidió a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas del mismo tribunal que le envíe copia de los testimonios que ha tomado hasta la fecha sobre la masacre de Mondoñedo, pero aún no recibe este material.

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La familia de Álvaro Gómez, entretanto, ha peleado en todas las instancias, pues no creen la versión de las Farc. Enrique Gómez Martínez, quien ha coordinado la defensa de su familia durante años y ahora aspira a la Presidencia, le dijo a este diario: “La JEP está muy hermética y antigarantista. Por ejemplo, en las tutelas que resuelven entre las mismas salas, es un yo con yo. Por otro lado, el magistrado instructor ya tiene una posición tomada y todas las pruebas que ha pedido son una pantomima para el favorecimiento de las Farc. Si hay algo en lo que nosotros hemos trabajado con la Fiscalía es en el recaudo de pruebas, que ahora la JEP está ordenando nuevamente”.

Gómez Martínez no cree que en la JEP vayan a conseguir la verdad que han buscado por 35 años y considera que reabrir hipótesis que ya fueron descartadas, como la supuesta autoría de la Brigada XX, iría en contra del principio de la cosa juzgada. Personas que conocen de cerca el proceso le dijeron a este diario que, si bien tras las declaraciones de Lozada, las pesquisas iniciaron con mucha fuerza, se han ido enfriando. La Sala de Reconocimiento todavía la tiene cuesta arriba y, en últimas, todas estas labores pueden llevar a concluir que, en efecto, no son competentes. En ese escenario, el magnicidio de Álvaro Gómez volvería a manos de la Fiscalía, donde tampoco ha habido mayores avances.

Una decenade personas han declarado en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre lo que saben del magnicidio del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado. Ninguna, hasta ahora, ha confirmado ni negado que las Farc hubieran estado detrás del asesinato, cometido el 2 de noviembre de 1995. Esta hipótesis, la tercera que hay sobre el crimen y causó revuelo nacional, la introdujo el senador y excomandante guerrillero Julián Gallo, conocido en la guerra como Carlos Antonio Lozada en octubre de 2020. En la justicia especial, según supo este diario, no están muy convencidos todavía y por eso el caso continúa en una investigación previa.

Año y medio después de que Lozada dijera en este periódico: “Yo ejecuté la orden de asesinar a Álvaro Gómez” y lo ratificara en estrados judiciales, aún no hay testigos que ratifiquen su versión. Supuestamente, uno de los milicianos que participó del crimen sigue con vida. En este tiempo, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia envió a la JEP el expediente que le abrió al senador de Comunes, pues considera que es una investigación de su competencia. Y la Sala de Reconocimiento de Verdad de la jurisdicción anunció que abrirá tres macrocasos, uno de los cuales investigará crímenes cometidos por las Farc. Entre ellos, los de las estructuras urbanas de la extinta guerrilla.

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Una fuente dijo que esa línea de investigación la abrió la Sala casi que, exclusivamente, para tener competencia sobre el crimen de Gómez; pero otra aseguró que todavía no está claro si el magnicidio de líder conservador entrará a ser parte de ese macrocaso, pues el supuesto rol de la Red Urbana Antonio Nariño (RUAN) de las Farc todavía no ha sido corroborado. Hasta que eso suceda, siguen sobre la mesa otras dos hipótesis que han predominado estos 26 años. Cuando se decante por alguna de las tres, podrá determinar si tiene competencia o no para continuar el proceso y eso depende de a cuáles responsables apunten las pruebas.

Una de las hipótesis barajadas en estos años señala a miembros de la Brigada XX del Ejército por un supuesto complot de golpe de Estado. Por estos hechos fue absuelto el coronel (r) Bernardo Ruiz, excomandante de esa brigada. Su antecesor allí, el general (r) Iván Ramírez Quintero, también ha sido mencionado en el expediente y fue admitido formalmente en la JEP en las últimas semanas en el caso del Palacio de Justicia. La otra hipótesis apunta a que el asesinato de Álvaro Gómez “fue ejecutado por miembros del cartel narcotraficante del norte del Valle, en asocio con agentes del Estado, destacando la participación de miembros de la Policía”, según la Fiscalía.

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Así, al menos, aseguró el ente investigador en 2017, cuando declaró el magnicidio como un crimen de lesa humanidad. Esta versión está soportada en el testimonio de Luis Hernando Gómez Bustamante, alias Rasguño, exmiembro de ese cartel. Para corroborar o descartar la participación en el crimen de miembros las Farc, el Ejército o la Policía, la JEP ha ordenado pruebas, inspeccionó el expediente que tiene la Fiscalía y otras evidencias las han aportado las víctimas. Dos piezas centrales en el rompecabezas del supuesto rol de la guerrilla las prometió el senador Lozada desde que acudió a la justicia especial a confesar y todavía no las ha enviado.

Por un lado, está el libro “Farc-EP: documentos y correspondencias”, de Manuel Marulanda Vélez 1993-1998. En esas páginas, el difunto jefe guerrillero, también conocido como “Tirofijo”, supuestamente confirma el rol de las Farc en el magnicidio. Pero el escrito es difícil de conseguir, nadie aún confirma su veracidad y “Lozada” no se lo ha entregado a la jurisdicción. Del otro lado, está una comunicación que supuestamente envió a alias “Jorge Briceño” o “Mono Jojoy” el día del magnicidio en la que le informó: “Red urbana le dio al ponente de las ‘repúblicas independientes’ en los años 60”. Este mensaje lo hizo público “Lozada” en abril de 2021 en una rueda de prensa, pero aún no se lo entrega a la JEP.

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Entretanto, la Sala de Reconocimiento de la JEP ya ordenó inspeccionar los computadores del Mono Jojoy y el del propio Lozada. Según la versión del senador, todos los milicianos que participaron del homicidio murieron en la masacre de Mondoñedo, una matanza atribuida a agentes de la Sijín de la Policía, en la que fueron asesinadas seis personas señaladas de hacer parte de la RUAN. Lozada ha dicho que este hecho fue el punto de partida para que las investigaciones por el asesinato de Álvaro Gómez comenzaran a enredarse. Supuestamente, uno de los milicianos que participó del crimen, alias Sebastián, estaría vivo.

Eso, al menos, es lo que ha asegurado la senadora Piedad Córdoba, quien dijo que tuvo contacto con él. Un exmiembro de la RUAN llamado Chucho le dijo a la Fiscalía que Sebastián se salvó de la masacre porque era un infiltrado de la Policía en el grupo guerrillero, ratificó que está vivo y hasta aseguró haberlo visto en Bogotá. La declaración de este ex-Farc ya hace parte del expediente que estudia la JEP. A su vez, Julieta Lemaitre, magistrada ponente del caso, le pidió a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas del mismo tribunal que le envíe copia de los testimonios que ha tomado hasta la fecha sobre la masacre de Mondoñedo, pero aún no recibe este material.

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La familia de Álvaro Gómez, entretanto, ha peleado en todas las instancias, pues no creen la versión de las Farc. Enrique Gómez Martínez, quien ha coordinado la defensa de su familia durante años y ahora aspira a la Presidencia, le dijo a este diario: “La JEP está muy hermética y antigarantista. Por ejemplo, en las tutelas que resuelven entre las mismas salas, es un yo con yo. Por otro lado, el magistrado instructor ya tiene una posición tomada y todas las pruebas que ha pedido son una pantomima para el favorecimiento de las Farc. Si hay algo en lo que nosotros hemos trabajado con la Fiscalía es en el recaudo de pruebas, que ahora la JEP está ordenando nuevamente”.

Gómez Martínez no cree que en la JEP vayan a conseguir la verdad que han buscado por 35 años y considera que reabrir hipótesis que ya fueron descartadas, como la supuesta autoría de la Brigada XX, iría en contra del principio de la cosa juzgada. Personas que conocen de cerca el proceso le dijeron a este diario que, si bien tras las declaraciones de Lozada, las pesquisas iniciaron con mucha fuerza, se han ido enfriando. La Sala de Reconocimiento todavía la tiene cuesta arriba y, en últimas, todas estas labores pueden llevar a concluir que, en efecto, no son competentes. En ese escenario, el magnicidio de Álvaro Gómez volvería a manos de la Fiscalía, donde tampoco ha habido mayores avances.