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Trece diligencias de allanamiento, seguimientos a cinco centros hoteleros de la ciudad y siete registros de Policía en distintos puntos de Cartagena, permitieron a la Fiscalía y a la Policía Nacional capturar a 18 personas por explotación sexual de niñas y adolescentes, una innegable realidad de la ciudad amurallada. El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, detalló una serie de casos que dejan al menos 250 víctimas menores de edad.
Uno de los escenarios de la explotación sexual es el centro histórico de Cartagena, con puntos específicos, como la Torre del Reloj y la Plaza de los Coches. Allí es posible ver jóvenes entre 14 y 17 años, al parecer, reclutadas por redes de proxenetas que les definieron rutinas y horarios, y las obligaron a ofrecer servicios sexuales a cambio de dinero. Por esto, fueron capturados alias Gregori y Yenifer, quienes serían las encargadas de buscar a las niñas.
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"Muchas de las víctimas identificadas en las investigaciones son migrantes venezolanas en estado de vulnerabilidad", señaló el fiscal. Igualmente, fueron detenidos Ana Torres y Cesar Bernal, administradores de algunos hoteles de la ciudad vieja que habrían permitido los actos sexuales, y Javier Tovar y Naymiro Cabarca, integrantes de la Policía Nacional, sindicados de exigir dinero para no capturar a los turistas que pagaban por servicios sexuales.
El ente investigador señaló que por primera vez fue capturado uno de esos "turistas sexuales". Se trata de José Caballero a quien se le imputara el delito de “demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años de edad”. Además, se solicitaron circulares azules de Interpol para que sean ubicados dos ciudadanos estadounidenses, uno alemán y otro argentino, pedidos en extradición por estos casos.
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Uno de los capítulos de este operativo tiene como protagonista a Liliana del Carmen Campos Puello, alias Madame, quien está señalado por las autoridades de atraer niñas y mujeres jóvenes, ofrecerles trabajo en las islas del Caribe, ayudarles en los trámites para obtener el pasaporte y con dinero para su mantención. Pero en realidad, al llegar al otro país las despojan de sus documentos, las encierran y las explotan sexualmente.
Esto, que no es otra cosa sino trata de personas, tiene una pena de hasta 23 años de prisión. Madame tiene antecedentes penales por tráfico de heroína y permanencia e ingreso irregular a Estados Unidos. "Además, sería la mayor proxeneta de la ciudad de Cartagena y la encargada de manejar un corredor sexual en la zona de las playas, y contaría con una capacidad logística y contactos a nivel internacional para realizar eventos que demandan servicios sexuales de varias mujeres", señaló la Fiscalía.
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Uno de los casos aberrantes que encontró la Fiscalía tiene que ver con Raúl Danilo Romero Pabón, un capitán de Infantería de Marina de la Armada Nacional. De acuerdo con el entre investigador, en su contra "hay abundante material probatorio que lo señala de ubicar por redes sociales niñas menores de 14 años de edad, abusar de ellas, comprar su silencio y ordenarles que se tatuaran su nombre en partes de su cuerpo".
El oficial aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía de concierto para delinquir, estímulo a la prostitución de menores de edad, demanda y explotación sexual comercial de persona menor de 18 años, utilización o facilitación de medios de comunicación para facilitar explotación sexual comercial de persona menor de 18 años y uso de menores de edad en la comisión de delitos.
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Igualmente fue capturada Hillary Patricia Madero, de 19 años, quien supuestamente contribuía a ubicar las niñas de las que abusaba Romero Pabón. Y John Padilla, tatuador, quien sería el encargado de poner las marcas a las víctimas y también habría agredido sexualmente a varias menores de edad.
Por otro lado, fueron capturados seis presuntos integrantes de la estructura autodenominada VIP, entre colombianos y extranjeros, que serían los responsables de las prácticas sexuales masivas. Y se ordenó la captura del ciudadano israelí Assi Mosh, quien fue expulsado de Colombia el 17 de noviembre de 2017. Además, la Fiscalía ordenó la extinción del derecho del dominio de los inmuebles que habrían sido usados para estas prácticas, como hoteles, hostales y casas donde fueron hospedadas las víctimas. Entre ellos la sede de Casa Benjamin, del Hostal Artun de San Agustín y del Hotel Central Los Tropicales.