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Después del próximo 11 de enero, cuando culmina la vacancia judicial, los juzgados y altos tribunales prometen tener los mismos niveles de ajetreo que cuando se cerró el 2021. La Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia tienen en sus despachos la responsabilidad de debatir asuntos tan álgidos que podrían generar divisiones y críticas en varios sectores. Se trata de discusiones como el fracking, la despenalización del aborto, el nuevo código electoral, la tenencia de los terrenos baldíos, las denuncias de vulneración de los derechos a los excombatientes de las Farc, hasta adelantar juicios en materia penal por el denominado Cartel de la Toga.
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La agenda, durante 2021, no le dio tregua a la Corte Constitucional que tiene entre sus pendientes la despenalización del aborto. El expediente que está en manos de la Sala Plena llegó al alto tribunal por cuenta de dos demandas que buscan que el delito sea eliminado del Código de Procedimiento Penal. Los documentos se repartieron a los despachos de los magistrados Antonio José Lizarazo y Alberto Rojas Ríos, quienes en noviembre pasado presentaron sus ponencias para empezar el álgido debate. Aunque su intención era, básicamente, dejar zanjado ese tema, una recusación e impedimento del magistrado Alejandro Linares retrasó todo el proceso e incluyó en el debate al conjuez Hernando Yepes.
Aunque las cartas estaban medianamente barajadas de lo que podría ser la votación, con la participación de Yepes, los cálculos nuevamente comienzan a trasnochar a los magistrados. Eso, sin sumar la llegada de la magistrada Natalia Ángel, que asumirá la plaza que deja el magistrado Alberto Rojas Ríos, quien culmina su periodo en febrero próximo. Otro de los pendientes en el alto tribunal es el debate que se cierne sobre el nuevo Código Electoral, ese articulado del Gobierno que pretende cambiar las reglas de juego en las elecciones. El caso está en el despacho del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, y aunque antes de que empezara la vacancia judicial solicitó abordar el tema como urgencia nacional, la Sala Plena dejó la discusión para el 2022.
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Una ponencia que está en poder de la magistrada Cristina Pardo y que traerá consigo el pulso al gobierno sobre la implementación del Acuerdo de Paz es otro de los asuntos álgidos que también tiene la Corte para abordar. A eso se suma, la ponencia del magistrado Lizarazo que deberá definir el futuro sobre la tenencia de los baldíos en el país. Ese expediente ha estado en el alto tribunal desde hace un poco más de dos años, pero por la ajetreada agenda no se le ha dado trámite, así como también ocurrió con el expediente sobre la educación en época de pandemia que reposa en el despacho del magistrado Ibáñez.
Consejo de Estado
En este alto tribunal el panorama no es distinto. Desde hace un poco más de cuatro años, el Consejo de Estado tiene la responsabilidad de debatir sobre la implementación del fracking en el país. A ese expediente, que se movió inicialmente en el despacho del exmagistrado Ramiro Pasos, promete dársele trámite durante el primer semestre del año. El caso, así como el aborto, ha tenido todo tipo de acciones, desde nulidades a decisiones por parte del Gobierno, hasta medidas cautelares que han frenado ese procedimiento mientras se toma decisión de fondo por no conocer con certeza el daño a la salud y medioambiente.
Aunque el escenario en este caso no parece estar tan claro, lo que ha trascendido es que el magistrado Jaime Enrique Rodríguez, quien tiene el expediente en su poder, tras la derrota de la ponencia del exmagistrado Pasos, recogió los argumentos de la Sala y durante noviembre pasado presentó su postura. La discusión se llevó a cabo durante un poco más de tres encuentros y tras no conseguir un consenso la deliberación quedó para después del 11 de enero.
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Corte Suprema de Justicia
En materia penal, el alto tribunal debe empezar el juicio contra el exmagistrado de ese mismo tribunal, Leonidas Bustos, quien está ante los estrados judiciales por el denominado cartel de la toga, la red de magistrados, políticos y abogados que buscaba amañar procesos a cambio de cuantiosas sumas de dinero. Hasta el momento se sabe que la audiencia preparatoria de juicio contra Bustos empezará el próximo 22 de enero.
Por otro lado, la Sala de Instrucción de la Corte deberá definir si las indagaciones preliminares en contra de los senadores Armando Benedetti y Mauricio Gómez Amin por el escándalo de los contratos de Centros Poblados trascienden a una investigación formal. Benedetti, según el alto tribunal, también tiene una investigación pendiente por supuesto enriquecimiento ilícito y que está en el despacho de la magistrada Cristina Lombana, ante quien ya rindió indagatoria. Además, también se debe adelantar los procesos judiciales en contra de los exsenadores Richard Aguilar y Edwin Ballesteros, quienes son investigados por supuestas irregularidades en contratación mientras fungieron como gobernadores de ese departamento.
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Así las cosas, el 2022 promete grandes decisiones jurídicas. Desde nuevas posibles reglas para practicar el aborto, definir la situación judicial sobre el denominado Cartel de la Toga hasta verificar si el posible o no implementar el fracking en el país. Los magistrados avanzan con tales discusiones mientras en su labor diaria se encuentran con más denuncias, acciones de tutela y procesos que aún están represados en sus despachos.