“Damos por finalizado el paro armado a partir de las 6:00 de la mañana del día 19 de agosto de 2024 y agradecemos a la población haber acatado la orden, ya que no se presentaron incidentes”. Con esas palabras se dio por terminado, a través de un comunicado, el paro armado establecido por el ELN durante nueve días en el departamento de Chocó, el cual dejó como resultado 50.000 personas confinadas en varios municipios.
Los primeros registros de las afectaciones por cuenta del paro armado fueron entregadas por la gobernadora de ese departamento, Nubia Córdoba-Curi, como contó Colombia+20 de El Espectador. De acuerdo con la funcionaria, la crisis humanitaria por cuenta del paro armado, que el domingo completó una semana, ha dejado hasta el momento 50.000 personas confinadas en 10 municipios de esa zona del país. Además, hay 38 instituciones educativas y cerca de 22.000 estudiantes afectados, de los cuales 300 de ellos de la subregión de San Juan, no pudieron presentar este fin de semana las pruebas Saber 11.
Este panorama que impacta directamente a las comunidades abrió la puerta para que la gobernadora Córdoba-Curi solicitara que se “avance en la intervención humanitaria anunciada y el apoyo a la transición económica de la región para garantizar dignidad y acceso a servicios”. Esto, porque el paro instaurado por esa guerrilla también afectó el comercio de alimentos y generó una escasez de medicamentos en más de 10 municipios.
El tema se agrava teniendo en cuenta que durante el tiempo de la restricción impuesta por el ELN murieron una menor de 18 meses por desnutrición y una mujer embarazada que no pudo transportarse hacia un centro médico cuando iba a dar a luz. Cifras de la Defensoría del Pueblo indican que más de 5.000 menores de edad de comunidades afro no pudieron asistir a clases, justo durante el momento en que se presentaron las pruebas Saber 11.
¿En qué va el proceso de paz con esa guerrilla?
El proceso de paz entre el gobierno de Gustavo Petro y el ELN atraviesa su momento más complejo en 21 meses de negociación. Luego de casi 90 días sin reuniones y una comunicación cada vez más fracturada, esta semana quedó demostrado que —pese a los avances y acuerdos históricos que se han logrado— ambas partes tienen reparos de fondo y la disposición de ceder, especialmente del ELN, es escasa.
El Gobierno dejó el balón en terreno de la guerrilla y le exigió que aclare si tiene o no voluntad de continuar en los diálogos. El ELN señaló al Ejecutivo de incumplir acuerdos y rechazó la propuesta confidencial que el jefe de Estado le hizo para descongelar la negociación: poner en discusión una reforma económica con el empresariado y los movimientos sociales.
El paro armado anunciado por ese grupo armado se dio a conocer el pasado domingo 10 de agosto a través de una comunicación escrita, argumentando que las restricciones tenían que ver con la confrontación del ELN con el Clan del Golfo.
“Debido al contexto de guerra que hay en la región, la confrontación tiende a agudizarse, los paramilitares del clan del Golfo en el río San Juan en contubernio con las fuerzas militares y de policía; quienes toman posiciones y se ubican para cubrirlos y abrirles campos de acción permiten de manera cómplice que estos mercenarios estén utilizando embarcaciones de la población civil para movilizarse colocando en riesgo a la población y a los bienes de estas comunidades”, señaló el frente de Guerra Occidental Omar Gómez de esa guerrilla en la misiva.
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