Las interceptaciones que delatarían al excongresista José Edilberto Caicedo

El expediente que adelanta la justicia contra el excongresista José Edilberto Caicedo Sastoque es bastante parecido a muchos otros en la historia de Colombia: presunta corrupción en un contrato de obra pública cuando fue alcalde de Zipaquirá en el año 2007. Se trata de uno por $834 millones que adjudicó en su momento la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del municipio (EAAAZ) para proyectos de agua potable, alcantarillado y saneamiento. El problema es que, según documentó la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, los estudios técnicos y de suelos que soportaron ese negocio no fueron “cabalmente serios, rigurosos ni completos”, las obras quedaron inconclusas y, además, no se encontraron soportes para justificar las tres adiciones del contrato.

(En contexto: El contrato que tiene en líos al congresista José Edilberto Caicedo)

Más allá del lío contractual, del que Caicedo Sastoque se jura inocente, lo más grave de este expediente es la presunta obstrucción a la justicia del entonces representante a la Cámara por Cundinamarca. Cargo al que renunció el pasado 10 de junio, cuando la Corte le dictó medida de aseguramiento y dispuso su detención domiciliaria. El Espectador conoció las intimidades de este proceso y las interceptaciones que llevaron al alto tribunal a tomar esta determinación. “La Corte advierte la probabilidad de que en el futuro el señor Caicedo Sastoque, en libertad, pueda obstruir el ejercicio de la administración de justicia, ya que existen elementos de juicio para colegir que podría inducir a los testigos a que falten a la verdad o declaren en determinado sentido con el fin de favorecer su situación jurídica”, señala el documento en poder de este diario.

Las sospechas de la Corte empezaron el 23 de agosto de 2017, cuando Luz Stella Jiménez y José Eduardo Contreras, a la sazón gerente y subgerente operativo de la EAAAZ, respectivamente, se excusaron de comparecer como testigos a la diligencia que había programado el alto tribunal en este caso alegando compromisos laborales y razones de fuerza mayor. La pista de que algo no cuadraba la dieron, paradójicamente, el propio congresista y su defensor, quienes le informaron a la Corte esa misma mañana de agosto que tenían conocimiento de que los testigos citados no asistirían a la declaración y que ambos habían presentado unos memoriales para excusarse. El problema es que hasta ese momento la Secretaría de la Corte no había recibido documento o excusa alguna. ¿Cómo supo Caicedo Sastoque que los testigos no iban a ir?, se preguntó la Corte.

(Le puede interesar: Proceso del excongresista José Caicedo pasará de la Corte Suprema a la Fiscalía)

Con esa duda, se ordenó interceptar los teléfonos del congresista Caicedo Sastoque y de Luz Stella Jiménez y José Eduardo Contreras, quienes fueron subalternos suyos en la Alcaldía de Zipaquirá. Fue así como se descubrió que el poderoso representante a la Cámara los habría “direccionado” para pedirles que no comparecieran ante la Corte. Las interceptaciones revelaron conversaciones y contactos entre el procesado y los testigos los días 27 y 30 de octubre y 2, 8, 9 12, 13 y 14 de noviembre de 2017. En algunos de estos diálogos también intervino Saúl Orlando León, asesor jurídico del congresista en su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL). En todas esas charlas se trataron temas relacionados con las pesquisas de la Corte para determinar si José Edilberto Caicedo Sastoque habría incumplido sus deberes como primera autoridad de Zipaquirá.

“Contrario a lo afirmado por la defensa técnica, la Sala observa que tales conversaciones sí estuvieron probablemente encaminadas a inducir a los testigos a comportarse de manera desleal o reticente o, cuando menos, a obstaculizar el debido ejercicio de la justicia”, advierte la Corte. El 30 de octubre de 2017, por ejemplo, la exgerente de la EAAAZ llamó al congresista Caicedo Sastoque para referirle que le llegó un nuevo llamado del alto tribunal para que diera su testimonio. “Es que le quería comentar un tema, revisé mi correo, me mandaron el oficio que estaba pendiente (…) Sumercé me dirá qué hago”, le dice Jiménez a Caicedo Sastoque, quien le responde que va a hablar con su abogado primero. Para el alto tribunal, esta charla revela el grado de subordinación de la declarante con el parlamentario investigado y, además, que era el defensor de Caicedo Sastoque el que “decidía si la testigo debía comparecer o no ante la Corte”.

El 2 de noviembre de 2017, Saúl León, asesor del congresista, llamó al otro testigo, José Eduardo Contreras, exsubgerente de la EAAAZ. Allí Contreras se quejó de que no le habían entregado las declaraciones que habían rendido otros dos testigos en el caso y que él había hecho aplazar su testimonio justamente para saber eso. “Al fin no me pasaron nada de lo que dijo Luis Carlos, ni Gloria Leticia”, se queja Contreras, a lo que le responde Saúl León: “¿Y sumercé dónde está mañana? Yo hablo con él y me entregará los documentos que requiera estudiar”. Contreras contesta: “La vez pasada aplazamos (la diligencia), porque la idea era que fueran Luis Carlos y Gloria Leticia, y yo supiera lo que decían, pero igual ellos fueron y yo nunca supe nada”. Entonces León le dice: “Ahí sí me toca hablar con el doctor (Ernesto) Espinosa, porque la idea era una reunión previa para eso”.

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Para la Corte, Saúl León ofició como “razonero” de su jefe, el congresista José Edilberto Caicedo, quien, según esta conversación, había llegado a un acuerdo con el testigo Contreras para hacerle llegar las versiones que habían dado en este proceso los testigos Gloria Leticia Mogollón y Luis Carlos Sánchez. Para el alto tribunal, todo indica que, con ese conocimiento privilegiado, la exgerente y el exsubgerente de la EAAAZ pretendían ajustar sus versiones y excluir al representante de toda responsabilidad. En otra charla del 8 de noviembre de 2017, Luz Stella Jiménez llama al congresista para pedirle el teléfono de Saúl León, su asesor en la UTL. Caicedo se lo da y luego ella le pregunta: “¿Cualquier cosa con sumercé por acá (por este teléfono), mejor con él?”. A lo que Caicedo le responde: “No, no se puede”.

La exgerente le refiere a Caicedo que Saúl León no la había llamado la noche anterior para “definirle” un asunto y que ella tenía un viaje pendiente. El representante le contesta muy enterado: “No, hoy no es la audiencia, es según creo el 24”. Al respecto de la charla, la Corte asegura que es evidente la prevención de Luz Stella Jiménez y Caicedo Sastoque de hablar por teléfono porque presumen que están siendo escuchados y que Saúl León tenía que comunicarse con urgencia con la testigo antes de que ella diera su testimonio en la Corte. Efectivamente, dicho encuentro se dio el jueves 9 de noviembre de 2017, es decir, al día siguiente de la charla entre Jiménez y Caicedo. Ese día el asesor de la UTL del representante, Saúl León se desplazó hasta la casa de la exgerente de la EAAAZ. Al parecer, el objetivo era “cuadrar” su relato.

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Así se evidencia en una última interceptación ocurrida el 14 de noviembre de 2017. El mismo día en que la testigo Luz Stella Jiménez había sido citada ante la Corte para ampliar su declaración. A las 6:39 de la mañana, Saúl León la llamó:

—Doctora, buenos días, habla con Saúl. ¿Cómo va?

—Bien, sumercé no me escribió anoche nada.

—¿Recuerda que nosotros habíamos quedado que nos veíamos temprano, que nos encontrábamos antes de la diligencia?

—No, sí, pero quedó que usted me confirmaba.

—No se preocupe, tranquila, ¿a qué horas más o menos cree que está por aquí?

—8:30 a. m. por tarde.

—Bueno, no se afane, ya mismo le aviso al doctor Caicedo.

—¿Qué hago, a dónde llego?

—Acá al centro, donde tiene la diligencia, cuando esté llegando nos encontramos, ¿vale?

—Ah, bueno, ahí en un OMA.

Para la Corte es inaceptable que en medio de un expediente así de delicado, el hoy excongresista José Edilberto Caicedo, directamente o a través de un intermediario, tenga contacto con los testigos en su caso. “No es de ningún modo admisible que el procesado hubiera mantenido contacto permanente con los testigos para coordinar la comparecencia de los mismos a las diligencias y, al parecer, para direccionar el contenido de las declaraciones juradas, como se infiere en principio del contenido de las interceptaciones ya reseñadas”, explicó el alto tribunal. Aún más, la Corte constató que en varias llamadas más salió a relucir que el procesado buscó afanosamente un encuentro con los testigos antes de que ellos fueran a declarar ante la justicia, “incurriendo así en un proceder inadmisible” y en un “escenario de manipulación de testigos”.

Las explicaciones de José Edilberto Caicedo le resultaron exóticas a la Corte. Según dijo, el objetivo de sus contactos con los testigos era asegurar su comparecencia ante la justicia. Es más, en su indagatoria, el propio Caicedo Sastoque comete el siguiente lapsus que transcribe el alto tribunal: “Las llamadas que yo le hago al doctor Eduardo (Contreras) son absolutamente previas a la audiencia, son llamadas faltando dos meses, para que él se reúna conmigo y miremos qué vamos a organizar de lo que él tiene que decir”. Y, para rematar, sobre el encuentro de Saúl León, subalterno de Caicedo, y la testigo Jiménez, el 14 de noviembre de 2017 en un OMA del centro de Bogotá, para la Corte es obvio que lo que se pretendió fue organizar un relato favorable al representante, quien negó haber asistido a ese encuentro.

“La secuencia de los diálogos permite concluir que el asesor jurídico del aforado, Saúl Orlando León Cagua, cumplió la función de servir de puente de comunicación o razonero entre el procesado y los testigos (era él quien por delegación del congresista los llamaba y concertaba las citas), y que el motivo de las reuniones era, desde luego, en el terreno de las probabilidades, acordar la forma como debían declarar en esta actuación”, concluyó la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Con otra particularidad: a los testigos se les preguntó si antes de sus versiones habían tenido contactos con el representante Caicedo Sastoque, y ambos lo negaron. Pero las interceptaciones revelaron la verdad. Por eso, la Corte compulsó copias para investigar si los testigos Jiménez y Contreras y el asesor de Caicedo Saúl León se concertaron para burlar a la justicia.

Además, tanto Jiménez como Contreras serán investigados por las irregularidades en el contrato del año 2007. Hoy José Edilberto Caicedo Sastoque ya no es congresista. Renunció el pasado 10 de junio, cuando la Corte le notificó su medida de aseguramiento y ordenó su detención domiciliaria. Tras perder su fuero, la Corte no tuvo más remedio que enviar este caso a la Fiscalía. Allí deberá continuarse este expediente y un fiscal determinará si acusa o no a Caicedo Sastoque ante un juez de los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación. El Espectador se comunicó con el exrepresentante, quien sostuvo que por respeto a la justicia prefería no dar declaraciones. Allegados suyos, sin embargo, señalaron que está tranquilo, que defenderá su inocencia con uñas y dientes, y que no tienen duda de que saldrá avante.

El expediente que adelanta la justicia contra el excongresista José Edilberto Caicedo Sastoque es bastante parecido a muchos otros en la historia de Colombia: presunta corrupción en un contrato de obra pública cuando fue alcalde de Zipaquirá en el año 2007. Se trata de uno por $834 millones que adjudicó en su momento la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del municipio (EAAAZ) para proyectos de agua potable, alcantarillado y saneamiento. El problema es que, según documentó la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, los estudios técnicos y de suelos que soportaron ese negocio no fueron “cabalmente serios, rigurosos ni completos”, las obras quedaron inconclusas y, además, no se encontraron soportes para justificar las tres adiciones del contrato.

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Más allá del lío contractual, del que Caicedo Sastoque se jura inocente, lo más grave de este expediente es la presunta obstrucción a la justicia del entonces representante a la Cámara por Cundinamarca. Cargo al que renunció el pasado 10 de junio, cuando la Corte le dictó medida de aseguramiento y dispuso su detención domiciliaria. El Espectador conoció las intimidades de este proceso y las interceptaciones que llevaron al alto tribunal a tomar esta determinación. “La Corte advierte la probabilidad de que en el futuro el señor Caicedo Sastoque, en libertad, pueda obstruir el ejercicio de la administración de justicia, ya que existen elementos de juicio para colegir que podría inducir a los testigos a que falten a la verdad o declaren en determinado sentido con el fin de favorecer su situación jurídica”, señala el documento en poder de este diario.

Las sospechas de la Corte empezaron el 23 de agosto de 2017, cuando Luz Stella Jiménez y José Eduardo Contreras, a la sazón gerente y subgerente operativo de la EAAAZ, respectivamente, se excusaron de comparecer como testigos a la diligencia que había programado el alto tribunal en este caso alegando compromisos laborales y razones de fuerza mayor. La pista de que algo no cuadraba la dieron, paradójicamente, el propio congresista y su defensor, quienes le informaron a la Corte esa misma mañana de agosto que tenían conocimiento de que los testigos citados no asistirían a la declaración y que ambos habían presentado unos memoriales para excusarse. El problema es que hasta ese momento la Secretaría de la Corte no había recibido documento o excusa alguna. ¿Cómo supo Caicedo Sastoque que los testigos no iban a ir?, se preguntó la Corte.

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Con esa duda, se ordenó interceptar los teléfonos del congresista Caicedo Sastoque y de Luz Stella Jiménez y José Eduardo Contreras, quienes fueron subalternos suyos en la Alcaldía de Zipaquirá. Fue así como se descubrió que el poderoso representante a la Cámara los habría “direccionado” para pedirles que no comparecieran ante la Corte. Las interceptaciones revelaron conversaciones y contactos entre el procesado y los testigos los días 27 y 30 de octubre y 2, 8, 9 12, 13 y 14 de noviembre de 2017. En algunos de estos diálogos también intervino Saúl Orlando León, asesor jurídico del congresista en su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL). En todas esas charlas se trataron temas relacionados con las pesquisas de la Corte para determinar si José Edilberto Caicedo Sastoque habría incumplido sus deberes como primera autoridad de Zipaquirá.

“Contrario a lo afirmado por la defensa técnica, la Sala observa que tales conversaciones sí estuvieron probablemente encaminadas a inducir a los testigos a comportarse de manera desleal o reticente o, cuando menos, a obstaculizar el debido ejercicio de la justicia”, advierte la Corte. El 30 de octubre de 2017, por ejemplo, la exgerente de la EAAAZ llamó al congresista Caicedo Sastoque para referirle que le llegó un nuevo llamado del alto tribunal para que diera su testimonio. “Es que le quería comentar un tema, revisé mi correo, me mandaron el oficio que estaba pendiente (…) Sumercé me dirá qué hago”, le dice Jiménez a Caicedo Sastoque, quien le responde que va a hablar con su abogado primero. Para el alto tribunal, esta charla revela el grado de subordinación de la declarante con el parlamentario investigado y, además, que era el defensor de Caicedo Sastoque el que “decidía si la testigo debía comparecer o no ante la Corte”.

El 2 de noviembre de 2017, Saúl León, asesor del congresista, llamó al otro testigo, José Eduardo Contreras, exsubgerente de la EAAAZ. Allí Contreras se quejó de que no le habían entregado las declaraciones que habían rendido otros dos testigos en el caso y que él había hecho aplazar su testimonio justamente para saber eso. “Al fin no me pasaron nada de lo que dijo Luis Carlos, ni Gloria Leticia”, se queja Contreras, a lo que le responde Saúl León: “¿Y sumercé dónde está mañana? Yo hablo con él y me entregará los documentos que requiera estudiar”. Contreras contesta: “La vez pasada aplazamos (la diligencia), porque la idea era que fueran Luis Carlos y Gloria Leticia, y yo supiera lo que decían, pero igual ellos fueron y yo nunca supe nada”. Entonces León le dice: “Ahí sí me toca hablar con el doctor (Ernesto) Espinosa, porque la idea era una reunión previa para eso”.

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Para la Corte, Saúl León ofició como “razonero” de su jefe, el congresista José Edilberto Caicedo, quien, según esta conversación, había llegado a un acuerdo con el testigo Contreras para hacerle llegar las versiones que habían dado en este proceso los testigos Gloria Leticia Mogollón y Luis Carlos Sánchez. Para el alto tribunal, todo indica que, con ese conocimiento privilegiado, la exgerente y el exsubgerente de la EAAAZ pretendían ajustar sus versiones y excluir al representante de toda responsabilidad. En otra charla del 8 de noviembre de 2017, Luz Stella Jiménez llama al congresista para pedirle el teléfono de Saúl León, su asesor en la UTL. Caicedo se lo da y luego ella le pregunta: “¿Cualquier cosa con sumercé por acá (por este teléfono), mejor con él?”. A lo que Caicedo le responde: “No, no se puede”.

La exgerente le refiere a Caicedo que Saúl León no la había llamado la noche anterior para “definirle” un asunto y que ella tenía un viaje pendiente. El representante le contesta muy enterado: “No, hoy no es la audiencia, es según creo el 24”. Al respecto de la charla, la Corte asegura que es evidente la prevención de Luz Stella Jiménez y Caicedo Sastoque de hablar por teléfono porque presumen que están siendo escuchados y que Saúl León tenía que comunicarse con urgencia con la testigo antes de que ella diera su testimonio en la Corte. Efectivamente, dicho encuentro se dio el jueves 9 de noviembre de 2017, es decir, al día siguiente de la charla entre Jiménez y Caicedo. Ese día el asesor de la UTL del representante, Saúl León se desplazó hasta la casa de la exgerente de la EAAAZ. Al parecer, el objetivo era “cuadrar” su relato.

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Así se evidencia en una última interceptación ocurrida el 14 de noviembre de 2017. El mismo día en que la testigo Luz Stella Jiménez había sido citada ante la Corte para ampliar su declaración. A las 6:39 de la mañana, Saúl León la llamó:

—Doctora, buenos días, habla con Saúl. ¿Cómo va?

—Bien, sumercé no me escribió anoche nada.

—¿Recuerda que nosotros habíamos quedado que nos veíamos temprano, que nos encontrábamos antes de la diligencia?

—No, sí, pero quedó que usted me confirmaba.

—No se preocupe, tranquila, ¿a qué horas más o menos cree que está por aquí?

—8:30 a. m. por tarde.

—Bueno, no se afane, ya mismo le aviso al doctor Caicedo.

—¿Qué hago, a dónde llego?

—Acá al centro, donde tiene la diligencia, cuando esté llegando nos encontramos, ¿vale?

—Ah, bueno, ahí en un OMA.

Para la Corte es inaceptable que en medio de un expediente así de delicado, el hoy excongresista José Edilberto Caicedo, directamente o a través de un intermediario, tenga contacto con los testigos en su caso. “No es de ningún modo admisible que el procesado hubiera mantenido contacto permanente con los testigos para coordinar la comparecencia de los mismos a las diligencias y, al parecer, para direccionar el contenido de las declaraciones juradas, como se infiere en principio del contenido de las interceptaciones ya reseñadas”, explicó el alto tribunal. Aún más, la Corte constató que en varias llamadas más salió a relucir que el procesado buscó afanosamente un encuentro con los testigos antes de que ellos fueran a declarar ante la justicia, “incurriendo así en un proceder inadmisible” y en un “escenario de manipulación de testigos”.

Las explicaciones de José Edilberto Caicedo le resultaron exóticas a la Corte. Según dijo, el objetivo de sus contactos con los testigos era asegurar su comparecencia ante la justicia. Es más, en su indagatoria, el propio Caicedo Sastoque comete el siguiente lapsus que transcribe el alto tribunal: “Las llamadas que yo le hago al doctor Eduardo (Contreras) son absolutamente previas a la audiencia, son llamadas faltando dos meses, para que él se reúna conmigo y miremos qué vamos a organizar de lo que él tiene que decir”. Y, para rematar, sobre el encuentro de Saúl León, subalterno de Caicedo, y la testigo Jiménez, el 14 de noviembre de 2017 en un OMA del centro de Bogotá, para la Corte es obvio que lo que se pretendió fue organizar un relato favorable al representante, quien negó haber asistido a ese encuentro.

“La secuencia de los diálogos permite concluir que el asesor jurídico del aforado, Saúl Orlando León Cagua, cumplió la función de servir de puente de comunicación o razonero entre el procesado y los testigos (era él quien por delegación del congresista los llamaba y concertaba las citas), y que el motivo de las reuniones era, desde luego, en el terreno de las probabilidades, acordar la forma como debían declarar en esta actuación”, concluyó la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Con otra particularidad: a los testigos se les preguntó si antes de sus versiones habían tenido contactos con el representante Caicedo Sastoque, y ambos lo negaron. Pero las interceptaciones revelaron la verdad. Por eso, la Corte compulsó copias para investigar si los testigos Jiménez y Contreras y el asesor de Caicedo Saúl León se concertaron para burlar a la justicia.

Además, tanto Jiménez como Contreras serán investigados por las irregularidades en el contrato del año 2007. Hoy José Edilberto Caicedo Sastoque ya no es congresista. Renunció el pasado 10 de junio, cuando la Corte le notificó su medida de aseguramiento y ordenó su detención domiciliaria. Tras perder su fuero, la Corte no tuvo más remedio que enviar este caso a la Fiscalía. Allí deberá continuarse este expediente y un fiscal determinará si acusa o no a Caicedo Sastoque ante un juez de los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación. El Espectador se comunicó con el exrepresentante, quien sostuvo que por respeto a la justicia prefería no dar declaraciones. Allegados suyos, sin embargo, señalaron que está tranquilo, que defenderá su inocencia con uñas y dientes, y que no tienen duda de que saldrá avante.