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Hace cinco años exactamente, el mundo entero empezó a conocer los detalles de lo que sería el peor escándalo de corrupción de los últimos tiempos: el de la multinacional brasileña Odebrecht. Colombia cayó de inmediato dentro de la bolsa de los países a donde llegaron los tentáculos de ese entramado ilegal que, a punta de sobornos y de irregularidades en contratación, se quedó con millonarios contratos estatales. El paso del tiempo, que va apagando la indignación social por los hechos, tiene hoy este expediente en un limbo en el que todavía no es claro la magnitud del caso, al menos en Colombia.
El fiscal Francisco Barbosa arrancó su administración en la entidad hace ya dos años y, tras su posesión, prometió que esta investigación sería su prioridad. Sin embargo, son pocos los avances. Pese a que el fiscal arrancó 2021 con la noticia de un cambio en la estrategia del caso, a diciembre se pueden contar con los dedos de una sola mano las imputaciones que logró hacer, aunque había dicho que serían 12. Agregó un delito en contra de varios investigados, pero esa estrategia realmente no es suya. Además, anunció que tres empresarios brasileños de alto nivel no serán procesados por la justicia colombiana.
Las imputaciones
El 22 de febrero de 2021, el fiscal Barbosa anunció su nueva estrategia frente al caso. Explicó que había estudiado el expediente entero y, por eso, había unificado las 14 líneas investigativas existentes en seis, en su criterio, “para tener una visión integral” del entramado de corrupción. Ese mismo día anunció que su plan era imputar cargos a 12 personas, todo, agregó, a cargo del Grupo de Tareas Especiales de Odebrecht, bajo la batuta del coordinador de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Jaimes Durán, su mano derecha. Aunque no especificó en cuánto tiempo ocurriría ese anuncio, este año solo se dieron cinco y ninguno resultó realmente nuevo.
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Después de dos años de aplazamientos, el ente investigador logró imputarles cargos a los empresarios Andrés Sanmiguel, su esposa Edna Karina Méndez, Esteban Moreno, David Portilla y Ricardo Rey. Todos ellos forman parte de una línea de investigación que arrancó la administración de Néstor Humberto Martínez: la que busca establecer cómo se movió dinero de Odebrecht que, supuestamente, habría llegado a las cuentas de la campaña reeleccionista de Juan Manuel Santos. Los cinco ya estaban bajo el radar de las autoridades desde 2019, por lo que su imputación, que se logró entre junio y agosto de este año, no fue una revelación contundente de la administración de Barbosa.
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Siguiendo los pasos de su profesor
Si bien la vinculación de Sanmiguel, Méndez, Moreno, Portilla y Rey no fue una sorpresa para nadie dentro de este expediente, lo que sí fue calificado como un avance en 2021 de la administración de Barbosa fue la adición que hizo de un delito que no había sido contemplado en investigaciones previas. El de lavado de activos. La hipótesis de inculpar delitos a quienes ayudaron a Odebrecht a darles apariencia de legalidad a los dineros que entraron a Colombia para pagar sobornos es de Leonardo Espinosa, el fiscal ad hoc que nombró la Corte Suprema de Justicia a finales de 2018 para hacerse cargo de tres investigaciones, en las que el exfiscal Néstor Humberto Martínez tenía impedimentos.
Espinosa fue el primero que cuestionó la decisión de no imputar lavado de activos al excongresista Otto Bula y la manera en que desapareció, sin mayor explicación, de los expedientes de los empresarios Gabriel Dumar, Eduardo Zambrano y Gustavo Torres. Las repercusiones de reconsiderar este delito pueden ser nefastas para los investigados. Es la conducta ilícita que más años de prisión podría implicar para ellos (de 10 a 30 años), teniendo en cuenta que la pena máxima de los otros delitos que se les han imputado no supera los seis años. Las cinco personas que fueron imputadas este año, en su listado de delitos supuestamente cometidos, la Fiscalía agregó el de lavado de activos.
Sobre la investigación de esta conducta, en febrero de 2021, el fiscal Barbosa anunció también que el exgerente de la campaña de Santos, Roberto Prieto, también iba a ser imputado por este delito. Pero eso no sucedió este año. Pese a que no es claro por qué, lo que sí se sabe es que la defensa del empresario siempre insistió en que era ilegal que la Fiscalía realizara esa actuación pues Prieto ya fue condenado a cinco años de prisión por el caso de la Ruta del Sol 3 y, como insistió su abogado, nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos. Así, la imputación contra el exgerente quedó en veremos.
Detrás de los brasileños
“Es hora de obtener las respuestas que Colombia espera hace cuatro años”, expresó Barbosa poco después de posesionarse como fiscal general en febrero de 2020. Sin muchas decisiones de fondo en el caso, el fiscal viajó a Perú durante ese año para reunirse con su homóloga en ese país para intercambiar experiencias. La idea sonó sensata, pues quienes conocen la lentitud y poca estructuración del caso en la era de Néstor Humberto Martínez, el ejemplo peruano podía darle luces al nacional. Allí la Fiscalía investigó a cuatro expresidentes (uno de ellos Alan García, quien se suicidó cuando las autoridades llegaron a su casa a cumplir con una orden judicial, en abril de 2019) y esas pesquisas siguen dando resultados.
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El objetivo de Barbosa, se dijo, era entender el paso a paso de la investigación peruana y tomarla como un ejemplo adecuado para llegar a las máximas cabezas del escándalo en Colombia. Pero un año después de ese viaje los resultados siguen sin asomarse. Ni siquiera en los casos de los altos ejecutivos de Odebrecht. En marzo de 2021, la Fiscalía anunció que imputaría cargos en contra de tres “peces gordos” de la multinacional: Hamilton Ideaki, Eder Paolo Ferracuti y Marcio Marangoni. Los delitos por los cuales se les abrirá investigación formal son concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, por “conducta que estarían relacionadas con el proyecto Ruta del Sol”, dijo la entidad.
Sin embargo, eso no sucedió tampoco este año. En contraste, en julio pasado, un juez de Bogotá aceptó el pedido de la Fiscalía de no judicializar a Luiz Antonio Bueno Júnior, Luiz Antonio Mameri y Luiz Eduardo Da Rocha Soares, exdirectivos de la multinacional brasileña, pues sus testimonios y pruebas han permitido que la justicia desenmarañe el entramado de corrupción de Odebrecht en Colombia. Así, esclarecer cuál fue el verdadero papel de los empresarios brasileños dentro de este escándalo y hasta dónde llegaron sus movimientos corruptos en campañas políticas y con funcionarios públicos, todavía es una realidad esquiva.
Las dos condenas
En abril de 2021 se dieron las únicas condenas del escándalo de Odebrecht en 2021. Tras lograr un acuerdo con la Fiscalía y aceptar su responsabilidad en el entramado de corrupción, los empresarios Federico Gaviria y Eduardo Zambrano fueron condenados por el juez séptimo penal de circuito de Bogotá. Ambos usaron la empresa Consultores Unidos S. A. como una fachada, para que altos ejecutivos de la multinacional brasileña lavaran el dinero que, a través de jugosos sobornos, le entregaron a congresistas corruptos y a altos funcionarios, para quedarse con millonarios contratos de infraestructura en Colombia. Todo un andamiaje corrupto que ya probó la justicia.
Abogados cercanos a este caso, recordaron que, aunque la condena se dio durante la administración de Barbosa, la negociación de ambos empresarios se dio durante la era de Néstor Humberto Martínez, “por lo que la sentencia condenatoria no puede ser vista como una victoria de la Fiscalía actual”. A dos años del comienzo de la administración Barbosa, todavía hace falta conocer los avances concretos de su nueva estructuración del caso de corrupción más grande de los últimos tiempos, uno que cumple ya cinco años sin que en Colombia haya claridad sobre hasta donde llegaron las manos corruptas de empresarios, funcionarios públicos y congresistas.