Las inconsistencias en la búsqueda de restos de personas dadas por desaparecidas

Este martes, 6 de marzo, día de las víctimas de crímenes de Estado, siete organizaciones de derechos humanos le hicieron entrega de un informe a la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, Luz María Monzón, en la que consignan un balance, y sus principales preocupaciones, en relación con las medidas para buscar, ubicar, identificar y entregar los restos de personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado en Colombia.

Todo empezó el 8 de julio de 2015 cuando las organizaciones, con el apoyo del senador Iván Cepeda y el presentante Alirio Uribe, realizaron una audiencia pública sobre la situación de personas enterradas –no identificadas–  en cementerios municipales, y los procedimientos de intervención que ha realizado la Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal. En esa audiencia, el ente investigador reportó 2.292 personas inhumadas no identificadas en solo cinco cementerios de los Llanos Orientales: Villavicencio, Granada, Vista Hermosa, San José del Guaviare y La Macarena. Entre 2010 y 2015, ambas entidades entregaron 77 cuerpos. Un promedio de 15 cuerpos por año.

Esta situación, sostiene el informe, generó la necesidad de acelerar este proceso y adoptar las medidas necesarias que permitan entregar los cuerpos a sus respectivas familias en un lapso menor de tiempo, no solo en los Llanos Orientales, sino en todo el país. Medidas que quedaron plasmadas en un acuerdo suscrito en la mesa de negociaciones de La Habana, el 17 de octubre de 2015.

“La búsqueda de personas desaparecidas pasa también por develar la verdad de lo que ha sido la desaparición en el país y la responsabilidad que actores estatales han tenido en la comisión de dichos delitos”, sostuvo Diana Arango, directora de la Corporación Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial (Equitas), una de las organizaciones presentes en este informe.

El informe explica, de acuerdo con la información entregada por Fiscalía, que en el caso de los cementerios de los Llanos Orientales hay sepultadas 2.304 personas no identificadas, de las cuales se ha logrado identificar 899.186 cuerpos, por su parte, ya fueron entregados a sus familiares. El documento cuestiona que para este caso se contó con un equipo de tres fiscales que, a su vez, son los mismos que apoyan la intervención en siete cementerios priorizados en el país “bajo condiciones bastante reducidas y precarias para el desarrollo de su trabajo”.

Respecto a nivel nacional, el ente investigador informó que en los cementerios priorizados, ubicados en Cimitarra, La Plata Huila, Yarumal, Bojayá y Marsella, se exhumaron 341 cuerpos sin reporte de identificados ni de restitución a sus familias.

Medicina Legal, por su parte, sostuvo que luego de la suscripción del acuerdo en La Habana exhumó 461 cuerpos, mediante el Plan nacional de búsqueda, identificación y entrega digna de restos de personas dadas por desaparecidas por conflicto armado, en los cementerios de Bocas de Satinga (Nariño), Cimitarra (Santander), La Plata (Huila), Florencia (Caquetá), Puente Nacional (Santander), Yarumal (Antioquia) y Bojayá (Chocó). De las 461 se identificaron 29 cuerpos y se exhumó 22. Cifras que, de acuerdo con el informe, presentan información distinta aún cuando se trata de los mismos cementerios.

“Tenemos serías preocupaciones, si bien se reconoce el trabajo de la Fiscalía y de Medicina legal porque no podemos decir que no han hecho nada, seguimos teniendo problemas, por ejemplo, de coordinación y articulación (…). Unos reportan mas, otros reportan menos. Unos reportan unos cementerios, otros no”, precisa Arango quien agregó que existe un tercer actor: el Ministerio del Interior.

Arango explicó que hace cinco años esa cartera ministerial viene desarrollando un diagnóstico de los cementerios en el país. “Las respuestas que nos entregaron oficialmente, por parte de Fiscalía, Medicina Legal y Ministerio del Interior, no es claro que haya habido una articulación entre esas tres instituciones. No sabemos si ese diagnóstico que hizo el ministerio, que por cierto se gastaron más de $9.000 millones en cinco años, fueron utilizados para priorizar y seleccionar los cementerios que, por ejemplo, fueron intervenidos por Fiscalía y Medicina Legal”, agregó la directora de Equitas.

Otra preocupación que aquejan a las organizaciones de derechos humanos es que las cifras que arrojan este informe evidencia una falta de “voluntad” articulación con las víctimas, con la sociedad civil y una investigación en profundidad. En ese sentido, Arango dice que uno les preocupaciones es que se siga exhumando cuerpos “sin haber una investigación premilitar lo suficientemente seria y robusta para determinar quiénes son las personas, poderlas identificar y entregar”.

A manera de conclusión, el informe recomienda, entre otras cosas, el diseño de una política articulada, incluyendo administraciones locales, Medicina Legal y la Fiscalía, para exhumar los cuerpos lo antes posible, suspender la transferencia de recursos al Ministerio del Interior destinados al censo de cementerios y, en cambio, trasferir el presupuesto a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Además de Equitas, en el informe también participaron el Centro de Investigación y Educación Popular, Programa por la paz del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), la Corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, La Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, La Corporación Avre y la Fundación Paz y Vida.

Este martes, 6 de marzo, día de las víctimas de crímenes de Estado, siete organizaciones de derechos humanos le hicieron entrega de un informe a la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, Luz María Monzón, en la que consignan un balance, y sus principales preocupaciones, en relación con las medidas para buscar, ubicar, identificar y entregar los restos de personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado en Colombia.

Todo empezó el 8 de julio de 2015 cuando las organizaciones, con el apoyo del senador Iván Cepeda y el presentante Alirio Uribe, realizaron una audiencia pública sobre la situación de personas enterradas –no identificadas–  en cementerios municipales, y los procedimientos de intervención que ha realizado la Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal. En esa audiencia, el ente investigador reportó 2.292 personas inhumadas no identificadas en solo cinco cementerios de los Llanos Orientales: Villavicencio, Granada, Vista Hermosa, San José del Guaviare y La Macarena. Entre 2010 y 2015, ambas entidades entregaron 77 cuerpos. Un promedio de 15 cuerpos por año.

Esta situación, sostiene el informe, generó la necesidad de acelerar este proceso y adoptar las medidas necesarias que permitan entregar los cuerpos a sus respectivas familias en un lapso menor de tiempo, no solo en los Llanos Orientales, sino en todo el país. Medidas que quedaron plasmadas en un acuerdo suscrito en la mesa de negociaciones de La Habana, el 17 de octubre de 2015.

“La búsqueda de personas desaparecidas pasa también por develar la verdad de lo que ha sido la desaparición en el país y la responsabilidad que actores estatales han tenido en la comisión de dichos delitos”, sostuvo Diana Arango, directora de la Corporación Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial (Equitas), una de las organizaciones presentes en este informe.

El informe explica, de acuerdo con la información entregada por Fiscalía, que en el caso de los cementerios de los Llanos Orientales hay sepultadas 2.304 personas no identificadas, de las cuales se ha logrado identificar 899.186 cuerpos, por su parte, ya fueron entregados a sus familiares. El documento cuestiona que para este caso se contó con un equipo de tres fiscales que, a su vez, son los mismos que apoyan la intervención en siete cementerios priorizados en el país “bajo condiciones bastante reducidas y precarias para el desarrollo de su trabajo”.

Respecto a nivel nacional, el ente investigador informó que en los cementerios priorizados, ubicados en Cimitarra, La Plata Huila, Yarumal, Bojayá y Marsella, se exhumaron 341 cuerpos sin reporte de identificados ni de restitución a sus familias.

Medicina Legal, por su parte, sostuvo que luego de la suscripción del acuerdo en La Habana exhumó 461 cuerpos, mediante el Plan nacional de búsqueda, identificación y entrega digna de restos de personas dadas por desaparecidas por conflicto armado, en los cementerios de Bocas de Satinga (Nariño), Cimitarra (Santander), La Plata (Huila), Florencia (Caquetá), Puente Nacional (Santander), Yarumal (Antioquia) y Bojayá (Chocó). De las 461 se identificaron 29 cuerpos y se exhumó 22. Cifras que, de acuerdo con el informe, presentan información distinta aún cuando se trata de los mismos cementerios.

“Tenemos serías preocupaciones, si bien se reconoce el trabajo de la Fiscalía y de Medicina legal porque no podemos decir que no han hecho nada, seguimos teniendo problemas, por ejemplo, de coordinación y articulación (…). Unos reportan mas, otros reportan menos. Unos reportan unos cementerios, otros no”, precisa Arango quien agregó que existe un tercer actor: el Ministerio del Interior.

Arango explicó que hace cinco años esa cartera ministerial viene desarrollando un diagnóstico de los cementerios en el país. “Las respuestas que nos entregaron oficialmente, por parte de Fiscalía, Medicina Legal y Ministerio del Interior, no es claro que haya habido una articulación entre esas tres instituciones. No sabemos si ese diagnóstico que hizo el ministerio, que por cierto se gastaron más de $9.000 millones en cinco años, fueron utilizados para priorizar y seleccionar los cementerios que, por ejemplo, fueron intervenidos por Fiscalía y Medicina Legal”, agregó la directora de Equitas.

Otra preocupación que aquejan a las organizaciones de derechos humanos es que las cifras que arrojan este informe evidencia una falta de “voluntad” articulación con las víctimas, con la sociedad civil y una investigación en profundidad. En ese sentido, Arango dice que uno les preocupaciones es que se siga exhumando cuerpos “sin haber una investigación premilitar lo suficientemente seria y robusta para determinar quiénes son las personas, poderlas identificar y entregar”.

A manera de conclusión, el informe recomienda, entre otras cosas, el diseño de una política articulada, incluyendo administraciones locales, Medicina Legal y la Fiscalía, para exhumar los cuerpos lo antes posible, suspender la transferencia de recursos al Ministerio del Interior destinados al censo de cementerios y, en cambio, trasferir el presupuesto a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Además de Equitas, en el informe también participaron el Centro de Investigación y Educación Popular, Programa por la paz del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), la Corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, La Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, La Corporación Avre y la Fundación Paz y Vida.