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Uno de los dos proyectos de ley presentados ante el Congreso por el Gobierno de Iván Duque es el de la reforma Estatuto Disciplinario Policial que, según el Ministerio de Defensa, hace parte de las reformas que adelantará la institución en medio de la crisis de legitimidad por las denuncias de violaciones a los derechos humanos en medio de las protestas en Colombia desde noviembre de 2019. El documento de 58 páginas, que fue radicado ayer, 20 de julio, en el Congreso contempla varios puntos que durante los últimos meses ya habían sido anunciados tanto por el ministro de Defensa, Diego Molano y el director de la Policía, general Jorge Luís Vargas.
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Una de las novedades del proyecto de ley es la inclusión de cuatro puntos que ahora serán considerados como faltas gravísimas por parte de los policías. y que, claramente, no estaban contempladas como tal en el Régimen Disciplinario para la Policía Nacional en 2006 y que hoy está vigente. El primer hecho que entró a esa lista es ”Causar daño a la integridad de las personas o los bienes como consecuencia del exceso en el uso de las armas, de la fuerza, de los demás medios coercitivos o con otros elementos no reglamentarios”, dice el numeral 1 del artículo 46 del proyecto de ley.
Durante el paro nacional, fueron varias las denuncias sobre delitos sexuales por parte de uniformados de la Policía contra manifestantes. El segundo hecho que ahora es incluido como falta gravísima tiene que ver con este tipo de hechos: “Realizar sobre una persona conducta indeseada que implique tocamientos de naturaleza o contenido sexual”. Otro de los 39 hechos que serán considerados como gravísimos es la de vincular, facilitar, media o permitir la incorporación o ascenso en la institución de personas sin completar los requisitos. El último hecho y del que hubo más desarrollo en el texto del proyecto de ley tiene que ver con respecto al uso de la tecnología y las comunicaciones en la Policía.
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El numeral 29, que habla de esta situación puntual tiene cuatro conductas contempladas como gravísimas: “a) Enviar, publicar o divulgar información según su clasificación a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones, sin la debida autorización de quien lo firma o produce. b) Descargar, instalar, alterar, modificar, ocultar o borrar software que afecte las tecnologías de la información y las comunicaciones. c) Realizar, permitir o dar a la fuga, perdida, alteración o la modificación de información a través del usuario empresarial o cualquier acceso con privilegios a plataformas tecnológicas. d) Bloquear, destruir, extraer, suprimir, alterar, ocultar, modificar o insertar en las tecnologías información (de la Policía) para el beneficio propio o de un tercer”.
Mensaje de urgencia
El trámite de este proyecto de ley y el de profesionalización de los policías fueron radicados con mensaje de urgencia por parte del gobierno de Iván Duque. El ministro Molano y el ministro del Interior, Daniel Palacios realizaron esta mañana una rueda de prensa en la que retomaron aspectos de estos proyectos que ya habían sido anunciados en los últimos meses. Estos proyectos de ley cuentan con “un componente legislativo, un componente de reforma a la estructura orgánica de la Policía para incorporar las mejores prácticas, competencias, una dirección de Derechos humanos y un componente de servicio Policial en la renovación del sistema de cuadrantes”, aseguró el jefe de la cartera de la Defensa.
Con relación al Proyecto de ley Estatuto de Carrera y Profesionalización, empezaría a regir con una nueva categoría que se constituye en el soporte organizacional del servicio de Policía y sus puntos esenciales son: soporte organizacional del servicio de Policía denominada Patrulleros de Policía, mayores y mejores condiciones para los uniformados y la exigencia de requisitos en temas de Derechos Humanos. Según el Ministerio de Defensa, el proyecto de ley sobre el Estatuto Disciplinario, busca aplicar mayor celeridad a las investigaciones disciplinarias sobre hechos “gravísimos”, nacimiento de un Sistema de Garantías para la Formulación, Consultas y Seguimiento Ciudadano en Materia Investigativa, entre otros aspectos.
Los peros a la reforma policial
El anuncio de reforma policial, que es una de las peticiones de los manifestantes del paro nacional incluye un nuevo uniforme, profesionalización del uniformado con énfasis en derechos humanos, entre otros aspectos, harán parte de esta reforma y, según el presidente Iván Duque, serán a “costo cero”. la propuesta de modificar el nombre del Ministerio de Defensa, el cambio de uniformes y la apertura de una Dirección de Derechos Humanos en la Policía, también han sido otros anuncios que han sido catalogados como inadecuados y que no solucionarían los problemas de fondo.
Néstor Rosanía, director del Instituto de Estudios en Seguridad y Paz y antiguo profesor en la Escuela General Santander de la Policía, señaló en junio pasado que las reformas se discutieron internamente en la Policía, en beneficio de ellos, y que nunca se ha consultado a la ciudadanía sobre este asunto. “Actualmente, los policías reciben formación por parte de coroneles retirados que tienen una doctrina que todavía gira en torno a la lucha del enemigo interno y de la Guerra Fría. Los policías son formados para creer que quienes no estén alineados con cierto ideario político son considerados como amenaza para el Estado. Mientras no se rompa esa cadena de pensamiento en la Policía, va a ser muy difícil que exista un cambio real. Que se propongan la creación de nuevas oficinas en derechos humanos es algo viejo. El hecho de que haya más escritorios no quiere decir que se vayan a respetar los derechos humanos”, advirtió Rosanía.
Este lunes 19 de julio, más de 900 policías en las principales ciudades del país arrancaron con los pilotos de nuevos uniformes color azul oscuro con franjas verdes. Además, 250 motocicletas y patrullas estrenaron imagen. El general Vargas anunció que la totalidad de los policías del modelo nacional de cuadrantes tendrán cámaras corporales, que registrarán de manera ininterrumpida los procedimientos policiales y permitirá verificar si incurren en procedimientos ilegales o arbitrariedades.