Las movidas del exfiscal Luis Gustavo Moreno en el Congreso
Entre 2011 y 2016, el penalista asesoró a la Comisión de Acusaciones por contratos que valían poco. ¿Buscaba Moreno acceso a información privilegiada?
David Escobar Moreno
Aunque aún no se tiene fecha, ya está establecido que el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno tendrá que comparecer ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para declarar sobre los expresidentes de la Corte Suprema Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte, con respecto a la indagación preliminar que se adelanta contra ellos por presuntos hechos de corrupción. El origen de este proceso son las evidencias que la Fiscalía recibió de los Estados Unidos, que supuestamente confirman que estos tres hombres afectaron “la administración de justicia” al haber conformado una red de corrupción que “arreglaba” casos a cambio de dinero.
(Le podría interesar: El embajador de la India, de la justicia)
Las pruebas, anunciadas por el propio fiscal general la semana pasada y aportadas por la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA), serían las conversaciones que habrían mantenido Luis Gustavo Moreno, su socio, el abogado Leonardo Luis Pinilla y el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus. Según las grabaciones, el exfiscal y Pinilla habrían solicitado dinero al exmandatario de Córdoba con el fin de desviar las investigaciones que se adelantan en su contra por malversación de recursos públicos. Moreno habría tratado de finiquitar el soborno en Miami, donde vive Lyons desde abril de este año. Ahora Moreno es investigado tanto en Colombia como en Estados Unidos, que ya lo pidió en extradición.
El Espectador conoció que cuando Moreno y Pinilla negociaban con el exgobernador Lyons, ellos dos presentaban un dossier de “casos de éxito” en la Corte Suprema en los que aseguraban haber incidido, incluyendo en la “oferta” una red de contactos en la Fiscalía y en la Corte que los ayudaba a mantener estos resultados. En las conversaciones también se habla de que por estos servicios cobraban de $1.000 a $3.000 millones, pagos que, en su mayoría, se hacían fuera del país y luego terminaban depositados en paraísos fiscales. Ahora la Corte y la Fiscalía revisan con lupa los nombres de varias personas que fueron mencionadas en estas reuniones, además de los exmagistrados.
Dos días después de que el fiscal Néstor Humberto Martínez informara sobre las pruebas que podrían comprometer a los exmagistrados, se supo que Moreno iría a testificar en la Comisión de Acusaciones, un lugar que no le es extraño al antiguo jefe anticorrupción de la Fiscalía. El Espectador tuvo acceso a documentación que certifica que, desde el 5 de octubre de 2011 hasta el 30 de septiembre pasado, Moreno fue contratado en siete oportunidades por ese organismo para brindar asesoría jurídica sobre las sensibles investigaciones que se adelantaban allí en materia penal, disciplinaria y fiscal en contra de magistrados de las altas cortes, expresidentes de la república y exfiscales generales.
(Le podría interesar: Los impedimentos de Gustavo Moreno en la Fiscalía)
En esos cinco años en que Luis Gustavo Moreno trabajó para la Comisión, en los que ganó algo más de $165 millones a lo largo de siete contratos, tuvo acceso a 47 expedientes. En detalle, Moreno conoció 14 investigaciones que se adelantaron en contra del expresidente Álvaro Uribe, cuatro del presidente Santos y otras cuatro del exfiscal general Eduardo Montealegre. También tuvo la oportunidad de conocer los procesos de jefes del ente investigador como Viviane Morales, Mario Iguarán y Guillermo Mendoza Diago. Sobre exmagistrados, figuran nombres como Jorge Iván Palacio, Gloria Stella Ortiz, Luis Gabriel Miranda, Gustavo Malo, Guillermo Salazar Otero, Humberto Sierra y Néstor Osuna, entre otros.
Sin embargo, la Comisión de Acusaciones se ha hecho conocida porque las investigaciones y denuncias que llegan allí, terminan siendo archivadas. Con el reciente escándalo en la Corte Suprema, la Corporación Excelencia en la Justicia reveló que desde 1992 a 2016 en la Comisión han sido radicadas 3.528 denuncias contra magistrados, de las cuales solo prosperó la investigación en contra del expresidente de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt (Gustavo Moreno tuvo acceso a ese proceso). El exmagistrado del alto tribunal fue acusado por la Comisión en marzo de 2015 de haber pedido $500 millones a cambio de influir en el fallo de una tutela. El Senado, casi que unánime, respaldó la acusación y Pretelt ahora está en manos de la Corte Suprema.
Mientras Gustavo Moreno asesoraba la Comisión de Acusaciones, también era abogado en varios procesos que se adelantaban contra congresistas ante la Corte Suprema. Defensas que generan honorarios bastante altos. ¿Por qué querría entonces Moreno ejecutar contratos que apenas le representaban $20 o $30 millones, si las defensas de parapolítica, por ejemplo, cuestan más de $200 millones? Tratando de responder ese interrogante, los investigadores han planteado una hipótesis: que a Moreno lo que realmente le interesaba era tener acceso a información sensible para poder hacer sus “negocios”. Y un dato adicional: Hernán Andrade, Musa Besayle y Luis Alfredo Ramos no son los únicos nombres de gente del Congreso que aparecen en las grabaciones que tiene la Fiscalía.
Revisando los expedientes que conoció Moreno, El Espectador halló una coincidencia incómoda: el 4 de marzo de 2015, el abogado firmó con la Comisión de Acusaciones un contrato de asesorías durante cuatro meses, por $19 millones. En el segundo informe de labores, realizadas del 4 de abril al 3 de mayo, Moreno señaló que había acompañado diligencias relacionadas con la indagación que se había abierto contra el entonces fiscal general, Eduardo Montealegre, denunciado por Jorge Pretelt. Ese informe lo presentó el 15 de julio. Exactamente un día antes de que firmara un contrato directo con la Fiscalía para asesorarla en recursos de casación y acciones de revisión, por $139 millones. El propio fiscal Montealegre fue quien pidió que se contratara un asesor para esos temas.
Ahora que los exmagistrados Bustos y Ricaurte se encuentran en el ojo del Huracán, se empiezan a hacer públicas algunas de sus conexiones. Por ejemplo, Luz Mabel Parra, fiscal delegada ante Corte Suprema por Néstor Humberto Martínez, fue magistrada auxiliar de Leonidas Bustos. La funcionaria judicial, que estaría a punto de renunciar, es la exesposa de Gerardo Torres Roldán, quien fue asesor del senador de Cambio Radical, German Varón. Yayo, como es conocido el abogado Torres, reconoció que fue él quien recomendó a Gustavo Moreno en la Fiscalía y, a su vez, dijo que el magistrado Bustos hablaba de Moreno como un “muchacho brillante”.
Las visitas
Este diario conoció que Luis Gustavo Moreno empezó a visitar los despachos de los magistrados de la Corte Suprema desde enero de 2011 hasta abril de 2014, es decir, ocho meses antes de que empezara a ejecutar contratos con la Comisión de Acusaciones. Moreno ingresó en 54 oportunidades a la Corte y solo con Leonidas Bustos se reunió en 30 oportunidades, quien durante ese lapso -en 2012- fue elegido como presidente de la Sala Penal de ese alto tribunal. En total se reunieron algo más de 37 horas.
La segunda persona que más visitó Moreno en la Corte Suprema fue Edwin Altamiranda Rodríguez (nueve veces), abogado del equipo del magistrado Eyder Patiño, quien, a su vez, fue postulado para llegar a la Corte Suprema por Bustos. Moreno también visitó los despachos del magistrado Jaime Arrubla y del magistrado auxiliar Alvaro Pastás Obando, quien salió de la Corte en 2015 luego de que se perdiera una declaración del exjefe paramilitar Macaco de la cual él era responsable. Pastás ya está otra vez en el alto tribunal, esta vez subordinado al despacho del magistrado Luis Antonio Hernández Barbosa, que acaba de ser designado para que investigue si los senadores Hernán Andrade, Musa Besayle y el exsenador Luis Alfredo Ramos participaron en la red de corrupción que al parecer promovía Gustavo Moreno.
Ante la Corte Suprema, Moreno figuró como defensor de los excongresistas Eduardo Agatón, Lucas Gnecco Cerchar, Argenis Velásquez, Martín Emilio Morales, José Rodolfo Pérez, Nilton Córdoba, Germán Olano y Hernando José Padaui, quien tenía cuatro procesos en indagación preliminar. En uno de esos, sus abogados eran Moreno, Pinilla y Luis Ignacio Lyons, tío de Alejandro Lyons quien, según dijo el fiscal, también será investigado por la presunta red de corrupción en la Corte Suprema. Padaui, le contaron fuentes de alto nivel a este diario, fue el enlace de Moreno para que este se volviera asesor de la Comisión de Acusaciones.
Aunque aún no se tiene fecha, ya está establecido que el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno tendrá que comparecer ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para declarar sobre los expresidentes de la Corte Suprema Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte, con respecto a la indagación preliminar que se adelanta contra ellos por presuntos hechos de corrupción. El origen de este proceso son las evidencias que la Fiscalía recibió de los Estados Unidos, que supuestamente confirman que estos tres hombres afectaron “la administración de justicia” al haber conformado una red de corrupción que “arreglaba” casos a cambio de dinero.
(Le podría interesar: El embajador de la India, de la justicia)
Las pruebas, anunciadas por el propio fiscal general la semana pasada y aportadas por la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA), serían las conversaciones que habrían mantenido Luis Gustavo Moreno, su socio, el abogado Leonardo Luis Pinilla y el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus. Según las grabaciones, el exfiscal y Pinilla habrían solicitado dinero al exmandatario de Córdoba con el fin de desviar las investigaciones que se adelantan en su contra por malversación de recursos públicos. Moreno habría tratado de finiquitar el soborno en Miami, donde vive Lyons desde abril de este año. Ahora Moreno es investigado tanto en Colombia como en Estados Unidos, que ya lo pidió en extradición.
El Espectador conoció que cuando Moreno y Pinilla negociaban con el exgobernador Lyons, ellos dos presentaban un dossier de “casos de éxito” en la Corte Suprema en los que aseguraban haber incidido, incluyendo en la “oferta” una red de contactos en la Fiscalía y en la Corte que los ayudaba a mantener estos resultados. En las conversaciones también se habla de que por estos servicios cobraban de $1.000 a $3.000 millones, pagos que, en su mayoría, se hacían fuera del país y luego terminaban depositados en paraísos fiscales. Ahora la Corte y la Fiscalía revisan con lupa los nombres de varias personas que fueron mencionadas en estas reuniones, además de los exmagistrados.
Dos días después de que el fiscal Néstor Humberto Martínez informara sobre las pruebas que podrían comprometer a los exmagistrados, se supo que Moreno iría a testificar en la Comisión de Acusaciones, un lugar que no le es extraño al antiguo jefe anticorrupción de la Fiscalía. El Espectador tuvo acceso a documentación que certifica que, desde el 5 de octubre de 2011 hasta el 30 de septiembre pasado, Moreno fue contratado en siete oportunidades por ese organismo para brindar asesoría jurídica sobre las sensibles investigaciones que se adelantaban allí en materia penal, disciplinaria y fiscal en contra de magistrados de las altas cortes, expresidentes de la república y exfiscales generales.
(Le podría interesar: Los impedimentos de Gustavo Moreno en la Fiscalía)
En esos cinco años en que Luis Gustavo Moreno trabajó para la Comisión, en los que ganó algo más de $165 millones a lo largo de siete contratos, tuvo acceso a 47 expedientes. En detalle, Moreno conoció 14 investigaciones que se adelantaron en contra del expresidente Álvaro Uribe, cuatro del presidente Santos y otras cuatro del exfiscal general Eduardo Montealegre. También tuvo la oportunidad de conocer los procesos de jefes del ente investigador como Viviane Morales, Mario Iguarán y Guillermo Mendoza Diago. Sobre exmagistrados, figuran nombres como Jorge Iván Palacio, Gloria Stella Ortiz, Luis Gabriel Miranda, Gustavo Malo, Guillermo Salazar Otero, Humberto Sierra y Néstor Osuna, entre otros.
Sin embargo, la Comisión de Acusaciones se ha hecho conocida porque las investigaciones y denuncias que llegan allí, terminan siendo archivadas. Con el reciente escándalo en la Corte Suprema, la Corporación Excelencia en la Justicia reveló que desde 1992 a 2016 en la Comisión han sido radicadas 3.528 denuncias contra magistrados, de las cuales solo prosperó la investigación en contra del expresidente de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt (Gustavo Moreno tuvo acceso a ese proceso). El exmagistrado del alto tribunal fue acusado por la Comisión en marzo de 2015 de haber pedido $500 millones a cambio de influir en el fallo de una tutela. El Senado, casi que unánime, respaldó la acusación y Pretelt ahora está en manos de la Corte Suprema.
Mientras Gustavo Moreno asesoraba la Comisión de Acusaciones, también era abogado en varios procesos que se adelantaban contra congresistas ante la Corte Suprema. Defensas que generan honorarios bastante altos. ¿Por qué querría entonces Moreno ejecutar contratos que apenas le representaban $20 o $30 millones, si las defensas de parapolítica, por ejemplo, cuestan más de $200 millones? Tratando de responder ese interrogante, los investigadores han planteado una hipótesis: que a Moreno lo que realmente le interesaba era tener acceso a información sensible para poder hacer sus “negocios”. Y un dato adicional: Hernán Andrade, Musa Besayle y Luis Alfredo Ramos no son los únicos nombres de gente del Congreso que aparecen en las grabaciones que tiene la Fiscalía.
Revisando los expedientes que conoció Moreno, El Espectador halló una coincidencia incómoda: el 4 de marzo de 2015, el abogado firmó con la Comisión de Acusaciones un contrato de asesorías durante cuatro meses, por $19 millones. En el segundo informe de labores, realizadas del 4 de abril al 3 de mayo, Moreno señaló que había acompañado diligencias relacionadas con la indagación que se había abierto contra el entonces fiscal general, Eduardo Montealegre, denunciado por Jorge Pretelt. Ese informe lo presentó el 15 de julio. Exactamente un día antes de que firmara un contrato directo con la Fiscalía para asesorarla en recursos de casación y acciones de revisión, por $139 millones. El propio fiscal Montealegre fue quien pidió que se contratara un asesor para esos temas.
Ahora que los exmagistrados Bustos y Ricaurte se encuentran en el ojo del Huracán, se empiezan a hacer públicas algunas de sus conexiones. Por ejemplo, Luz Mabel Parra, fiscal delegada ante Corte Suprema por Néstor Humberto Martínez, fue magistrada auxiliar de Leonidas Bustos. La funcionaria judicial, que estaría a punto de renunciar, es la exesposa de Gerardo Torres Roldán, quien fue asesor del senador de Cambio Radical, German Varón. Yayo, como es conocido el abogado Torres, reconoció que fue él quien recomendó a Gustavo Moreno en la Fiscalía y, a su vez, dijo que el magistrado Bustos hablaba de Moreno como un “muchacho brillante”.
Las visitas
Este diario conoció que Luis Gustavo Moreno empezó a visitar los despachos de los magistrados de la Corte Suprema desde enero de 2011 hasta abril de 2014, es decir, ocho meses antes de que empezara a ejecutar contratos con la Comisión de Acusaciones. Moreno ingresó en 54 oportunidades a la Corte y solo con Leonidas Bustos se reunió en 30 oportunidades, quien durante ese lapso -en 2012- fue elegido como presidente de la Sala Penal de ese alto tribunal. En total se reunieron algo más de 37 horas.
La segunda persona que más visitó Moreno en la Corte Suprema fue Edwin Altamiranda Rodríguez (nueve veces), abogado del equipo del magistrado Eyder Patiño, quien, a su vez, fue postulado para llegar a la Corte Suprema por Bustos. Moreno también visitó los despachos del magistrado Jaime Arrubla y del magistrado auxiliar Alvaro Pastás Obando, quien salió de la Corte en 2015 luego de que se perdiera una declaración del exjefe paramilitar Macaco de la cual él era responsable. Pastás ya está otra vez en el alto tribunal, esta vez subordinado al despacho del magistrado Luis Antonio Hernández Barbosa, que acaba de ser designado para que investigue si los senadores Hernán Andrade, Musa Besayle y el exsenador Luis Alfredo Ramos participaron en la red de corrupción que al parecer promovía Gustavo Moreno.
Ante la Corte Suprema, Moreno figuró como defensor de los excongresistas Eduardo Agatón, Lucas Gnecco Cerchar, Argenis Velásquez, Martín Emilio Morales, José Rodolfo Pérez, Nilton Córdoba, Germán Olano y Hernando José Padaui, quien tenía cuatro procesos en indagación preliminar. En uno de esos, sus abogados eran Moreno, Pinilla y Luis Ignacio Lyons, tío de Alejandro Lyons quien, según dijo el fiscal, también será investigado por la presunta red de corrupción en la Corte Suprema. Padaui, le contaron fuentes de alto nivel a este diario, fue el enlace de Moreno para que este se volviera asesor de la Comisión de Acusaciones.