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“El que la hace la paga”; “nos decepcionó a todos”; “es una ofensa contra mi gobierno”. De ese calibre fueron las declaraciones que hicieron el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, el comandante de la Policía, general José Roberto León Riaño, y el expresidente Álvaro Uribe, después de conocerse que el general (r) Mauricio Santoyo, se convirtió en el primer alto oficial colombiano en ser declarado culpable en Estados Unidos.
Además, la noticia motivó a que las autoridades colombianas prepararan la extinción de dominio de algunos bienes del uniformado y que el Consejo de Estado ordenara la recolección de pruebas dentro del proceso que se adelanta para definir su situación jurídica. Esto, debido a que la sanción que le impuso la Procuraduría en 2003 no está en firme.
El Espectador presenta las 10 claves de este proceso que ya genera controversia en el país y que ha incitado que algunos sectores pidan investigaciones contra el expresidente Álvaro Uribe, a quien Santoyo protegió de 2002 a 2006 como su jefe de seguridad, y contra aquellos que permitieron que el uniformado ascendiera a general.
1. Su acuerdo con Estados Unidos: Con el fin de adquirir beneficios jurídicos, el general (r) Mauricio Santoyo negoció con la Fiscalía de Estados Unidos y, como parte del acuerdo al que llegaron, aceptó sus vínculos con el paramilitarismo; sin embargo, se declaró inocente del cargo de narcotráfico. Los acuerdos con ese país se han convertido en la regla para ‘paras’ y narcos procesados allí. Antes se prefería una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos. Ahora sucede todo lo contrario.
2. A prender el ventilador: Además, el general (r) Santoyo se comprometió a ‘prender su ventilador’ y dar información a Estados Unidos sobre otros uniformados que puedan estar involucrados con el paramilitarismo. Al respecto, el ministro de defensa, Juan Carlos Pinzón aseveró que “ojala su colaboración permita desenmascarar a otros aliados de la criminalidad”. Los medios de Estados Unidos apuntan a que cuando el uniformado hable se generará una discusión sin precedentes en Colombia.
3. 2001 a 2008: El proceso que se le lleva al general (r) Santoyo, deriva de las actividades ilícitas que el uniformado, al parecer, habría cometido entre 2001 y 2008. En ese tiempo, el oficial se desempeñó como comandante del Gaula de la Policía en Medellín y como jefe de seguridad del expresidente Uribe. En 2001 una carta anónima denunció al uniformado por irregularidades en su labor. La investigación en su contra se desestimó rápidamente.
4. Destitución por chuzadas: En 2003, la Procuraduría destituyó e inhabilitó al general (r) Santoyo por interceptaciones ilegales contra dos defensores de Derechos Humanos que, posteriormente, fueron asesinados. La sanción, no obstante, quedó suspendida por decisión de unos magistrados del Consejo de Estado, entre ellos Alejandro Ordóñez, actual Procurador General de la Nación. Los funcionarios judiciales consideraron que a Santoyo se le había violado el debido proceso. El expediente, al parecer, no se ha cerrado.
5. Los ‘paras’ que lo salpicaron: A pesar de que Estados Unidos dice que no fueron decisivos, las declaraciones de los comandantes paramilitares Juan Carlos ‘El Tuso’ Sierra, Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’ y Salvatore Mancuso, fueron algunas de las pruebas más importantes de que el general (r) Mauricio Santoyo colaboró con la Oficina de Envigado, una de las estructuras criminales más fuertes del país. Sus vínculos fueron confirmados, incluso, por el exjefe de esta organización Carlos Mario Aguilar, alias ‘Rogelio’.
6. La prueba reina: Además de las declaraciones de los excomandantes ‘paras’, Estados Unidos cuenta con lo dicho por los mayores (r) Roque García y Byron Ordóñez Portilla y por el exagente de la Policía, Francisco Flórez Upegui, mejor conocido en el mundo criminal como ‘Don Pacho’. Ellos señalaron que los vínculos de Santoyo con la Oficina de Envigado y que el oficial le ayudaba a esta organización criminal a evadir el cerco de las autoridades.
7. ¿Otros implicados?: En sus declaraciones, los excomandantes paramilitares y los oficiales retirados señalan a otros uniformados de colaborar con la Oficina de Envigado. Algunos de los acusados son el excomandante de la Policía, general (r) Jorge Daniel Castro, y el excomandante de la DIJIN, general (r) Cesar Augusto Pinzón. Por ahora, no hay ninguna investigación en su contra. No se descarta que cuando Santoyo prenda su ventilador vincule a otros uniformados.
8. El guiño del Congreso: A pesar de la investigación en su contra, en 2007 una coalición de congresistas conservadores, de la U y de Convergencia Ciudadana aprobaron el ascenso del entonces coronel Santoyo a general. De nada sirvió la oposición de los parlamentarios Juan Manuel Galán, Cecilia López, Alexandra Moreno y Jesús Piñacué, quienes consideraron inconveniente subir a Santoyo de rango. La congresista Alexandra Moreno presentará un proyecto de ley para que el Parlamento sea más juicioso a la hora de estudiar ascensos y evitar que lo de Santoyo vuelva a suceder.
9. El guardaespaldas de Uribe: De 2002 a 2006 el general (r) Santoyo se desempeñó como jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe. El primer mandatario conoció al uniformado durante su paso por la Gobernación de Antioquia y lo elogió en reiteradas ocasiones. Ahora que Santoyo se declaró culpable, Uribe dijo no saber nada de lo que hizo quien, durante cuatro años, fue el encargado de protegerlo. A través de su cuenta de Twitter, el expresidente retó a Santoyo a que demostrara si en alguna ocasión recibió de su parte la orden de cometer los ilícitos que realizó.
10. Otro golpe al círculo uribista: Con el del general (r) Santoyo se agrega otro nombre al círculo de exfuncionarios cercanos al expresidente Álvaro Uribe que hoy se encuentran en líos con la justicia. Entre ellos cabe mencionar al condenado exdirector del DAS, Jorge Noguera; al exministro Andrés Felipe Arias por el escándalo de AIS; a los exministros Diego Palacio y Sabas Pretelt y al exsecretario de la Presidencia, Alberto Velásquez por la ‘Yidispolítica’; al exsecretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, y la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, por el proceso de las chuzadas y al excomisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, por la supuesta falsa desmovilización del frente Cacica La Gaitana de las Farc.