Las nueve medidas que implementarán en cárceles para afrontar la crisis humanitaria
El Sistema Penitenciario y Carcelario colombiano se encuentra en una crisis humanitaria, por las malas condiciones de los penales y las vulneraciones a los derechos de los privados de la libertad. Estas son las medidas inmediatas que tomará el Ministerio de Justicia.
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, anunció la puesta en marcha del Plan de intervención inmediata para el Sistema Penitenciario y Carcelario, el cual busca desarrollar en los próximos 6 meses acciones que permitan superar el estado de cosas inconstitucional que se presenta en los centros de detención del país. El objetivo es garantizar los mínimos de dignidad humana que, hasta ahora, más de 100.000 personas privadas de la libertad no tienen asegurados.
El plan constituye entonces un llamado a diversas entidades y organizaciones para que, en conjunto, se brinde una respuesta a la urgencia y a la gravedad de los problemas a los que se enfrenta el Sistema Penitenciario y Carcelario. En un primer momento, este plan se concentrará en los siguientes puntos neurálgicos.
1. Infraestructura penitenciaria y carcelaria
Los establecimientos de reclusión del país son en su mayoría construcciones antiguas, sin buenas condiciones de infraestructura, que inciden negativamente en la posibilidad de garantizar los servicios mínimos y los objetivos de resocialización del sistema. A su vez, explica el Minjusticia, hay 22.270 personas en las Unidades de Reacción Inmediata (URI) y estaciones de Policía, donde no hay condiciones de habitabilidad mínimas y dignas. De estas personas, 1.370 son condenadas y 20.900 son sindicadas.
Las primeras deben estar a cargo del lnpec, las segundas son responsabilidad de las entidades territoriales. Pese a este mandato legal, la Corte Constitucional ha advertido un bajo cumplimiento por parte de los municipios y departamentos del país. Por ello, la Uspec avanzará en el desarrollo de 9.805 cupos a nivel nacional entre 2022 a 2026 y, junto con el Minjusticia, pondrán en funcionamiento 1.000 nuevos cupos penitenciarios que permitan mitigar el hacinamiento a nivel nacional.
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2. Enfoque de género
Colombia cuenta con una cifra elevada de delitos asociados a las violencias basadas en género, en las que las víctimas son principalmente mujeres y niñas. Un fenómeno que, según el plan del ministerio, también se ha visto reflejado en el Sistema Penitenciario y Carcelario, en el que se han reportado casos de violencia contra la mujer por parte de personas privadas de la libertad y en contra de sus parejas durante las jornadas de visita íntima. Además, según el “Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre mujeres privadas de la libertad en las Américas”, se detalla que Colombia es uno de los países en el cual, en los últimos años, se ha incrementado la población carcelaria femenina.
El Inpec, con apoyo del Minjusticia, creará e implementará un protocolo diferenciado para el acceso a visitas íntimas de personas condenadas por delitos relacionados con las violencias basadas en género. Asimismo, expedirá el decreto reglamentario que habilita las acciones encaminadas a la protección y acompañamiento del proceso de resocialización de las mujeres desde el enfoque restaurativo y de género. Entre otras estrategias como capacitar con enfoque de género sobre el uso de productos y la higiene menstrual en los establecimientos de reclusión.
3. Protección del derecho a la vida
De acuerdo con información de la cartera de justicia, en el año 2022, al mes de noviembre, se tuvo un total de 139 riñas en los establecimientos de reclusión, que dejaron un saldo de 75 heridos. A su turno, se registró un total de 17 muertes violentas, algunas de ellas ocurridas con armas cortopunzantes. De acuerdo con lo anterior, presentaron una serie de estrategias destinadas a la prevención de las muertes en prisión con un énfasis en la protección de derechos humanos.
De ahí que el ministerio, en articulación con Unocd y el Inpec, formará a 15.000 funcionarios del Inpec en la actualización de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos. También contará con el acompañamiento técnico del Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr), y en el marco de una mesa de articulación interinstitucional, revisarán los protocolos del uso de la fuerza y atención de crisis en los establecimientos de reclusión. De igual forma, impulsarán jornadas de desarme en los establecimientos de reclusión con mayores índices de conflictividad.
4. Alimentación
De acuerdo con el informe de seguimiento de la prestación del servicio de salud realizado por el instituto penitenciario, se tiene que, de los 126 establecimientos carcelarios, un total de 29 (23%) se ubican en la categoría de alto riesgo por las múltiples falencias en la prestación del servicio de alimentación. De ahí que la Uspec prorrogará el actual contrato de alimentación que cubre a 259 centros de detención transitoria hasta el 31 de octubre de 2023.
Asimismo, el Minjusticia presentará un proyecto de ley que propone facultar a la Uspec, hasta el 30 de junio de 2024, a prestar los servicios de alimentación de personas que se encuentren privadas de la libertad en centros de detención transitoria. También, la unidad iniciará un nuevo proceso de selección para la prestación del servicio de alimentación, en el cual se redefinirán criterios como la experiencia específica y capacidad financiera de los eventuales oferentes para prestar bien el servicio.
5. Salud
Los datos obtenidos de la primera medición de indicadores de vida en reclusión, presentado a la Corte Constitucional en junio de 2023, arrojaron que las personas afiliadas a los regímenes contributivo, especial o excepcional obtienen niveles de atención en salud más bajos que las personas que tienen su atención cobijada con cargo a los recursos del Fondo Nacional de Salud para las Personas Privadas de la Libertad.
Por lo tanto, el Ministerio, en coordinación con la Uspec, el Inpec y el Fondo Nacional de Salud para las Personas Privadas de la Libertad, desarrollará brigadas integrales de atención en salud al interior de lar cárceles para dar respuesta a las solicitudes y quejas que realiza la población privada de la libertad en materia de citas médicas, odontológicas y provisión de medicamentos, a través de un mecanismo de priorización y seguimiento.
6. Acceso efectivo a la Justicia
Dentro del Sistema Penitenciario y Carcelario persisten limitantes para acceder de manera efectiva a la administración de justicia, particularmente en lo relacionado con el análisis de subrogados penales y el otorgamiento de beneficios administrativos. Ante este panorama, el Inpec garantizará un espacio de trabajo permanente en 40 cárceles junto con la Defensoría del Pueblo.
Además, el Minjusticia presentará el Plan de Acceso a la Justicia con Enfoque en Derechos Humanos, cuyo objetivo es facilitar el cumplimiento del ordenamiento jurídico y estándares internacionales en materia de debido proceso y derecho de defensa. Así mismo, realizará la actualización de cartillas biográficas de 54 centros penitenciarios del país y generará alianzas con universidades y consultorios jurídicos del país para realizar una labor de revisión de casos con el objetivo de impactar 20 centros penitenciarios y, al menos, 1.000 personas privadas de la libertad.
7. Lucha contra la corrupción
Las prisiones son lugares especialmente susceptibles a la corrupción: la falta de transparencia, las conexiones con grupos criminales organizados y la falta de interés social son causas de un problema endémico de la mayoría de los sistemas penitenciarios de América Latina. Así lo determina el plan del Minjusticia. De ahí que diseñará una estrategia de control de precios de los productos que se comercializan en los expendios de las cárceles.
De la misma manera, la cartera de justicia, en articulación con el sector defensa, reforzará la estrategia de incautación de dispositivos celulares al interior de las cárceles priorizadas, según el grado en que más se dé la extorsión carcelaria. Asimismo, diseñarán una estrategia para la inhibición de señal en estos centros penitenciarios, que incluya la participación de los operadores de telefonía celular para revisar pautas que permitan tal inhibición.
8. Productividad para la resocialización
En las cárceles persisten bajos niveles de actividades productivas que potencien las habilidades, actitudes y destrezas de la población privada de la libertad para facilitar su inclusión social una vez estén en libertad y la construcción de un proyecto de vida significativo. El Ministerio de Justicia, en coordinación con Innpulsa Colombia y el Inpec, creará dos Centros de Reindustrialización, la cual promoverá la creación de centros productivos en las cárceles del país.
Así es como, esta cartera, continuará implementando la Ruta Emprendedora, la cual se centra en la formación y aprendizaje de la población privada de la libertad para la inclusión productiva. “Con esta ruta se beneficiarán en un primer momento más de 100 mujeres privadas de la libertad de la Reclusión de Mujeres de Bogotá “Buen Pastor” y 35 personas de la Cárcel Modelo de Bogotá, organizando su idea de negocio de tal forma que puedan tener un plan productivo en su retorno a la libertad”, explica el Minjusticia.
En contexto: Hacinamiento carcelario del 265% en Bogotá también es un problema a nivel nacional
9. Educación y cultura para la resocialización
Aunque las actividades culturales permiten la redención de pena para la población que opta por el desarrollo de este tipo de acciones, dice Minjusticia que se ha evidenciado que en los establecimientos penitenciarios no existen programas permanentes y robustos que desarrollen el componente cultural. Además, explica que se tiene que la población privada de la libertad se encuentra en su mayoría reclamando recibir educación básica y media.
Ante esto, el Ministerio de Justicia y del Derecho, con apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, el INPEC, la Biblioteca Nacional y la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá (Bibliored), implementarán el Plan Cultura para la Libertad en 8 cárclees, para así fortalecer las Bibliotecas Penitenciarias; ofrecer contenidos audiovisuales en materia de artes, oficios y tradiciones de paz; formar en creación, arte y paz; materializar laboratorios de creación artística y literaria, que busquen mejorar la convivencia en los e inculcar iniciativas de restauración del daño y resocialización. Entre otras medidas.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, anunció la puesta en marcha del Plan de intervención inmediata para el Sistema Penitenciario y Carcelario, el cual busca desarrollar en los próximos 6 meses acciones que permitan superar el estado de cosas inconstitucional que se presenta en los centros de detención del país. El objetivo es garantizar los mínimos de dignidad humana que, hasta ahora, más de 100.000 personas privadas de la libertad no tienen asegurados.
El plan constituye entonces un llamado a diversas entidades y organizaciones para que, en conjunto, se brinde una respuesta a la urgencia y a la gravedad de los problemas a los que se enfrenta el Sistema Penitenciario y Carcelario. En un primer momento, este plan se concentrará en los siguientes puntos neurálgicos.
1. Infraestructura penitenciaria y carcelaria
Los establecimientos de reclusión del país son en su mayoría construcciones antiguas, sin buenas condiciones de infraestructura, que inciden negativamente en la posibilidad de garantizar los servicios mínimos y los objetivos de resocialización del sistema. A su vez, explica el Minjusticia, hay 22.270 personas en las Unidades de Reacción Inmediata (URI) y estaciones de Policía, donde no hay condiciones de habitabilidad mínimas y dignas. De estas personas, 1.370 son condenadas y 20.900 son sindicadas.
Las primeras deben estar a cargo del lnpec, las segundas son responsabilidad de las entidades territoriales. Pese a este mandato legal, la Corte Constitucional ha advertido un bajo cumplimiento por parte de los municipios y departamentos del país. Por ello, la Uspec avanzará en el desarrollo de 9.805 cupos a nivel nacional entre 2022 a 2026 y, junto con el Minjusticia, pondrán en funcionamiento 1.000 nuevos cupos penitenciarios que permitan mitigar el hacinamiento a nivel nacional.
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2. Enfoque de género
Colombia cuenta con una cifra elevada de delitos asociados a las violencias basadas en género, en las que las víctimas son principalmente mujeres y niñas. Un fenómeno que, según el plan del ministerio, también se ha visto reflejado en el Sistema Penitenciario y Carcelario, en el que se han reportado casos de violencia contra la mujer por parte de personas privadas de la libertad y en contra de sus parejas durante las jornadas de visita íntima. Además, según el “Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre mujeres privadas de la libertad en las Américas”, se detalla que Colombia es uno de los países en el cual, en los últimos años, se ha incrementado la población carcelaria femenina.
El Inpec, con apoyo del Minjusticia, creará e implementará un protocolo diferenciado para el acceso a visitas íntimas de personas condenadas por delitos relacionados con las violencias basadas en género. Asimismo, expedirá el decreto reglamentario que habilita las acciones encaminadas a la protección y acompañamiento del proceso de resocialización de las mujeres desde el enfoque restaurativo y de género. Entre otras estrategias como capacitar con enfoque de género sobre el uso de productos y la higiene menstrual en los establecimientos de reclusión.
3. Protección del derecho a la vida
De acuerdo con información de la cartera de justicia, en el año 2022, al mes de noviembre, se tuvo un total de 139 riñas en los establecimientos de reclusión, que dejaron un saldo de 75 heridos. A su turno, se registró un total de 17 muertes violentas, algunas de ellas ocurridas con armas cortopunzantes. De acuerdo con lo anterior, presentaron una serie de estrategias destinadas a la prevención de las muertes en prisión con un énfasis en la protección de derechos humanos.
De ahí que el ministerio, en articulación con Unocd y el Inpec, formará a 15.000 funcionarios del Inpec en la actualización de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos. También contará con el acompañamiento técnico del Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr), y en el marco de una mesa de articulación interinstitucional, revisarán los protocolos del uso de la fuerza y atención de crisis en los establecimientos de reclusión. De igual forma, impulsarán jornadas de desarme en los establecimientos de reclusión con mayores índices de conflictividad.
4. Alimentación
De acuerdo con el informe de seguimiento de la prestación del servicio de salud realizado por el instituto penitenciario, se tiene que, de los 126 establecimientos carcelarios, un total de 29 (23%) se ubican en la categoría de alto riesgo por las múltiples falencias en la prestación del servicio de alimentación. De ahí que la Uspec prorrogará el actual contrato de alimentación que cubre a 259 centros de detención transitoria hasta el 31 de octubre de 2023.
Asimismo, el Minjusticia presentará un proyecto de ley que propone facultar a la Uspec, hasta el 30 de junio de 2024, a prestar los servicios de alimentación de personas que se encuentren privadas de la libertad en centros de detención transitoria. También, la unidad iniciará un nuevo proceso de selección para la prestación del servicio de alimentación, en el cual se redefinirán criterios como la experiencia específica y capacidad financiera de los eventuales oferentes para prestar bien el servicio.
5. Salud
Los datos obtenidos de la primera medición de indicadores de vida en reclusión, presentado a la Corte Constitucional en junio de 2023, arrojaron que las personas afiliadas a los regímenes contributivo, especial o excepcional obtienen niveles de atención en salud más bajos que las personas que tienen su atención cobijada con cargo a los recursos del Fondo Nacional de Salud para las Personas Privadas de la Libertad.
Por lo tanto, el Ministerio, en coordinación con la Uspec, el Inpec y el Fondo Nacional de Salud para las Personas Privadas de la Libertad, desarrollará brigadas integrales de atención en salud al interior de lar cárceles para dar respuesta a las solicitudes y quejas que realiza la población privada de la libertad en materia de citas médicas, odontológicas y provisión de medicamentos, a través de un mecanismo de priorización y seguimiento.
6. Acceso efectivo a la Justicia
Dentro del Sistema Penitenciario y Carcelario persisten limitantes para acceder de manera efectiva a la administración de justicia, particularmente en lo relacionado con el análisis de subrogados penales y el otorgamiento de beneficios administrativos. Ante este panorama, el Inpec garantizará un espacio de trabajo permanente en 40 cárceles junto con la Defensoría del Pueblo.
Además, el Minjusticia presentará el Plan de Acceso a la Justicia con Enfoque en Derechos Humanos, cuyo objetivo es facilitar el cumplimiento del ordenamiento jurídico y estándares internacionales en materia de debido proceso y derecho de defensa. Así mismo, realizará la actualización de cartillas biográficas de 54 centros penitenciarios del país y generará alianzas con universidades y consultorios jurídicos del país para realizar una labor de revisión de casos con el objetivo de impactar 20 centros penitenciarios y, al menos, 1.000 personas privadas de la libertad.
7. Lucha contra la corrupción
Las prisiones son lugares especialmente susceptibles a la corrupción: la falta de transparencia, las conexiones con grupos criminales organizados y la falta de interés social son causas de un problema endémico de la mayoría de los sistemas penitenciarios de América Latina. Así lo determina el plan del Minjusticia. De ahí que diseñará una estrategia de control de precios de los productos que se comercializan en los expendios de las cárceles.
De la misma manera, la cartera de justicia, en articulación con el sector defensa, reforzará la estrategia de incautación de dispositivos celulares al interior de las cárceles priorizadas, según el grado en que más se dé la extorsión carcelaria. Asimismo, diseñarán una estrategia para la inhibición de señal en estos centros penitenciarios, que incluya la participación de los operadores de telefonía celular para revisar pautas que permitan tal inhibición.
8. Productividad para la resocialización
En las cárceles persisten bajos niveles de actividades productivas que potencien las habilidades, actitudes y destrezas de la población privada de la libertad para facilitar su inclusión social una vez estén en libertad y la construcción de un proyecto de vida significativo. El Ministerio de Justicia, en coordinación con Innpulsa Colombia y el Inpec, creará dos Centros de Reindustrialización, la cual promoverá la creación de centros productivos en las cárceles del país.
Así es como, esta cartera, continuará implementando la Ruta Emprendedora, la cual se centra en la formación y aprendizaje de la población privada de la libertad para la inclusión productiva. “Con esta ruta se beneficiarán en un primer momento más de 100 mujeres privadas de la libertad de la Reclusión de Mujeres de Bogotá “Buen Pastor” y 35 personas de la Cárcel Modelo de Bogotá, organizando su idea de negocio de tal forma que puedan tener un plan productivo en su retorno a la libertad”, explica el Minjusticia.
En contexto: Hacinamiento carcelario del 265% en Bogotá también es un problema a nivel nacional
9. Educación y cultura para la resocialización
Aunque las actividades culturales permiten la redención de pena para la población que opta por el desarrollo de este tipo de acciones, dice Minjusticia que se ha evidenciado que en los establecimientos penitenciarios no existen programas permanentes y robustos que desarrollen el componente cultural. Además, explica que se tiene que la población privada de la libertad se encuentra en su mayoría reclamando recibir educación básica y media.
Ante esto, el Ministerio de Justicia y del Derecho, con apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, el INPEC, la Biblioteca Nacional y la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá (Bibliored), implementarán el Plan Cultura para la Libertad en 8 cárclees, para así fortalecer las Bibliotecas Penitenciarias; ofrecer contenidos audiovisuales en materia de artes, oficios y tradiciones de paz; formar en creación, arte y paz; materializar laboratorios de creación artística y literaria, que busquen mejorar la convivencia en los e inculcar iniciativas de restauración del daño y resocialización. Entre otras medidas.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.