“La violencia en vísperas de elecciones nos inquieta muchísimo”: director de la UEI

Este 2022, la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía (UEI), creada tras el Acuerdo de Paz, se centrará de lleno en el desmantelamiento de las organizaciones criminales que están detrás de los asesinatos de excombatientes y líderes sociales. Así lo dijo el director de esta dependencia, Hernando Toro Parra, en entrevista con El Espectador. Este año, asimismo, tendrá a su cargo investigar afectaciones a candidatos del Partido Comunes y de las curules de paz. Además, reprochó que la Comisión de Garantías, presidida por el Gobierno, aún no entrega la política pública que sería la hoja de ruta para acabar con las estructuras sucesoras del paramilitarismo, como quedó en el Acuerdo.

(Lea también: La “coja” unidad de la Fiscalía para el desmonte del paramilitarismo)

¿Quiénes están matando a los excombatientes y a los líderes sociales?

En el 75 % de las afectaciones a líderes o defensores de derechos humanos, y a personas en procesos de reincorporación, detrás hay una organización o una estructura criminal. Me refiero a grupos disidentes de las Farc, denominados Gaor; al Clan del Golfo, grupo sucesor del paramilitarismo, y al Eln, en ese orden. Estas organizaciones, en el ejercicio de un control territorial, de manejar las rentas criminales y de reclutar, nuevamente, a quienes formaron parte de una organización guerrillera, están imponiendo sus normas y afectan a la población.

¿Algún frente de las disidencias más que los otros?

Desde luego, pero eso se define con el nivel de afectaciones del territorio. Por ejemplo, podríamos hablar de los frentes que están en el Cauca, denominado Comando Conjunto Coordinador de Occidente; de los que hacen presencia en Putumayo y Nariño, o en Catatumbo, en Antioquia, particularmente en el Bajo Cauca.

Del diagnóstico que ha hecho, ¿qué es lo que más le preocupa?

Que estos grupos de criminalidad permanecen en el tiempo. Los impactos que el Estado ha logrado sobre ellos infortunadamente no han transformado la realidad del país. También nos preocupa la vulnerabilidad de los líderes y defensores de derechos humanos en el territorio, por eso valoramos mucho los esfuerzos que se hacen en materia de prevención, de protección y de seguridad. Y, particularmente, las expresiones de violencia en vísperas de un proceso electoral nos inquietan muchísimo.

(Lea también: Así ha avanzado la unidad para el desmonte del paramilitarismo a cinco años del Acuerdo)

La UEI deberá investigar las agresiones contra candidatos de las curules de paz y del Partido Comunes, ¿cómo ve ese tema?

Hay 403 candidatos a las circunscripciones especiales de paz, y se trata de víctimas que generalmente permanecen en los sectores rurales, donde hoy todavía hay una manifestación muy cruda de la violencia. Por eso las acciones de prevención y protección resultan importantes. La Misión de Observación Electoral (MOE) identificó recientemente unos riesgos altos para estas poblaciones. Nosotros estamos monitoreando y en contacto permanente con las organizaciones sociales para intervenir con actos urgentes.

Algunos de esos candidatos ya han denunciado amenazas...

Algunas denuncias por amenazas ya están siendo investigadas. Esperamos que no crezcan en número, pero estamos muy preparados para ello. Sin embargo, tenemos a un equipo de fiscales en todo el país dispuestos a intervenir.

(Lea también: ‘Sí investigamos los homicidios de líderes en 2021′: Fiscalía responde a HRW)

¿Cómo ha encontrado la UEI, ya que cumple tres meses al frente?

La Unidad hoy ya es una dependencia muy sólida en la Fiscalía. Tiene un modelo investigativo definido: inició investigando el caso a caso, posteriormente, procurando ir más allá, asoció los expedientes e identificó las organizaciones criminales detrás de las afectaciones, el territorio y la temporalidad. En un tercer momento, apuntamos al cumplimiento del mandato especial que tenemos: el desmantelamiento de las organizaciones criminales. Ya hemos identificado cuáles son y ahora estamos pensando cómo contribuir desde lo judicial al desmantelamiento y cómo, además, impactar a terceros, redes de apoyo, y a los que se han denominado como los sucesores del paramilitarismo.

Entonces, ¿el enfoque de la Unidad este año va a ser el desmantelamiento?

Sí, en eso estamos enfocados este año. Es una decisión del fiscal general y de la vicefiscal. Esa labor la realizamos no solamente desde la Unidad, sino que estamos aumentando la articulación interna en la Fiscalía: con las delegadas para las Organizaciones Criminales, Seguridad Territorial y Finanzas Criminales. Si sumamos esfuerzos, logramos un mayor impacto.

¿Y cómo se desmantela una organización criminal?

Si bien el Acuerdo y las normas crearon la Unidad para el desmantelamiento de organizaciones criminales, también el Acuerdo previó que el objeto principal de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS), no de la Fiscalía, era crear una política pública para el desmantelamiento de estas organizaciones. Hoy, sin embargo, no se avanza en la construcción de esa política pública. El Gobierno ha dicho que hay unas políticas que contribuyen a impactar estos grupos criminales, pero esta Comisión todavía no ha entregado la política pública. En la Fiscalía contribuimos desde lo judicial, investigando y acusando a los responsables de mayor nivel de estas estructuras. Esto supone también un ejercicio de seguridad, de impacto con la Fuerza Pública, así como acciones de prevención y protección.

(Le puede interesar: Elecciones 2022: Estas son las regiones y los delitos en la mira de la Fiscalía)

La Corte Constitucional declaró un estado de cosas inconstitucional en torno a las garantías de seguridad de los firmantes, ¿cómo toca ese llamado a la Fiscalía?

Es una decisión muy importante y hay que recordar que la Corte hizo énfasis en la seguridad de los excombatientes. Lo que hace la Corte allí es llamar la atención para que el Estado redoble sus esfuerzos en materia de prevención, protección y seguridad porque líderes, defensores de derechos humanos y personas en proceso de reincorporación hoy atraviesan una enorme vulnerabilidad en los territorios. La Fiscalía, por su mandato, interviene cuando el delito ya ha sido cometido, pero valoramos los ejercicios que impiden que el delito suceda.

Si bien en esa sentencia de la Corte, que aún no se conoce, parece que no hay órdenes a la Fiscalía, los grupos que amenazan y afectan a los excombatientes son los que la UEI busca desmantelar, ¿usted no se siente interpelado por ese fallo?

Sí. En materia de seguridad yo plantearía dos cosas: hay acciones de protección y de seguridad. Son dos factores sobre los que llama la atención la Corte: hay que proteger a quien se encuentra en riesgo, adoptar medidas de protección y enfrentar con las fuerzas del Estado a los victimarios. Ahí entonces hay un mensaje último y es que esos grupos de criminalidad que están generando el riesgo tienen que ser enfrentados con toda la decisión del Estado.

Hay críticas a la política de capturar a las cabezas de las organizaciones porque siguen delinquiendo...

Es un interrogante que comúnmente la ciudadanía nos plantea: capturan al cabecilla y a la semana siguiente ya hay un reemplazo. Por eso hablo de una política integral, el desmantelamiento de una estructura criminal no es un asunto únicamente de la Fiscalía o de una investigación penal. Una política que incluya prevención, seguridad, protección y, desde luego, investigación y judicialización. Además, acompañadas por transformar las condiciones en el territorio que hoy favorecen la presencia de esos grupos criminales.

(Lea también: La estrategia para esclarecer asesinatos de líderes y ex-Farc)

La JEP le llamó la atención a la Fiscalía el año pasado porque no estaba investigando debidamente las amenazas contra excombatientes, ¿cómo han tomado esas órdenes?

Somos absolutamente respetuosos de las órdenes de la JEP y con ocasión de esa orden adoptamos una estrategia especial para investigar las amenazas: Tenemos un grupo de fiscales dedicados a ello, las asociamos a unos proyectos investigativos que tenemos, 13 en total, justamente en la perspectiva de identificar si las mismas organizaciones que están cometiendo los homicidios son las responsables de las amenazas. Hemos dado instrucción a todos nuestros fiscales de que, en los casos que se investigan amenazas, se solicite una medida de protección al denunciante. Porque, muchas veces, otras entidades reciben información de riesgo de líderes, defensores o reincorporados; y la trasladan a la Unidad Nacional de Protección buscando una medida de protección, pero no llegan a la Fiscalía como denuncia por amenazas.

La semana pasada se presentó un incidente de seguridad en un emprendimiento de excombatientes, el tercero en Bogotá según el Partido Comunes, ¿qué está pasando?

Todos esos casos están siendo investigados. Serán los actos urgentes los que determinen si, en efecto, se trata de una afectación contra reincorporados y el Partido Comunes o si se trata de actos de delincuencia común. Nada se descarta. El anterior a este fue en un proyecto que se llama Casa Alternativa, que hoy se está investigando como un posible acto de terrorismo.

Este 2022, la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía (UEI), creada tras el Acuerdo de Paz, se centrará de lleno en el desmantelamiento de las organizaciones criminales que están detrás de los asesinatos de excombatientes y líderes sociales. Así lo dijo el director de esta dependencia, Hernando Toro Parra, en entrevista con El Espectador. Este año, asimismo, tendrá a su cargo investigar afectaciones a candidatos del Partido Comunes y de las curules de paz. Además, reprochó que la Comisión de Garantías, presidida por el Gobierno, aún no entrega la política pública que sería la hoja de ruta para acabar con las estructuras sucesoras del paramilitarismo, como quedó en el Acuerdo.

(Lea también: La “coja” unidad de la Fiscalía para el desmonte del paramilitarismo)

¿Quiénes están matando a los excombatientes y a los líderes sociales?

En el 75 % de las afectaciones a líderes o defensores de derechos humanos, y a personas en procesos de reincorporación, detrás hay una organización o una estructura criminal. Me refiero a grupos disidentes de las Farc, denominados Gaor; al Clan del Golfo, grupo sucesor del paramilitarismo, y al Eln, en ese orden. Estas organizaciones, en el ejercicio de un control territorial, de manejar las rentas criminales y de reclutar, nuevamente, a quienes formaron parte de una organización guerrillera, están imponiendo sus normas y afectan a la población.

¿Algún frente de las disidencias más que los otros?

Desde luego, pero eso se define con el nivel de afectaciones del territorio. Por ejemplo, podríamos hablar de los frentes que están en el Cauca, denominado Comando Conjunto Coordinador de Occidente; de los que hacen presencia en Putumayo y Nariño, o en Catatumbo, en Antioquia, particularmente en el Bajo Cauca.

Del diagnóstico que ha hecho, ¿qué es lo que más le preocupa?

Que estos grupos de criminalidad permanecen en el tiempo. Los impactos que el Estado ha logrado sobre ellos infortunadamente no han transformado la realidad del país. También nos preocupa la vulnerabilidad de los líderes y defensores de derechos humanos en el territorio, por eso valoramos mucho los esfuerzos que se hacen en materia de prevención, de protección y de seguridad. Y, particularmente, las expresiones de violencia en vísperas de un proceso electoral nos inquietan muchísimo.

(Lea también: Así ha avanzado la unidad para el desmonte del paramilitarismo a cinco años del Acuerdo)

La UEI deberá investigar las agresiones contra candidatos de las curules de paz y del Partido Comunes, ¿cómo ve ese tema?

Hay 403 candidatos a las circunscripciones especiales de paz, y se trata de víctimas que generalmente permanecen en los sectores rurales, donde hoy todavía hay una manifestación muy cruda de la violencia. Por eso las acciones de prevención y protección resultan importantes. La Misión de Observación Electoral (MOE) identificó recientemente unos riesgos altos para estas poblaciones. Nosotros estamos monitoreando y en contacto permanente con las organizaciones sociales para intervenir con actos urgentes.

Algunos de esos candidatos ya han denunciado amenazas...

Algunas denuncias por amenazas ya están siendo investigadas. Esperamos que no crezcan en número, pero estamos muy preparados para ello. Sin embargo, tenemos a un equipo de fiscales en todo el país dispuestos a intervenir.

(Lea también: ‘Sí investigamos los homicidios de líderes en 2021′: Fiscalía responde a HRW)

¿Cómo ha encontrado la UEI, ya que cumple tres meses al frente?

La Unidad hoy ya es una dependencia muy sólida en la Fiscalía. Tiene un modelo investigativo definido: inició investigando el caso a caso, posteriormente, procurando ir más allá, asoció los expedientes e identificó las organizaciones criminales detrás de las afectaciones, el territorio y la temporalidad. En un tercer momento, apuntamos al cumplimiento del mandato especial que tenemos: el desmantelamiento de las organizaciones criminales. Ya hemos identificado cuáles son y ahora estamos pensando cómo contribuir desde lo judicial al desmantelamiento y cómo, además, impactar a terceros, redes de apoyo, y a los que se han denominado como los sucesores del paramilitarismo.

Entonces, ¿el enfoque de la Unidad este año va a ser el desmantelamiento?

Sí, en eso estamos enfocados este año. Es una decisión del fiscal general y de la vicefiscal. Esa labor la realizamos no solamente desde la Unidad, sino que estamos aumentando la articulación interna en la Fiscalía: con las delegadas para las Organizaciones Criminales, Seguridad Territorial y Finanzas Criminales. Si sumamos esfuerzos, logramos un mayor impacto.

¿Y cómo se desmantela una organización criminal?

Si bien el Acuerdo y las normas crearon la Unidad para el desmantelamiento de organizaciones criminales, también el Acuerdo previó que el objeto principal de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS), no de la Fiscalía, era crear una política pública para el desmantelamiento de estas organizaciones. Hoy, sin embargo, no se avanza en la construcción de esa política pública. El Gobierno ha dicho que hay unas políticas que contribuyen a impactar estos grupos criminales, pero esta Comisión todavía no ha entregado la política pública. En la Fiscalía contribuimos desde lo judicial, investigando y acusando a los responsables de mayor nivel de estas estructuras. Esto supone también un ejercicio de seguridad, de impacto con la Fuerza Pública, así como acciones de prevención y protección.

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La Corte Constitucional declaró un estado de cosas inconstitucional en torno a las garantías de seguridad de los firmantes, ¿cómo toca ese llamado a la Fiscalía?

Es una decisión muy importante y hay que recordar que la Corte hizo énfasis en la seguridad de los excombatientes. Lo que hace la Corte allí es llamar la atención para que el Estado redoble sus esfuerzos en materia de prevención, protección y seguridad porque líderes, defensores de derechos humanos y personas en proceso de reincorporación hoy atraviesan una enorme vulnerabilidad en los territorios. La Fiscalía, por su mandato, interviene cuando el delito ya ha sido cometido, pero valoramos los ejercicios que impiden que el delito suceda.

Si bien en esa sentencia de la Corte, que aún no se conoce, parece que no hay órdenes a la Fiscalía, los grupos que amenazan y afectan a los excombatientes son los que la UEI busca desmantelar, ¿usted no se siente interpelado por ese fallo?

Sí. En materia de seguridad yo plantearía dos cosas: hay acciones de protección y de seguridad. Son dos factores sobre los que llama la atención la Corte: hay que proteger a quien se encuentra en riesgo, adoptar medidas de protección y enfrentar con las fuerzas del Estado a los victimarios. Ahí entonces hay un mensaje último y es que esos grupos de criminalidad que están generando el riesgo tienen que ser enfrentados con toda la decisión del Estado.

Hay críticas a la política de capturar a las cabezas de las organizaciones porque siguen delinquiendo...

Es un interrogante que comúnmente la ciudadanía nos plantea: capturan al cabecilla y a la semana siguiente ya hay un reemplazo. Por eso hablo de una política integral, el desmantelamiento de una estructura criminal no es un asunto únicamente de la Fiscalía o de una investigación penal. Una política que incluya prevención, seguridad, protección y, desde luego, investigación y judicialización. Además, acompañadas por transformar las condiciones en el territorio que hoy favorecen la presencia de esos grupos criminales.

(Lea también: La estrategia para esclarecer asesinatos de líderes y ex-Farc)

La JEP le llamó la atención a la Fiscalía el año pasado porque no estaba investigando debidamente las amenazas contra excombatientes, ¿cómo han tomado esas órdenes?

Somos absolutamente respetuosos de las órdenes de la JEP y con ocasión de esa orden adoptamos una estrategia especial para investigar las amenazas: Tenemos un grupo de fiscales dedicados a ello, las asociamos a unos proyectos investigativos que tenemos, 13 en total, justamente en la perspectiva de identificar si las mismas organizaciones que están cometiendo los homicidios son las responsables de las amenazas. Hemos dado instrucción a todos nuestros fiscales de que, en los casos que se investigan amenazas, se solicite una medida de protección al denunciante. Porque, muchas veces, otras entidades reciben información de riesgo de líderes, defensores o reincorporados; y la trasladan a la Unidad Nacional de Protección buscando una medida de protección, pero no llegan a la Fiscalía como denuncia por amenazas.

La semana pasada se presentó un incidente de seguridad en un emprendimiento de excombatientes, el tercero en Bogotá según el Partido Comunes, ¿qué está pasando?

Todos esos casos están siendo investigados. Serán los actos urgentes los que determinen si, en efecto, se trata de una afectación contra reincorporados y el Partido Comunes o si se trata de actos de delincuencia común. Nada se descarta. El anterior a este fue en un proyecto que se llama Casa Alternativa, que hoy se está investigando como un posible acto de terrorismo.