Las dudas sobre el fin de Los Caparros en el Bajo Cauca antioqueño

En compañía de la cúpula militar, el ministro de Defensa, Diego Molano, señaló tajantemente que Los Caparros, el grupo de origen paramilitar que se ha enfrentado desde 2016 con el Clan del Golfo por el narcotráfico y la minería ilegal y que ha dejado cientos de víctimas en el Bajo Cauca antioqueño, “llegó a su fin”. Tras la reciente muerte en combate con las autoridades de alias Flechas, líder del grupo criminal desde que en noviembre de 2020 muriera Caín en las mismas circunstancias, el jefe de esa cartera ministerial y el director de la Policía, general Jorge Luis Vargas, aseguran que “se logra la desarticulación estructural del grupo, generando la pérdida de experiencia en la línea de sucesión criminal”.

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Aunque las declaraciones de las autoridades militares son tajantes en cuanto a que Los Caparros desaparecieron del escenario de guerra en esa subregión de Antioquia, El Espectador se contactó con varias fuentes conocedoras de la situación de orden público y de derechos humanos en esta zona del país y advierten que la realidad es distinta y que la estructura criminal será usada por otros criminales bajo otro rótulo y financiada por distintos sectores que años atrás financiaron a otras estructuras al margen de la ley, como el bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Incluso, varios miembros de este grupo criminal se reencaucharon en Los Caparros, como Flechas y Caín.

El organigrama mostrado por Molano da cuenta de que de la cúpula de Los Caparros hay dos integrantes importantes que aún se encuentran con vida y que son claves para la organización al margen de la ley. Se trata de alias Chatarra y Pipe Gordo, dos fichas encargadas de los asuntos financieros y que, cuenta un alto oficial de la Policía, siguen dando órdenes desde sus centros de reclusión. “El asunto es que estos tipos tienen a otros que están en fila esperando que la cúpula caiga en desgracia para ellos ocupar su puesto o para continuar como representantes de sus jefes en los municipios en donde delinquen Los Caparros, como Tarazá, Caucasia, El Bagre, Nechí o Zaragoza”, señaló el uniformado.

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Chatarra, que fue capturado en enero de 2020 en Granada, Meta, por ejemplo, estaba al mando de 360 hombres que hoy no se sabe bajo el mando de quién quedaron. Pipe Gordo, que fue capturado hace dos semanas y es cuñado de Caín, era el encargado de cobrar las rentas criminales de la minería ilegal de oro y el narcotráfico. Según fuentes del Ejército, las responsabilidades financieras de la estructura quedaron en manos de alias Jhon Perico, un hombre que ya había sido capturado en noviembre de 2017, pero que aún no es muy claro por qué terminó libre nuevamente. Con la captura de varios líderes, este fue ascendiendo en el organigrama del grupo sucesor del paramilitarismo.

Sin embargo, las voces críticas señalan que las capturas de los jefes financieros no son efectivas porque el dinero proviene sobre todo de las redes económicas que poderes locales aportan a Los Caparros. Una de esas personas es Óscar Yesid Zapata, defensor de derechos humanos y vocero del Proceso Social de Garantías en Antioquia. En entrevista con este diario, Zapata señaló que las declaraciones de Molano sobre el fin de Los Caparros son irresponsables: “Este grupo criminal es el segundo más poderoso de Antioquia y responsable de homicidios contra líderes sociales. Lo que hacen las estructuras es mutar en otras subestructuras y lo único que se logra es un cambio de mando”.

Zapata no niega que sea un duro golpe militar, pero dice que lo preocupante es que no existe por parte del Gobierno una política clara para desmantelar estos grupos y que se han financiado desde varios sectores su actuar criminal. “Lo más probable es que haya un ruido al interior de la estructura o una disputa para saber quién se queda a cargo de esa red criminal. Esto va ser aprovechado por las Agc (como se denomina al Clan del Golfo de alias Otoniel) y las disidencias, y van a ocupar esos espacios. También recordemos que estos grupos criminales, incluidos Los Caparros, reclutaron de manera forzada a menores de 18 años”, aseguró el defensor de derechos humanos.

Un funcionario municipal de Tarazá, que pidió no revelar su nombre por motivos de seguridad, dice que una parte de la guerra que vive el Bajo Cauca es culpa de los políticos de esta zona. “Son muchos los que tienen nexos con gente que tiene negocios con Los Caparros o el Clan del Golfo. Esto no es nuevo, en las noticias aparece una vez que otra que capturan a funcionarios por aliarse con esos bandidos, Más de uno ha hecho campaña con plata que los paramilitares les dan y es algo que ellos ven como normal. Los empresarios también tienen culpa, porque esos dineros los dan de mil amores, no son extorsiones”, dice el funcionario.

En diferentes alertas tempranas la Defensoría del Pueblo también ha alertado del papel de financiadores que juegan los carteles mexicanos como el de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación. Desde 2011, este organismo ha reiterado el papel que actualmente siguen ejerciendo estos grupos criminales. La organización de Jalisco, liderada por el Mencho, está aliada con Los Caparros, mientras que los de Sinaloa estarían con Otoniel y sus lazos con La Oficina en el Valle de Aburrá. Con la carencia de líderes de Los Caparros no se sabe cómo es la relación con los mexicanos. Asimismo, autoridades como el Ejército han capturado a brasileños que extraen oro ilegalmente en el Bajo Cauca.

Hablar de paz en el Bajo Cauca es algo que sus comunidades ven muy lejos, pues auguran varios escenarios: un purga interna entre Los Caparros para determinar un liderazgo, que el Clan del Golfo absorba al grupo o que Los Caparros adopten otro nombre para continuar con sus negocios al margen de la ley. “Nadie va querer dejar la renta que es la minería legal e ilegal. Es una zona que genera el 60 % del oro en Antioquia, cualquier grupo va a encontrar interés en esta zona. Es clave que exista una política pública del Gobierno para desmantelar estas estructuras paramilitares y que se pueda construir en la Mesa Nacional de Garantías. No entendemos por qué Iván Duque se niega a poner en marcha esa política”, concluyó Zapata.