Las alertas no escuchadas de reincidencia de exparamilitares en el Caribe
Desde 2018, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Barranquilla le ha pedido al Gobierno que revise sus políticas de reintegración social y laboral para evitar que los antiguos miembros de las autodefensas vuelvan al mundo criminal. El Espectador habló con desmovilizados que han denunciado presiones para volver a delinquir y encontró que 18 han sido excluidos de Justicia y Paz por reincidir.
David Escobar Moreno
“Algunos desmovilizados no reportan actividad económica, denuncian estigmatización (lo que incide negativamente en el acceso a un empleo digno) y han venido recibiendo presiones por bandas emergentes para retomar las armas”. Así fue como la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla describió la situación que viven exparamilitares que pertenecieron a las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) en la costa Caribe, que siguen siendo procesados penalmente. Aunque no precisó quiénes han denunciado estos hechos, esa autoridad judicial hizo la advertencia en el marco de un proceso contra 18 personas que hicieron parte de tres frentes del grupo criminal.
(En contexto: Alertan sobre presiones a exparamilitares para que retomen las armas)
Entre ellas, la de más alto perfil es José Gregorio Mangones Lugo, alias Carlos Tijeras, exjefe paramilitar del Frente William Rivas y cercano a Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, cabeza del Bloque Norte de las Auc. El Espectador habló con dos hombres de esa estructura que también eran del círculo más cercano del exjefe paramilitar, quien volvió al país en octubre de 2020 luego de cumplir una pena por narcotráfico en Estados Unidos. Aunque señalan que no han recibido presiones, los dos relatos muestran un escenario idéntico al descrito por el Tribunal Superior de Barranquilla y bloqueos ante las entidades financieras, que les impiden tener vida crediticia.
“Nosotros estamos muy comprometidos con la verdad y no volver a delinquir. Tenemos ese compromiso ante el país y hemos asistido a todas las audiencias que nos han citado. Sin embargo, las largas audiencias que hoy aún se siguen realizando también dificultan nuestros trabajos que, dicho sea de paso, ha sido muy difícil de conseguir. Tenemos que acudir a gente cercana que le dan la oportunidad a uno. El anterior trabajo lo perdí porque, por ejemplo, cada tanto tenía que pedirle permiso por varios días a mi jefe para cumplir con las audiencias”, le dijo a este diario uno de los hombres de Jorge 40, que hoy vive en Medellín.
(Lea también: El día que “Jorge 40” regresó al país)
Un antiguo integrante del frente Juan Andrés Álvarez del Bloque Norte, que vive en Bogotá y tiene esquema de protección de la Unidad Nacional de Protección, contó que desde que dejó las armas no ha podido acceder a un trabajo estable. “Los errores que se cometieron en el pasado pesan hoy mucho y desde las autoridades tampoco se ayuda mucho para que nos abran las puertas; lo que sé de otros exparas es que consiguen trabajos informales mal pagos. Además, me la he pasado de juzgado en juzgado contando todo lo que hicimos (los paramilitares)”, le contó a El Espectador el exparamilitar, condenado por varios homicidios en Cesar.
Estos testimonios y denuncias se han hecho desde 2018. Por ejemplo, en noviembre de ese año el propio Tribunal le pidió a la Oficina de Reincorporación de Desmovilizados que “estudie la posibilidad de crear un comité técnico que diagnostique la situación personal de cada uno de los miembros de las Auc, con el fin de crear programas eficaces que permitan la reincorporación de cada uno de ellos a la sociedad, así como educar a la sociedad colombiana mediante mecanismos publicitarios que permitan esa reincorporación”. La solicitud se hizo en una sentencia contra alias Cami, uno de los miembros del clan paramilitar Rojas, que tuvo gran poder en la década de los 90 en el Magdalena.
(Le puede interesar: Los efectos que se temen con el regreso del exjefe paramilitar Jorge 40)
Al parecer, alias Cami no ha vuelto a delinquir. Sin embargo, alias Rigo, su hermano, sí lo hizo y fue expulsado de Justicia y Paz al demostrarse que fue el determinador del secuestro de la sobrina nieta de Gabriel García Márquez. Hoy Rigo es procesado en la justicia ordinaria y se expone a una pena de cuarenta años de cárcel por este y otros delitos cometidos en medio del conflicto, como los asesinatos de líderes de la Universidad del Magdalena. El Espectador se contactó con la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) para saber qué políticas ha implementado desde esa orden en la sentencia contra alias Cami , pero hasta el momento no hubo respuesta de la entidad.
Un mes después, la misma Sala de Justicia y Paz condenó a Don Antonio, mano derecha de Jorge 40, y le recordó al Estado colombiano que “deben seguir implementándose medidas de resorte político, legislativo, administrativo y judicial encaminadas a establecer condiciones que permitan asegurar que las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario consumadas por los grupos armados organizados al margen de la ley cesen definitivamente y no se vuelvan a repetir”. Don Antonio sigue compareciendo ante los estrados y el año pasado fue absuelto por falso testimonio contra Silvia Gette Ponce, exrectora de la Universidad Autónoma.
(Lea también: De lo que Hernán Giraldo no ha hablado en la Sierra Nevada)
Los paramilitares reincidentes
El Espectador estableció que desde enero de 2020 a agosto de 2021 han sido excluidos de Justicia y Paz 18 exparamilitares, pues se comprobó que volvieron a delinquir. Entre los hombres más importantes de las Auc están John Jairo Esquivel, alias el Tigre, quien fue capturado en 2019 y es procesado por el asesinato de cientos de campesinos y el secuestro de la familiar de García Márquez. Otro de los delincuentes que reincidió y aún tiene peso en el mundo criminal es Norberto Quiroga Poveda, alias 5.5. Las autoridades lo señalan de ser uno de los líderes y financiador de la organización criminal Los Pachencas.
El presidente Iván Duque señaló que 5.5 era responsable del asesinato de líderes sociales, masacres, narcotráfico y explotación sexual. Además, asumió el liderazgo de la estructura ilegal luego de la muerte de alias Chucho Mercancía en junio de 2019, en zona rural de Santa Marta durante enfrentamientos con la fuerza pública. Las autoridades dicen que mantuvo un bajo perfil para no perder los beneficios de Justicia y Paz, adonde llegó como segundo líder del Bloque Resistencia Tayrona de las Auc, comandado entonces por el temido Hernán Giraldo, el patrón de la Sierra.
(Lea también: Mancuso habla de los magnicidios a manos de las Auc)
Los otros excluidos de Justicia y Paz recientemente son Jovanys Rodríguez Buelvas, Julio César Fontalvo Martínez, Danys José Rivera Yepes, Exneider Santiago González, Alfonso Buenhaber Serrano, José Luis Hernández Salazar, Rolando Enrique Hernández Hernández, Henrys Alberto de la Hoz Maldonado, James Lora Ramos, Jonathan David Contreras Pueyo, Ángel Custodio Parejo Ortiz (procesado por el secuestro de la sobrina nieta de García Márquez), Fabián Álvarez Gutiérrez, Edilberto Moisés Tapia, Arturo José Hernández Bravo y Dagoberto Emilio Suárez Celis. En su mayoría, se trata de exparamilitares que no cumplían un papel importante en las Auc y reincidieron o no volvieron a reportarse ante las autoridades.
“Algunos desmovilizados no reportan actividad económica, denuncian estigmatización (lo que incide negativamente en el acceso a un empleo digno) y han venido recibiendo presiones por bandas emergentes para retomar las armas”. Así fue como la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla describió la situación que viven exparamilitares que pertenecieron a las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) en la costa Caribe, que siguen siendo procesados penalmente. Aunque no precisó quiénes han denunciado estos hechos, esa autoridad judicial hizo la advertencia en el marco de un proceso contra 18 personas que hicieron parte de tres frentes del grupo criminal.
(En contexto: Alertan sobre presiones a exparamilitares para que retomen las armas)
Entre ellas, la de más alto perfil es José Gregorio Mangones Lugo, alias Carlos Tijeras, exjefe paramilitar del Frente William Rivas y cercano a Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, cabeza del Bloque Norte de las Auc. El Espectador habló con dos hombres de esa estructura que también eran del círculo más cercano del exjefe paramilitar, quien volvió al país en octubre de 2020 luego de cumplir una pena por narcotráfico en Estados Unidos. Aunque señalan que no han recibido presiones, los dos relatos muestran un escenario idéntico al descrito por el Tribunal Superior de Barranquilla y bloqueos ante las entidades financieras, que les impiden tener vida crediticia.
“Nosotros estamos muy comprometidos con la verdad y no volver a delinquir. Tenemos ese compromiso ante el país y hemos asistido a todas las audiencias que nos han citado. Sin embargo, las largas audiencias que hoy aún se siguen realizando también dificultan nuestros trabajos que, dicho sea de paso, ha sido muy difícil de conseguir. Tenemos que acudir a gente cercana que le dan la oportunidad a uno. El anterior trabajo lo perdí porque, por ejemplo, cada tanto tenía que pedirle permiso por varios días a mi jefe para cumplir con las audiencias”, le dijo a este diario uno de los hombres de Jorge 40, que hoy vive en Medellín.
(Lea también: El día que “Jorge 40” regresó al país)
Un antiguo integrante del frente Juan Andrés Álvarez del Bloque Norte, que vive en Bogotá y tiene esquema de protección de la Unidad Nacional de Protección, contó que desde que dejó las armas no ha podido acceder a un trabajo estable. “Los errores que se cometieron en el pasado pesan hoy mucho y desde las autoridades tampoco se ayuda mucho para que nos abran las puertas; lo que sé de otros exparas es que consiguen trabajos informales mal pagos. Además, me la he pasado de juzgado en juzgado contando todo lo que hicimos (los paramilitares)”, le contó a El Espectador el exparamilitar, condenado por varios homicidios en Cesar.
Estos testimonios y denuncias se han hecho desde 2018. Por ejemplo, en noviembre de ese año el propio Tribunal le pidió a la Oficina de Reincorporación de Desmovilizados que “estudie la posibilidad de crear un comité técnico que diagnostique la situación personal de cada uno de los miembros de las Auc, con el fin de crear programas eficaces que permitan la reincorporación de cada uno de ellos a la sociedad, así como educar a la sociedad colombiana mediante mecanismos publicitarios que permitan esa reincorporación”. La solicitud se hizo en una sentencia contra alias Cami, uno de los miembros del clan paramilitar Rojas, que tuvo gran poder en la década de los 90 en el Magdalena.
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Al parecer, alias Cami no ha vuelto a delinquir. Sin embargo, alias Rigo, su hermano, sí lo hizo y fue expulsado de Justicia y Paz al demostrarse que fue el determinador del secuestro de la sobrina nieta de Gabriel García Márquez. Hoy Rigo es procesado en la justicia ordinaria y se expone a una pena de cuarenta años de cárcel por este y otros delitos cometidos en medio del conflicto, como los asesinatos de líderes de la Universidad del Magdalena. El Espectador se contactó con la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) para saber qué políticas ha implementado desde esa orden en la sentencia contra alias Cami , pero hasta el momento no hubo respuesta de la entidad.
Un mes después, la misma Sala de Justicia y Paz condenó a Don Antonio, mano derecha de Jorge 40, y le recordó al Estado colombiano que “deben seguir implementándose medidas de resorte político, legislativo, administrativo y judicial encaminadas a establecer condiciones que permitan asegurar que las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario consumadas por los grupos armados organizados al margen de la ley cesen definitivamente y no se vuelvan a repetir”. Don Antonio sigue compareciendo ante los estrados y el año pasado fue absuelto por falso testimonio contra Silvia Gette Ponce, exrectora de la Universidad Autónoma.
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Los paramilitares reincidentes
El Espectador estableció que desde enero de 2020 a agosto de 2021 han sido excluidos de Justicia y Paz 18 exparamilitares, pues se comprobó que volvieron a delinquir. Entre los hombres más importantes de las Auc están John Jairo Esquivel, alias el Tigre, quien fue capturado en 2019 y es procesado por el asesinato de cientos de campesinos y el secuestro de la familiar de García Márquez. Otro de los delincuentes que reincidió y aún tiene peso en el mundo criminal es Norberto Quiroga Poveda, alias 5.5. Las autoridades lo señalan de ser uno de los líderes y financiador de la organización criminal Los Pachencas.
El presidente Iván Duque señaló que 5.5 era responsable del asesinato de líderes sociales, masacres, narcotráfico y explotación sexual. Además, asumió el liderazgo de la estructura ilegal luego de la muerte de alias Chucho Mercancía en junio de 2019, en zona rural de Santa Marta durante enfrentamientos con la fuerza pública. Las autoridades dicen que mantuvo un bajo perfil para no perder los beneficios de Justicia y Paz, adonde llegó como segundo líder del Bloque Resistencia Tayrona de las Auc, comandado entonces por el temido Hernán Giraldo, el patrón de la Sierra.
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Los otros excluidos de Justicia y Paz recientemente son Jovanys Rodríguez Buelvas, Julio César Fontalvo Martínez, Danys José Rivera Yepes, Exneider Santiago González, Alfonso Buenhaber Serrano, José Luis Hernández Salazar, Rolando Enrique Hernández Hernández, Henrys Alberto de la Hoz Maldonado, James Lora Ramos, Jonathan David Contreras Pueyo, Ángel Custodio Parejo Ortiz (procesado por el secuestro de la sobrina nieta de García Márquez), Fabián Álvarez Gutiérrez, Edilberto Moisés Tapia, Arturo José Hernández Bravo y Dagoberto Emilio Suárez Celis. En su mayoría, se trata de exparamilitares que no cumplían un papel importante en las Auc y reincidieron o no volvieron a reportarse ante las autoridades.