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Pese a que no se tiene establecido la cantidad de menores de edad que ha reclutado el Ejército de Liberación Nacional (Eln) en el marco del conflicto armado, la Fiscalía tiene abiertas un poco más de tres investigaciones que dan cuenta de la comisión de este delito por parte de la estructura guerrillera que, en los últimos días, ha dado luces de sentarse a dialogar de paz con el actual Gobierno.
Durante el fin de semana Antonio García, jefe del Eln, a través de su cuenta de Twitter anunció que: “El ELN no realiza reclutamiento de combatientes para sus estructuras guerrilleras. Todo ingreso a nuestras filas es voluntario, a solicitud del interesado; jamás se obliga a nadie a incorporarse”, dijo en un hilo de trinos que hoy desaparecieron porque su cuenta se encuentra suspendida.
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El jefe de la estructura guerrillera sobre quien se mantiene suspendidas las órdenes de captura y extradición, y quien ha tenido acercamientos en La Habana, Cuba, con delegados del Gobierno de Petro, dijo también que todo ingreso al grupo subversivo se hace por motivaciones políticas, por “la causa” de los pobres, los humildes y los más necesitados.
Resaltó que el Derecho Internacional Humanitario (DIH) establece que no se puede incorporar en las filas de la guerra a menores de 15 años, y que el grupo que comanda lo hace con mayores de 16. Pese a esa interpretación, la Fiscalía tiene alrededor de tres investigaciones en contra del Comando Central del Eln precisamente por ese delito.
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En mayo de 2016, desde el búnker abrieron una investigación contra cinco jefes del COCE como responsables de 15.896 crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. En la lupa de las autoridades, precisamente, estaba Antonio García. En ese entonces, el fiscal (e) Jorge Perdomo dijo que los miembros del grupo venían cometiendo delitos relacionados con el feminicidio, el reclutamiento forzado, el secuestro, el homicidio, la violencia basada en género y desplazamiento forzado, entre otros.
Para el exfuncionario esas prácticas se convirtieron en una situación sistemática por lo que identificaron y perfilaron a cada uno de los comandantes del Eln que tenían en su actuar esos delitos. En febrero de 2018, la Fiscalía logró órdenes de captura en contra de varios miembros de esta guerrilla por el reclutamiento de 97 menores de edad.
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En esta investigación, una vez más aparece el nombre de Antonio García y siete personas más. En el búnker reposa que son los presuntos responsables de reclutar 31 niñas y 66 niños, de los cuales 41 víctimas hacían parte de las comunidades indígenas Embera, Awá Kwaiker, Uwa y Waunan, mientras que 12 son afrocolombianos, quienes habrían sido obligados a abandonar sus hogares e ingresar a distintas estructuras armadas.
Los casos, en esa época, se concentraron en Chocó, Arauca, Bolívar, Nariño, Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Casanare, Santander, Boyacá, La Guajira y Córdoba. Para agosto del mismo año, la Fiscalía volvió alertar sobre esa práctica: “El ELN siguen reclutando menores de edad”, dijeron a través de un comunicado. En esta ocasión, las cuentas de los investigadores llegaron a 121 niños reclutados, y a comparación de lo que dijo Antonio Guerra, hubo reporte que el reclutamiento se hizo con menores entre los 7 y los 17 años.
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Esta vez la investigación fue en contra de 16 personas, entre ellos, García. En ese entonces, la Fiscalía dijo que los menores se encontraban que se encontraban en edad escolar pasaron de portar cuadernos a cargar armas de largo alcance, realizar guardias interminables, marchas forzadas, y al cuidado de secuestrados. En ese entonces, un fiscal especializado explicó que el reclutamiento se registró en Arauca, Norte de Santander, Cauca, Antioquia, Sur de Bolívar y Chocó.
Los frentes que reclutaron a estos menores son:
1. Frente de Guerra Oriental
· Niños: 17
· Niñas: 9
2. Frente de Guerra Nororiental
· Niños: 8
· Niñas: 2
2. Frente de Guerra Occidental y Darío de Jesús Ramírez Castro
· Niños: 26
· Niñas: 18
4. Frente de Guerra Suroccidental
· Niños: 21
· Niñas: 20
Aunque en la Fiscalía reposan estas investigaciones, hace unas semanas el presidente Gustavo Petro anunció que se suspendía toda solicitud judicial sobre los cabecillas del grupo guerrillero que están en negociación de paz. El fiscal Francisco Barbosa acogiendo la directriz del jefe de Estado, días después emitió una resolución en la que suspende órdenes de captura por tres meses.
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