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Una década después de que se denunciara una gigantesca red de corrupción que rodeó a la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), tan solo dos de sus protagonistas resultaron condenados. A pesar de que más de 50 personas han sido investigadas, entre ellas 13 excongresistas, la impunidad ha sido el común denominador. El único caso del que se sabe a ciencia cierta qué ocurrió, fue la venta del centro comercial Villa Country en Barranquilla, un inmueble del clan Nasser Arana por el que fue hallado responsable Carlos Albornoz, exdirector de la DNE. Sobre el resto de la historia que rodeó a esta entidad y que llevó a su desaparición en 2014 para proteger los bienes de la mafia, poco o nada se conoce.
(Puede leer: Carlos Albornoz, exdirector de la DNE, fue hallado culpable en caso Villa Country)
Los protagonistas del caso de corrupción de la DNE han esquivado de habilidosa forma a las autoridades. Pactos de silencio, prescripción de delitos, aplazamientos, errores procedimentales y constantes cambios de fiscales son algunas de las razones por las cuales la investigación de este escándalo deja más dudas que certezas. Desde 2010, cuando se designó a Juan Carlos Restrepo Piedrahita como director para que revisara con lupa lo que sucedía en la entidad, múltiples bienes de capos y estructuras criminales fueron asignados a depositarios que, por un lado, sirvieron de fachada para que criminales siguieran custodiando su riqueza, y por el otro beneficiaron a empresarios que adquirieron propiedades por precios irrisorios.
Algo más de US$10 millones fue el detrimento en el patrimonio público que estimaron las autoridades al revisar algunos de los avalúos sobre los bienes que fueron vendidos a quienes eran cercanos a la clase política que manejaba en su momento la entidad. La falta de controles en el reparto y seguimiento de las propiedades y la vulnerabilidad del sistema de administración de bienes FARO ocasionaron que varios de los inmuebles que llegaron a la DNE se les cambiaran sus valores o que algunos funcionarios dispusieran de ellos sin siquiera registrarlos. La corrupción llegó a tal nivel que la única salida fue liquidar la DNE –proceso que terminó en 2014– y traspasó más de 76.000 bienes a la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
En sus primeros 12 años, la desaparecida DNE tuvo cuatro directores. En 2002 el escogido fue el coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega, quien dejó el cargo en 2004 cuando comenzaba su defensa en el proceso por los desaparecidos en el holocausto del Palacio de Justicia, del que salió absuelto. Su reemplazo fue el dirigente samario Juan Carlos Vives Menotti, que estuvo entre los años 2005 y 2006, y firmó el contrato para implementar el sistema de registro FARO, por el que le abrieron un proceso en la Procuraduría en 2010. Al salir de la entidad, Vives fue también investigado en Panamá en 2007 por un presunto lavado de activos en un caso relacionado con su hermano Patricio Vives, condenado en EE.UU. 2001 por tráfico de drogas.
Tras la salida de Vives en medio de escándalo, a la dirección de la DNE llegó Carlos Albornoz. Varios de sus funcionarios y él mismo resultaron investigados posteriormente por movidas irregulares en la administración de bienes. Fue durante su gestión que se abrieron los casos más sonados de la supuesta red de corrupción que se gestó al interior de la entidad. En 2009 fue reemplazado por Omar Figueroa, quien también resultó procesado por irregularidades en la designación de depositarios a cambio de coimas. El último director fue Juan Carlos Restrepo, quien destapó las ollas que en su momento generaron bastante ruido. Una de ellas, la investigación que se abrió contra 13 excongresistas, tres de ellos expresidentes de la corporación.
En la denuncia, Restrepo señaló bienes de la mafia que fueron entregados a personas cercanas a los políticos. Entre los señalados estuvieron los expresidentes del Congreso Luis Humberto Gómez Gallo (Partido Conservador), Javier Cáceres Leal (Cambio Radical) y Hernán Francisco Andrade Serrano (Partido Conservador). Asimismo, se abrió indagación contra Myriam Paredes (Partido Conservador), Eduardo Enríquez Maya (Partido Conservador), Miguel Pinedo (Cambio Radical), Enrique Caballero (Partido Liberal), Ómar Yepes (Partido Conservador), Cristóbal Rufino (Colombia Democrática), Álvaro Ashton Giraldo (Partido Liberal), Lucero Cortés (Partido de la U), Óscar Fernando Bravo (Partido Conservador) y Héctor José Ospina (Partido Conservador).
La era de Carlos Albornoz
Los años sobre los que más dudas recayeron por presuntos hechos de corrupción en la DNE fueron los de Carlos Albornoz como director. Varios de sus funcionarios, entre los que estaba su exsubdirector de bienes Luis Fernando Sáchica, resultaron implicados en expedientes de los que hoy poco se sabe. En varios testimonios se mencionó que por las oficinas de la DNE se veía continuamente al hombre del maletín, quien habría sido el puente entre los requerimientos de los congresistas y la dirección de Albornoz. Algunos testigos señalaron a David Francisco Neira de ser ese personaje. Sin embargo, no ha sido procesado por un caso en el que esté implicado algún congresista. Solo le imputaron cargos en 2019 por hechos relacionados a unas estaciones de servicio en Tolima, Huila y Meta.
Fue en 2011, tras la captura de Camilo Bula, que la Fiscalía empezó a armar el rompecabezas de la corrupción que rodeaba la DNE, pues negoció beneficios judiciales a cambio de dar rienda suelta a sus declaraciones. Bula, quien había sido exfiscal antimafia, se convirtió en depositario en 2007. Fue el encargado de administrar los cuatro bienes más importantes incautados a la familia Nasser Arana. Según ha dicho a lo largo de esta década, esas cuatro propiedades se vendieron por un valor irreal. En sus declaraciones salpicó a más de 30 personas, pero hasta la Fiscalía adelantó a paso lento varias de esas pesquisas. A Bula lo condenaron en primera instancia a 8 años, luego de aceptar su responsabilidad.
(Para más información: Los peros de la Fiscalía en las investigaciones por el caso DNE)
Sin embargo, en 2015 el Tribunal Superior de Bogotá aumentó a 18 años la condena de Camilo Bula. Para el testigo fue una traición a sus acuerdos con la justicia, pues le habría ido mejor solo aceptando cargos y no arriesgando su vida y la de su familia al declarar contra quienes habrían hecho parte de la red de corrupción en la DNE. En ese momento, las relaciones de Camilo Bula y la Fiscalía entraron en punto muerto, y solo un par de años después el testigo decidió volver a colaborar. Paralelo a esta situación, la Fiscalía intentó sacar adelante otros casos que no dependían de las declaraciones de Bula, como el de la venta irregular del predio La Granja 32, en el que también era investigado Carlos Albornoz.
En 2018, Carlos Albornoz fue absuelto luego de que el Juzgado 33 penal de conocimiento de Bogotá determinó que el exdirector del a DNE no tuvo responsabilidad. “La Fiscalía no probó el denominado valor del inmueble Granja La 32 y, aunque demostró los errores en que incurrió Felipe Castillo Triana en el avalúo comercial con base en el cual se estableció el precio base de venta, no encontré que los errores fueran producto de una ideación criminal en la que el señor Albornoz haya participado (...) Segundo, el acusado no prestó los aportes por los cuales fue acusado por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros, porque no autorizó la venta ni su precio base de venta (...) y no suscribió la escritura pública de venta”, señaló el juez del caso. El Tribunal de Bogotá confirmó esta decisión en segunda instancia.
Ese mismo año en que se dio la absolución de Albornoz, una nueva fiscal llegó a impulsar los procesos en los que Bula fue testigo: los bienes del Clan Nasser Arana. Sin embargo, la fiscal emitió un memorial en el que explicó que se trataba de un expediente con muchos problemas y con avance casi nulo. Con un inconveniente mayúsculo: varios de los delitos contra los implicados (entre los que estaban Albornoz, los avaluadores y algunos compradores) prescribían en pocos meses. Además, que uno de los fiscales anteriores, Ricardo Santiago González, sin mayores motivos cambió la tipificación de unos delitos y eliminó de la acusación otros. Esta situación, al aparecer, benefició a varios de los procesados. La fiscal, no obstante, fue retirada.
El caso Villa Country
Las dudas sobre si realmente el proceso por la venta de los inmuebles de la familia Nasser Arana realmente iba a llegar a buen puerto reaparecieron. Sin embargo, los fiscales designados buscaron, nuevamente, a Camilo Bula para darle celeridad a los procesos. Bula ayudó otra vez a impulsar los expedientes, especialmente en uno, la venta del centro comercial Villa Country, vendido por orden de Carlos Albornoz a un precio irrisorio al empresario Leo Eisenband Gottlieb, dueño de Fedco, y su socio Luis Fernando Vásquez. Ambos hombres han sido mencionados desde 2013, y a pesar de que en 2018 la Fiscalía comenzó a tomar medidas en su contra, su proceso poco avanza.
(Vea: La preocupación en el caso Leo Eisenband que dejan los procesos contra Carlos Albornoz)
Con la ayuda de Bula el ente investigador también logró presentar los alegatos finales del juicio contra Carlos Albornoz por la compra del centro comercial Villa Country. Con el antecedente de Granja 32 y con el apremio de que no fueran a prescribir los delitos, fuentes consultadas consideraban que era un nuevo caso perdido y que la única condena que se lograría en todo el entramado de corrupción sería la de Camilo Bula. Sin embargo, el juez del proceso adelantó la lectura del sentido del fallo para el pasado 18 de diciembre, antes del inicio de la vacancia judicial. Ese día, contrario a las expectativas, el Juzgado 37 del circuito penal de Bogotá condenó a Albornoz y ordenó su captura.
“Señor Albornoz, usted de forma indecorosa, de forma indecente, dispuso de bienes del Estado. Allá afuera hay personas que sufren para acceder al pan, usted creyó que accediendo a un cargo público podría enriquecerse. Esa entidad era una guarida de ladrones ¿Cuántos miles de millones de pesos se habrán perdido?”, dijo el juez al encontrar que la tesis de la Fiscalía fue cierta: Villa Country fue vendida $3.643 millones más barata. “El suscrito no tiene otro camino que proferir sentencia condenatoria por cuatro delitos: peculado por apropiación en beneficio propio y de terceros; fraude procesal por el engaño a diferentes funcionarios durante su gestión como director de la DNE; prevaricato por acción y falsedad ideológica en documento público”.
Para el juez, el testimonio de Camilo Bula fue clave para condenar a Carlos Albornoz, quien conocerá en enero el monto de su pena. Fuentes consultadas explicaron que desde hace casi un año Bula está a la espera de un nuevo principio de oportunidad para continuar colaborando con la Fiscalía. Sin embargo, al trámite le dan largas. A pesar de que se logró una de las condenas más importantes dentro del escándalo de la DNE, la justicia está en deuda para conocer la verdad. Poco se sabe de qué sucederá con empresarios como Eissenban y Vásquez, o los procesos contra excongresista que desde hace unos meses se volvieron a impulsar en la Corte. Todos dependen de Bula, el testigo estrella que, junto a Albornoz, terminaron siendo los únicos protagonistas de esta trama de corrupción.