Las grietas de la dinastía Petro que podrían debilitar la paz total

El presidente Gustavo Petro cumple este próximo martes siete meses de gobierno y el aniversario coincide con un escándalo que tiene en el blanco a su familia y promete perdurar el resto de su administración. Él mismo dio las primeras puntadas de esta historia que apenas comienza. En un comunicado de prensa, le pidió a la Fiscalía que investigue a su hermano, Juan Fernando, y a su hijo, Nicolás. Aunque no fue explícito del porqué de su impactante petición, entre líneas quedó claro: la supuesta relación de ambos en lo que se ha conocido como el cartel de la paz, un grupo de abogados que estarían negociando beneficios jurídicos para criminales en cárceles del país a cambio de miles de dólares.

En contexto: Las versiones en el escándalo de la familia del presidente Petro ¿A quién creerle?

“Confío en que mi hermano y mi hijo puedan demostrar su inocencia”, escribió el presidente Petro en el comunicado, en el que agregó una frase trascendental: “Respetaré las conclusiones a las que llegue la justicia”. La reacción de la Fiscalía también fue mesurada. La entidad explicó que ya tenía una investigación abierta desde enero pasado por estos hechos y que ya había escuchado a Juan Fernando Petro. El ente investigador también agregó que había recibido la declaración de Day Vásquez, expareja de Nicolás Petro, quien reveló a la revista Semana que él habría recibido varios pagos de hombres relacionados con expedientes judiciales, pero que nunca entraron a la campaña presidencial.

La mesura del presidente Gustavo Petro y el fiscal Francisco Barbosa no es para menos. Lo que se ha podido conocer hasta ahora es que se trataría de un escándalo con coletazos políticos y judiciales que podrían marcar un antes y después en la administración Petro. Por una sencilla razón: la justicia tendrá que determinar si abogados han pedido dinero a narcos a cambio de beneficios que podría darles el Gobierno en sus planes por lograr la paz total. Por ahora, la lupa de los investigadores de esta polémica está puesta sobre Juan Fernando Petro, específicamente, pues ya se sabe que ha tenido reuniones con presos y otros polémicos personajes, y ya rindió una declaración ante la Fiscalía.

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En cuanto a Nicolás Petro, en esta arista sobre el cartel de la paz el hijo del presidente solo está relacionado como testigo, aunque la historia que reveló su expareja ya lo tiene en otros líos judiciales. Por ahora, el asunto grueso del escándalo que desencadenó el presidente está enfocado en el supuesto grupo de abogados que habrían ofrecido beneficios a narcos. El asunto se está moviendo bajo total hermetismo en la Fiscalía y en varias agencias de Estados Unidos. Este diario pudo establecer que en manos de los investigadores de ambos países están circulando audios y declaraciones de narcotraficantes, varios de ellos ya extraditados, en los que cuentan cómo funciona el cartel de la paz.

Fuentes del ente investigador señalaron que el plan de trabajo que se plantearon en enero de este año es muy claro en tres tareas. La primera: establecer si es cierto que hay abogados que visitaron a narcos, tan temerarios como alias Douglas y Tom, antiguos jefes de la temida Oficina de Envigado, y alias Messi, una de las cabezas financieras del Clan del Golfo.

La segunda: si hubo personas cercanas al hoy presidente Petro que pidieron dinero a cambio de beneficiar a estos criminales, por ejemplo, con traslados de cárceles, prometiéndoles un nombramiento como facilitadores de paz (para quedar libres) e, incluso, asegurándoles que nunca serían extraditados a Estados Unidos (el punto que más preocupa a las autoridades de ese país).

Y la tercera tarea, y quizá la más crítica: establecer si esos presuntos pagos entraron a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Por ahora, todo es materia de investigación y el tema es tan sensible que nadie se atreve a dar luces de cuáles han sido los avances de la Fiscalía. Aun así, fuentes cercanas a la investigación le explicaron a El Espectador que las pruebas que han podido recopilar, en especial con la ayuda de agentes estadounidenses que han escuchado a varios narcos que ya fueron extraditados, han sido claves para dar los primeros pasos de esta investigación, que el presidente Gustavo Petro le solicitó a la Fiscalía.

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Una de las piezas más importantes que los investigadores han podido agregar al expediente sería un audio, grabado por narcos, en el que habría quedado en evidencia un millonario pago. El archivo está en poder de los mejores técnicos del CTI de la Fiscalía y de agencias de Estados Unidos, pues quieren esclarecer, con el mayor grado de credibilidad, de quiénes son las voces que se escuchan en la grabación. El indicio más claro que tienen, por ahora, es que se trataría de alias Douglas, a quien, al parecer, se le escucha decir que él realizó un millonario pago, a través de un abogado cercano a organizaciones que trabajan en acercar a la mafia ante la justicia y que ese dinero le habría llegado a una persona cercana al presidente Petro.

Según la fuente que entregó el audio a las autoridades, la conversación fue grabada en la cárcel La Picota, de Bogotá. Como lo ha dicho el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, en esa prisión se habrían organizado varias de las reuniones de los supuestos abogados del cartel de la paz. Fuentes que siguen de cerca esta investigación le contaron a este diario que hasta el centro de reclusión han llegado preguntas de la Fiscalía que buscan determinar si es cierto que en el pabellón de los extraditables se han desarrollado este tipo de encuentros, cuándo ocurrieron (si antes o después de las elecciones presidenciales) y quiénes fueron los invitados.

Desde que se supieron las primeras denuncias sobre el cartel de la paz, el hermano del presidente ha reiterado que hay personas que han utilizado su nombre en negociaciones non sanctas. Lo mismo ha dicho el comisionado Rueda, quien a pesar de haber afirmado públicamente que ha denunciado supuestos pagos de narcos a abogados del cartel, esta semana salió regañado por el fiscal Barbosa, quien expresó: “Como siempre, el señor Danilo Rueda diciéndole mentiras al país”. Por su parte, Juan Fernando Petro ha sido insistente en que nunca se ha reunido con extraditables para ofrecerles beneficios, como nombrarlos gestores o facilitadores de paz, o ayudarles a frenar su extradición, y que tampoco es cierto que haya recibido dinero de nadie.

En contexto: “Turco” Hilsaca niega haber entregado dineros a Nicolás Petro y denuncia calumnia

Si bien el escándalo de esta semana lo vincula directamente con narcotraficantes, esta no es la primera vez que el hermano del presidente termina salpicado en la polémica por sus acercamientos con personas privadas de la libertad. La unidad investigativa de Noticias Caracol reveló, en abril del año pasado, que Juan Fernando Petro y Danilo Rueda, en nombre de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, se reunieron en La Picota, especialmente con políticos, sindicados y condenados, para hablar de todo tipo de temas. Quienes estuvieron en la reunión explicaron que se habría discutido una supuesta reforma a la justicia que incluiría rebaja de penas para corruptos.

La revelación causó un terremoto político, a pocas semanas de la primera vuelta presidencial. Los implicados rechazaron desde el primer momento que estuvieran haciendo contactos ilegales con condenados o narcos y el entonces candidato Petro desmintió la publicación. A la luz de los acontecimientos de esta semana, el llamado “pacto de La Picota” recobra fuerza, pues las autoridades deberán establecer si esa visita de Petro y Rueda coincide con lo que ahora hasta el presidente Gustavo Petro pide que se investigue. “Mi compromiso con Colombia”, señaló el primer mandatario en su comunicado de prensa, “es lograr la paz y quien quiera interferir en ese propósito, o sacar provecho personal, no tiene cabida en el Gobierno, incluso si son miembros de mi familia”.

El caso de Nicolás Petro, salpicado por su exesposa

Si algo quedó claro esta semana es que el escándalo de la familia presidencial tiene dos vertientes: la relacionada con el caso del cartel de la paz y la que involucra a Nicolás Petro en una serie de supuestos pagos de hombres con pasados judiciales. Day Vásquez, su expareja, fue la que encendió el ventilador en la revista Semana. Según su versión, los hechos ocurrieron antes y durante de la campaña presidencial de Petro para 2022-2026.

Los señalamientos son claros: Nicolás Petro habría recibido hasta $1.000 millones de manos de un reconocido narco y de un cuestionado empresario, los cuales iban para la campaña de su padre, pero terminaron en sus bolsillos. No obstante, Day Vásquez reiteró en la entrevista que ni un peso habría sido inyectado a la campaña presidencial y que el presidente jamás supo de las andanzas de su hijo.

Lea: Procuraduría entra al baile: Margarita Cabello pidió investigar a Nicolás Petro

El primer hombre señalado de entregar plata a Nicolás Petro es el excongresista Samuel Santander Lopesierra, conocido como el Hombre Marlboro, quien fue extraditado a Estados Unidos en 2002, donde pagó 20 años de cárcel por narcotráfico. Luego de los primeros acercamientos, se habrían pactado al menos tres entregas de dinero en los cuales Nicolás Petro recibió $600 millones. De acuerdo con la versión de Vásquez, al parecer el Hombre Marlboro buscaba aval político para ser candidato a la Gobernación de La Guajira.

En la historia entre Petro y Lópesierra entraría un tercer personaje: el contador público y excongresista Máximo Noriega. Según Vásquez, absolutamente todos los pagos fueron tramitados a través de Noriega, quien sería una persona de confianza de Nicolás Petro y buscaría ser candidato a la Gobernación del Atlántico. Noriega, además, es un viejo conocido de la familia. Durante la alcaldía de Gustavo Petro en Bogotá, el contador público fue nombrado director del Fondo de Vigilancia y Seguridad, donde duró menos de un año. Asimismo, Noriega fue secretario del Instituto de Recreación y Deporte (IDRD) y director de Participación Ciudadana, durante la misma alcaldía. Noriega denunció penalmente a Vásquez este fin de semana.

Vásquez aseguró tener pruebas de sus señalamientos y, además, mencionó a Alfonso del Cristo Hilsaca, conocido como el Turco, como aportante de hasta $400 millones para su exesposo. Se trata de un empresario que ha amasado una fortuna instalando alumbrados públicos. Ha estado involucrado en varios escándalos, ante los cuales se ha declarado inocente y no tiene sentencia alguna. Entre ellos, masacres en alianza con paramilitares (como la de la Torre del Reloj, en la que fueron asesinadas cuatro prostitutas de Cartagena); la instalación de micrófonos en la oficina del vicefiscal Jorge Perdomo y las supuestas irregularidades en la licitación del alumbrado de San Salvador (Salvador).

Por si fuera poco, Vásquez aseguró que su exesposo recibió una camioneta Chevrolet Tahoe a través de un “megacontratista de Villavicencio”. Y que le entró plata de gente poderosa de Cúcuta. Además, explicó que Nicolás Petro se reunió con la mayoría de los ministros del gabinete de su padre, pero aclaró que jamás se reunió con Alejandro Gaviria (exministro de Educación) ni José Antonio Ocampo (ministro de Hacienda). “Cuando él empezó a reunirse con los ministros, porque él se reunía con ellos semanalmente, le dije que no, que no siguiera moviéndose, que no se reuniera, que no hablara de plata. Y la respuesta fue: ‘¿Cómo vamos a terminar de pagar la casa?’”, afirmó Vásquez.

La Fiscalía aseguró que un grupo especial de fiscales e investigadores se dirigieron a Barranquilla a tomarle declaraciones a Day Vásquez. Asimismo, están verificando las condiciones de riesgo de la denunciante, quien dice haber recibido amenazas e intimidaciones virtuales. La procuradora general Margarita Cabello, por su parte, anunció que está tomando las primeras acciones para decidir si abre una indagación a Nicolás Petro, dado que es diputado. El hijo del presidente, en un comunicado público, señaló lo siguiente: “Me pongo en disposición de la Fiscalía en lo que requiera para fines de ratificar mi inocencia frente a estas vinculaciones, que no se trata más que de ataques políticos y personales”.

El Turco Hilsaca no se quedó de brazos cruzados y radicó una denuncia en la Fiscalía contra Vásquez, intentando que se abra un proceso por injuria y calumnia. “En ningún momento he realizado financiación de campañas electorales a la Presidencia ni de otra naturaleza; como tampoco es correcto que haya entregado tales sumas de dinero a Nicolás Petro por conducto de terceros”, señaló. Por ahora, la Fiscalía cuenta con el testimonio de Vásquez, las pruebas que ella prometió entregar, y también la inédita solicitud del presidente Petro para que la justicia aclare “todas las investigaciones necesarias y determinar posibles responsabilidades” de dos miembros de su dinastía familiar. Esta historia apenas comienza.

El presidente Gustavo Petro cumple este próximo martes siete meses de gobierno y el aniversario coincide con un escándalo que tiene en el blanco a su familia y promete perdurar el resto de su administración. Él mismo dio las primeras puntadas de esta historia que apenas comienza. En un comunicado de prensa, le pidió a la Fiscalía que investigue a su hermano, Juan Fernando, y a su hijo, Nicolás. Aunque no fue explícito del porqué de su impactante petición, entre líneas quedó claro: la supuesta relación de ambos en lo que se ha conocido como el cartel de la paz, un grupo de abogados que estarían negociando beneficios jurídicos para criminales en cárceles del país a cambio de miles de dólares.

En contexto: Las versiones en el escándalo de la familia del presidente Petro ¿A quién creerle?

“Confío en que mi hermano y mi hijo puedan demostrar su inocencia”, escribió el presidente Petro en el comunicado, en el que agregó una frase trascendental: “Respetaré las conclusiones a las que llegue la justicia”. La reacción de la Fiscalía también fue mesurada. La entidad explicó que ya tenía una investigación abierta desde enero pasado por estos hechos y que ya había escuchado a Juan Fernando Petro. El ente investigador también agregó que había recibido la declaración de Day Vásquez, expareja de Nicolás Petro, quien reveló a la revista Semana que él habría recibido varios pagos de hombres relacionados con expedientes judiciales, pero que nunca entraron a la campaña presidencial.

La mesura del presidente Gustavo Petro y el fiscal Francisco Barbosa no es para menos. Lo que se ha podido conocer hasta ahora es que se trataría de un escándalo con coletazos políticos y judiciales que podrían marcar un antes y después en la administración Petro. Por una sencilla razón: la justicia tendrá que determinar si abogados han pedido dinero a narcos a cambio de beneficios que podría darles el Gobierno en sus planes por lograr la paz total. Por ahora, la lupa de los investigadores de esta polémica está puesta sobre Juan Fernando Petro, específicamente, pues ya se sabe que ha tenido reuniones con presos y otros polémicos personajes, y ya rindió una declaración ante la Fiscalía.

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En cuanto a Nicolás Petro, en esta arista sobre el cartel de la paz el hijo del presidente solo está relacionado como testigo, aunque la historia que reveló su expareja ya lo tiene en otros líos judiciales. Por ahora, el asunto grueso del escándalo que desencadenó el presidente está enfocado en el supuesto grupo de abogados que habrían ofrecido beneficios a narcos. El asunto se está moviendo bajo total hermetismo en la Fiscalía y en varias agencias de Estados Unidos. Este diario pudo establecer que en manos de los investigadores de ambos países están circulando audios y declaraciones de narcotraficantes, varios de ellos ya extraditados, en los que cuentan cómo funciona el cartel de la paz.

Fuentes del ente investigador señalaron que el plan de trabajo que se plantearon en enero de este año es muy claro en tres tareas. La primera: establecer si es cierto que hay abogados que visitaron a narcos, tan temerarios como alias Douglas y Tom, antiguos jefes de la temida Oficina de Envigado, y alias Messi, una de las cabezas financieras del Clan del Golfo.

La segunda: si hubo personas cercanas al hoy presidente Petro que pidieron dinero a cambio de beneficiar a estos criminales, por ejemplo, con traslados de cárceles, prometiéndoles un nombramiento como facilitadores de paz (para quedar libres) e, incluso, asegurándoles que nunca serían extraditados a Estados Unidos (el punto que más preocupa a las autoridades de ese país).

Y la tercera tarea, y quizá la más crítica: establecer si esos presuntos pagos entraron a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Por ahora, todo es materia de investigación y el tema es tan sensible que nadie se atreve a dar luces de cuáles han sido los avances de la Fiscalía. Aun así, fuentes cercanas a la investigación le explicaron a El Espectador que las pruebas que han podido recopilar, en especial con la ayuda de agentes estadounidenses que han escuchado a varios narcos que ya fueron extraditados, han sido claves para dar los primeros pasos de esta investigación, que el presidente Gustavo Petro le solicitó a la Fiscalía.

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Una de las piezas más importantes que los investigadores han podido agregar al expediente sería un audio, grabado por narcos, en el que habría quedado en evidencia un millonario pago. El archivo está en poder de los mejores técnicos del CTI de la Fiscalía y de agencias de Estados Unidos, pues quieren esclarecer, con el mayor grado de credibilidad, de quiénes son las voces que se escuchan en la grabación. El indicio más claro que tienen, por ahora, es que se trataría de alias Douglas, a quien, al parecer, se le escucha decir que él realizó un millonario pago, a través de un abogado cercano a organizaciones que trabajan en acercar a la mafia ante la justicia y que ese dinero le habría llegado a una persona cercana al presidente Petro.

Según la fuente que entregó el audio a las autoridades, la conversación fue grabada en la cárcel La Picota, de Bogotá. Como lo ha dicho el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, en esa prisión se habrían organizado varias de las reuniones de los supuestos abogados del cartel de la paz. Fuentes que siguen de cerca esta investigación le contaron a este diario que hasta el centro de reclusión han llegado preguntas de la Fiscalía que buscan determinar si es cierto que en el pabellón de los extraditables se han desarrollado este tipo de encuentros, cuándo ocurrieron (si antes o después de las elecciones presidenciales) y quiénes fueron los invitados.

Desde que se supieron las primeras denuncias sobre el cartel de la paz, el hermano del presidente ha reiterado que hay personas que han utilizado su nombre en negociaciones non sanctas. Lo mismo ha dicho el comisionado Rueda, quien a pesar de haber afirmado públicamente que ha denunciado supuestos pagos de narcos a abogados del cartel, esta semana salió regañado por el fiscal Barbosa, quien expresó: “Como siempre, el señor Danilo Rueda diciéndole mentiras al país”. Por su parte, Juan Fernando Petro ha sido insistente en que nunca se ha reunido con extraditables para ofrecerles beneficios, como nombrarlos gestores o facilitadores de paz, o ayudarles a frenar su extradición, y que tampoco es cierto que haya recibido dinero de nadie.

En contexto: “Turco” Hilsaca niega haber entregado dineros a Nicolás Petro y denuncia calumnia

Si bien el escándalo de esta semana lo vincula directamente con narcotraficantes, esta no es la primera vez que el hermano del presidente termina salpicado en la polémica por sus acercamientos con personas privadas de la libertad. La unidad investigativa de Noticias Caracol reveló, en abril del año pasado, que Juan Fernando Petro y Danilo Rueda, en nombre de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, se reunieron en La Picota, especialmente con políticos, sindicados y condenados, para hablar de todo tipo de temas. Quienes estuvieron en la reunión explicaron que se habría discutido una supuesta reforma a la justicia que incluiría rebaja de penas para corruptos.

La revelación causó un terremoto político, a pocas semanas de la primera vuelta presidencial. Los implicados rechazaron desde el primer momento que estuvieran haciendo contactos ilegales con condenados o narcos y el entonces candidato Petro desmintió la publicación. A la luz de los acontecimientos de esta semana, el llamado “pacto de La Picota” recobra fuerza, pues las autoridades deberán establecer si esa visita de Petro y Rueda coincide con lo que ahora hasta el presidente Gustavo Petro pide que se investigue. “Mi compromiso con Colombia”, señaló el primer mandatario en su comunicado de prensa, “es lograr la paz y quien quiera interferir en ese propósito, o sacar provecho personal, no tiene cabida en el Gobierno, incluso si son miembros de mi familia”.

El caso de Nicolás Petro, salpicado por su exesposa

Si algo quedó claro esta semana es que el escándalo de la familia presidencial tiene dos vertientes: la relacionada con el caso del cartel de la paz y la que involucra a Nicolás Petro en una serie de supuestos pagos de hombres con pasados judiciales. Day Vásquez, su expareja, fue la que encendió el ventilador en la revista Semana. Según su versión, los hechos ocurrieron antes y durante de la campaña presidencial de Petro para 2022-2026.

Los señalamientos son claros: Nicolás Petro habría recibido hasta $1.000 millones de manos de un reconocido narco y de un cuestionado empresario, los cuales iban para la campaña de su padre, pero terminaron en sus bolsillos. No obstante, Day Vásquez reiteró en la entrevista que ni un peso habría sido inyectado a la campaña presidencial y que el presidente jamás supo de las andanzas de su hijo.

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El primer hombre señalado de entregar plata a Nicolás Petro es el excongresista Samuel Santander Lopesierra, conocido como el Hombre Marlboro, quien fue extraditado a Estados Unidos en 2002, donde pagó 20 años de cárcel por narcotráfico. Luego de los primeros acercamientos, se habrían pactado al menos tres entregas de dinero en los cuales Nicolás Petro recibió $600 millones. De acuerdo con la versión de Vásquez, al parecer el Hombre Marlboro buscaba aval político para ser candidato a la Gobernación de La Guajira.

En la historia entre Petro y Lópesierra entraría un tercer personaje: el contador público y excongresista Máximo Noriega. Según Vásquez, absolutamente todos los pagos fueron tramitados a través de Noriega, quien sería una persona de confianza de Nicolás Petro y buscaría ser candidato a la Gobernación del Atlántico. Noriega, además, es un viejo conocido de la familia. Durante la alcaldía de Gustavo Petro en Bogotá, el contador público fue nombrado director del Fondo de Vigilancia y Seguridad, donde duró menos de un año. Asimismo, Noriega fue secretario del Instituto de Recreación y Deporte (IDRD) y director de Participación Ciudadana, durante la misma alcaldía. Noriega denunció penalmente a Vásquez este fin de semana.

Vásquez aseguró tener pruebas de sus señalamientos y, además, mencionó a Alfonso del Cristo Hilsaca, conocido como el Turco, como aportante de hasta $400 millones para su exesposo. Se trata de un empresario que ha amasado una fortuna instalando alumbrados públicos. Ha estado involucrado en varios escándalos, ante los cuales se ha declarado inocente y no tiene sentencia alguna. Entre ellos, masacres en alianza con paramilitares (como la de la Torre del Reloj, en la que fueron asesinadas cuatro prostitutas de Cartagena); la instalación de micrófonos en la oficina del vicefiscal Jorge Perdomo y las supuestas irregularidades en la licitación del alumbrado de San Salvador (Salvador).

Por si fuera poco, Vásquez aseguró que su exesposo recibió una camioneta Chevrolet Tahoe a través de un “megacontratista de Villavicencio”. Y que le entró plata de gente poderosa de Cúcuta. Además, explicó que Nicolás Petro se reunió con la mayoría de los ministros del gabinete de su padre, pero aclaró que jamás se reunió con Alejandro Gaviria (exministro de Educación) ni José Antonio Ocampo (ministro de Hacienda). “Cuando él empezó a reunirse con los ministros, porque él se reunía con ellos semanalmente, le dije que no, que no siguiera moviéndose, que no se reuniera, que no hablara de plata. Y la respuesta fue: ‘¿Cómo vamos a terminar de pagar la casa?’”, afirmó Vásquez.

La Fiscalía aseguró que un grupo especial de fiscales e investigadores se dirigieron a Barranquilla a tomarle declaraciones a Day Vásquez. Asimismo, están verificando las condiciones de riesgo de la denunciante, quien dice haber recibido amenazas e intimidaciones virtuales. La procuradora general Margarita Cabello, por su parte, anunció que está tomando las primeras acciones para decidir si abre una indagación a Nicolás Petro, dado que es diputado. El hijo del presidente, en un comunicado público, señaló lo siguiente: “Me pongo en disposición de la Fiscalía en lo que requiera para fines de ratificar mi inocencia frente a estas vinculaciones, que no se trata más que de ataques políticos y personales”.

El Turco Hilsaca no se quedó de brazos cruzados y radicó una denuncia en la Fiscalía contra Vásquez, intentando que se abra un proceso por injuria y calumnia. “En ningún momento he realizado financiación de campañas electorales a la Presidencia ni de otra naturaleza; como tampoco es correcto que haya entregado tales sumas de dinero a Nicolás Petro por conducto de terceros”, señaló. Por ahora, la Fiscalía cuenta con el testimonio de Vásquez, las pruebas que ella prometió entregar, y también la inédita solicitud del presidente Petro para que la justicia aclare “todas las investigaciones necesarias y determinar posibles responsabilidades” de dos miembros de su dinastía familiar. Esta historia apenas comienza.