Las claves de la condena que faltaba en el escándalo de la Yidispolítica

Tuvieron que pasar 15 años para que la Corte Suprema de Justicia cerrara el capítulo de la Yidispolítica –al menos el que tiene que ver con los procesos que llegaron a esta instancia–. La Sala Especial de Primera Instancia del alto tribunal condenó el pasado 18 de octubre a uno de los alfiles del gobierno Uribe que, hasta ahora, había logrado esquivar a la justicia: Bernardo Moreno Villegas, quien se desempeñó como director del Departamento Administrativo de la Presidencia entre julio de 2004 y el 7 de agosto de 2010. Esta condena era la última que faltaba en contra de los principales protagonistas y alfiles de la administración Uribe que participaron en el escándalo de corrupción que marcó historia.

Tuvieron que pasar 15 años para que la Corte Suprema de Justicia cerrara el capítulo de la Yidispolítica –al menos el que tiene que ver con los procesos que llegaron a esta instancia–. La Sala Especial de Primera Instancia del alto tribunal condenó el pasado 18 de octubre a uno de los alfiles del gobierno Uribe que, hasta ahora, había logrado esquivar a la justicia: Bernardo Moreno Villegas, quien se desempeñó como director del Departamento Administrativo de la Presidencia entre julio de 2004 y el 7 de agosto de 2010. Esta condena era la última que faltaba en contra de los principales protagonistas y alfiles de la administración Uribe que participaron en el escándalo de corrupción que marcó historia.

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El episodio se conoció como la Yidispolítica. Como ya logró probar la justicia, se trató de un pacto criminal en el que altos funcionarios del gobierno Uribe le ofrecieron dádivas a dos congresistas, Yidis Medina y Teodolino Avendaño (ya condenados), a cambio de que votaran a favor del acto legislativo que terminó aprobando la reelección presidencial inmediata en 2004. En 2015, el alto tribunal condenó a tres alfiles del gobierno, los exministros Sabas Pretel y Diego Palacio, y al exsecretario de la Presidencia, Alberto Velásquez. Pero lo que no había podido esclarecer la justicia era el papel que jugó Moreno Villegas, dentro de este entramado que terminó favoreciendo al entonces presidente Uribe.

Para la Sala Especial de Primera Instancia, Bernardo Moreno jugó un papel clave para que todas las dádivas ofrecidas por los exministros y su predecesor, se concretaran. Por eso, dice la Corte, es culpable por el delito de tráfico de influencias. El fallo de 251 páginas señala que Moreno no fue ningún novato en la administración pública, actuó conscientemente, y tampoco fue engañado, como trató de defenderse durante el juicio en su contra. Lo que reiteró la Corte en esta nueva sentencia en el caso de la Yidispolítica es que, para 2004, se gestó todo un entramado para que el acto legislativo que buscaba permitir la reelección, fuera aprobado en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

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Aunque las dádivas las ofrecieron los exfuncionarios ya condenados, lo que encontró la Corte Suprema es que Moreno terminó de concretarlos. Entre los favores que se ofrecieron, el gobierno Uribe propuso la designación de un amigo de Medina, Carlos Correa Mosquera, en la dirección de la Clínica Primero de Mayo de Barrancabermeja, cargo del que tomó posesión el 23 de junio de 2004. También la designación de César Guzmán –otro cercano amigo de Yidis Medina– en la Dirección de Infraestructura Carcelaria del Ministerio del Interior. Sin embargo, Alberto Velásquez no cumplió con todos los encargos, por lo que Bernardo Moreno realizó el resto.

Según la Corte, Moreno recomendó hojas de vida, hizo llamadas e intercedió para que los nombramientos ofrecidos se concretaran. Es más, el alto tribunal encontró que ese tráfico de influencias perduró por el tiempo, pues, para 2008, cuando Medina iba a publicar un libro con todos los detalles de lo sucedido cuatro años atrás, Moreno se reunió con ella para “frenar” la confesión que lo podía afectar. La gestión del entonces secretario fue fructífera: aún consciente de lo que estaba haciendo, logró que Jairo Plata, a petición de la excongresista, ingresara a trabajar en la Red de Solidaridad Social; y que otra amiga de Medina, Gloria Giraldo, fuera nombrada en la Empresa Territorial para la Salud (ETESA).

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En este sentido, la Corte Suprema concluyó que las acciones de Bernardo Moreno minaron la confianza de los colombianos en la rama ejecutiva y de los integrantes del gobierno nacional. El alto tribunal fue directo al grano: Bernardo Moreno puso a la Presidencia “al servicio de intereses políticos particulares las entidades públicas, convirtiéndolas en fortines burocráticos, desconociendo que el servicio público tiene por finalidad satisfacer las necesidades de la comunidad y no saciar intereses mezquinos, dando la imagen de que a la función pública se accede como consecuencia del pago de prebendas y por recomendación de los políticos de turno”, concluyó la Corte en su decisión.

Por su participación en la Yidispolítica, el alto tribunal ordenó la captura inmediata de Moreno Villegas para que pague la condena de cinco años y siete meses de cárcel en una cárcel. Además, deberá pagar una multa de un poco más de $49 millones y no podrá ejercer cargos públicos durante 82 meses. Esta es la segunda condena que la Corte Suprema emite contra el exsecretario de la Presidencia. En abril de 2015, el alto tribunal lo condenó a 8 años de cárcel por haber participado en otro de los escándalos que marcaron el gobierno de Uribe: el de las chuzadas del DAS. Según esa sentencia, Moreno conocía y tenía acceso de primera mano a la información privilegiada recolectada el organismo de seguridad para crear una campaña de desprestigio en contra magistrados, periodistas y congresistas de la oposición.

Aunque esa condena le permitió pagar la pena en prisión domiciliaria, la nueva decisión en su contra es clara en que Moreno debe ser capturado para que sea recluido en una cárcel. A pesar de que al exsecretario todavía le quedan recursos para controvertir esta decisión, con este fallo, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema cierra la investigación de uno de los escándalos político y judiciales más controversiales de los años recientes. Uno en el que, como lo resumió el alto tribunal, funcionarios del gobierno Uribe sobornaron al propio Estado para modificar, a como diera lugar, un “articulito” de la Constitución Política que terminó cambiando la historia de Colombia.

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