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La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció hace pocas horas que Zulema Jattin, exsenadora cordobesa del Partido de la U, fue admitida por esa justicia transicional para que, entre otras cosas, entregue verdad sobre el capítulo de la parapolítica en el departamento de Córdoba. La excongresista era investigada desde hace más de 10 años por la Sala Penal de la Corte Suprema por sus presuntos nexos con las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) del clan Castaño, Salvatore Mancuso y Jorge 40.
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El documento con el que la JEP argumentó el ingreso de Jattin a la JEP recoge parte de la investigación que se adelantaba en la Sala Penal del alto tribunal desde 2009, cuando fue capturada. El auto de 68 páginas señala que el expediente contra la política nació a raíz de una denuncia ciudadana hecha en 2007 ante la misma alta corte, la cual señalaba que Jattin se le vinculaba con comandantes paramilitares de las Auc. Además, el denunciante señaló que otros dirigentes políticos de la región Caribe también tenían esas alianzas, entre ellos, el exsenador Álvaro García Romero (condenado por la masacre de Macayepo).
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También el denunciante señaló que David Char (primo de Alejandro Char y hoy sometido en la JEP), Vicente Blel y Dieb Malof, ambos condenados por la justicia ordinaria por sus nexos con los paramilitares. Esos nombres, según el denunciante, aparecían en el computador que le fue decomisado a Edgar Fierro, alias Don Antonio, mano derecha del exjefe paramilitar Jorge Tovar Pupo, alias Jorge 40. El mismo denunciante dice que tuvo conocimiento de las reuniones que tuvo Jattin con Tovar Pupo. Esas reuniones, decía el denunciante, estaban encaminadas a poner un hombre de los paramilitares en el Congreso, oferta que fue negada por el Partido de la U.
El nombre rechazado, según lo recogido en la denuncia, fue el de Jairo Andrés Angarita Santos, alias Andrés. Según Verdad Abierta, fue el segundo del jefe paramilitar Salvatore Mancuso y encargado de los Bloques San Jorge y Sinú, que delinquieron en Córdoba. Además, dice el portal periodístico, estudió en la Escuela de Oficiales Marco Fidel Suárez de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) y por su habilidad en el pilotaje de helicópteros tuvo cargos destacados en empresas privadas, así como en las fuerzas militares.
Este desencuentro entre Jattin y Jorge 40, señaló el denunciante ante la Corte Suprema, dio por terminado el vínculo entre la política y las Auc. “Como constancia de lo afirmado, en la denuncia se transcriben diversos episodios publicados en medios de comunicación, donde se deja ver la relación de Jattin con Angarita como fórmula política, la reacción del partido de La U, lo expresado por el Presidente de la República quien, al parecer, mostró su inconformismo para que desmovilizados de las AUC, sin haber aclarado debidamente su condición judicial estuvieran con pretensiones políticas, al punto de pronosticarles “cárcel” a quienes intervinieran en política”, recoge el documento de la JEP.
Lo que recogió la Corte de la denuncia también apunta a la relación que habría tenido el empresario Manuel Salvador Otero Yunes, “quien es señalado de tener cuentas pendientes con la justicia norteamericana y además de mantener relaciones con los grupos de AUC, al punto de decirse que parte de los recursos percibidos por su actividad van a parar a la organización Ilegal (...) de Otero también se dice haber sido el responsable de relacionar a alias Jorge 40 con Salvatore Mancuso hacia el lado de la comandancia paramilitar, amen (sic) de haberlo hecho también con parlamentarios. Se le tilda de encargarse de convocar a varios dirigentes en el 2001, para lograr asistencia a la reunión celebrada en Santa Fe de Ralito para firmar un pacto político con las AUC”.
La denuncia que “como constructor se consolidaba en forma envidiable pues, no solo contaba con contactos en el Banco Agrario, sino también en el Inurbe, donde tenía incidencia política el senador Luis Alberto Gómez Gallo, a quién él presentó con la representante Jattin, amiga tanto del gerente como del asistente del Banco Agrario, encargados de otorgar los subsidios de vivienda”. El denunciante también aseguró que El condenado senador Bernardo el Ñoño Elías (condenado por el caso Odebrecht) fue formula política de Jattin y que juntos entregaron dineros provenientes del ICBF regional, dirigido en ese momento por los hermanos Tous de la Ossa.
Según el portal periodístico Verdad Abierta, el nombre de Jattin salió a relucir en el primer informe de parapolítica del Observatorio de conflicto Armado de la Corporación Nuevo Arcoíris, y más adelante en las versiones libres de Salvatore Mancuso ante Justicia y Paz quien aseguró que Jattin se habría reunido con él y otros políticos del departamento de Córdoba. “Otra de las pruebas que involucran a la senadora es una grabación de enero de 2005 donde el jefe paramilitar Rodrigo Mercado Pelufo, alias ‘Cadena’ sostiene una llamada con uno de sus hombres donde la senadora es mencionada sugiriendo un beneficio electoral para ella”, dice el medio de comunicación.
Sobre la situación actual de Jattin la JEP aclaró que la excongresista del Partido de la U seguirá detenida mientras se concretan los aportes de verdad. La JEP los señaló que el beneficio de libertad anticipada, condicional y transitoria también tiene que estar acompañado de “aportes mayores y genuinos de verdad, de reparación y de garantías de no repetición, que dignifiquen a las víctimas y les reconozcan sus derechos. Es decir, se mantiene la medida de detención domiciliaria con la que se encuentra cobijada en la actualidad la excongresista, quien fue Senadora y Representante a la Cámara”.
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