Las cinco fincas de Jorge Pretelt en el Urabá

La Fiscalía empezó a halar la pita del presunto despojo de tierras del que se habrían beneficiado el magistrado Jorge Pretelt y su esposa, la procuradora judicial Martha Ligia Patrón López, por la compra de unos predios en el Urabá antioqueño. El Espectador conoció el expediente que se abrió contra Patrón —quien no asistió al interrogatorio que tenía el pasado viernes por estar fuera del país— y los documentos se enviaron a la Comisión de Acusación como compulsa de copias contra Pretelt. En los papeles aparecen declaraciones del excomandante paramilitar y hombre cercano al clan Castaño, Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias Monoleche, y los registros de Instrumentos Públicos de Turbo (Antioquia), que evidencian que los procesos de compraventa se realizaron ante el polémico notario segundo de Montería, Lázaro de León, quien fue capturado hace un año por vínculos con las autodefensas.

Para la Fiscalía, De León fue clave para legalizar la compra ilegal de los terrenos despojados a cientos de campesinos de Córdoba y Antioquia. Además, supuestamente aparece relacionado con las actividades que Sor Teresa Gómez adelantó desde la Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcor) y con el Fondo Ganadero de Córdoba durante la década de los 90. En el caso de Pretelt y Patrón, el exnotario fue quien validó la compra y englobe de cinco terrenos colindantes y de origen baldío —ubicados en las veredas del norte de Turbo y en el municipio de Arboletes (Antioquia)—, que adquirió Pretelt el 30 de junio de 2005. Se trata de las fincas Berlín (62 hectáreas), La Bonga (26 hectáreas), Dos Bocas (42 hectáreas), Alto Bonito (46 hectáreas) y No Hay Como Dios (66 hectáreas).

Estas dos últimas son las que tienen contra las cuerdas a la familia Pretelt Patrón, ya que el pasado 13 de marzo la Dirección Nacional de Justicia Transicional solicitó al Tribunal de Justicia y Paz de Medellín imponer medidas cautelares sobre estos terrenos tras encontrar las denuncias de dos campesinos que aseguraron haber sido presionados por los paramilitares para vender sus tierras a precios irrisorios. Se trata de Manuel Gregorio Hernández Soto, un hombre de más de 85 años que murió hace dos años luchando por recuperar su propiedad, y Reynaldo Pascual Villalba Alarcón, quien entre 2009 y 2011 presentó tres denuncias por desplazamiento forzado en la que salían mencionados Monoleche y Pretelt.

Hernández Soto fue un campesino que adquirió la finca Alto Bonito el 13 de julio de 1987 mediante resolución del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) —hoy Incoder—. Sin embargo, según denunció con su puño y letra, el 11 de agosto de 2003, en la Notaría Segunda de Montería, vendió su bien bajo presión a Martha Ligia Patrón López por $5 millones. Y Patrón, finalmente, terminó vendiéndole la propiedad a su esposo en la Notaría de De León por $19 millones en 2005. El Espectador analizó ambas compraventas teniendo como base precios de 2015, y mientras que a Hernández Soto le pagaron $170.000 por hectárea, Martha Ligia le aumentó el precio a $600.000 en menos de dos años.

En 2009, Hernández Soto llegó hasta una Fiscalía en Montería junto con sus hijas para denunciar los hechos. Precisó que el 4 de enero de 2002 salió desplazado de la zona por la presión paramilitar y agregó que para esa época familiares suyos habían recibido visitas de Jorge Pretelt, quien supuestamente llegaba escoltado y preguntando por él. Asimismo, que terceras personas, una de ellas identificada como Teófilo Hernández, indagaban si estaban intentando recuperar la finca Alto Bonito.

Por su parte, Reynaldo Pascual Villalba, quien dice ser el propietario de la finca La Corona —en los registros aparece como No Hay Como Dios, un predio que forma parte de la Hacienda La Corona—, denunció que el 12 de marzo de 1992 salió desplazado porque hasta su tierra llegó un grupo de paramilitares que le dijeron que tenía que vender el predio o si no se lo “compraban a la viuda”. Agregó que salió atemorizado porque en la región estaban matando a muchos campesinos que no querían entregar sus tierras.

La presunta víctima dijo que a los dos años hasta su casa en Montería llegaron Teófilo Hernández —el mismo que fue identificado por Manuel Hernández Soto— y Evelio Díaz, alias el Burro, un hombre que al parecer trabajaba bajo las órdenes de Monoleche. “Llegaron exigiéndome que vendiera la finca. Les dije que si me pagaban a $500.000 (la hectárea) se las vendía y ellos sólo me ofrecieron $150.000, a lo cual no accedí”, manifestó en su denuncia Villalba. Luego de este suceso, precisó que el Burro volvió y le reiteró la amenaza: que si no vendía “le compraban a la viuda”.

Villalba aseguró que por temor a su vida accedió a venderla y que luego se enteró que el Burro se la entregó a Teófilo Hernández, quien, según él, es el representante legal de la hacienda La Corona. El campesino intentó recuperar su propiedad. Fue hasta la Oficina de Instrumentos Públicos de Turbo y no encontró eco; rindió una declaración extraproceso, curiosamente, ante el notario De León; hasta que finalmente acudió a la Fiscalía, que empezó a indagar por esta situación y en una diligencia de versión libre que rindió Monoleche, el 6 de octubre de 2011, le preguntaron por este hecho.

Roldán Pérez contestó que el caso era muy bueno, “porque, incluso, estas tierras que estamos hablando son aproximadamente de unas 1.500 o 1.000 hectáreas, hoy en día creo que son de un magistrado (...) señor fiscal tendrá que ser el señor magistrado Jorge Pretelt sentarse con usted para contarle cómo compró las tierras, pero lo que estoy seguro es que este señor nunca compró las tierras bajo presión ni con grupos armados en esa región y es dueño hoy en día, tengo entendido de esas tierras que está reclamando esta víctima. De todas maneras esto va a ser muy importante”. Frente a la pregunta de si conocía al Burro, el exjefe paramilitar respondió que tenía entendido que este último era el administrador o el señor que trabajaba con el magistrado y que, según había escuchado, estaba muerto.

Según las escrituras de la finca No Hay Como Dios, ésta le fue entregada por el Incora a una pareja de campesinos identificados como Manuel Soto Pérez y Pascualina del Carmen Ibarra Urriaga, el 17 de diciembre de 1979. A su vez, ellos le vendieron a la familia de Reynaldo Villalba Alarcón, quien les pagó $1’000.000 el 16 de mayo de 1989. Luego llegaron las presiones y Villalba salió de su tierra. Ya el 30 de diciembre de 1999 cedió a las presiones y le vendió al Burro el predio por $8’000.000. Díaz Yánez le entregó el bien a la esposa de Pretelt por $3’700.000 el 7 de junio de 2000. Martha Ligia Patrón cerró el círculo de traspasos cuando le entregó los terrenos al magistrado en julio de 2005, en un negocio que tuvo un valor de $5 millones.

Por estos hechos es que Pretelt y su esposa tendrán que explicarle a la justicia cuál fue su real intermediación en la adquisición de estos predios. La Fiscalía investiga si Martha Ligia incurrió en los delitos de desplazamiento forzado, concierto para delinquir, lavado de activos, y destrucción y apropiación de bienes protegidos. A su vez, le pidió a la Comisión de Acusación tomar cartas en el asunto y el pasado 19 de marzo ordenó la compulsa de copias. Este será un caso que renació de las cenizas y en el que se podría escribir un nuevo capítulo de la participación de figuras públicas en el despojo a sangre y fuego que lideraron los paramilitares en la década de los 90.