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La Fiscalía imputó cargos contra María Isabel Urrutia, exministra del Deporte, por supuestas irregularidades en 106 contratos de prestación de servicios que firmó en un corto tiempo, luego de que fue despedida como jefe de esa cartera, entre el 2 y 6 de marzo de 2023. Ante el Tribunal Superior de Bogotá, la Fiscalía presentó todo el material probatorio en el que, al parecer, se evidencia que la exmedallista olímpica, después de que el presidente Gustavo Petro le solicitó su renuncia, finalizó y emitió 106 nuevos contratos para que estas personas se mantuvieran empleadas con el Ministerio hasta el final de este año.
La noche del 28 de febrero Urrutia fue notificada sobre su salida de la cartera del Deporte por el presidente Petro. Tal parece que después del anuncio, firmó una serie de contratos en tiempo récord, los cuales sumarían alrededor de $21.000 millones. Según la Fiscalía, durante la audiencia de imputación de cargos, fueron un total de 106 contratos finalizados bajo mutuo acuerdo por solicitud de las personas contratadas, quienes justificaban su salida en motivos personales que nunca existieron. Sin embargo, en cuestión de cuatro días, y por orden de la entonces ministra Urrutia, habían sido contratados de nuevo, y por un término superior, hasta el 31 de diciembre de 2023.
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El ente investigador detalla que lo que supuestamente sucedió fue que Urrutia, por “inclinaciones subjetivas y caprichosas”, emitió nuevos contratos para beneficiar a estas mismas personas con las que tenía alguna amistad o colaboración. La Fiscalía habló de 106 contratos presuntos contratos ilegales durante la diligencia de este 14 de junio. De igual forma, el fiscal Víctor Salcedo explicó que Urrutia debió esperar a terminar el periodo inicial de contratación y que fuera el nuevo ministro quien definiera la continuación de los contratos.
“He declarado insubsistente a la ministra del deporte por sus actuaciones indelicadas con el presupuesto de la Nación”, fueron las declaraciones del presidente Petro en enero de 2023, cuando argumentó su decisión de retirar del cargo de la medallista olímpica Urrutia. Salió el mismo día que los exministros de Salud, Alejandro Gaviria, y de Cultura, Patricia Ariza. Debido a esto, el ente investigador delegó a un grupo de fiscales de la Unidad anticorrupción para determinar si los señalamientos, que en su momento confirmó hasta el presidente, tenían asidero.
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No solo la Fiscalía indaga sobre la presunta responsabilidad de Urrutia en la firma de los contratos, la Procuraduría, en su momento, también ordenó la recopilación de pruebas documentales y testimoniales, con el propósito de establecer las conductas disciplinarias irregulares. Pues, en la investigación del ente acusador se estableció que los contratos fueron celebrados nuevamente en aparente desconocimiento de las normas de contratación pública.
Así las cosas, la exministra Urrutia fue imputada por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y, de ser declarada culpable, podría estar hasta más de 60 meses en prisión, tendría que pagar una multa millonaria y también podría estar inhabilitada para ejercer cargos públicos de más de 80 meses. El ente investigador no solicitó una medida de aseguramiento.
Para el fiscal, como servidora pública, María Isabel Urrutia tenía la obligación de velar por el buen uso de los recursos y su destinación. “Aun así actuó de forma arbitraria e injustificada contra la ley”, le cuestionó el funcionario judicial. La exministra se declaró inocente y podrá enfrentar en libertad el proceso judicial que le puso fin, por ahora, a su paso por la política, luego de convertirse en la primera colombiana en ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos, en Sidney (Australia) en el 2000.
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