La compra masiva de votos en el Caribe colombiano tiene a uno de sus supuestos líderes con un pie en la cárcel. El exsenador Arturo Char Chaljub se convirtió en un hombre buscado hasta por la Interpol para cumplir con la orden de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que le acaba de dictar orden de captura con el fin de que sea recluido en una cárcel mientras avance la investigación en su contra. El exsenador es investigado por presuntos delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante agravado. La presunta red para la compra de votos para las elecciones de 2018 en el Atlántico habría tenido el fin de que la condenada Aida Merlano Rebolledo llegara al Senado.
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El exsenador, quien también fue presidente del Congreso, fue vinculado formalmente a la investigación de la Corte en junio pasado. Las pruebas en su contra evidenciarían que fue Arturo Char quien habría organizado la estructura delictiva previa a las elecciones, para que Merlano llegara al Senado, y su fórmula a la Cámara, Lilibeth Llinás, llegara al Congreso. Según investigaciones de la propia Corte, todo el entramado ilegal se desarrolló en la llamada Casa Blanca, la sede de campaña de Aida Merlano, quien, además, le ha dicho a la justicia que Arturo y Alejandro Char, hoy candidato a la Alcaldía de Barranquilla, fueron piezas claves de la red de compra de votos.
Además de Arturo Char, la investigación también ha establecido que el empresario Julio Gerlein habría participado de este caso de corrupción electoral. La Fiscalía lo tiene en juicio, desde hace años, por los delitos de porte ilegal de armas, concierto para delinquir y corrupción de sufragante agravado. Además del objetivo de llevar a Merlano al Senado y a Llinás a la Cámara, lo que señala la investigación de la Corte es que las cabezas de este plan ilegal también buscaron conseguir la reelección de Arturo Char en el Senado. El contexto político en el que se desarrollaron los hechos revela que, en el segundo semestre de 2017, la familia Char ya ejercía la hegemonía del poder político en Barranquilla y todo el Atlántico.
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El testimonio de Aida Merlano
Aida Merlano, condenada a 15 años de prisión por los delitos de corrupción al sufragante, concierto para delinquir y porte o tenencia ilegal de armas de fuego de defensa personal. La exrepresentante fue deportada desde Venezuela a Colombia el pasado 10 de marzo de 2023, después de haber escapado a ese país en 2019 en una cinematográfica fuga desde la ventana de un consultorio odontológico. Desde que se radicó en el vecino país, la excongresista empezó a dar detalles de lo que podía contarle a la justicia, de lo que realmente pasó en la Casa Blanca y cómo funcionó el mecanismo de compra de votos que ya logró probar la justicia en la condena que la Corte emitió en su contra en septiembre de 2019.
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Por su conocimiento del caso, el alto tribunal incluyó su testimonio en la investigación contra Arturo Char. Si bien la excongresista ha sido protagonista de una serie de escándalos por sus revelaciones, que han incluido historias de infidelidad y complots para matarla, a la Corte Suprema le habló bajo la gravedad del juramento. Su relato ha sido piedra angular para entender la forma en la que se materializó la alianza entre los clanes Char y Gerlein, la misma que hoy tiene al primer miembro de la familia Char con serios líos con las autoridades. Por ejemplo, la exsenadora explicó que participó en una reunión a la que asistieron el exsenador, el empresario y otro contratista de la región.
“Se tocaron temas como el apoyo electoral para la fórmula a la Cámara de Arturo Char que, en su momento, no se había escogido. Posteriormente, estuve presente en una reunión con Arturo Char y Gerlein para brindar el apoyo a Llinás”, dijo Merlano. La exsenadora agregó que, a finales de diciembre de 2017, se concretó el apoyo a Llinás y resaltó que, en enero de 2018, se registró otro encuentro en el que se acordó una votación para el exsenador Char y para Llinás en municipios del Atlántico. “Todos estos acuerdos fueron financiados por el contratista y Julio Gerlein con los anticipos entregados por Alejandro Char de la canalización de los arroyos de la 72 y la 76″, expuso.
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Otro de los episodios que Merlano le contó a la Corte Suprema, bajo juramento, es que tiene información sobre una supuesta “compra de jueces para favorecer a Julio Gerlein” en diligencias judiciales. Además, que sabía sobre la participación de los hermanos Char en la financiación de compra de votos para Llinás y Arturo Char y que podría hablar sobre la financiación de una compra de votos para obtener cinco curules en el Atlántico por Cambio Radical. En otro testimonio que tuvo en cuenta la Corte en la investigación contra Char, Merlano reveló sin rodeos que él mismo fue el gestor de la compra de votos para su propia campaña en el Senado y que tenía un grupo de personas de confianza que hacían ese tipo de labores a favor de Merlano.
Entre ellos, la exrepresentante mencionó Adalberto Llinás, hermano de Lilibeth Llinás, quien fue coordinador de la compra de votos, según el testimonio de Aida Merlano. Es más, según la Corte Suprema, fue este hombre el encargado de conseguirle 10.000 votos a favor de Arturo Char en el Caribe. Además del testimonio de Merlano, el alto tribunal tiene una lista de testimonios, pruebas documentales, videos e informes de policía judicial, entre otros, que han ido robusteciendo la teoría de que Char habría participado en un entramado corrupto del que ahora se deberá defender desde la cárcel, pues la Corte Suprema ni siquiera le dio el beneficio de prisión domiciliaria.
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La jugadita de Char
Durante los últimos tres años, la Corte Suprema de Justicia le ha seguido los pasos al exsenador. Sin embargo, cuando el cerco fue cerrándose sobre Char, su defensa sorprendió a más de uno, pues en lugar de defenderse y darle explicaciones al alto tribunal, resolvió recusar a los magistrados que lo investigaban. Según su argumento, que ya fue rechazado en varias instancias, sus jueces no eran imparciales, pues ya lo habían señalado de haber intervenido en un “acuerdo ilícito” y, con esa consideración en su contra, no podían ser ellos mismos los encargados de definir su situación jurídica y ordenar su captura. Nada hubo de ilegal en lo dicho por Char.
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La propia Corte señaló que los magistrados estaban cumpliendo al pie de la letra el proceso penal. Eso sí, el exsenador insistió en que planeaba demandar, ante el Consejo de Estado, la norma que les permite a los togados de una misma sala de la Corte llamar a indagatoria a un aforado y, al mismo tiempo, definir su medida de aseguramiento. Sin embargo, nada de eso pasó y, ante la insistencia del alto tribunal de avanzar en el caso, el pasado 30 de junio, Arturo Char rindió indagatoria, después de al menos cinco aplazamientos. La cita la cumplió de manera virtual, pues desde su renuncia al Senado, el 6 de febrero de 2023, el excongresista se radicó en Miami, Estados Unidos.
Durante la diligencia, Char no contestó a las preguntas del despacho, justificado en que ya había suministrado argumentos suficientes y similares a los que podría exponer. Su defensa emitió un comunicado en el que explicó que el exsenador había rechazado todo lo expuesto por la Corte y que le había solicitado la práctica de nuevas pruebas para probar que el testimonio de Aida Merlano no es cierto. “El señor Char confía en que, con estos nuevos medios de conocimiento, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema, en desarrollo de los principios de investigación integral e imparcialidad objetivo, revalúe su posición respecto del rol que erradamente le han dado en esta investigación”, explicó la defensa.
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Sin embargo, la decisión de la Corte Suprema de resolver su situación jurídica y orden su captura de manera inmediata muestra que esa petición de Char no tuvo mayor desarrollo. En lo que sí avanzó el alto tribunal, desde la indagatoria hasta la orden de captura de este 6 de septiembre, fue en una grave advertencia. Para la Sala de Instrucción, Char debe estar preso en una cárcel, ni siquiera en prisión domiciliaria, existe “un comportamiento del investigado que pone en duda su normal comparecencia al proceso, así como a riesgos advertidos en la práctica probatoria y en la actividad investigativa”. Esa consideración estuvo basada principalmente en el hecho de que el exsenador ya no vive en Colombia.
Su domicilio actual complica la situación, especialmente porque la captura tendría que darse en Estados Unidos y, solo después de eso, las autoridades de ambos países tendrían que definir si Arturo Char debe ser extraditado o deportado de regreso al país. Aunque existe un antecedente clave, el del exministro Andrés Felipe Arias, quien se radicó en Miami en medio de la investigación en su contra por el caso de Agro Ingreso Seguro, en su caso ya había una condena de la Corte Suprema de Justicia de 2014. Pese al fallo, solo hasta el 12 de julio de 2019, Estados Unidos extraditó al condenado exfuncionario a Colombia.
Por ahora, Arturo Char entrará a la lista de los más buscados con circular roja por la Interpol, mientras que las autoridades en el país definen si lo piden en extradición o lo deportan de regreso a Colombia, para que cumpla con la orden de la Corte Suprema: permanecer en una cárcel mientras avanza la investigación en su contra.
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