Las cárceles colombianas: el fracaso de las políticas del garrote

La crisis de las cárceles colombianas no es un secreto. El hacinamiento, la corrupción de funcionarios del INPEC o la comida descompuesta suelen aparecer en medios de comunicación, pues decenas de personas durmiendo en suelos y baños, los casos de tortura y la comida podrida son imágenes impactantes. Pero mientras estos problemas reciben la mayoría de la atención, las causas estructurales de la crisis suelen pasar desapercibidas, y no porque sean desconocidas: no es que falten cárceles, sino que la política criminal colombiana (la que define qué conducta es un delito, cuál es su pena, como es judicializada y cómo se ejecuta la pena) tiende a utilizar la prisión como la cura para cualquier problema social, y esto ha llevado el sistema al colapso. ¿La razón? Al aumentar las penas y el número de conductas castigadas con prisión, simplemente entran más personas a la cárcel de las que salen.

Para entender la crisis que hoy enfrentan las cárceles colombianas, es necesario remontarse a 1998, año en el que la Corte Constitucional declaró el primer estado de cosas inconstitucional en las cárceles. En ese año, la Corte declaró que las cárceles se encontraban en un estado de cosas que violaba de manera generalizada y masiva los derechos de las personas privadas de la libertad, por lo que por primera vez declararía la existencia de una falla estructural en el sistema penitenciario. Para la Corte, esta crisis había surgido debido a que las cárceles se encontraban abandonadas por el Estado, pues para 1998 había una falta de mantenimiento y expansión de la infraestructura, violencia generalizada, ineficiencia en la prestación de servicios de salud, y una violación generalizada de la dignidad humana.

Frente a esta primera crisis, la respuesta del Estado colombiano fue emprender la construcción y ampliación del sistema penitenciario, haciendo un esfuerzo presupuestal importante. De los 33.119 cupos disponibles en 1998, el INPEC pasó a contar con 45.575 cupos en 2002, y con 76.066 cupos en 2013. Sin embargo, este proyecto de expansión acelerada de infraestructura tuvo un alto costo. Según el DNP, entre el 2000 y el 2015 se aprobaron múltiples proyectos que buscaban ampliar cupos, los cuales suman un valor aproximado de $4,4 billones de pesos – es decir, más de la mitad del recaudo esperado este año de la ley de financiamiento.

Para el 2002, la estrategia de ampliación de cupos parecía estar dando resultado, y con la reducción gradual del hacinamiento, la Corte Constitucional consideró que la crisis se estaba superando. Pero entre el 2000 y el 2013, al mismo tiempo que se ampliaban los cupos carcelarios, la población privada de la libertad comenzó a crecer de manera acelerada. Según el INPEC, la población carcelaria pasó de ser de 44.439 personas en 1998 a ser de 120.032 en 2013, es decir, casi se triplicó en cerca de 15 años. Como concluiría un estudio del DNP en 2011, simplemente la población carcelaria crece más rápido de lo que el Estado puede construir cárceles, y esto con un esfuerzo presupuestal enorme – lo que demostró la insuficiencia de la principal y casi única estrategia del Estado para enfrentar la crisis carcelaria: la construcción de más cárceles.

Con el regreso de los problemas de hacinamiento, en los servicios de salud y de abusos, torturas, corrupción, fallas en los alimentos, entre otros, la Corte Constitucional tuvo que declarar un nuevo estado de cosas inconstitucional en 2013 y a reiterarlo en 2015. Pero a diferencia de la primera crisis, esta no se debía a que el Estado no construyera cárceles o hubiera dejado el sistema a su suerte. Por el contrario, la crisis actual surgió porque las políticas de “mano dura” contra el delito han hecho que la población carcelaria crezca de manera excesiva.

En Colombia, los aumentos punitivos entre el 2000 y el 2016 han sido altos. Como lo muestra un estudio del Ministerio de Justicia, el DNP y la Comisión Asesora de Política Criminal, las leyes penales han tendido a aumentar las penas de manera excesiva, indiscriminada y desproporcionada, y a restringir el uso de medidas alternativas al encarcelamiento. Pero, además, la mayoría de proyectos lo han hecho mal, pues suelen ser leyes antitécnicas que carecen de fundamento científico, que responden a coyunturas mediáticas e ignoran los efectos que pueden tener en el hacinamiento.

Para la Corte, esta política ha tenido fundamentalmente seis problemas que deben ser resueltos: 1) ha estado guiada por preocupaciones únicamente de seguridad, y ha olvidado la resocialización; 2) ha creado un sistema desproporcionado de penas; 3) se ha caracterizado por reaccionar frente a fenómenos mediáticos o problemas del momento; 4) carece de técnica y sistematicidad en su formulación; 5) ha ignorado los efectos que los aumentos punitivos o la criminalización de algunas conductas o personas tiene en las cárceles; y 6) ha tendido a endurecer el régimen procesal para garantizar más condenas, pero en desmedro de las garantías constitucionales de las personas acusadas. En las siguientes columnas se explorarán estos problemas más a profundidad.

A pesar de su necesidad, la reforma de la política criminal no parece estar cerca. Aunque el plan del nuevo Gobierno reconoce que una reforma es necesaria, los proyectos de ley que buscan reducir el hacinamiento no han sido aprobados (el 148 de 2016 y el 014 de 2017), mientras que el Gobierno y el Fiscal General proponen más aumentos punitivos. La crisis de las cárceles no es otra cosa que el fracaso de años de una “política del garrote”, y su costo ha sido la dignidad humana de miles de personas. ¿No es hora de dejar de pensar que el garrote lo arregla todo?

*Este texto hace parte de la serie Encerrar y Botar la llave del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) en el que investigadores y expertos analizan los problemas de la política criminal y la crisis carcelaria en Colombia.

La crisis de las cárceles colombianas no es un secreto. El hacinamiento, la corrupción de funcionarios del INPEC o la comida descompuesta suelen aparecer en medios de comunicación, pues decenas de personas durmiendo en suelos y baños, los casos de tortura y la comida podrida son imágenes impactantes. Pero mientras estos problemas reciben la mayoría de la atención, las causas estructurales de la crisis suelen pasar desapercibidas, y no porque sean desconocidas: no es que falten cárceles, sino que la política criminal colombiana (la que define qué conducta es un delito, cuál es su pena, como es judicializada y cómo se ejecuta la pena) tiende a utilizar la prisión como la cura para cualquier problema social, y esto ha llevado el sistema al colapso. ¿La razón? Al aumentar las penas y el número de conductas castigadas con prisión, simplemente entran más personas a la cárcel de las que salen.

Para entender la crisis que hoy enfrentan las cárceles colombianas, es necesario remontarse a 1998, año en el que la Corte Constitucional declaró el primer estado de cosas inconstitucional en las cárceles. En ese año, la Corte declaró que las cárceles se encontraban en un estado de cosas que violaba de manera generalizada y masiva los derechos de las personas privadas de la libertad, por lo que por primera vez declararía la existencia de una falla estructural en el sistema penitenciario. Para la Corte, esta crisis había surgido debido a que las cárceles se encontraban abandonadas por el Estado, pues para 1998 había una falta de mantenimiento y expansión de la infraestructura, violencia generalizada, ineficiencia en la prestación de servicios de salud, y una violación generalizada de la dignidad humana.

Frente a esta primera crisis, la respuesta del Estado colombiano fue emprender la construcción y ampliación del sistema penitenciario, haciendo un esfuerzo presupuestal importante. De los 33.119 cupos disponibles en 1998, el INPEC pasó a contar con 45.575 cupos en 2002, y con 76.066 cupos en 2013. Sin embargo, este proyecto de expansión acelerada de infraestructura tuvo un alto costo. Según el DNP, entre el 2000 y el 2015 se aprobaron múltiples proyectos que buscaban ampliar cupos, los cuales suman un valor aproximado de $4,4 billones de pesos – es decir, más de la mitad del recaudo esperado este año de la ley de financiamiento.

Para el 2002, la estrategia de ampliación de cupos parecía estar dando resultado, y con la reducción gradual del hacinamiento, la Corte Constitucional consideró que la crisis se estaba superando. Pero entre el 2000 y el 2013, al mismo tiempo que se ampliaban los cupos carcelarios, la población privada de la libertad comenzó a crecer de manera acelerada. Según el INPEC, la población carcelaria pasó de ser de 44.439 personas en 1998 a ser de 120.032 en 2013, es decir, casi se triplicó en cerca de 15 años. Como concluiría un estudio del DNP en 2011, simplemente la población carcelaria crece más rápido de lo que el Estado puede construir cárceles, y esto con un esfuerzo presupuestal enorme – lo que demostró la insuficiencia de la principal y casi única estrategia del Estado para enfrentar la crisis carcelaria: la construcción de más cárceles.

Con el regreso de los problemas de hacinamiento, en los servicios de salud y de abusos, torturas, corrupción, fallas en los alimentos, entre otros, la Corte Constitucional tuvo que declarar un nuevo estado de cosas inconstitucional en 2013 y a reiterarlo en 2015. Pero a diferencia de la primera crisis, esta no se debía a que el Estado no construyera cárceles o hubiera dejado el sistema a su suerte. Por el contrario, la crisis actual surgió porque las políticas de “mano dura” contra el delito han hecho que la población carcelaria crezca de manera excesiva.

En Colombia, los aumentos punitivos entre el 2000 y el 2016 han sido altos. Como lo muestra un estudio del Ministerio de Justicia, el DNP y la Comisión Asesora de Política Criminal, las leyes penales han tendido a aumentar las penas de manera excesiva, indiscriminada y desproporcionada, y a restringir el uso de medidas alternativas al encarcelamiento. Pero, además, la mayoría de proyectos lo han hecho mal, pues suelen ser leyes antitécnicas que carecen de fundamento científico, que responden a coyunturas mediáticas e ignoran los efectos que pueden tener en el hacinamiento.

Para la Corte, esta política ha tenido fundamentalmente seis problemas que deben ser resueltos: 1) ha estado guiada por preocupaciones únicamente de seguridad, y ha olvidado la resocialización; 2) ha creado un sistema desproporcionado de penas; 3) se ha caracterizado por reaccionar frente a fenómenos mediáticos o problemas del momento; 4) carece de técnica y sistematicidad en su formulación; 5) ha ignorado los efectos que los aumentos punitivos o la criminalización de algunas conductas o personas tiene en las cárceles; y 6) ha tendido a endurecer el régimen procesal para garantizar más condenas, pero en desmedro de las garantías constitucionales de las personas acusadas. En las siguientes columnas se explorarán estos problemas más a profundidad.

A pesar de su necesidad, la reforma de la política criminal no parece estar cerca. Aunque el plan del nuevo Gobierno reconoce que una reforma es necesaria, los proyectos de ley que buscan reducir el hacinamiento no han sido aprobados (el 148 de 2016 y el 014 de 2017), mientras que el Gobierno y el Fiscal General proponen más aumentos punitivos. La crisis de las cárceles no es otra cosa que el fracaso de años de una “política del garrote”, y su costo ha sido la dignidad humana de miles de personas. ¿No es hora de dejar de pensar que el garrote lo arregla todo?

*Este texto hace parte de la serie Encerrar y Botar la llave del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) en el que investigadores y expertos analizan los problemas de la política criminal y la crisis carcelaria en Colombia.