Las cuentas del senador Benedetti para tumbar su proceso en la Corte Suprema

La cifra del incremento patrimonial, supuestamente irregular, del senador Armando Benedetti, ascendería a $2.919 millones, según la Sala de Instrucción de la Corte Suprema. El pasado 21 de marzo la corporación llamó a indagatoria al nuevo militante de la Colombia Humana, por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito de servidor público, entre 2002 y 2018. Benedetti, a través de su abogado Miguel Ángel del Río, acudió a una segunda opinión, un contador público con décadas de experiencia, quien llegó a unos resultados muy distintos al revisar las finanzas del político costeño. El Espectador tuvo acceso a ese documento.

Le podría interesar: Armando Benedetti, citado a indagatoria por presunto enriquecimiento ilícito

La ponente del caso en la Sala de Instrucción es la magistrada Cristina Lombana, quien ha ordenado más de una decena de pruebas para indagar sobre Benedetti. Sus investigadores, por ejemplo, tienen la tarea de inspeccionar la compra de un apartamento a la contratista de varias entidades Ruby Corredor, quien es investigada desde 2019 por esta transacción. Ella dice que ni siquiera conocía a Benedetti. Según la Sala de Instrucción, el congresista tiene reportado en la DIAN que su única actividad económica es la de legislador. No obstante, al cruzar el dinero percibido por concepto de sus funciones desde 2002, para efectos de su declaración de renta y los movimientos de sus cuentas bancarias, las cifras al parecer no cuadran.

(En contexto: Mujer será investigada por compra de apartamento que luego vendió a senador Benedetti)

En 2008, por ejemplo, mientras Benedetti era congresista del Partido de la U, le habrían ingresado a su bolsillo $611 millones adicionales a lo que reportó por su trabajo. En 2009, al parecer, fueron $169 millones más de lo que reportó. En 2010, según la Corte, sucedió lo mismo con $76 millones e, incluso, para 2016 la cantidad inexplicable que superó lo reportado fue de $717 millones. En su defensa, tras ser llamado a indagatoria, Benedetti contrató al contador Gabriel Ochoa Díaz, antiguo funcionario de la Fiscalía y con amplia experiencia. A través de un documento titulado “Informe Estudio Financiero Integral”, en poder de El Espectador, Ochoa concluyó que en la Sala de Instrucción no se investiga la realidad económica del político.

Este diario contactó a Ochoa Díaz, quien explicó lo que él considera un error de fondo del peritaje que dio pie a la investigación: “Para la Policía Judicial lo único que podía haber declarado una persona natural, aforada siendo senador, era lo que le pagaba el Congreso. Una persona natural puede tener unos negocios. Yo puedo comprar una moto y vender una moto. Conceptos de otros ingresos. Es un error de análisis grave”. En su Twitter, el senador Armando Benedetti respondió a la filtración de su indagatoria en Noticias RCN con una idea similar: “No me tuvieron en cuenta las cesantías, reposición de votos ni los préstamos. Y el rebote de dos cheques me los tomaron como ingreso”.

(Vea: “Teníamos que dejar las reglas claras para el año electoral”: Armando Benedetti)

El contador Ochoa tuvo acceso a toda la información financiera del político y, según dijo en su informe, pudo constatar que Armando Benedetti no tiene acciones en empresas, como asegura también la Sala de Instrucción. Comparó los informes allegados a la Corte con una investigación en la misma DIAN. Entre las matemáticas que conoció este diario está el “Paralelo Exposición Patrimonial 2009”, en el cual el perito comparó las declaraciones de renta de Benedetti entre 2008 y 2009. La conclusión de Ochoa, con su método y sus fórmulas, fue un resultado muy distante al de la Policía Judicial, que empleó otro método y otras fórmulas.

Según el ejercicio de la Policía Judicial, por ejemplo, tras comparar las declaraciones de 2008 y 2009, Benedetti tendría que justificar $169 millones. No obstante, Ochoa incluyó variables que, según él, todo contador está obligado a usar y que se encuentran en el Estatuto Tributario. Para el contador, los investigadores habrían omitido restar la valorización nominal de su patrimonio libre de deudas. Es una norma contable que, según otro profesional consultado, se tiene en cuenta porque las valorizaciones solo tienen efecto contable y financiero, mas no tributario. De hecho, Ochoa aseguró que omitir la valorización fue clave para que, en 2008, 2014, 2016 y 2017, las finanzas de Benedetti quedaran con dineros a justificar.

Ahora, llevando el mismo ejercicio a la comparativa entre 2016 y 2017, el contador aseguró que habría más imprecisiones en las cuentas de la Sala de Instrucción. Según el Estatuto, añade el documento, para la comparación de declaraciones, la Policía Judicial debió contar lo que Benedetti recibió por concepto de su salario y, adicionalmente, por otros ingresos. En 2016, ganó como congresista $560 millones, pero también obtuvo rentas exentas por $134 millones y registró $39 millones en otros ingresos. No obstante, el peritaje inicial no incluyó esas variables, entre otras denunciadas por Ochoa, y, por tanto, explicó el contador, quedó plasmado que por ese año el político debería justificar $717 millones.

Los informes allegados a la Corte y a la defensa de Benedetti dan cuenta de que, en dos años, no se incluyeron las rentas exentas (las entradas de dinero libres de impuestos, como indemnizaciones o el 25 por ciento del ingreso laboral). El político en 2017 registró más de $300 millones en ingresos por cesantías, que es renta exenta. Ahí estaría la justificación de una buena parte reportada por los investigadores, según su contador. Y en el mismo sentido, la Policía Judicial tampoco sumó los “ingresos no constitutivos de renta y ganancias ocasionales”, los cuales podrían ser, según su contador, los que le entraron en tres ocasiones como reintegro por lo que él había gastado en sus campañas. Por otro lado, Ochoa atacó la comparación que hace la Sala de Instrucción entre “flujo de efectivo vs ingresos declarados”, en 2008, 2009 y 2010.

Todos los resultados hablan de millones por justificar. Por ejemplo, por 2010 Benedetti tendría que rendir cuentas por $1.384 millones, tras declarar ingresos brutos por $290 millones (entre su sueldo y el ingreso de alquiler de sus propiedades). Sin embargo, Ochoa asegura en su documento que los investigadores podrían haber incurrido en otro error, pues habrían comparado todo el capital que el político había logrado durante su vida con los ingresos que declaró solo en ese año. En realidad, dijo el contador, se debe comparar lo recibido en un periodo, con lo declarado en el mismo tiempo.

El propio contador encontró que Benedetti hizo giros al exterior por $1.100 millones de pesos, entre 2009 y 2018 a Elsy Mireya Pinzón, quien trabajó en su UTL. El senador ha dicho que fueron remesas a su hijo, que estudia en el exterior, pero tendrá que explicarle a la Corte por qué le envió casi $10 millones mensuales durante neve años. Al final, el peritaje del contador será otra de las pruebas a analizar en la Sala de Instrucción, primero, para resolver la situación jurídica de Benedetti y, posteriormente, para decidir si lo llaman a juicio.

La cifra del incremento patrimonial, supuestamente irregular, del senador Armando Benedetti, ascendería a $2.919 millones, según la Sala de Instrucción de la Corte Suprema. El pasado 21 de marzo la corporación llamó a indagatoria al nuevo militante de la Colombia Humana, por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito de servidor público, entre 2002 y 2018. Benedetti, a través de su abogado Miguel Ángel del Río, acudió a una segunda opinión, un contador público con décadas de experiencia, quien llegó a unos resultados muy distintos al revisar las finanzas del político costeño. El Espectador tuvo acceso a ese documento.

Le podría interesar: Armando Benedetti, citado a indagatoria por presunto enriquecimiento ilícito

La ponente del caso en la Sala de Instrucción es la magistrada Cristina Lombana, quien ha ordenado más de una decena de pruebas para indagar sobre Benedetti. Sus investigadores, por ejemplo, tienen la tarea de inspeccionar la compra de un apartamento a la contratista de varias entidades Ruby Corredor, quien es investigada desde 2019 por esta transacción. Ella dice que ni siquiera conocía a Benedetti. Según la Sala de Instrucción, el congresista tiene reportado en la DIAN que su única actividad económica es la de legislador. No obstante, al cruzar el dinero percibido por concepto de sus funciones desde 2002, para efectos de su declaración de renta y los movimientos de sus cuentas bancarias, las cifras al parecer no cuadran.

(En contexto: Mujer será investigada por compra de apartamento que luego vendió a senador Benedetti)

En 2008, por ejemplo, mientras Benedetti era congresista del Partido de la U, le habrían ingresado a su bolsillo $611 millones adicionales a lo que reportó por su trabajo. En 2009, al parecer, fueron $169 millones más de lo que reportó. En 2010, según la Corte, sucedió lo mismo con $76 millones e, incluso, para 2016 la cantidad inexplicable que superó lo reportado fue de $717 millones. En su defensa, tras ser llamado a indagatoria, Benedetti contrató al contador Gabriel Ochoa Díaz, antiguo funcionario de la Fiscalía y con amplia experiencia. A través de un documento titulado “Informe Estudio Financiero Integral”, en poder de El Espectador, Ochoa concluyó que en la Sala de Instrucción no se investiga la realidad económica del político.

Este diario contactó a Ochoa Díaz, quien explicó lo que él considera un error de fondo del peritaje que dio pie a la investigación: “Para la Policía Judicial lo único que podía haber declarado una persona natural, aforada siendo senador, era lo que le pagaba el Congreso. Una persona natural puede tener unos negocios. Yo puedo comprar una moto y vender una moto. Conceptos de otros ingresos. Es un error de análisis grave”. En su Twitter, el senador Armando Benedetti respondió a la filtración de su indagatoria en Noticias RCN con una idea similar: “No me tuvieron en cuenta las cesantías, reposición de votos ni los préstamos. Y el rebote de dos cheques me los tomaron como ingreso”.

(Vea: “Teníamos que dejar las reglas claras para el año electoral”: Armando Benedetti)

El contador Ochoa tuvo acceso a toda la información financiera del político y, según dijo en su informe, pudo constatar que Armando Benedetti no tiene acciones en empresas, como asegura también la Sala de Instrucción. Comparó los informes allegados a la Corte con una investigación en la misma DIAN. Entre las matemáticas que conoció este diario está el “Paralelo Exposición Patrimonial 2009”, en el cual el perito comparó las declaraciones de renta de Benedetti entre 2008 y 2009. La conclusión de Ochoa, con su método y sus fórmulas, fue un resultado muy distante al de la Policía Judicial, que empleó otro método y otras fórmulas.

Según el ejercicio de la Policía Judicial, por ejemplo, tras comparar las declaraciones de 2008 y 2009, Benedetti tendría que justificar $169 millones. No obstante, Ochoa incluyó variables que, según él, todo contador está obligado a usar y que se encuentran en el Estatuto Tributario. Para el contador, los investigadores habrían omitido restar la valorización nominal de su patrimonio libre de deudas. Es una norma contable que, según otro profesional consultado, se tiene en cuenta porque las valorizaciones solo tienen efecto contable y financiero, mas no tributario. De hecho, Ochoa aseguró que omitir la valorización fue clave para que, en 2008, 2014, 2016 y 2017, las finanzas de Benedetti quedaran con dineros a justificar.

Ahora, llevando el mismo ejercicio a la comparativa entre 2016 y 2017, el contador aseguró que habría más imprecisiones en las cuentas de la Sala de Instrucción. Según el Estatuto, añade el documento, para la comparación de declaraciones, la Policía Judicial debió contar lo que Benedetti recibió por concepto de su salario y, adicionalmente, por otros ingresos. En 2016, ganó como congresista $560 millones, pero también obtuvo rentas exentas por $134 millones y registró $39 millones en otros ingresos. No obstante, el peritaje inicial no incluyó esas variables, entre otras denunciadas por Ochoa, y, por tanto, explicó el contador, quedó plasmado que por ese año el político debería justificar $717 millones.

Los informes allegados a la Corte y a la defensa de Benedetti dan cuenta de que, en dos años, no se incluyeron las rentas exentas (las entradas de dinero libres de impuestos, como indemnizaciones o el 25 por ciento del ingreso laboral). El político en 2017 registró más de $300 millones en ingresos por cesantías, que es renta exenta. Ahí estaría la justificación de una buena parte reportada por los investigadores, según su contador. Y en el mismo sentido, la Policía Judicial tampoco sumó los “ingresos no constitutivos de renta y ganancias ocasionales”, los cuales podrían ser, según su contador, los que le entraron en tres ocasiones como reintegro por lo que él había gastado en sus campañas. Por otro lado, Ochoa atacó la comparación que hace la Sala de Instrucción entre “flujo de efectivo vs ingresos declarados”, en 2008, 2009 y 2010.

Todos los resultados hablan de millones por justificar. Por ejemplo, por 2010 Benedetti tendría que rendir cuentas por $1.384 millones, tras declarar ingresos brutos por $290 millones (entre su sueldo y el ingreso de alquiler de sus propiedades). Sin embargo, Ochoa asegura en su documento que los investigadores podrían haber incurrido en otro error, pues habrían comparado todo el capital que el político había logrado durante su vida con los ingresos que declaró solo en ese año. En realidad, dijo el contador, se debe comparar lo recibido en un periodo, con lo declarado en el mismo tiempo.

El propio contador encontró que Benedetti hizo giros al exterior por $1.100 millones de pesos, entre 2009 y 2018 a Elsy Mireya Pinzón, quien trabajó en su UTL. El senador ha dicho que fueron remesas a su hijo, que estudia en el exterior, pero tendrá que explicarle a la Corte por qué le envió casi $10 millones mensuales durante neve años. Al final, el peritaje del contador será otra de las pruebas a analizar en la Sala de Instrucción, primero, para resolver la situación jurídica de Benedetti y, posteriormente, para decidir si lo llaman a juicio.