Las críticas al decreto de militarización de Cali y otras zonas del país

Tras la violenta jornada de protestas del 28 de mayo, el presidente Duque ordenó la militarización de Cali. / EFE

Foto: EFE - Ernesto Guzmán Jr

Dejusticia, el senador Iván Cepeda, el exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema Iván Velásquez y otros sectores sociales se han pronunciado de manera crítica en las últimas horas sobre el decreto 575 de 2021, que ordenó la militarización de varias zonas del país tras la violenta jornada que se presentó el pasado 28 de mayo, cuando se cumplió un mes del paro nacional. Según el decreto 575 de 2021, los mandatarios de Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Huila, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá, Risaralda, Cali, Buenaventura, Pasto, Ipiales, Popayán, Yumbo, Buga, Palmira, Bucaramanga, Pereira, Madrid, Facatativá y Neiva deben coordinar con Ejército y Policía para el desarrollo de la asistencia militar.

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La determinación del gobierno de Iván Duque busca que con dicha figura se pueda “afrontar y superar los hechos que dan lugar a grave alteración de la seguridad y la convivencia, en sus respectivas jurisdicciones”. En este sentido, se ordena que se coordine con la Fuerza Pública para levantar los bloqueos existentes y se evite la instalación de nuevos. Dejusticia, el centro de investigación sobre múltiples asuntos públicos en Colombia, señaló que el Ejecutivo “deja de lado las vías democráticas para hacer frente a los bloqueos y adopta como única estrategia el uso de la fuerza. La protesta y los bloqueos deben gestionarse de manera democrática, privilegiando el diálogo y la negociación”.

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A renglón seguido, señaló Dejusticia que con este decreto el Ministerio del Interior no establece cuáles serán las condiciones en el uso de la fuerza por parte de los miembros de las Fuerzas Militares. “El uso de la fuerza debe ser el último recurso para restablecer el orden, y cuando se justifique su uso debe ser proporcionado y cumplir con estándares legales, constitucionales y de derechos humanos. Sin embargo, el decreto no establece condiciones para el uso de la fuerza”, aseguró la organización a través de un comunicado.

“En lugar de limitar los riesgos que tiene el uso de la fuerza para los derechos humanos, el decreto recurre a la figura de asistencia militar, que tiene serios problemas de constitucionalidad, pues su falta de regulación legal genera condiciones para un uso desproporcionado de la fuerza militar que podría vulnerar múltiples derechos. La militarización de la protesta crea graves riesgos de aumentar la violencia. El decreto trata por igual todo bloqueo. Al dejar de lado el análisis del caso a caso, corre el riesgo de generar actuaciones que vulneren el derecho a la protesta. Mientras un bloqueo no afecte de manera desproporcionada derechos de terceros, estaría amparado por el derecho a la protesta”, señaló Dejusticia.

Por último, la organización le pide a Duque priorizar el diálogo para reducir la violencia en las calles, concertar con los sectores que promueven el paro, “y en la que el gobierno reconozca que ha habido un uso desproporcionado de la fuerza, como se ha manifestado en los consensos logrados en el suroccidente del país y como lo han documentado distintos organismos y medios de comunicación, sería un gran paso hacia el fin de esta crisis. El malestar ciudadano también sería menor si el Gobierno dialogara con propuestas que permitan enfrentar las principales razones del descontento: pobreza agravada por la pandemia, desempleo juvenil, corrupción, abuso policial, entre otras”.

La tutela de Cepeda

El senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, también anunció que radicó una tutela en contra del cuestionado decreto ante el Consejo de Estado. El documento, según el propio congresista de la oposición tiene como fin de que se le ordene al presidente de la República, Iván Duque, que suspenda de manera inmediata ya que, según el, el primer mandatario profirió ese texto sin la firma de todos sus ministros, omitió establecer el tiempo en que estará vigente y se abstuvo de indicar los motivos que condujeron a su expedición.

“He presentado una tutela contra el presidente Iván Duque, por la expedición del decreto 575 de 2021 que es abiertamente inconstitucional, puesto que genera en la práctica un estado de conmoción interior, en el cual se suspende de manera permanente normas constitucionales y legales, sustituye la potestad sancionatoria del Estado y le atribuye a la Fuerza Pública funciones que exceden su competencia. Eso significa que en Colombia se crea de hecho la posibilidad de que las autoridades militares y de Policía, coadministren, en materia de orden público con las autoridades civiles, y se propicie un escenario proclive a que ocurran graves violaciones a los DD. HH como ha ocurrido hasta hoy”, señaló Iván Cepeda.

 Según Cepeda, esto constituye una elusión grave al régimen de requisitos y limitaciones constitucionales que violenta derechos fundamentales, la autonomía de los entes territoriales y el ejercicio legítimo de la protesta social, con lo que fractura el sistema democrático y pone en riesgo el Estado de Derecho. “El decreto 575 de 2021 expedido por presidencia bajo la forma de una norma reglamentaria conlleva a que no pueda ejercer mi facultad de control político conferida por la Constitución en mi calidad de Senador de la República y como expresión de mi derecho fundamental a la participación política” concluyó el senador.

La demanda de Iván Velásquez

A través de su cuenta de Twitter, el exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema, Iván Velásquez, anunció que presentó “una demanda en acción pública” contra ese mismo decreto. El decreto, dice el hombre que se encargó de investigar la parapolítica como magistrado investigador en el alto tribunal, que el documento firmado por el ministro del Interior, dispone “veladamente un estado de conmoción interior que solo puede decretar el presidente de la República con la firma de todos sus ministros. Adicionalmente, faculta a las fuerzas militares para cogobernar con alcaldes y gobernadores”. Además, señala que de esta manera, el presidente Duque pretende eludir su responsabilidad política, omitir dar informes al Congreso de la República y escapar al control constitucional automático de la Corte Constitucional.