Las deudas del Estado con las víctimas de violencia sexual en el conflicto armado

Por octava vez en ocho años, siete organizaciones sociales de todo el país le ratificaron a la Corte Constitucional que el Estado colombiano tiene una falla y deuda histórica con las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado y es poco lo que ha hecho para resolverla. Así lo explicó un reciente informe de la mesa de seguimiento que creó el alto tribunal en 2008 para ponerle una atención especial a las miles de víctimas que siguen esperando una respuesta digna y oportuna para sanar sus heridas, físicas y emocionales, en un país cuyas autoridades las dejaron desprotegidas. Una de ellas es Ludirlena Pérez Carvajal, quien lleva años clamando, sin éxito, una atención respetuosa para ella y otras víctimas de violencia sexual.

Por octava vez en ocho años, siete organizaciones sociales de todo el país le ratificaron a la Corte Constitucional que el Estado colombiano tiene una falla y deuda histórica con las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado y es poco lo que ha hecho para resolverla. Así lo explicó un reciente informe de la mesa de seguimiento que creó el alto tribunal en 2008 para ponerle una atención especial a las miles de víctimas que siguen esperando una respuesta digna y oportuna para sanar sus heridas, físicas y emocionales, en un país cuyas autoridades las dejaron desprotegidas. Una de ellas es Ludirlena Pérez Carvajal, quien lleva años clamando, sin éxito, una atención respetuosa para ella y otras víctimas de violencia sexual.

Sin descanso, Ludirlena lleva años en la lucha por superar este tipo de violencia. Aunque prefiere no referirse a su propia historia y diagnóstico, habla con firmeza sobre el trabajo para que las víctimas encuentren justicia y que nunca más se vuelvan a presentar en el país casos de ablación, empalamiento y canibalismo, tanto en el marco del conflicto armado, como en cualquier otro escenario. Sin embargo, la mesa de seguimiento reportó que en el país persiste una impunidad del 97 % de estos casos y que tras más de 15 años de una orden de la Corte Constitucional por brindar una atención especial a las víctimas, los avances son escasos.

La mesa de seguimiento, que creó la Corte Constitucional en 2008, está conformada por siete organizaciones sociales. A lo largo de estos años, son ellas las que se han encargado de alertar sobre las falencias que tiene el Estado para enfrentar estas situaciones. Aunque la mesa le hace seguimiento a los más de 630 casos que identificó la Corte en tres decisiones que permitieron la creación de esta mesa, el Registro Único de Víctimas ha identificado que hay más de 37.000 víctimas en el país, desde 1985. El informe de la mesa de este año señala que el retraso no solo es en la falta de judicialización, sino también de las barreras para acceder a la información

La mesa encontró, además, que en muchos casos había incongruencias en los datos que las mismas entidades habían compartido en años anteriores. Esta situación se presentó particularmente con la Fiscalía, tanto así que la mesa calificó su relato como “poco confiable e incoherente” con las voces de las víctimas, además que reportan que en un 73% de los casos no existe ningún tipo de avance. La entidad permaneció en silencio cuando se les cuestionó sobre las estrategias para identificar a los responsables de estos crímenes, una actitud que para ellos demuestra que no se están implementando las acciones necesarias en ese sentido.

Si bien el principal delito por el cual están siendo tramitados los casos es acceso carnal violento, con un 24,8% del total, la mesa expresa preocupación porque en el segundo lugar, con un 21%, se encuentran los casos sobre los que no se tiene información en este aspecto. Sumado a esto, solo se ha logrado conseguir una sentencia en 36 de los casos, frente a 564 que no los tienen e incluso 20 más aparecen sin información. Adicionalmente, en el informe recalcan que a la fecha tan solo un caso se encuentra en etapa de juicio.

“Nosotras creemos que hay un problema estructural en la falta de implementación de políticas públicas, pero también una falta de estrategia con enfoque real para tratar la violencia sexual como el macro crimen que es, dentro de la Fiscalía y dentro de la jurisdicción especial”, expone María Paula Lemus, miembro de la mesa de seguimiento. Resalta con preocupación que, hasta el momento, el 65% de los casos aún se encuentran en etapas muy iniciales y que otro 32% se encuentran inactivos. Aunque reconocen que en los últimos dos años han aumentado las actuaciones en los casos, el ente investigador se estaría quedando corto.

Según el informe, la Fiscalía solo ofrece dos caminos: la impunidad generalizada de los casos de violencia sexual o la imposibilidad de llevar ante la justicia a los responsables. Para Lemus esta problemática radica en que no se están priorizando los casos, “no se está tomando la violencia sexual como un crimen principal, sino que se sigue viendo como un crimen subsidiario en donde la investigación puede esperar o podemos atarlo a otro tipo de crímenes para poder investigarlo y esto se ve en los resultados que por supuesto no son nada satisfactorios”, agrega la experta.

Por otra parte, la información específica sobre el avance de los casos que tiene la Procuraduría nunca llegó. El Ministerio Público reportó que les era imposible entregar información anterior al 2021 porque no lograron encontrar los datos que tenía la administración anterior. Frente a esta situación, la mesa recordó que se trata de un asunto de garantizar el acceso a la justicia y esto no debe depender de la administración de turno, pues se trata de un compromiso institucional que la Corte impuso hace más de 15 años. Sin embargo, la mesa construyo su análisis a partir de un informe general que enviaron, en el que reconocen positivamente que, entre 2021 y 2022, comenzaron a trabajar 240 agencias especiales orientadas a este tipo de violencia.

Miembros de la mesa advierten sobre la desaparición de los reportes de los casos en los cuales se creía que la fuerza pública había sido responsable y la vulneración de las garantías de estas víctimas. Aunque la Mesa identificó 40 casos de este tipo, la Fiscalía reportó solo 21. Sobre esto, el informe señala que el acceso a la justicia estaría dependiendo de quienes sean los presuntos responsables y no de las situaciones sufridas por las víctimas, pues “hay más recursos y posibilidades para la judicialización de grupos armados al margen de la ley, mientras que las investigaciones en casos de la fuerza pública quedan rezagadas”. Ejemplo de esta situación es que la Procuraduría se negó a compartir información de los procesos disciplinarios que se han abierto en contra de uniformados.

Otra de las organizaciones analizadas por la mesa fue la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pues abrió el último de sus macrocasos enfocado en violencias basadas en género en septiembre del año pasado. Sin embargo, al día de hoy desde la mesa reportan que no hay un plan de acción claro frente a la forma en la que se investigarán los hechos. Ludirlena Pérez muestra preocupación en este aspecto, ya que considera necesario el análisis por separado de los casos que son violencias basadas en género y aquellas que son directamente violencia sexual, específicamente en hechos donde las víctimas sufrieron vulneraciones cuando eran niñas.

Para Lemus la falla estatal es histórica. Sin embargo, considera que el análisis de la situación no se puede quedar simplemente en identificar las falencias, “creo que antes nuestro llamado es justamente a que todas las entidades que están comprometidas con el cumplimiento de estas órdenes, puedan adoptar todo tipo de medidas para que las víctimas puedan acceder a la justicia pero también a los mecanismos de protección y salud integral”. Expone que el hecho de verificar una vez más que el Estado no ha respondido de la manera esperada, refuerza las exigencias de las organizaciones y el llamado a seguir exigiendo.

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