Las pistas de los hermanos Char en un “acuerdo delictivo” de compra de votos
El Espectador conoció el documento con el que la Corte Suprema ordenó la captura de Arturo Char. Hay datos inéditos en la investigación: el alto tribunal tiene evidencia de los contratos públicos de donde habría salido la plata para financiar la compra de votos y señala que Alejandro Char habría participado de esa “sociedad criminal”.
Arturo Char Chaljub pasó sus últimos días antes de llegar a La Picota en los calabozos de la Dijín de la Policía en Bogotá, el mismo lugar donde estuvo el jefe del Clan del Golfo, alias Otoniel, desde que fue capturado en octubre de 2021 y luego extraditado a Estados Unidos, en mayo de 2022. Uno de los integrantes más importantes del clan Char llegó hasta ese temido lugar, por una orden de captura que emitió la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en la investigación en su contra por corrupción electoral que arrancó hace cinco años y medio. Desde ese entonces, se dijo que en el entramado ilegal de compra de votos había participado la excongresista Aída Merlano —ya condenada por estos hechos— y los dos clanes políticos más poderosos del Atlántico: la familia Char y la Gerlein.
(En contexto: Los 12 “indicios graves” contra Arturo Char que lo llevaron hasta La Picota)
Hasta esta semana, los vínculos se habían quedado en la participación de Julio Gerlein, quien ya está en juicio por su supuesta participación en el entramado criminal. Sin embargo, el alto tribunal resolvió la situación jurídica de Arturo Char en una decisión de 218 páginas en la que concluyó que hay pruebas de que él, y su hermano, Alejando Char, el actual candidato a la Alcaldía de Barranquilla, habrían sido los eslabones más altos del entramado corrupto que corrupción electoral en el Atlántico, al parecer, con dinero de contratos de esa administración pública. El Espectador tuvo acceso a ese documento que puede ser la primera pieza judicial de la presunta participación de los Char en lo que, para un testigo del caso, es una práctica tan común como el tequila en México: la compra de votos.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema, con ponencia del magistrado Francisco Javier Farfán, firmó el documento el pasado 4 de septiembre, no solo para confirmar que Arturo Char seguirá investigado por los delitos de concierto para delinquir agravado y corrupción al sufragante, sino que tiene que estar en una cárcel mientras avanzan las pesquisas en su contra. La decisión causó revuelo, pues se trata de un golpe a las entrañas del charismo, a pocas semanas de las elecciones regionales de octubre, en las que Alejandro Char puntea las encuestas en su intención de regresar a la Alcaldía de Barranquilla. Aunque los dos han rechazado cualquier participación en el entramado de compra de votos, el alto tribunal tiene pruebas de que en esta historia todavía hay tela por cortar.
(Lea también: Las claves del expediente contra Arturo Char que lo tiene con un pie en la cárcel)
“La sociedad criminal”
Para la Sala de Instrucción, dentro del expediente hay suficientes pruebas para hablar de que, en las votaciones de 2018, se conformó “una sociedad delictiva en la que participaron el propio Arturo Char, Julio Gerlein, Aida Merlano, quien sería su fórmula a la Cámara, Lilibeth Llinás, y el propio Alejandro Char, este último en condición de alcalde de la ciudad de Barranquilla”. Según el documento, todo inició en la casa de Arturo Char, en octubre de 2017, cuando se creó un pacto político con las siguientes condiciones: la familia Char apoyaría la candidatura de Aida Merlano al Senado, como así lo querían los Gerlein, siempre y cuando aceptaran que su fórmula a la Cámara fuera Lilibeth Llinás, una amiga cercana de Arturo Char, cuyo hermano ya era de las “entrañas” del entonces senador.
Esa alianza tuvo sus particularidades. Primero, porque Merlano era cuota del Partido Conservador y Llinás de Cambio Radical, colectividad que ayudó a fundar Fuad Char, padre de Arturo y Alejandro. Y segundo, porque, para ese momento, dice la Corte, Merlano sostenía dos relaciones sentimentales diferentes: una con Julio Gerlein y otra con Alejando Char. Sin embargo, el interés político primó sobre sus colores y, dice el alto tribunal, “así se firmó el acuerdo delictivo de la Casa Blanca”. Como ya logró probar la Fiscalía y la Corte Suprema, Casa Blanca fue la sede de la empresa criminal de compra de votos a favor de las candidatas avaladas por los Char y los Gerlein, de donde las autoridades incautaron las pruebas documentales claves que hoy tienen en serios líos a ambas dinastías políticas.
Sobre este “acuerdo delictivo”, como se lee en el documento, la Sala de Instrucción fue más allá y señaló que pudo haber otra motivación adicional: “Promover la candidatura presidencial de Germán Vargas Lleras en 2018 y la futura precandidatura de Alejandro Char, favoreciendo al mismo tiempo los intereses de una candidata que mantenía de manera simultánea una relación sentimental con dos de los posibles promotores y financistas del grupo de delictivo organizado: Julio Gerlein y Alejandro Char”. Con el pacto avalado por ambos clanes políticos, en la Casa Blanca empezó a moverse la logística para estructurar la compra de votos, mientras que los jefes de la empresa criminal se pusieron a la tarea de conseguir la plata para financiar el entramado ilegal
Como lo contó El Espectador en marzo de 2018, en una investigación que reveló por primera vez los detalles de esa empresa de compra de votos, su estructura fue una organizada entre coordinadores y líderes, que se encargaban de dar entre $50.000 y $90.000 pesos a cambio de votos en al menos 7 municipios del Atlántico. Según uno de los testigos claves del caso, Aida Merlano y Lilibeth Llinás fueron las encargadas de explicarle a los miembros de la empresa cuál era el protocolo: debían tomar los datos personales de cada potencial votante, la huella y una fotocopia de la cédula. Después de eso, se les entregaba $20.000 pesos como anticipo, pero debían estar en permanente contacto con ellos para asegurarse que, el día de las elecciones, votaran por las candidatas.
(Le podría interesar: “Era un vago”: Ariel Ávila no cree que Arturo Char sea cabeza de supuesta red criminal)
La Corte encontró que esta conducta ilegal se prolongó desde octubre de 2017 hasta febrero de 2018. Tres de los principales testigos en contra de Arturo Char fueron, precisamente, personas que trabajaron en estas tareas: Francisco Palencia Borrero, Rafael Rocha Salcedo, Vicente Rosanía, Evelyn Díaz Díaz y Edwin Martínez, el gerente de la campaña. La mayoría de ellos ya están vinculados a investigaciones por corrupción electoral, y todos coincidieron, bajo la gravedad del juramento, que durante la campaña de Merlano y Llinás, vieron a Char en la Casa Blanca y supieron de la entrada de dinero irregular para poder financiar la compra de votos. Con esos indicios, la Corte pidió más información para entender quién pudo financiar lo que calificó como “una sociedad criminal”.
Los contratos y el papel de Alejandro Char
Sobre esa financiación, el alto tribunal ya sabe que, desde hace tres años, la Fiscalía tiene en juicio a Julio Gerlein. Como lo contó este diario en octubre de 2019, en contra del empresario hay evidencias de que habría entregado millonarios cheques a favor de Merlano, pese a que él mismo ha declarado su inocencia ante los jueces que siguen el proceso en su contra. La Corte quiso ir más allá del papel de Gerlein y pidió explicaciones, no solo a los Char, sino también al empresario que fue mencionado por la propia Merlano en sus declaraciones: Faisal Cure, un megacontratista de Barranquilla que se ha llevado millonarios contratos, especialmente, durante las administraciones de Alejandro Char en la Alcaldía. Tanto Cure como el hoy candidato, declararon ante el alto tribunal en 2020.
Ambos rechazaron cualquier ilegalidad. Sin embargo, el contratista sí confirmó que había firmado millonarios contratos con la Alcaldía de Barranquilla. Con esa pista, la Sala de Instrucción pidió información oficial sobre esos negocios. En el documento en poder de este diario hay información de cuatro: la canalización de arroyo de las calles 75 y 76, por un valor de $105.000 millones; la ampliación de la vía al río Magdalena por $54.000 millones (más una adición de $74.000 millones); la construcción de la ruta 90, por $90.000 millones (con una adición de $20.000 millones); la construcción de la calle 30 o avenida Boyacá, por $94.000 millones. En total, los negocios suman $437.000 millones de pesos, un dato que no pasa desapercibido en la decisión de la Corte Suprema.
(En contexto: El expediente de Aída Merlano)
¿Por qué? Porque Merlano declaró que la financiación de la compra de votos “se logró con los anticipos de esos contratos que entregó Alejandro Char. Por eso, el reconocimiento de Cure coincide de alguna manera con la declaración rendida por la excongresista”, señala la Sala de Instrucción. Aunque el alto tribunal aclara que la relación entre esos negocios y la compra de votos todavía es materia de investigación, la decisión puntualiza “que el pacto político ilegal se financió fundamentalmente con dineros entregados por Faisal Cure, contratista de la administración de Alejando Char, y por el también contratista de la misma administración, y compañero sentimental de Merlano, Julio Gerlein. Además, con dineros suministrados por el señalado alcalde Alejandro Char y su núcleo familiar”.
Las pruebas contra Char, más allá de Aida Merlano
Desde que arrancó la investigación en contra de Arturo Char, en varios mensajes en X (antes Twitter), el expresidente del Senado ha negado cualquier vinculación al entramado ilegal y ha dicho que va a desmentir a Aida Merlano de sus declaraciones. Si bien la excongresista es testigo clave en su caso, la Corte Suprema resalta que tiene muchas más pruebas y testimonios que le permitieron llegar a la conclusión de que Char debe seguir vinculado a la investigación y que, además, debe permanecer recluido en una cárcel. Por ejemplo, el alto tribunal reseñó a los integrantes de la empresa criminal, pero también que tiene videos, audios e informes de policía judicial que le permitieron llegar a la conclusión de que “el excongresista incriminado fue en efecto uno de los promotores del pacto delictivo”.
(Lea también: El testimonio que hundió a Aída Merlano en la Corte Suprema)
No solo habría tenido ese papel protagónico. La Corte Suprema tiene evidencia de que, a través del entramado criminal, Arturo Char habría accedido a 10.000 votos comprados, gracias a la gestión de un personaje clave: Adalberto Llinás. Se trata, en palabra del alto tribunal, de un “íntimo amigo del exsenador y el hermano de Lilibeth Llinás”. Lo que recoge la Corte en la providencia es que fue él quien se encargó de conseguirle los votos a Char, y no a Merlano. Al respecto, la Sala de Instrucción insiste en que “Arturo Char concertó con la excongresista Merlano y otras personas más (Julio Gerlein, Lilibeth y Adalberto Llinás, Alejandro Char, entre otros), la configuración y puesta en marcha de una sociedad criminal, a partir de la cual desarrolló la compra de miles de votos”.
El 11 de marzo de 2018, Arturo Char se convirtió en uno de los candidatos con más votos, para un total de 126.628 y Cambio Radical fue el segundo partido más votado (le ganó el Centro Democrático). Dos años después, cuando la Corte Suprema ya tenía una indagación en su contra y cuando justamente lo llamó a versión libre, el senador fue elegido como presidente del Senado, el cargo más alto al que había llegado un miembro del clan Char en el ámbito político. Desde ese llamado de la Corte, el exsenador optó por guardar silencio. Cuando el cerco de la Corte fue cerrándose y los magistrados pidieron escucharlo en indagatoria, su estrategia judicial causó polémica, pues para muchos, fue una jugada únicamente para evitar darle la cara a la justicia. Esa postura no fue ajena al alto tribunal.
La Sala de Instrucción explicó en el documento en poder de este diario que el senador interpuso toda clase de recursos que llevaron a que la Corte tuviera que aplazar en tres ocasiones la indagatoria. Con un agravante: el alto tribunal encontró coincidencias que prendieron las alarmas sobre la actitud de Char, frente al proceso penal. Por ejemplo, la Sala indicó que el exsenador salió del país hace más de nueve meses (23 de noviembre de 2022) desde el aeropuerto de Barranquilla y desde entonces no ha retornado a Colombia (regresó en la noche del pasado jueves). Dice el alto tribunal que esa fecha coincide con la apertura formal del proceso penal por su presunta participación en la red criminal, pero que no coincidía con sus salidas previas del país, pues solía regresar a los pocos días del viaje.
“Se advierte que Arturo Char ha mostrado una absoluta negativa a comparecer de manera presencial ante la Corte para que se formalizara su vinculación formal al proceso, lo que significa que hay un riesgo de que no comparezca, por ejemplo, para cumplir una eventual pena (...) Adicionalmente, el pasado 3 de febrero de 2023, Char envió desde los Estados Unidos su carta de renuncia como senador (...) estas situaciones, más el cambio de arraigo por parte del exsenador (estaba viviendo en Miami) robustecen el riesgo de fuga y no comparecencia ante las eventuales decisiones que se tomen en este proceso en su contra”, señala el documento conocido por este diario, en el que, además, el alto tribunal argumentó la necesidad de que Arturo Char sea recluido en una cárcel, y no en prisión domiciliaria.
(En contexto: Arturo Char por fin rindió indagatoria y aseguró que Aida Merlano miente)
Pese a las consideraciones de la Corte y la sospecha de su fuga, el exsenador ha insistido en sus redes sociales en que siempre ha sido “respetuoso de las actuaciones de las autoridades judiciales y por esa razón nunca he debatido los pormenores del caso en medios públicos. He ejercido mis derechos y continuaré haciéndolo hasta demostrar mi absoluta inocencia (...) Respeto y acato la decisión de la Corte Suprema y por esa razón apenas fui notificado el día de ayer empecé a adelantar las gestiones para viajar a Colombia y presentarme lo más pronto posible para ponerme a disposición de la honorable Corte”. El exsenador regresó al país en un vuelo privado en la noche del jueves pasado, justamente cuando la atención de su ciudad, y buena parte del país, estaba puesta en el partido de la Selección Colombia y Venezuela.
“Con la cabeza en alto y con el deber moral que mis principios me imponen, así como el compromiso y amor que siento por la gente del Caribe colombiano que siempre me ha acompañado generosamente a lo largo de mi vida política, afrontaré mi defensa sin desfallecer. Nunca he estado prófugo de la justicia. Trasladé mi lugar de residencia temporalmente a los EE.UU. por razones estrictamente familiares y porque hasta ayer, solamente había una investigación en curso y no se había proferido ninguna medida judicial que me impidiera salir del país. Mi inocencia será ratificada en lo que queda por delante del proceso. Tengo la certeza que mis abogados pondrán a disposición de la honorable Corte todas las pruebas para controvertir los testigos en mi contra”, agregó el exsenador.
Los coletazos políticos de la captura de Arturo Char
Luego del reproche de la Corte por la estrategia de su defensa, que dilató más de cinco meses su indagatoria, Arturo Char le dio un giro radical a su bancada. Después de que se conociera la orden de captura en su contra, a su círculo de defensa apareció un pesado pesado del mundo penal: el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Luis Barceló. El respetado jurista regresa al alto tribunal, ahora en calidad de abogado, para defender al miembro del clan Char que está enredando los intereses políticos de allegados. Aunque es muy poco probable que se frene la candidatura de Alejandro Char, quien podría mantener la hegemonía política de su familia, sí le da municiones a sus opositores para criticar con fuerza el regreso de una persona salpicada por un escándalo de compra de votos.
La razón de que el golpe sea más mediático que electoral es que, de acuerdo con la última encuesta de Invamer, Alejandro Char tiene un respaldo en intención de voto del 86,2 %, mientras que ninguno de sus competidores supera el 6 %. Es, prácticamente, un candidato sin rival. Además, según cálculos de la misma clase política barranquillera, su votación rondaría los 300.000 sufragios, algo que no solo se sustenta en su popularidad y el poder mediático y económico de la familia, sino en que solo Arturo, tal vez el menos conocido de todo el clan, sacó 102.121 votos en su campaña al Senado de 2022. Pero, tal cual lo contó El Espectador en su edición dominical de hace ocho días, los lazos que tiene esta familia le permite asegurar los apoyos de los partidos Conservador, La U y hasta un sector del Liberal.
(En contexto: Se pagan tres cuotas: así opera la maquinaria de la compra de votos en elecciones)
Esto, en plata blanca, se traduce en que, así Arturo Char se quede en la cárcel y termine condenado, Alejandro y todo el clan que gestó Fuad Char, el patriarca del grupo, mantendrán el poder en la región por al menos un periodo electoral más. Por donde sí se puede sentir un efecto más inmediato es en las filas de Cambio Radical, cuyo jefe natural, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, también defiende la inocencia de todos los Char. Si Arturo termina condenado, la colectividad podría perder esa curul en el Senado, la cual, actualmente, ocupa Carlos Julio González. Incluso, una fuente del partido aseguró que se está analizando si el comité de ética expulsa al ahora capturado excongresista.
Durante la noche del pasado viernes 8 de septiembre, el Inpec trasladó al exsenador al pabellón de funcionarios públicos de la cárcel La Picota. En sus redes sociales, no obstante, siguió defendiendo su inocencia y explicó que está seguro de que sus abogados entregarán las pruebas suficientes para comprobar que nada tiene que ver con el caso de compra de votos que complica a su clan político, pero también a la campaña de su hermano. Este diario se contactó con Alejandro Char para conocer su versión de las nuevas consideraciones de la Corte Suprema sobre su papel en “convenio criminal de la Casa Blanca”, pero no obtuvo respuesta. Sin embargo, igual que su hermano, el candidato ha rechazado cualquier vínculo con esta red de compra de votos.
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Mientras las autoridades definen si con estas evidencias de la Corte Suprema hay mérito para impulsar investigaciones contra Alejandro Char, su hermano permanecerá retenido en La Picota, aunque su defensa trabaja a toda máquina para pedirle al alto tribunal que sustituya la medida por una en la que pueda estar detenido en la casa, o al menos en una prisión de Barranquilla. Sin embargo, las evidencias en manos del alto tribunal apuntan a que el exsenador será llamado a juicio para que se defienda de su presunta participación en este entramado ilegal que le podría costar un duro golpe de reputación al clan familiar, cuya hegemonía no se ha cuestionado en los últimos 20 años el Atlántico, pese a que, como le dijo un testigo a la corte, “la compra de votos en Barranquilla es como el tequila en México”.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Arturo Char Chaljub pasó sus últimos días antes de llegar a La Picota en los calabozos de la Dijín de la Policía en Bogotá, el mismo lugar donde estuvo el jefe del Clan del Golfo, alias Otoniel, desde que fue capturado en octubre de 2021 y luego extraditado a Estados Unidos, en mayo de 2022. Uno de los integrantes más importantes del clan Char llegó hasta ese temido lugar, por una orden de captura que emitió la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en la investigación en su contra por corrupción electoral que arrancó hace cinco años y medio. Desde ese entonces, se dijo que en el entramado ilegal de compra de votos había participado la excongresista Aída Merlano —ya condenada por estos hechos— y los dos clanes políticos más poderosos del Atlántico: la familia Char y la Gerlein.
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Hasta esta semana, los vínculos se habían quedado en la participación de Julio Gerlein, quien ya está en juicio por su supuesta participación en el entramado criminal. Sin embargo, el alto tribunal resolvió la situación jurídica de Arturo Char en una decisión de 218 páginas en la que concluyó que hay pruebas de que él, y su hermano, Alejando Char, el actual candidato a la Alcaldía de Barranquilla, habrían sido los eslabones más altos del entramado corrupto que corrupción electoral en el Atlántico, al parecer, con dinero de contratos de esa administración pública. El Espectador tuvo acceso a ese documento que puede ser la primera pieza judicial de la presunta participación de los Char en lo que, para un testigo del caso, es una práctica tan común como el tequila en México: la compra de votos.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema, con ponencia del magistrado Francisco Javier Farfán, firmó el documento el pasado 4 de septiembre, no solo para confirmar que Arturo Char seguirá investigado por los delitos de concierto para delinquir agravado y corrupción al sufragante, sino que tiene que estar en una cárcel mientras avanzan las pesquisas en su contra. La decisión causó revuelo, pues se trata de un golpe a las entrañas del charismo, a pocas semanas de las elecciones regionales de octubre, en las que Alejandro Char puntea las encuestas en su intención de regresar a la Alcaldía de Barranquilla. Aunque los dos han rechazado cualquier participación en el entramado de compra de votos, el alto tribunal tiene pruebas de que en esta historia todavía hay tela por cortar.
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“La sociedad criminal”
Para la Sala de Instrucción, dentro del expediente hay suficientes pruebas para hablar de que, en las votaciones de 2018, se conformó “una sociedad delictiva en la que participaron el propio Arturo Char, Julio Gerlein, Aida Merlano, quien sería su fórmula a la Cámara, Lilibeth Llinás, y el propio Alejandro Char, este último en condición de alcalde de la ciudad de Barranquilla”. Según el documento, todo inició en la casa de Arturo Char, en octubre de 2017, cuando se creó un pacto político con las siguientes condiciones: la familia Char apoyaría la candidatura de Aida Merlano al Senado, como así lo querían los Gerlein, siempre y cuando aceptaran que su fórmula a la Cámara fuera Lilibeth Llinás, una amiga cercana de Arturo Char, cuyo hermano ya era de las “entrañas” del entonces senador.
Esa alianza tuvo sus particularidades. Primero, porque Merlano era cuota del Partido Conservador y Llinás de Cambio Radical, colectividad que ayudó a fundar Fuad Char, padre de Arturo y Alejandro. Y segundo, porque, para ese momento, dice la Corte, Merlano sostenía dos relaciones sentimentales diferentes: una con Julio Gerlein y otra con Alejando Char. Sin embargo, el interés político primó sobre sus colores y, dice el alto tribunal, “así se firmó el acuerdo delictivo de la Casa Blanca”. Como ya logró probar la Fiscalía y la Corte Suprema, Casa Blanca fue la sede de la empresa criminal de compra de votos a favor de las candidatas avaladas por los Char y los Gerlein, de donde las autoridades incautaron las pruebas documentales claves que hoy tienen en serios líos a ambas dinastías políticas.
Sobre este “acuerdo delictivo”, como se lee en el documento, la Sala de Instrucción fue más allá y señaló que pudo haber otra motivación adicional: “Promover la candidatura presidencial de Germán Vargas Lleras en 2018 y la futura precandidatura de Alejandro Char, favoreciendo al mismo tiempo los intereses de una candidata que mantenía de manera simultánea una relación sentimental con dos de los posibles promotores y financistas del grupo de delictivo organizado: Julio Gerlein y Alejandro Char”. Con el pacto avalado por ambos clanes políticos, en la Casa Blanca empezó a moverse la logística para estructurar la compra de votos, mientras que los jefes de la empresa criminal se pusieron a la tarea de conseguir la plata para financiar el entramado ilegal
Como lo contó El Espectador en marzo de 2018, en una investigación que reveló por primera vez los detalles de esa empresa de compra de votos, su estructura fue una organizada entre coordinadores y líderes, que se encargaban de dar entre $50.000 y $90.000 pesos a cambio de votos en al menos 7 municipios del Atlántico. Según uno de los testigos claves del caso, Aida Merlano y Lilibeth Llinás fueron las encargadas de explicarle a los miembros de la empresa cuál era el protocolo: debían tomar los datos personales de cada potencial votante, la huella y una fotocopia de la cédula. Después de eso, se les entregaba $20.000 pesos como anticipo, pero debían estar en permanente contacto con ellos para asegurarse que, el día de las elecciones, votaran por las candidatas.
(Le podría interesar: “Era un vago”: Ariel Ávila no cree que Arturo Char sea cabeza de supuesta red criminal)
La Corte encontró que esta conducta ilegal se prolongó desde octubre de 2017 hasta febrero de 2018. Tres de los principales testigos en contra de Arturo Char fueron, precisamente, personas que trabajaron en estas tareas: Francisco Palencia Borrero, Rafael Rocha Salcedo, Vicente Rosanía, Evelyn Díaz Díaz y Edwin Martínez, el gerente de la campaña. La mayoría de ellos ya están vinculados a investigaciones por corrupción electoral, y todos coincidieron, bajo la gravedad del juramento, que durante la campaña de Merlano y Llinás, vieron a Char en la Casa Blanca y supieron de la entrada de dinero irregular para poder financiar la compra de votos. Con esos indicios, la Corte pidió más información para entender quién pudo financiar lo que calificó como “una sociedad criminal”.
Los contratos y el papel de Alejandro Char
Sobre esa financiación, el alto tribunal ya sabe que, desde hace tres años, la Fiscalía tiene en juicio a Julio Gerlein. Como lo contó este diario en octubre de 2019, en contra del empresario hay evidencias de que habría entregado millonarios cheques a favor de Merlano, pese a que él mismo ha declarado su inocencia ante los jueces que siguen el proceso en su contra. La Corte quiso ir más allá del papel de Gerlein y pidió explicaciones, no solo a los Char, sino también al empresario que fue mencionado por la propia Merlano en sus declaraciones: Faisal Cure, un megacontratista de Barranquilla que se ha llevado millonarios contratos, especialmente, durante las administraciones de Alejandro Char en la Alcaldía. Tanto Cure como el hoy candidato, declararon ante el alto tribunal en 2020.
Ambos rechazaron cualquier ilegalidad. Sin embargo, el contratista sí confirmó que había firmado millonarios contratos con la Alcaldía de Barranquilla. Con esa pista, la Sala de Instrucción pidió información oficial sobre esos negocios. En el documento en poder de este diario hay información de cuatro: la canalización de arroyo de las calles 75 y 76, por un valor de $105.000 millones; la ampliación de la vía al río Magdalena por $54.000 millones (más una adición de $74.000 millones); la construcción de la ruta 90, por $90.000 millones (con una adición de $20.000 millones); la construcción de la calle 30 o avenida Boyacá, por $94.000 millones. En total, los negocios suman $437.000 millones de pesos, un dato que no pasa desapercibido en la decisión de la Corte Suprema.
(En contexto: El expediente de Aída Merlano)
¿Por qué? Porque Merlano declaró que la financiación de la compra de votos “se logró con los anticipos de esos contratos que entregó Alejandro Char. Por eso, el reconocimiento de Cure coincide de alguna manera con la declaración rendida por la excongresista”, señala la Sala de Instrucción. Aunque el alto tribunal aclara que la relación entre esos negocios y la compra de votos todavía es materia de investigación, la decisión puntualiza “que el pacto político ilegal se financió fundamentalmente con dineros entregados por Faisal Cure, contratista de la administración de Alejando Char, y por el también contratista de la misma administración, y compañero sentimental de Merlano, Julio Gerlein. Además, con dineros suministrados por el señalado alcalde Alejandro Char y su núcleo familiar”.
Las pruebas contra Char, más allá de Aida Merlano
Desde que arrancó la investigación en contra de Arturo Char, en varios mensajes en X (antes Twitter), el expresidente del Senado ha negado cualquier vinculación al entramado ilegal y ha dicho que va a desmentir a Aida Merlano de sus declaraciones. Si bien la excongresista es testigo clave en su caso, la Corte Suprema resalta que tiene muchas más pruebas y testimonios que le permitieron llegar a la conclusión de que Char debe seguir vinculado a la investigación y que, además, debe permanecer recluido en una cárcel. Por ejemplo, el alto tribunal reseñó a los integrantes de la empresa criminal, pero también que tiene videos, audios e informes de policía judicial que le permitieron llegar a la conclusión de que “el excongresista incriminado fue en efecto uno de los promotores del pacto delictivo”.
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No solo habría tenido ese papel protagónico. La Corte Suprema tiene evidencia de que, a través del entramado criminal, Arturo Char habría accedido a 10.000 votos comprados, gracias a la gestión de un personaje clave: Adalberto Llinás. Se trata, en palabra del alto tribunal, de un “íntimo amigo del exsenador y el hermano de Lilibeth Llinás”. Lo que recoge la Corte en la providencia es que fue él quien se encargó de conseguirle los votos a Char, y no a Merlano. Al respecto, la Sala de Instrucción insiste en que “Arturo Char concertó con la excongresista Merlano y otras personas más (Julio Gerlein, Lilibeth y Adalberto Llinás, Alejandro Char, entre otros), la configuración y puesta en marcha de una sociedad criminal, a partir de la cual desarrolló la compra de miles de votos”.
El 11 de marzo de 2018, Arturo Char se convirtió en uno de los candidatos con más votos, para un total de 126.628 y Cambio Radical fue el segundo partido más votado (le ganó el Centro Democrático). Dos años después, cuando la Corte Suprema ya tenía una indagación en su contra y cuando justamente lo llamó a versión libre, el senador fue elegido como presidente del Senado, el cargo más alto al que había llegado un miembro del clan Char en el ámbito político. Desde ese llamado de la Corte, el exsenador optó por guardar silencio. Cuando el cerco de la Corte fue cerrándose y los magistrados pidieron escucharlo en indagatoria, su estrategia judicial causó polémica, pues para muchos, fue una jugada únicamente para evitar darle la cara a la justicia. Esa postura no fue ajena al alto tribunal.
La Sala de Instrucción explicó en el documento en poder de este diario que el senador interpuso toda clase de recursos que llevaron a que la Corte tuviera que aplazar en tres ocasiones la indagatoria. Con un agravante: el alto tribunal encontró coincidencias que prendieron las alarmas sobre la actitud de Char, frente al proceso penal. Por ejemplo, la Sala indicó que el exsenador salió del país hace más de nueve meses (23 de noviembre de 2022) desde el aeropuerto de Barranquilla y desde entonces no ha retornado a Colombia (regresó en la noche del pasado jueves). Dice el alto tribunal que esa fecha coincide con la apertura formal del proceso penal por su presunta participación en la red criminal, pero que no coincidía con sus salidas previas del país, pues solía regresar a los pocos días del viaje.
“Se advierte que Arturo Char ha mostrado una absoluta negativa a comparecer de manera presencial ante la Corte para que se formalizara su vinculación formal al proceso, lo que significa que hay un riesgo de que no comparezca, por ejemplo, para cumplir una eventual pena (...) Adicionalmente, el pasado 3 de febrero de 2023, Char envió desde los Estados Unidos su carta de renuncia como senador (...) estas situaciones, más el cambio de arraigo por parte del exsenador (estaba viviendo en Miami) robustecen el riesgo de fuga y no comparecencia ante las eventuales decisiones que se tomen en este proceso en su contra”, señala el documento conocido por este diario, en el que, además, el alto tribunal argumentó la necesidad de que Arturo Char sea recluido en una cárcel, y no en prisión domiciliaria.
(En contexto: Arturo Char por fin rindió indagatoria y aseguró que Aida Merlano miente)
Pese a las consideraciones de la Corte y la sospecha de su fuga, el exsenador ha insistido en sus redes sociales en que siempre ha sido “respetuoso de las actuaciones de las autoridades judiciales y por esa razón nunca he debatido los pormenores del caso en medios públicos. He ejercido mis derechos y continuaré haciéndolo hasta demostrar mi absoluta inocencia (...) Respeto y acato la decisión de la Corte Suprema y por esa razón apenas fui notificado el día de ayer empecé a adelantar las gestiones para viajar a Colombia y presentarme lo más pronto posible para ponerme a disposición de la honorable Corte”. El exsenador regresó al país en un vuelo privado en la noche del jueves pasado, justamente cuando la atención de su ciudad, y buena parte del país, estaba puesta en el partido de la Selección Colombia y Venezuela.
“Con la cabeza en alto y con el deber moral que mis principios me imponen, así como el compromiso y amor que siento por la gente del Caribe colombiano que siempre me ha acompañado generosamente a lo largo de mi vida política, afrontaré mi defensa sin desfallecer. Nunca he estado prófugo de la justicia. Trasladé mi lugar de residencia temporalmente a los EE.UU. por razones estrictamente familiares y porque hasta ayer, solamente había una investigación en curso y no se había proferido ninguna medida judicial que me impidiera salir del país. Mi inocencia será ratificada en lo que queda por delante del proceso. Tengo la certeza que mis abogados pondrán a disposición de la honorable Corte todas las pruebas para controvertir los testigos en mi contra”, agregó el exsenador.
Los coletazos políticos de la captura de Arturo Char
Luego del reproche de la Corte por la estrategia de su defensa, que dilató más de cinco meses su indagatoria, Arturo Char le dio un giro radical a su bancada. Después de que se conociera la orden de captura en su contra, a su círculo de defensa apareció un pesado pesado del mundo penal: el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Luis Barceló. El respetado jurista regresa al alto tribunal, ahora en calidad de abogado, para defender al miembro del clan Char que está enredando los intereses políticos de allegados. Aunque es muy poco probable que se frene la candidatura de Alejandro Char, quien podría mantener la hegemonía política de su familia, sí le da municiones a sus opositores para criticar con fuerza el regreso de una persona salpicada por un escándalo de compra de votos.
La razón de que el golpe sea más mediático que electoral es que, de acuerdo con la última encuesta de Invamer, Alejandro Char tiene un respaldo en intención de voto del 86,2 %, mientras que ninguno de sus competidores supera el 6 %. Es, prácticamente, un candidato sin rival. Además, según cálculos de la misma clase política barranquillera, su votación rondaría los 300.000 sufragios, algo que no solo se sustenta en su popularidad y el poder mediático y económico de la familia, sino en que solo Arturo, tal vez el menos conocido de todo el clan, sacó 102.121 votos en su campaña al Senado de 2022. Pero, tal cual lo contó El Espectador en su edición dominical de hace ocho días, los lazos que tiene esta familia le permite asegurar los apoyos de los partidos Conservador, La U y hasta un sector del Liberal.
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Esto, en plata blanca, se traduce en que, así Arturo Char se quede en la cárcel y termine condenado, Alejandro y todo el clan que gestó Fuad Char, el patriarca del grupo, mantendrán el poder en la región por al menos un periodo electoral más. Por donde sí se puede sentir un efecto más inmediato es en las filas de Cambio Radical, cuyo jefe natural, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, también defiende la inocencia de todos los Char. Si Arturo termina condenado, la colectividad podría perder esa curul en el Senado, la cual, actualmente, ocupa Carlos Julio González. Incluso, una fuente del partido aseguró que se está analizando si el comité de ética expulsa al ahora capturado excongresista.
Durante la noche del pasado viernes 8 de septiembre, el Inpec trasladó al exsenador al pabellón de funcionarios públicos de la cárcel La Picota. En sus redes sociales, no obstante, siguió defendiendo su inocencia y explicó que está seguro de que sus abogados entregarán las pruebas suficientes para comprobar que nada tiene que ver con el caso de compra de votos que complica a su clan político, pero también a la campaña de su hermano. Este diario se contactó con Alejandro Char para conocer su versión de las nuevas consideraciones de la Corte Suprema sobre su papel en “convenio criminal de la Casa Blanca”, pero no obtuvo respuesta. Sin embargo, igual que su hermano, el candidato ha rechazado cualquier vínculo con esta red de compra de votos.
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Mientras las autoridades definen si con estas evidencias de la Corte Suprema hay mérito para impulsar investigaciones contra Alejandro Char, su hermano permanecerá retenido en La Picota, aunque su defensa trabaja a toda máquina para pedirle al alto tribunal que sustituya la medida por una en la que pueda estar detenido en la casa, o al menos en una prisión de Barranquilla. Sin embargo, las evidencias en manos del alto tribunal apuntan a que el exsenador será llamado a juicio para que se defienda de su presunta participación en este entramado ilegal que le podría costar un duro golpe de reputación al clan familiar, cuya hegemonía no se ha cuestionado en los últimos 20 años el Atlántico, pese a que, como le dijo un testigo a la corte, “la compra de votos en Barranquilla es como el tequila en México”.
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