Las Farc reclutaron sistemáticamente menores de edad, Procuraduría dice a la JEP

De acuerdo con la Unidad de Víctimas, al menos 8.624 menores de edad han sido vinculados a grupos armados. / Archivo El Espectador.

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La Procuraduría emitió un concepto a la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el que aseguran que la extinta guerrilla de las Farc reclutó a menores de edad de manera sistemática. Dentro de su concepto, el Ministerio Público también afirma que el grupo armado usó el narcotráfico para financiar la guerra y cometió otros delitos que, según el ente de control, no están del todo reconocidos.

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El concepto fue emitido tras analizar algunas de las versiones voluntarias que han presentado por antiguos miembros del Frente 5 de la extinta guerrilla en el macrocaso 04, sobre la violencia en Urabá. Según la Procuraduría, los declarantes no reconocen haber cometido delitos de violencia sexual y, según los relatos de exjefes de ese frente, dentro de los estatutos “existió la prohibición de tener hijos, lo que al convertirse en una política que debía cumplirse”.

Para el Ministerio Público, esto“no podría entenderse de otra manera que los abortos, cuando se realizaron, eran obligatorios, forzados”. Asimismo, el ente de control habría encontrado el caso de una niña integrante de ese frente que, aparentemente, habría sido obligada a tener relaciones sexuales a cambio de no ser sancionada o llevada a consejo de guerra.

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Por otra parte, el documento que emitió la Procuraduría sostiene que el grupo armado habría usado el narcotráfico para financiar la guerra. Para el ente de control, “con la inserción de las drogas, particularmente del cultivo de la hoja coca, se formó una poderosa forma de economía ilícita de la cual las Farc-Ep se nutrieron para financiar sus actividades bélicas”.

Las prácticas sistemáticas

Para el ente de control, los ataques y tomas guerrilleras perpetradas en el Urabá constituyeron una práctica sistemática y generalizada que, según ellos, “conllevó al desplazamiento forzado de comunidades ubicadas en diferentes sectores de la región”. Asimismo, pidió a la JEP profundizar en el análisis de métodos y medios de guerra “para establecer quién y por qué decidieron utilizar este tipo de elementos explosivos, caracterizados por su falta de precisión y producción de daños colaterales a la población civil muy graves”.

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De la misma manera, el ministerio público pidió al Frente 5 de la extinta guerrilla ahondar más en hechos perpetrados por ellos como las masacres de La Chinita, en 1994; y Bojayá, perpetrada en 2001, entre otras, que serían graves violaciones a los derechos humanos, según manifestó el ente de control. Por otra parte, frente a su financiación, la Procuraduría sostuvo que es necesario explorar las fuentes de ingresos que tuvieron para cubrir los gastos de guerra, lo que debe ir más allá de lo que señalaron como cuotas irían más allá de lo declarado como cuotas voluntarias de ganaderos, empresarios y hoteleros.

De acuerdo con el estudio “Infancia reclutada”, de 2021 y con la tutoría del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, las Farc fueron el grupo armado con mayor responsabilidad en reclutamiento de menores de edad. De las 6.958 víctimas registradas por el ICBF durante el conflicto, se lee en el estudio, 3.878 habrían sido reclutadas por la extinta guerrilla.

Por último el concepto del ente de control solicitaba que “las Farc pidan perdón a la sociedad civil colombiana y al mundo entero por el centenar de niños que reclutaron para la guerra, incluyéndose ellos mismos en un acto de sincero arrepentimiento”.

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