Las nuevas modalidades de los grupos armados y bandas criminales para reclutar menores
La Defensoría del Pueblo presentó un informe sobre cómo actualmente el crimen organizado recluta a niños, niñas y adolescentes (NNA). Falsos campamentos de vacaciones y “novias”, serían uno de los nuevos métodos. El documento también alerta que población migrante, sobre todo los venezolanos, son un sector vulnerable en Norte de Santander y Nariño.
“Los grupos armados ilegales están utilizando nuevos métodos para reclutar a niños, niñas y adolescentes en el país, como los falsos campamentos de vacaciones o las promesas de regalos de motocicletas o armas, además de las amenazas a padres y profesores”. Esas fueron las palabras con las que el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, resumió el más reciente informe de la entidad que encabeza y en el que se detalla los riesgos que viven la población civil de ser reclutada forzadamente por grupos armados y bandas criminales.
Lea: La ola de suicidios que enfrenta el pueblo Wounaan en el Chocó | Aguante La Paz
Según el informe de la Defensoría, la vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes (NNA) aumentó durante la pandemia debido a la deserción escolar, con lo cual los grupos armados ilegales aprovecharon para decirles a los padres de los menores de edad que “se los iban a llevar por unos días para que no se quedaran en las casas sin hacer nada, a modo de campamento de vacaciones y que después los iban a regresar”, señala el reciente informe. Este hecho, se agudizó en departamentos como Antioquia y Chocó.
Le podría interesar: “No había forma de ser LGBTI y salir ileso en las Farc”: Colombia Diversa
A esto se suman las denuncias por amenazas a docentes y directivos de establecimientos educativos, lo que resulta más grave ante la presencia de grupos ilegales cerca de los colegios y otros entornos protectores. Camargo apuntó contra el Clan del Golfo, grupo sucesor del paramilitarismo, como uno de los grupos que viene desplegando estrategias de reclutamiento hacia la población de adolescentes y jóvenes, en edades entre los 17 y 25 años.
Otras noticias: Denuncian reclutamiento ilegal por parte del Ejército en Cali
“Prometen llevarlos a recibir entrenamiento en campamentos y, posteriormente, permitir que sirvan como milicianos, en las zonas donde residen”, apunta el informe de la Defensoría del Pueblo. Estos grupos, dice el documento, se aprovechan de los problemas socioeconómicos, agudizados por la pandemia, y engañan a los niños diciéndoles que tendrían sumas de dinero mensuales, en algunos casos de 600.000 a un millón de pesos, o que les regalarían motocicletas o armas, entre otros elementos.
La Defensoría del Pueblo ha conocido casos en los cuales involucran sentimentalmente a las víctimas, con supuestas novias que los inducen a ingresar a los grupos ilegales. Ellas los llevan a otros municipios con promesas de trabajo y los inducen al consumo de sustancias psicoactivas, para luego involucrarlos en las actividades ilegales.
“En general, hay una combinación con otras conductas violatorias a los derechos como amenazas, desplazamiento forzado, desplazamientos intraurbanos, secuestro, violencia sexual, explotación sexual comercial, homicidios, desapariciones, tratos inhumanos o degradantes y restricciones a la movilidad en contra de nuestros niños”, agregó el Defensor del Pueblo.
La Defensoría del Pueblo también está muy atenta y hace seguimiento a la afectación grave en las comunidades indígenas, por cuenta de las acciones de los grupos armados ilegales, que se ven afectadas por fenómenos como el reclutamiento de menores de edad.
Entre las comunidades que más estarían en riesgo son el resguardo Kwes Kiwe Nasa y el asentamiento Pueblo Nuevo, en la vereda Mesetas de Jamundí (Valle del Cauca); el consejo comunitario Alto Mira y Frontera y los resguardos Quejuambí Feliciana, Chinguirito Mira, Piedra Sellada y Hojal la Turbia del pueblo indígena Awá en el departamento de Nariño; y en Puerto Córdoba, Curaré - Los Ingleses, Camaritagua, Comeyafú y Yaigojé-Apaporis en Amazonas.
“En función de la capacidad de las entidades territoriales, con el apoyo del Gobierno Nacional, la respuesta al fenómeno del reclutamiento forzado debe incluir programas sociales que faciliten el acceso al empleo, la vivienda digna, la educación, la salud y otros en los territorios. Esa es una forma de ganarle ventaja a los grupos armados que en muchos casos terminan ofreciéndole a los jóvenes alternativas de vida rentables”, puntualizó Carlos Camargo.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
“Los grupos armados ilegales están utilizando nuevos métodos para reclutar a niños, niñas y adolescentes en el país, como los falsos campamentos de vacaciones o las promesas de regalos de motocicletas o armas, además de las amenazas a padres y profesores”. Esas fueron las palabras con las que el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, resumió el más reciente informe de la entidad que encabeza y en el que se detalla los riesgos que viven la población civil de ser reclutada forzadamente por grupos armados y bandas criminales.
Lea: La ola de suicidios que enfrenta el pueblo Wounaan en el Chocó | Aguante La Paz
Según el informe de la Defensoría, la vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes (NNA) aumentó durante la pandemia debido a la deserción escolar, con lo cual los grupos armados ilegales aprovecharon para decirles a los padres de los menores de edad que “se los iban a llevar por unos días para que no se quedaran en las casas sin hacer nada, a modo de campamento de vacaciones y que después los iban a regresar”, señala el reciente informe. Este hecho, se agudizó en departamentos como Antioquia y Chocó.
Le podría interesar: “No había forma de ser LGBTI y salir ileso en las Farc”: Colombia Diversa
A esto se suman las denuncias por amenazas a docentes y directivos de establecimientos educativos, lo que resulta más grave ante la presencia de grupos ilegales cerca de los colegios y otros entornos protectores. Camargo apuntó contra el Clan del Golfo, grupo sucesor del paramilitarismo, como uno de los grupos que viene desplegando estrategias de reclutamiento hacia la población de adolescentes y jóvenes, en edades entre los 17 y 25 años.
Otras noticias: Denuncian reclutamiento ilegal por parte del Ejército en Cali
“Prometen llevarlos a recibir entrenamiento en campamentos y, posteriormente, permitir que sirvan como milicianos, en las zonas donde residen”, apunta el informe de la Defensoría del Pueblo. Estos grupos, dice el documento, se aprovechan de los problemas socioeconómicos, agudizados por la pandemia, y engañan a los niños diciéndoles que tendrían sumas de dinero mensuales, en algunos casos de 600.000 a un millón de pesos, o que les regalarían motocicletas o armas, entre otros elementos.
La Defensoría del Pueblo ha conocido casos en los cuales involucran sentimentalmente a las víctimas, con supuestas novias que los inducen a ingresar a los grupos ilegales. Ellas los llevan a otros municipios con promesas de trabajo y los inducen al consumo de sustancias psicoactivas, para luego involucrarlos en las actividades ilegales.
“En general, hay una combinación con otras conductas violatorias a los derechos como amenazas, desplazamiento forzado, desplazamientos intraurbanos, secuestro, violencia sexual, explotación sexual comercial, homicidios, desapariciones, tratos inhumanos o degradantes y restricciones a la movilidad en contra de nuestros niños”, agregó el Defensor del Pueblo.
La Defensoría del Pueblo también está muy atenta y hace seguimiento a la afectación grave en las comunidades indígenas, por cuenta de las acciones de los grupos armados ilegales, que se ven afectadas por fenómenos como el reclutamiento de menores de edad.
Entre las comunidades que más estarían en riesgo son el resguardo Kwes Kiwe Nasa y el asentamiento Pueblo Nuevo, en la vereda Mesetas de Jamundí (Valle del Cauca); el consejo comunitario Alto Mira y Frontera y los resguardos Quejuambí Feliciana, Chinguirito Mira, Piedra Sellada y Hojal la Turbia del pueblo indígena Awá en el departamento de Nariño; y en Puerto Córdoba, Curaré - Los Ingleses, Camaritagua, Comeyafú y Yaigojé-Apaporis en Amazonas.
“En función de la capacidad de las entidades territoriales, con el apoyo del Gobierno Nacional, la respuesta al fenómeno del reclutamiento forzado debe incluir programas sociales que faciliten el acceso al empleo, la vivienda digna, la educación, la salud y otros en los territorios. Esa es una forma de ganarle ventaja a los grupos armados que en muchos casos terminan ofreciéndole a los jóvenes alternativas de vida rentables”, puntualizó Carlos Camargo.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.