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El capitán (r) Fernando Alfonso Tabares Molina, quien se desempeñó como director del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), pidió disculpas por su participación en el intento de desprestigio a la Corte Suprema de Justicia durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, en el cual se hizo seguimientos ilegales a magistrados de ese alto tribunal, congresistas y periodistas. Según manifestó la Fiscalía, las disculpas de Tabares obedecen a un principio de oportunidad al que se acogió el retirado capitán.
“Deseo manifestar públicamente que estoy, real y sinceramente arrepentido, por todos los hechos de los que la Fiscalía ha dado cuenta en esta investigación, y por eso, deseo pedir perdón a todas las personas e instituciones que resultaron afectadas”, dijo el capitán (r) Tabares en la audiencia. Asimismo, sostuvo que las investigaciones ilegales se hicieron con dineros públicos, todo con el fin de desprestigiar a la Corte.
De acuerdo con el ente investigador, Tabares Molina, como director del DAS entre 2005 y 2009, estuvo involucrado en al menos ocho eventos de estos seguimientos conocidos como las chuzadas. Con estas acciones de seguimiento ilegal, buscaban, mediante recopilación de información y testimonios falsos, afectar la imagen de distintas personas, sobre todo la de los magistrados del alto tribunal.
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Por los hechos, el 7 de marzo de 2011 Tabares Molina fue condenado a ocho años de prisión por los delitos de concierto para delinquir, prevaricato por acción, abuso de función pública y violación ilícita de comunicaciones. Asimismo, en febrero de 2017, se le imputaron cargos por peculado por apropiación relacionado con $68′000.000 que habrían sido usados por el hoy retirado capitán para ayudar a desprestigiar a la Corte Suprema. Por este último delito es que Tabares se acogió al principio de oportunidad.
Según ha manifestado la Fiscalía, “en el curso del proceso el exdirector de inteligencia del DAS ha aportado detalles importantes que le han permitido a la Fiscalía obtener ocho condenas contra particulares, y funcionarios de la Casa de Nariño y del extinto DAS”. De igual manera, durante audiencia pública, Tabares Molina ofreció excusas a la Corte Suprema, así como a otras instituciones y personas que fueron víctimas de las chuzadas.
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Por este mismo escándalo, ya fueron condenados la también exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado y el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Bernardo Moreno. María del Pilar Hurtado fue nombrada en 2007 por el entonces presidente Uribe como directora del Departamento, hasta que en 2008, el hoy precandidato presidencial Gustavo Petro denunció que el DAS lo había interceptado ilegalmente y que Uribe había dado la orden.
El 30 de abril de 2015, la Corte Suprema condenó a Hurtado a 14 años de prisión por los delitos de falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación, actos arbitrarios e injustos, concierto para delinquir y abuso de función pública. El 7 de abril pasado, el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas de Bogotá rechazó la solicitud de libertad condicional de la exfuncionaria.
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En el caso de Bernardo Moreno, en julio del 2004 fue elegido secretario General de la Presidencia de Álvaro Uribe, y cuatro años más tarde, fue llamado a indagatoria por la Fiscalía cuando la excongresista Yidis Medina afirmó que Moreno estaba encargado de las prebendas a cambio de su voto a favor de la reforma constitucional que permitió la primera reelección de Uribe. En mayo del 2009, el exjefe de inteligencia del DAS, Jorge Lagos, dijo que entregó información sobre algunos magistrados a Moreno y al entonces asesor presidencial y hoy senador, José Obdulio Gaviria.
En octubre de 2010, Moreno fue destituido e inhabilitado por el entonces procurador Alejandro Ordoñez por su responsabilidad en el caso de las chuzadas del DAS. Asimismo, la Corte Suprema, mismo tribunal que pretendía enlodar, lo condenó en 2011 a 8 años de prisión domiciliaria por los delitos de concierto para delinquir, abuso de función pública y violación ilícita de comunicaciones. En julio del 2017, se le concedió libertad condicional después de que se acreditara que había cumplido 57 de los 96 meses de su condena.
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