Las millonarias “operaciones sospechosas” que involucran a la familia de Gina Parody

Aunque la exministra Gina Parody ha mantenido un bajo perfil desde que terminó envuelta en las investigaciones por la corrupción de Odebrecht en Colombia, los negocios de su familia, dedicada al sector del transporte marítimo, no han escapado del radar de las autoridades. Operaciones por miles de millones de pesos y la compra de un apartamento en una exclusiva zona de Miami (Estados Unidos) fueron calificadas como “operaciones sospechosas” en un documento elaborado por una entidad que se encarga de prevenir y detectar el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

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La Fiscalía tiene conocimiento del informe hace tres años, pero la investigación no despega. En contraste, el expediente contra la exministra podría dar resultados pronto. Todo comenzó con el expediente de Odebrecht. En particular, con la adición que hizo el Estado para entregarles a esta compañía y sus socios el contrato con el que se construyó la carretera entre Ocaña (Norte de Santander) y Gamarra (Cesar). Además, para entonces la ministra de Transporte era Cecilia Álvarez, pareja de Gina Parody.

Eso estaba investigando Leonardo Espinosa, fiscal ad hoc del caso Odebrecht, cuando en 2019 le pidió a la Unidad de Investigación y Análisis Financiero (UIAF), adscrita al Ministerio de Hacienda, que les pusiera la lupa a las finanzas de una serie de empresas que tenían interés en el puerto Andalucía, en Gamarra. Esta entidad no puede hacer investigaciones formales, pero puede acceder a información de la DIAN y de bancos para emitir alertas. El objetivo era revisar si había movimientos extraños en sociedades vinculadas a la Sociedad Portuaria de Cartagena. Aunque Espinosa salió de la investigación ese mismo año, el informe alcanzó a llegar a sus manos, pero ha permanecido oculto en anaqueles de la Fiscalía... hasta ahora.

El apartamento en Miami

Uno de los principales hallazgos de la UIAF es que, en 2017, Luis Alfredo Parody Bermúdez, padre de la exministra, terminó siendo dueño de una propiedad de US$1 millón en Miami a través de una maniobra que el informe califica de “operación sospechosa”. El papá de los cuatro hermanos Parody se hizo con un apartamento en el complejo Grand Bay, justo al lado del hotel cinco estrellas Ritz-Carlton, en el lujoso sector de Key Biscayne en Florida. Lo que llamó la atención de los investigadores, según el documento, es que los $3.442 millones con los que se pagó esa propiedad no salieron de sus cuentas ni de empresas de las que fuera socio.

El informe asegura que el dinero salió de la sociedad Arganeo SAS. Esta compañía le transfirió esa suma a la Fundación Mesa Velásquez, una organización sin ánimo de lucro ya liquidada. Y esta fundación, a su vez, le pagó a la agencia Samforth Investments, que le entregó el apartamento a Parody. En el papel, Arganeo SAS dejó registro de que se trataba de un préstamo a uno de sus socios. Sin embargo, la UIAF alertó: “No se logró identificar que el señor Luis Alfredo Parody Bermúdez sea socio de estas empresas”. Además, que al año siguiente Arganeo SAS no reportó ese supuesto préstamo en sus cuentas por cobrar ni en sus activos, aunque sí registró un incremento en sus ingresos.

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Al revisar registros públicos, este diario encontró que la representante legal suplente de Arganeo SAS es Linda Paola Triviño León, quien se presenta en redes sociales como abogada. Según registros de la Cámara de Comercio, esta mujer está también en la junta directiva de Cía. Transportadora, la empresa que tradicionalmente ha pertenecido a la familia Parody y de la cual, hasta hoy, es representante legal Luis Alfredo Parody Bermúdez. Ante la Cámara de Comercio de Bogotá, Arganeo SAS y Cía. Transportadora reportaron la misma dirección en Bogotá. Además, Triviño registra en sus redes que trabaja en Frontier Liner Services en Miami que, según La Silla Vacía, hace parte del conglomerado de los Parody.

Ahora bien, en registros públicos no queda claro cuál es el vínculo que pudo tener la Fundación Mesa Velásquez con Arganeo SAS o los Parody. Lo que sí queda claro es que fue creada en Medellín en 2001 con el objeto de “velar por el bienestar de la familia Mesa Velásquez”. La sociedad estaba conformada por nueve familiares con esos apellidos y, según información pública, al menos dos de ellos ya fallecieron. También, según registros de la Cámara de Comercio, la fundación fue disuelta y liquidada en 2018, el año siguiente a que entraran a sus cuentas los $3.442 millones que luego terminaron pagando por el apartamento de Luis Alfredo Parody en Miami.

Las otras “operaciones sospechosas”

Si bien la UIAF no logró identificar que el padre de Gina Parody fuera socio de la empresa Arganeo SAS, sí hizo otro hallazgo sobre esta empresa que le llamó la atención. En 2016, 2017 y 2018 esta compañía le pagó miles de millones de pesos a Luis Alfredo Parody Bermúdez por concepto de “participación o dividendos o abono en cuenta”. Entre los tres años, el empresario recibió $9.389 millones. Sin embargo, el documento alerta: “Al consultar los expedientes o soportes de la empresa Arganeo SAS en el Registro Único Empresarial, DIAN y Supersociedades no se logró identificar que el señor Luis Alfredo Parody Bermúdez participara como socio de esta empresa”.

Los hallazgos de la UIAF no se limitan a esa sociedad. En las conclusiones del informe se relacionan al menos otras cinco sociedades que tienen alguna relación con la familia Parody: Egeo I SAS, Sextante Inversiones Portuarias, Kompass Rose SAS, Inversiones Mobex SAS e Inversiones Cangrejo Azul. La alerta de operación sospechosa dice sobre estas empresas: “En el análisis de su información exógena no se evidencia claramente que estén ejecutando su objeto social; se identifica que gran parte de sus costos o ingresos los realizan por el concepto de ‘ingresos o pagos por participación o dividendos exigibles’ entre las mismas empresas relacionadas en el informe”.

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El informe de la UIAF recoge tres hallazgos adicionales. En primer lugar, que estas empresas registran a un mismo grupo de personas que se rotan entre sí los roles de representantes legales, miembros de juntas directivas o socios. En segundo lugar, algunos de los socios son miembros de la familia Parody o personas que tienen otro rol en alguna de las empresas sobre las que se emitió la alerta. Y, en tercer lugar, que en estas compañías se registran ingresos por “pagos por participación o dividendos”, pero cuando la UIAF corroboró con la contraparte que supuestamente pagó, explicó que esos egresos no se reflejaron en las cuentas. Al respecto, el documento resalta una grave consideración: “Posiblemente sean operaciones simuladas”.

Por ejemplo, registros de la Cámara de Comercio dan cuenta de que en el primer renglón de la junta directiva de Egeo I SAS aparece Manuel Parody D’Echeona, empresario y hermano de la exministra Gina Parody. El representante legal suplente es Andrés Quintero Múnera, quien también está en el segundo renglón de la junta directiva. El objeto social de esta sociedad es “el desarrollo de cualquier actividad lícita”. Además, en diciembre de 2014, Egeo registró ante la Cámara de Comercio de Bogotá que se dividió y transfirió parte de su patrimonio a Arganeo SAS, Sextante Inversiones Portuarias y Kompass Rose SAS.

En el caso de Sextante Inversiones Portuarias SAS, de nuevo aparece un nombre ya mencionado en esta historia: Linda Paola Triviño León. Además de tener el cargo de representante legal suplente, su correo electrónico aparece registrado ante la Cámara de Comercio de Bogotá como el contacto de esta empresa. En los registros públicos la empresa registra, además, que tiene matriculado a su nombre un establecimiento de comercio con el nombre “Egeo L. A.” ubicado en la misma dirección en la que quedan las oficinas de Cía. Transportadora en Bogotá, compañía que, como se dijo, tradicionalmente ha sido de la familia Parody.

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Otro nombre que se repite entre las empresas es el de Andrés Quintero Múnera, quien aparece como representante legal suplente de Inversiones Mobex SAS, registrada en la Cámara de Comercio de Cali. El objeto de esta sociedad es “ostentar la titularidad de acciones de la sociedad portuaria regional de Cartagena S. A. y de la sociedad Cartagena II S. A”. Quintero Múnera aparece, una vez más, en la junta directiva y como quinto suplente del representante legal de Cía. Transportadora. También se repite el nombre de Jairo Larrotta, cuyo correo aparece como contacto de Cía. Transportadora ante la Cámara de Comercio y a su vez figura como revisor fiscal de Egeo I.

¿Hay vínculo con Odebrecht?

La UIAF alertó finalmente “vínculos” de estas empresas con William Monroy Victoria y Andrés Flórez Villegas, “abogados, quienes están relacionados con el tema de Odebrecht”. Flórez Villegas, por ejemplo, fue abogado de Corficolombiana ante el tribunal de arbitramento que declaró nulo el contrato de la Ruta del Sol 2, en 2019. Pero más allá de esa mención y del origen mismo del informe, no hay una relación explícita con el caso de la corrupta empresa brasileña. Ahora bien, desde 2017 se ha denunciado que la Sociedad Portuaria de Cartagena se vio beneficiada con la construcción del tramo Ocaña-Gamarra. Un contrato que, como comprobó la justicia, se entregó a Odebrecht y sus socios con coimas.

Precisamente por esos hechos son investigadas Gina Parody y Cecilia Álvarez, quienes han negado cualquier irregularidad y en dos ocasiones ya han pedido que el caso se cierre. Pero la Fiscalía ya dos veces les ha dicho que no y, de hecho, dos fuentes cercanas al expediente le dijeron a este diario que, en febrero de 2023, el ente investigador citaría a las exministras a imputación de cargos. Correos filtrados por el grupo de hackers Guacamaya, a los que tuvo acceso este diario a través de la plataforma Distributed Denial of Secrets, dan cuenta de movimientos recientes en el expediente. En caso de darse la diligencia, se convertirían en las funcionarias de más alto cargo en ser vinculadas al escándalo.

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“La ministra que más tuvo que ver fue Cecilia, porque ella era ministra de Transporte”, escribió la fiscal del caso en uno de los correos filtrados, enviado en febrero de 2022, en el que les informaba a sus jefes del avance de las investigaciones. La teoría del caso de esta fiscal, que investiga a una decena de funcionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) es: “Obviamente ellos pensaban hacerse a las tres vías, hacerse a la vía ferroviaria (porque a Gamarra llega carbón en trenes), hacerse a la navegabilidad del río Magdalena (contrato que ya tenía Odebrecht) y a que le llegara vía terrestre a su puerto (con el tramo Ocaña-Gamarra)”.

En abril de este año, la Procuraduría dejó en firme la absolución a favor de las exministras Gina Parody y Cecilia Álvarez por el caso Odebrecht. En un fallo de segunda instancia, el Ministerio Público señaló que ninguna incurrió en conflicto de intereses al participar del Conpes 3578 de 2013, que discutió planes para recuperar la navegabilidad del río Magdalena, y el Conpes 3571, que declaraba de importancia estratégica el proyecto vial Autopista Ruta del Sol; los mismos hechos por los que son investigadas en la Fiscalía.

La Procuraduría determinó que ni Álvarez ni Parody lideraban sus respectivas carteras durante la época en que se elaboraron los dos Conpes, previo al establecimiento de estaciones de peaje en la transversal Río de Oro-Aguaclara-Gamarra. “El Ministerio Público comprobó que miembros de la familia Parody D’Echeona no eran parte de la sociedad que solicitó la concesión de puerto fluvial de Gamarra, ni de la beneficiaria de ella, como tampoco de las que la integraban”, señaló la Procuraduría. En contraste, el ente investigador sigue adelante con sus pesquisas.

Uno de los testigos que la Fiscalía presentaría contra las exministras sería el excongresista Otto Bula, lobista de Odebrecht ya condenado. En los correos filtrados también reposa un borrador de un nuevo principio de oportunidad que la Fiscalía negociaba con Bula, quien se había comprometido a “dar cuenta del interés que tenía Cecilia Álvarez en el otrosí 6”, con el que se hizo la adición de Ocaña-Gamarra al contrato de la Ruta del Sol 2; así como de la supuesta reubicación de personal que habría hecho la exministra para agilizar esa gestión, de cómo ella habría ignorado un concepto del Consejo de Estado que le advertía que no podía adjudicar ese contrato con un otrosí y del interés de Odebrecht en la obra.

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A una conclusión similar había arribado el fiscal ad hoc Leonardo Espinosa, quien desde 2019 dejó listo el escrito de imputación en contra de las exfuncionarias. A su juicio, las exministras debieron declararse impedidas para aprobar el Conpes que declaró que Ocaña-Gamarra era un proyecto estratégico. En su lugar, votaron a favor de esa proposición, como lo hicieron todos los ministros del gobierno Santos, incluyendo al exfiscal Néstor Humberto Martínez, entonces ministro de la Presidencia. Según supo este diario, al menos desde agosto la Fiscalía tiene lista una nueva imputación en la que incluiría todos estos hechos y les imputaría a Álvarez y Parody, además, el delito de concierto para delinquir.

El propio Martínez mencionó esta semana el caso de Odebrecht. Según una carta de su puño y letra, existe un complot orquestado para enredarlos a él y a otros funcionarios en el manejo del caso Odebrecht. El exfiscal general denunció ante las autoridades de Estados Unidos que funcionarios judiciales como el fiscal Daniel Hernández, asignado a las más delicadas investigaciones en su administración, habían recibido presiones para declarar contra él. Justo esta misma semana, la Fiscalía le imputó cargos al fiscal Hernández por supuestamente amenazar a Otto Bula y por una omisión que habría permitido que directivos de la constructora brasileña se fugaran.

Por lo que supo este diario, la Fiscalía de Barbosa tampoco ha hecho mucho por determinar si hay una relación entre el reporte de operaciones sospechosas de la UIAF y los movimientos de Odebrecht en Colombia. El informe financiero dio pie a que desde 2019 se abriera una indagación en una fiscalía de lavado de activos, proceso que sigue activo, pero en el que no ha habido mayores movimientos. Este diario se contactó con las empresas mencionadas y con la exministra Parody para conocer la explicación que ella y su familia pudieran dar de estos movimientos financieros sospechosos, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.

Nota de la editora: Este artículo se acualizó luego de publicado para agregar un fragmento del texto que solo salió en la edición impresa en el que contamos que las exministras fueron absueltas por la Procuraduría en abril de este año.