Las denuncias y alertas sobre una supuesta operación de inteligencia en el Gobierno


“La Operación Orión existe y está enquistada en la misma Casa de Nariño. De eso no tengo duda”. El sensible contenido de esta frase, formulada por un alto funcionario del gobierno de Gustavo Petro, cobró sentido esta semana. Aunque el tema había sido más bien una cuestión de sospechas, en cuestión de 72 horas pasaron de la incertidumbre a las denuncias y peticiones formales que, incluso, ya fueron denunciadas ante la Fiscalía. Aunque su nombre revive el recuerdo de la incursión militar más grande de Colombia, que terminó en la desaparición, homicidio y privación ilegal de la libertad de cientos de personas de la Comuna 13 en Medellín en octubre de 2002, hoy la realidad es diferente.

“La Operación Orión existe y está enquistada en la misma Casa de Nariño. De eso no tengo duda”. El sensible contenido de esta frase, formulada por un alto funcionario del gobierno de Gustavo Petro, cobró sentido esta semana. Aunque el tema había sido más bien una cuestión de sospechas, en cuestión de 72 horas pasaron de la incertidumbre a las denuncias y peticiones formales que, incluso, ya fueron denunciadas ante la Fiscalía. Aunque su nombre revive el recuerdo de la incursión militar más grande de Colombia, que terminó en la desaparición, homicidio y privación ilegal de la libertad de cientos de personas de la Comuna 13 en Medellín en octubre de 2002, hoy la realidad es diferente.

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Aunque todo es materia de investigación y, por supuesto, las entidades de inteligencia del Gobierno niegan cualquier participación en la supuesta Operación Orión, lo que se ha denunciado y revelado ante la opinión pública es que hay funcionarios de varias entidades estatales que estarían detrás de una estrategia de dos frentes. Por un lado, crear fuego amigo dentro del propio gobierno contra personas de la total cercanía del presidente Gustavo Petro. Y, por otro lado, escuchar y seguir a funcionarios de alta relevancia para los intereses del Ejecutivo. Aunque esta semana fue clave para el inicio de las investigaciones formales, desde hace meses el tema era del interés de varios miembros del Senado y de fuentes de inteligencia.

El primero en alzar la mano fue el senador David Luna, de Cambio Radical. A comienzo de este año, tras ser víctima de un extraño robo en su residencia, el congresista se puso a la tarea de verificar información de fuentes reservadas y anónimas. La alerta que quiso precisar apuntaba a que había funcionarios de al menos cuatro entidades detrás de una presunta alianza para recopilar información financiera de miembros del Congreso, las altas Cortes y hasta de funcionarios del gobierno. El senador Luna le pidió información a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).

Luna relató todos los detalles de sus investigaciones durante un debate de control político contra Carlos Ramón González, director de la DNI, el miércoles pasado. En ese escenario, también explicó que había pedido respuestas de si era cierto que el Gobierno había adquirido tecnología para interceptar mensajes de WhatsApp o si había alguna estrategia para seguir e interceptar las comunicaciones de miembros de la oposición. Sus solicitudes de información quedaron radicadas durante el primer trimestre, pero aseguró que nunca le contestaron. Sus peticiones coincidieron con las primeras alertas de seguimientos e interceptaciones irregulares contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

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Tres fuentes del alto tribunal le confirmaron a este diario que, durante la elección de la fiscal Luz Adriana Camargo en marzo de este año, varios miembros de la Sala Plena reportaron seguimientos irregulares y problemas de comunicación, que los llevaron a pensar que podían estar interceptados. “Toda la información que recopilamos se la expusimos al director de la DNI”, agregó un magistrado. Sobre esta situación, González confirmó que sí la conocía. Es más, señaló que, en tres ocasiones, Gerson Chaverra, presidente de la Corte, le comentó el delicado panorama. “Sin embargo, nunca nos contestó. Lo último que supimos fue esta semana, cuando nos enteramos de que hay otro colega en circunstancias similares”, agregó otra fuente.

Las 72 horas claves

Aunque el senador David Luna llevaba buena parte del primer semestre de 2024 tras información que pudiera despejar dudas o confirmar hechos de la existencia de la supuesta Operación Orión, fue esta semana cuando las sospechas se convirtieron en indicios, unos que ya sabe el presidente Petro y otros que ya hacen parte de expedientes judiciales. El primero ocurrió en la noche del martes 18 de junio en la Casa de Nariño, durante una reunión de la mesa técnica anticorrupción que pidió confirmar el jefe de Estado en mayo pasado. Al encuentro asistieron, entre otros, ministros, magistrados, Margarita Cabello (procuradora), Luz Adriana Camargo (fiscal), y Mario Zuluaga (contralor encargado.

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Fuentes de la Fiscalía y de la Presidencia confirmaron que, durante la reunión, la fiscal Camargo y el contralor Zuluaga le expresaron al presidente Gustavo Petro una preocupación que tiene en alerta a sus funcionarios: desde hace varios meses, ni la DIAN ni la UIAF han entregado información financiera que sirve para fortalecer expedientes judiciales y fiscales. La inquietud de los funcionarios no es menor, pues los informes que entregan ambas entidades adscritas al Gobierno son cruciales para investigar casos de incrementos patrimoniales sin justificación, evasiones de impuestos, lavados de activos e, incluso, financiación del terrorismo.

“Si la información no está llegando a quienes deben tener esos datos, ¿en manos de quién está quedando? Aquí el problema es que esa alerta de la fiscal y el contralor ya no es un asunto político ni una sospecha de un congresista. El Gobierno ya sabe que aquí hay algo que no cuadra”, agregó una fuente de la Fiscalía. Al día siguiente de la reunión de alto nivel en la Casa de Nariño, el senador Luna volvió a pedir respuestas sobre si la DIAN, la UIAF o Indumil hacían parte de la supuesta Operación Orión. La respuesta de Carlos Ramón González fue que no, al menos no durante el gobierno Petro, pero que no podía contestar sobre lo ocurrido en otras administraciones.

El segundo indicio, que ya conoce la Fiscalía, ocurrió el mismo día del debate en el Senado, pero atravesando la Plaza de Bolívar en la Sala Plena de la Corte Constitucional. Su presidente, el magistrado José Fernando Reyes, citó a sus colegas de manera presencial para recibir a la fiscal Luz Adriana Camargo, quien desde su posesión, a finales de marzo pasado, no había podido asistir a la visita protocolaria. A puerta cerrada, el presidente Reyes la recibió y, acto seguido, le entregó un documento de dos páginas con una advertencia: el contenido de esa carta tiene que estar en conocimiento inmediato de la fiscal general. El Espectador conoció el contenido de ese documento, pero no revela su autor por su seguridad y la de su familia.

Sin embargo, lo que dice la carta es que un miembro de la Sala Plena, y su pareja, estarían siendo seguidos y sus comunicaciones estarían interceptadas. Incluso, fue más allá y explicó que, desde hace unos dos meses, funcionarios de monitoreo y analítica adscritos a la Secretaría de Comunicaciones y Prensa de la Presidencia de la República habrían seguido con fines de perfilamiento a su pareja. En otra parte del documento se puede leer que su teléfono estaría intervenido, pues ya lo pudo confirmar con varias fuentes, y que detrás de esas escuchas ilegales estarían órganos de inteligencia oficial (uno de los cuales opera en la Presidencia y en la DNI), en coordinación con la DIAN y la UIAF.

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La carta que se llevó la fiscal Camargo concluye con un aviso adicional: magistrados auxiliares de la Corte también estarían siendo seguidos y sus comunicaciones habrían sido intervenidas ilegalmente. “No descartamos que sea una estrategia, más que para intimidarnos, porque no lo lograrán, creo que es más para perfilarnos”, refirió una fuente del alto tribunal, consciente de que ha sido esa Corte la que ha frenado importantes proyectos del Gobierno, como el Ministerio de la Igualdad o la emergencia en La Guajira. “Según mis cuentas, en la presunta Operación Orión ya hay magistrados, congresistas y periodistas chuzados. También funcionarios del Gobierno y es por eso que se empieza a hablar del fuego amigo”, agregó una fuente del Ejecutivo.

El fuego amigo

Casi 48 horas después de la reunión de la fiscal Camargo y la Corte, trascendió una denuncia firmada por la primera dama, Verónica del Socorro Alcocer García. Aunque se conoció el viernes pasado, el documento llegó a la Fiscalía el 4 de junio y, en síntesis, lo que puso en conocimiento de las autoridades es un plan de desprestigio en su contra, esta vez, desde el interior del propio Gobierno. Alcocer señaló en su denuncia que el 1.° de junio de 2024 tuvo conocimiento de informaciones que estaban circulando y con las que, supuestamente, pretendían asociarla con actos de corrupción o encubrimiento en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD).

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Esta información, dice ella, circuló para afectar su buen nombre y causar desprestigio al gobierno de Gustavo Petro. Según el documento, dicha campaña en contra de Verónica Alcocer estaría siendo impulsada por personas del mismo Gobierno para dañar su imagen ante la opinión pública. Asimismo, la primera dama dijo que en los próximos días revelará los nombres de las personas que, según ella, estarían detrás de los supuestos montajes en su contra. En este mismo sentido, se conoció otra denuncia de otro funcionario cercano al gobierno Petro. Se trata de Jaime Ramírez, uno de los asesores de Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de Presidencia (DAPRE).

El pasado 31 de mayo radicó en la Fiscalía un documento de seis páginas en el que advirtió una situación similar a la de la primera dama. En su caso, la campaña buscaba vincularlo con una red de corrupción, supuestamente conformada por su pareja (funcionaria de la Fiduprevisora), Sarabia y su hermano, Andrés Sarabia, dedicada a maniobras para entregar y dirigir contratos en varias entidades. “La propaganda oscura, entendida como la estrategia basada en la divulgación sistemática de información falsa, inexacta, tergiversada y perjudicial, desafortunadamente suele ser utilizada de manera frecuente como herramienta estratégica en las dinámicas del poder en Colombia”, se lee en la denuncia.

Al igual que lo advertido por Alcocer, en el caso de Ramírez la información que dice ser falsa tuvo el mismo origen: cadenas de WhatsApp que han circulado entre funcionarios del alto Gobierno, sin ninguna prueba. “Por todo este contexto es que digo que la existencia de la Operación Orión es altamente posible. Si las ‘chuzadas’, los seguimientos a magistrados y congresistas, y el fuego amigo dentro del propio Gobierno no son una estrategia de inteligencia macabra, no sé entonces qué puede ser. Es muy al estilo de la Guerra Fría”, advirtió una fuente de inteligencia de la fuerza pública.

El Espectador trató de comunicarse con las cabezas de las entidades mencionadas en este artículo, pero no obtuvo respuesta.