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A través de una resolución de 39 páginas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) le dio el sí a Colombia para juzgar, por primera vez, la vigilancia e inteligencia ilegal a defensores de derechos humanos. El tema llegó al organismo internacional por cuenta de una serie de denuncias que hizo el Colectivo de Abogados José Alvear (Cajar) junto con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) quienes consignan que esas actividades han sido perpetradas por diferentes organismos del Estado desde hace un poco más de 30 años.
Aunque el Estado colombiano ha sido cuestionado varias veces por vulneración de derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esta vez el escenario es nuevo, se desarrollará ante la CorteIdh durante el 12 y 13 de mayo. El encuentro del que harán parte ambos colectivos tendrá la finalidad de poner en evidencia las estigmatizaciones y discursos de los cuales son víctimas los defensores de derechos humanos. Eso, sumado a la persecución, hostigamientos, amenazas y exilios a los que se han visto obligados a recurrir para salvar sus vidas.
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El encuentro tendrá la participación de Soraya Gutiérrez Argüello, abogada y defensora de derechos humanos quien declarará sobre: las actividades de vigilancia, seguimiento, hostigamiento, amenazas y estigmatización de las que habría sido víctima en razón de su labor como integrante del CAJAR; las gestiones que habría realizado para la búsqueda de justicia; las consecuencias personales, familiares y económicas que habrían derivado de los hechos, y las posibles medidas de reparación que no ha llegado.
En la misma proporción declarará el abogado Alirio Uribe, también integrante del Colectivo José Alvear. Del mismo modo lo hará el perito Federico Andreu Guzmán quien rendirá información sobre el marco normativo del Estado colombiano en materia de inteligencia y contrainteligencia y la regulación interna de las actividades de inteligencia a la luz de los estándares internacionales. Por parte del Estado, se dispuso a tener el testimonio de Antonio Agustín Aljure Salame.
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Aljure, además de entregar su versión sobre el marco normativo en materia de las labores de inteligencia y contrainteligencia y su compatibilidad con las obligaciones internacionales del Estado, hablará de los mecanismos que dispone el ordenamiento jurídico colombiano para garantizar que esas cuenten con las obligaciones pertinentes en materia de derechos humanos.
Por su parte, el abogado Rodrigo Uprimmy declarará sobre: los estándares internacionales respecto del acceso a datos personales; la normativa sobre datos personales en el Estado colombiano; los mecanismos internos para el acceso a datos personales; las medidas que debe adoptar la Nación para garantizar el acceso a datos personales obtenidos por acciones de inteligencia ilegal, y los estándares que podría desarrollar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en materia de acceso y corrección de información personal.
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Uprimmy, Aljure, Uribe y Andreu son apenas cuatro de los más de 30 testimonios que tendrá en cuenta la CIDH, en mayo próximo, para analizar lo que, a juicio de los demandantes, ha sido una constante amenaza para los defensores de derechos humanos. El organismo internacional dijo, a través de su resolución, que el Estado incumplió su deber de respeto hacia los defensores de derechos humanos al mostrarse “tolerante” ante hechos que vulneran la integridad de los líderes.