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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tomó una importante determinación sobre uno de los capítulos determinantes de la guerra en Colombia: el reclutamiento forzado. La Sala de Reconocimiento de Verdad imputó por estos y otros crímenes en el marco del macrocaso 07 (que investiga el reclutamiento y la utilización de niñas y niños en el conflicto armado) a seis miembros del antiguo secretariado de la extinta guerrilla de las Farc. Rodrigo Londoño, Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo, Pastor Alape y Julián Gallo deberán reconocer o rechazar el llamado de la Jurisdicción en 30 días. Para llegar a esta decisión, el órgano de justicia transicional tuvo en cuenta cientos de testimonios y estudios que ponen de presente el panorama de este flagelo en décadas de enfrentamientos.
Según la investigación de la JEP, al menos 18.677 niños y niñas fueron reclutados por las Farc, siendo la mayoría de los casos registrados entre 1996 y 2016. De estos menores, el 30% tenía menos de15 años. La Sala de Reconocimiento determinó que estos reclutamientos fueron sistemáticos y ocurrieron en casi todo el país, salvo en San Andrés y Providencia. El informe documenta que 24% de las víctimas reclutadas reportó haber sufrido algún tipo de violencia de género durante su permanencia en la extinta guerrilla. De este grupo, 91% eran mujeres, 9% hombres y 7% tenía una identidad de género diversa. En cuanto a las violencias sexuales, al menos el 35% de las mujeres reclutadas reportaron haber sufrido abuso sexual dentro de las filas de la organización.
Todas estas conductas fueron documentadas y establecidas por la JEP en cinco patrones: reclutamiento y utilización de niños y niñas, incluidas personas menores de 15 años; malos tratos, torturas y homicidios en contra de niños y niñas reclutados en el marco de su vida intrafilas; violencias reproductivas que afectaron a niñas reclutadas; violencias sexuales en contra de niños y niñas reclutadas y violencias basadas en el prejuicio en contra de niños y niñas reclutadas con orientación sexual o identidad o expresión de género diversas. Cabe recordar que en el macrocaso 07 participan 9.854 víctimas. De ese número, 8.903 pertenecen a cinco pueblos indígenas afectados y otras 1.000 corresponden a víctimas individuales acreditadas, incluyendo sobrevivientes directos y familiares.
Informes y testimonios
Para tomar la decisión de imputar al antiguo secretariado, la Sala de Reconocimiento tuvo en cuenta varias fuentes que fueron contrastadas para emitir sus conclusiones. La magistratura analizó un total de 77 informes presentados por organizaciones de víctimas, ocho informes presentados por entidades del Estado y la acreditación de 1.000 sobrevivientes de reclutamiento y de familiares de niños y niñas en condición de desaparecidos, con las que se reconstruyó la historia de reclutamiento de 805 niños (56%) y niñas (44%). Así mismo, la Jurisdicción acreditó de manera colectiva a los pueblos étnicos Koreguaje, Hitnu, Bari, Sikuani y Cubeo, que suman 8.903 personas individuales.
Menores con paradero desconocido
De acuerdo con lo analizado por la Jurisdicción, al menos 28% del total del universo de menores reclutados se encuentran desaparecidos. La Sala, en ese contexto, reconoció las labores de búsqueda que los familiares de niños y niñas desaparecidos se han realizado “enfrentando una escasa respuesta estatal, la falta de recursos económicos y el temor ante posibles represalias”.
“En una labor conjunta con la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), se logró la recuperación de 47 cuerpos esqueletizados. La Sala, en conjunto con la UBPD y el Instituto Nacional de Medicina Legal, ha logrado la identificación y entrega de ocho cuerpos recuperados en lugar, de los cuales seis fueron víctimas de reclutamiento y dos de ellos murieron de manera violenta aun siendo menores de 18 años”, añadió la Jurisdicción sobre los esfuerzos por esclarecer el paradero de las víctimas.
La respuesta del antiguo secretariado
Tras la publicación del auto de determinación de hechos de la JEP, los exintegrantes del secretariado de las antiguas Farc respondieron que se reunirán con su equipo de defensa para revisar y responder a las imputaciones de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. “Como lo declaramos desde los diálogos en La Habana, reconocemos los hechos y conductas que evidencian el reclutamiento y el ingreso a filas de menores de edad durante el conflicto, así como posibles hechos derivados que pudieron suceder dentro de las extintas Farc. Estos hechos no debieron haber ocurrido”, expresaron los exintegrantes del secretariado.
Ahora los imputados será notificados y tendrán 30 días hábiles para manifestarse frente a su responsabilidad. En caso de reconocer su participación en los crímenes imputados, se fijará una fecha para una Audiencia Pública de Reconocimiento de Verdad, con participación de las victimas, que dará lugar a la decisión sobre la imposición de una sanción propia a los seis exdirigentes de la antigua guerrilla.
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