Las perlas de la absolución del exconcejal Carlos Romero

El 18 de octubre de 2013, el cerebro del carrusel de la contratación, Julio Gómez, en una extensa declaración ante la Fiscalía, no dejó títere con cabeza en el Concejo de Bogotá. Ese día hizo explosivas revelaciones sobre cuáles fueron sus relaciones con cada uno de los miembros de esta corporación. Entre la decena de salpicados —varios de ellos hoy en prisión— estaba el exconcejal Carlos Arturo Romero Jiménez, esposo de la exalcaldesa Clara López. Según Gómez, Romero recibió $50 millones para su campaña electoral en 2007 como anticipo tras haber prometido que gestionaría contratos ante la extinta Secretaría de Obras Públicas —hoy Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial—.

Julio Gómez explicó que en 2007, por intermedio de Antonio López, contactó a Carlos Romero, ya que tenía conocimiento de que el entonces secretario de Obras Públicas de Bogotá, Linio Baena, era una de sus cuotas políticas. El contratista dijo que se reunió con el entonces concejal en su sede política para explicarle el “negocio”, que consistía en convencer a Baena de realizar convenios administrativos con alcaldías locales de Bogotá para la construcción de vías y que, una vez firmados, la contratación se la dieran a sus empresas. De esta forma Gómez obtendría millonarios contratos en la capital.

En su relato Gómez manifestó que le dijo a Romero cómo debían ser gestionados esos convenios y resaltó: “Yo le digo que tenga la plena seguridad, que establecemos unos compromisos tanto para Linio Baena como para él, en un porcentaje de los que se pueda realizar. Esto equivaldría al 10% del valor total de los convenios que (Baena) firmara con las localidades y que a su vez sacara a licitación para ser adjudicados a mis empresas”. De acuerdo con su versión, “Romero me dice que ‘listo’ y que va a conseguir la cita” con Linio Baena.

Finalmente una de las cabezas del más grande saqueo a Bogotá puntualizó que Romero le dijo una semana después que el negocio iba a salir, pero que él estaba en plena campaña política y necesitaba un favor: “Que le colabore con un dinero y que se lo descontáramos después del negocio. Me solicita la suma de $50 millones. Como sabía que era un buen negocio, le confirmó que sí y a la semana siguiente le llevó en efectivo los $50 millones (…) Esta fue toda la relación que tuve con él, puesto que al final no se pudo hacer el negocio”. Según Gómez, durante varias semanas Romero no le pasó al teléfono.

Un año y cinco meses después de esta explosiva denuncia, sin mucho ruido, la Fiscalía archivó el expediente en favor de Romero. En una decisión de 18 páginas —proferida el pasado 5 de marzo y conocida por El Espectador—, el ente investigador concluyó que no se pudieron comprobar los señalamientos del contratista, que los hechos narrados por Gómez no se enmarcaban en ningún delito que afectara la administración pública y que el supuesto ingreso de $50 millones a la campaña de Carlos Romero es un tema que “debería generar una investigación de carácter administrativa” y no penal. La tesis fundamental del archivo es que como Gómez es un criminal que adelantó una “comisión”, no puede alegar que resultó estafado.

El fiscal del caso, Juan Vicente Valbuena, precisó en su decisión que en este caso no se tipificó el delito de cohecho, ya que Romero no tenía dentro de sus funciones suscribir convenios administrativos, que eran del resorte de Linio Baena, supuesto apadrinado político de Romero. Para la Fiscalía, Baena nunca tuvo conocimiento de los hechos ni de la presunta negociación entre Julio Gómez y Romero. Es más, indicó el fiscal Valbuena que tampoco se podían enmarcar las actuaciones de Romero en el delito de concusión, porque él jamás solicitó o constriñó al contratista para que, al parecer, le entregara una comisión de éxito por sus actuaciones.

Para Valbuena, la hipótesis de que se hubiera cometido un crimen se cerraba a dos posibilidades: a un presunto tráfico de influencias o a una estafa agravada. Sin embargo, descartó la primera opción al manifestar que —según se desprende del testimonio de Gómez—, Romero invocó, mas no utilizó, sus influencias en la Alcaldía “con la finalidad de engañar y obtener un aprovechamiento económico ilícito”. Por esta razón Valbuena centró su análisis en determinar si podría procesar a Romero por el delito de estafa, ya que se debía establecer si en realidad Julio Gómez le dio $50 millones que terminaron en las cuentas de la campaña del excabildante en 2007.

La Fiscalía terminó por exculpar a Romero al presentar tres hipótesis sobre por qué la entrega de los $50 millones no fue un ilícito. La primera, que estos recursos de Julio Gómez —condenado a 10 años de prisión por ser uno de los mayores desfalcadores de la capital— fueron ingresados legalmente en la campaña del exconcejal. “Es decir, que el ingreso de esos $50 millones a la campaña política de Romero, cuando más debería generar una investigación de carácter administrativa por el Consejo Nacional Electoral, que escapa del resorte legal de la Fiscalía”, concluyó Valbuena.

La segunda hipótesis del ente investigador es que si Gómez le dio esa plata a Romero con el compromiso de que lo beneficiaría con contratos de la Secretaría de Obras Públicas, no se comprobó que el exconcejal intercediera por él, ya que el propio contratista aceptó que “al final no se pudo hacer el negocio”. Finalmente, que de haber sido cierta la transacción de $50 millones, Romero habría engañado a Julio Gómez, pero que estos hechos no se podían investigar por tratarse de una presunta estafa a un criminal que se exponía, por su cuenta y riesgo, a este desenlace en tanto estaba entregando un dinero que buscaba un provecho ilegal. “Se trata de una tesis exótica”, le dijo a El Espectador un reputado abogado.

En el documento de archivo que hoy es objeto de una ácida polémica, se ejemplificó la situación de Julio Gómez y Carlos Romero así: una persona que contrata a un sicario para asesinar a uno de sus enemigos no puede considerarse como una víctima de estafa si el homicidio no llega a consumarse. El fiscal Valbuena reafirmó su argumento al citar doctrinas que han explicado cómo resolver estos casos: “La sanción penal no debe prostituirse para proteger a la víctima cuando ésta es más despreciable que quien la engaña”.

En pocas palabras, para la Fiscalía no es posible considerar que Julio Gómez fue víctima de una estafa, porque la presunta situación se enmarcó en una negociación ilícita. En ese contexto, el documento enfatizó en que el contratista detenido entregó un adelanto de una comisión con una finalidad ilegal y, por lo tanto, el riesgo lo asumió él “al realizar un comportamiento en el terreno de lo ‘ilícito’ y no podría trasladarse su protección al ámbito del derecho penal (...) (Gómez era) plenamente consciente de que exponía su patrimonio”.

En su interrogatorio, Carlos Romero sostuvo que nunca se relacionó con Gómez y que solo sostuvo una conversación de ocho minutos con él cuando se lo presentó Antonio López en un restaurante —el contratista también indicó que López fue quien los presentó—. Además, agregó que Baena nunca fue su cuota política, que Gómez nunca logró un contrato en ese momento con la Secretaría de Obras Públicas y que durante la época en la que su esposa Clara López fue alcaldesa encargada, ella les decretó la caducidad a dos contratos del Distrito que estaban en poder de las empresas de Gómez. En síntesis, Romero se declaró ajeno a las denuncias de Gómez.

Entre los testimonios recogidos también está el del exsecretario Baena, quien manifestó que no era cuota política de nadie, que llegó al cargo tras desempeñar una buena labor en cargos técnicos en distintas entidades del Distrito y que fue nombrado como secretario por el entonces alcalde de Bogotá Luis Eduardo Garzón. Con todos estos elementos de juicio, la Fiscalía archivo el caso contra Romero. El propio fiscal Valbuena afirmó en su decisión que estos hechos denunciados ocurrieron meses antes de que llegara al poder la administración de Samuel Moreno, época en la que se consolidó el carrusel de la contratación.

Un fallo que varios abogados que han hecho parte de los procesos del carrusel de la contratación consideran atípico, ya que la Fiscalía no quiso indagar más sobre el tema con dos testigos claves: Emilio Tapia y Manuel Sánchez. El abogado del Distrito, Daniel Prado, arremetió contra el fiscal Valbuena al asegurar que no ha querido investigar a algunas personas en este expediente. “No se sabe ni el 1% del carrusel y, como lo hemos repetido, el fiscal Valbuena, desde antes de asumir la investigación, le dijo a Emilio Tapia que mejor se quedara callado. La Fiscalía va a terminar con el papel que estaba cumpliendo el DAS, realizando persecución política. Las noticias del carrusel van en círculo, son refritos porque no hay nuevos personajes implicados entre los salpicados”.

El Espectador se comunicó con el exconcejal Carlos Romero, quien repitió que jamás recibió ningún dinero por parte de Julio Gómez, que la declaración del detenido contratista es totalmente falsa, que así lo corroboró la Fiscalía y que por eso le archivó el proceso. “Nunca recibí los $50 millones ni he tenido relaciones comerciales con ese señor. Lo vi apenas 6 o 7 minutos una sola vez. Soy un hombre honorable y le exijo respeto”, dijo.

Al margen de la controversia jurídica, en el ajedrez político de Bogotá esta decisión representa un alivio para la campaña a la Alcaldía de Clara López, quien puntea en las encuestas. Al final de cuentas, para la Fiscalía —que jamás comprobó o desvirtuó si Julio Gómez le dio esos $50 millones al exconcejal Romero—, nada se hubiera podido hacer en materia penal en este caso. O bien porque este es un tema de resorte administrativo que debe indagar el Consejo Nacional Electoral o bien porque un criminal confeso como Gómez no tiene derecho a declararse víctima de estafa.

La respuesta del fiscal Valbuena

El 18 de octubre de 2013, el cerebro del carrusel de la contratación, Julio Gómez, en una extensa declaración ante la Fiscalía, no dejó títere con cabeza en el Concejo de Bogotá. Ese día hizo explosivas revelaciones sobre cuáles fueron sus relaciones con cada uno de los miembros de esta corporación. Entre la decena de salpicados —varios de ellos hoy en prisión— estaba el exconcejal Carlos Arturo Romero Jiménez, esposo de la exalcaldesa Clara López. Según Gómez, Romero recibió $50 millones para su campaña electoral en 2007 como anticipo tras haber prometido que gestionaría contratos ante la extinta Secretaría de Obras Públicas —hoy Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial—.

Julio Gómez explicó que en 2007, por intermedio de Antonio López, contactó a Carlos Romero, ya que tenía conocimiento de que el entonces secretario de Obras Públicas de Bogotá, Linio Baena, era una de sus cuotas políticas. El contratista dijo que se reunió con el entonces concejal en su sede política para explicarle el “negocio”, que consistía en convencer a Baena de realizar convenios administrativos con alcaldías locales de Bogotá para la construcción de vías y que, una vez firmados, la contratación se la dieran a sus empresas. De esta forma Gómez obtendría millonarios contratos en la capital.

En su relato Gómez manifestó que le dijo a Romero cómo debían ser gestionados esos convenios y resaltó: “Yo le digo que tenga la plena seguridad, que establecemos unos compromisos tanto para Linio Baena como para él, en un porcentaje de los que se pueda realizar. Esto equivaldría al 10% del valor total de los convenios que (Baena) firmara con las localidades y que a su vez sacara a licitación para ser adjudicados a mis empresas”. De acuerdo con su versión, “Romero me dice que ‘listo’ y que va a conseguir la cita” con Linio Baena.

Finalmente una de las cabezas del más grande saqueo a Bogotá puntualizó que Romero le dijo una semana después que el negocio iba a salir, pero que él estaba en plena campaña política y necesitaba un favor: “Que le colabore con un dinero y que se lo descontáramos después del negocio. Me solicita la suma de $50 millones. Como sabía que era un buen negocio, le confirmó que sí y a la semana siguiente le llevó en efectivo los $50 millones (…) Esta fue toda la relación que tuve con él, puesto que al final no se pudo hacer el negocio”. Según Gómez, durante varias semanas Romero no le pasó al teléfono.

Un año y cinco meses después de esta explosiva denuncia, sin mucho ruido, la Fiscalía archivó el expediente en favor de Romero. En una decisión de 18 páginas —proferida el pasado 5 de marzo y conocida por El Espectador—, el ente investigador concluyó que no se pudieron comprobar los señalamientos del contratista, que los hechos narrados por Gómez no se enmarcaban en ningún delito que afectara la administración pública y que el supuesto ingreso de $50 millones a la campaña de Carlos Romero es un tema que “debería generar una investigación de carácter administrativa” y no penal. La tesis fundamental del archivo es que como Gómez es un criminal que adelantó una “comisión”, no puede alegar que resultó estafado.

El fiscal del caso, Juan Vicente Valbuena, precisó en su decisión que en este caso no se tipificó el delito de cohecho, ya que Romero no tenía dentro de sus funciones suscribir convenios administrativos, que eran del resorte de Linio Baena, supuesto apadrinado político de Romero. Para la Fiscalía, Baena nunca tuvo conocimiento de los hechos ni de la presunta negociación entre Julio Gómez y Romero. Es más, indicó el fiscal Valbuena que tampoco se podían enmarcar las actuaciones de Romero en el delito de concusión, porque él jamás solicitó o constriñó al contratista para que, al parecer, le entregara una comisión de éxito por sus actuaciones.

Para Valbuena, la hipótesis de que se hubiera cometido un crimen se cerraba a dos posibilidades: a un presunto tráfico de influencias o a una estafa agravada. Sin embargo, descartó la primera opción al manifestar que —según se desprende del testimonio de Gómez—, Romero invocó, mas no utilizó, sus influencias en la Alcaldía “con la finalidad de engañar y obtener un aprovechamiento económico ilícito”. Por esta razón Valbuena centró su análisis en determinar si podría procesar a Romero por el delito de estafa, ya que se debía establecer si en realidad Julio Gómez le dio $50 millones que terminaron en las cuentas de la campaña del excabildante en 2007.

La Fiscalía terminó por exculpar a Romero al presentar tres hipótesis sobre por qué la entrega de los $50 millones no fue un ilícito. La primera, que estos recursos de Julio Gómez —condenado a 10 años de prisión por ser uno de los mayores desfalcadores de la capital— fueron ingresados legalmente en la campaña del exconcejal. “Es decir, que el ingreso de esos $50 millones a la campaña política de Romero, cuando más debería generar una investigación de carácter administrativa por el Consejo Nacional Electoral, que escapa del resorte legal de la Fiscalía”, concluyó Valbuena.

La segunda hipótesis del ente investigador es que si Gómez le dio esa plata a Romero con el compromiso de que lo beneficiaría con contratos de la Secretaría de Obras Públicas, no se comprobó que el exconcejal intercediera por él, ya que el propio contratista aceptó que “al final no se pudo hacer el negocio”. Finalmente, que de haber sido cierta la transacción de $50 millones, Romero habría engañado a Julio Gómez, pero que estos hechos no se podían investigar por tratarse de una presunta estafa a un criminal que se exponía, por su cuenta y riesgo, a este desenlace en tanto estaba entregando un dinero que buscaba un provecho ilegal. “Se trata de una tesis exótica”, le dijo a El Espectador un reputado abogado.

En el documento de archivo que hoy es objeto de una ácida polémica, se ejemplificó la situación de Julio Gómez y Carlos Romero así: una persona que contrata a un sicario para asesinar a uno de sus enemigos no puede considerarse como una víctima de estafa si el homicidio no llega a consumarse. El fiscal Valbuena reafirmó su argumento al citar doctrinas que han explicado cómo resolver estos casos: “La sanción penal no debe prostituirse para proteger a la víctima cuando ésta es más despreciable que quien la engaña”.

En pocas palabras, para la Fiscalía no es posible considerar que Julio Gómez fue víctima de una estafa, porque la presunta situación se enmarcó en una negociación ilícita. En ese contexto, el documento enfatizó en que el contratista detenido entregó un adelanto de una comisión con una finalidad ilegal y, por lo tanto, el riesgo lo asumió él “al realizar un comportamiento en el terreno de lo ‘ilícito’ y no podría trasladarse su protección al ámbito del derecho penal (...) (Gómez era) plenamente consciente de que exponía su patrimonio”.

En su interrogatorio, Carlos Romero sostuvo que nunca se relacionó con Gómez y que solo sostuvo una conversación de ocho minutos con él cuando se lo presentó Antonio López en un restaurante —el contratista también indicó que López fue quien los presentó—. Además, agregó que Baena nunca fue su cuota política, que Gómez nunca logró un contrato en ese momento con la Secretaría de Obras Públicas y que durante la época en la que su esposa Clara López fue alcaldesa encargada, ella les decretó la caducidad a dos contratos del Distrito que estaban en poder de las empresas de Gómez. En síntesis, Romero se declaró ajeno a las denuncias de Gómez.

Entre los testimonios recogidos también está el del exsecretario Baena, quien manifestó que no era cuota política de nadie, que llegó al cargo tras desempeñar una buena labor en cargos técnicos en distintas entidades del Distrito y que fue nombrado como secretario por el entonces alcalde de Bogotá Luis Eduardo Garzón. Con todos estos elementos de juicio, la Fiscalía archivo el caso contra Romero. El propio fiscal Valbuena afirmó en su decisión que estos hechos denunciados ocurrieron meses antes de que llegara al poder la administración de Samuel Moreno, época en la que se consolidó el carrusel de la contratación.

Un fallo que varios abogados que han hecho parte de los procesos del carrusel de la contratación consideran atípico, ya que la Fiscalía no quiso indagar más sobre el tema con dos testigos claves: Emilio Tapia y Manuel Sánchez. El abogado del Distrito, Daniel Prado, arremetió contra el fiscal Valbuena al asegurar que no ha querido investigar a algunas personas en este expediente. “No se sabe ni el 1% del carrusel y, como lo hemos repetido, el fiscal Valbuena, desde antes de asumir la investigación, le dijo a Emilio Tapia que mejor se quedara callado. La Fiscalía va a terminar con el papel que estaba cumpliendo el DAS, realizando persecución política. Las noticias del carrusel van en círculo, son refritos porque no hay nuevos personajes implicados entre los salpicados”.

El Espectador se comunicó con el exconcejal Carlos Romero, quien repitió que jamás recibió ningún dinero por parte de Julio Gómez, que la declaración del detenido contratista es totalmente falsa, que así lo corroboró la Fiscalía y que por eso le archivó el proceso. “Nunca recibí los $50 millones ni he tenido relaciones comerciales con ese señor. Lo vi apenas 6 o 7 minutos una sola vez. Soy un hombre honorable y le exijo respeto”, dijo.

Al margen de la controversia jurídica, en el ajedrez político de Bogotá esta decisión representa un alivio para la campaña a la Alcaldía de Clara López, quien puntea en las encuestas. Al final de cuentas, para la Fiscalía —que jamás comprobó o desvirtuó si Julio Gómez le dio esos $50 millones al exconcejal Romero—, nada se hubiera podido hacer en materia penal en este caso. O bien porque este es un tema de resorte administrativo que debe indagar el Consejo Nacional Electoral o bien porque un criminal confeso como Gómez no tiene derecho a declararse víctima de estafa.

La respuesta del fiscal Valbuena