Las posibilidades de la Ley de Financiamiento en la Corte Constitucional

La Ley de Financiamiento se la juega este miércoles en la Sala Plena de la Corte Constitucional. Se trata de la primera reforma económica que se presentó en el mandato de Iván Duque, con la que se esperan recaudar $7, 13 billones y la misma que ha sido cuestionada desde que fue tramitada en el Congreso por supuestos vicios de forma. En medio hay varios puntos claves: el impuesto al patrimonio para personas que posean uno superior a $5.000 millones, el IVA plurifásico para cervezas y gaseosas, una renta más alta para quienes ganen más de $40 millones, una sobretasa del 4 % de renta para el sector financiero y hasta impuestos a las modelos webcam, entre otros.

¿Cuál es el lío con esta ley? Que en la sesión plenaria de la Cámara de Representantes del 18 de diciembre de 2018 se aprobó el texto que el día anterior había votado el Senado, sin que se hubiera publicado el texto definitivo y, por tanto, no se conociera por parte de los representantes su contenido ni cambios de última hora. Este es el argumento principal de tres de 24 demandas que han avanzado en el alto tribunal, dos de los cuales ya están listos para ser debatidos en Sala y tienen posiciones opuestas de parte de los magistrados Alejandro Linares Cantillo y Carlos Bernal Pulido.

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El primero de ellos presentó inicialmente una ponencia moderada, que pedía tumbar solo los artículos que tuvieron cambios de última hora. No obstante, tras un primer debate el martes 10 de septiembre la propuesta quedó ahí. Este diario estableció que en esa primera sesión no hubo votos suficientes para esa postura y que hubo diferencias con la posición del magistrado Bernal, quien tiene a su cargo el estudio conjunto de las demandas que presentaron (por separado) el exvicepresidente Germán Vargas Lleras y el senador de la oposición Jorge Enrique Robledo.

Bernal se inclina (y así lo indicó oficialmente en su ponencia) a que la ley se debe salvar toda porque no hubo falencias en la publicidad del articulado ya que los congresistas tuvieron otras formas de enterarse de los cambios que se dieron previamente en el Senado. Tras varios días de pausa, al escenario llegó un nuevo elemento. El magistrado Linares, quien estudia la demanda que presentaron Daniel Libreros y David Retamoso, está pendiente de la votación sobre su primera ponencia que busca solo tumbar algunos artículos. No obstante, según pudo establecer El Espectador, está inclinado a que la ley se caiga por completo por vicio insubsanable de forma.

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Es decir, que no se cumplieron los requisitos mínimos de publicidad del texto aprobado en el Senado, para que los representantes pudieran conocerlo en detalle y votarlo al día siguiente. Sobre este asunto, fuentes del Ministerio de Hacienda habían reconocido a este diario la falla en el trámite: “sabemos que se cometió un error gravísimo al no cumplir uno de los requisitos exigidos en este tipo de debates. Pero nadie está dispuesto a aceptarlo ni a que nos tumben la Ley por eso. Haríamos el oso peor”. El asunto entonces depende de los votos en la Sala Plena. Hasta el momento, con tumbar toda la norma estarían Linares, Cristina Pardo y José Fernando Reyes. Y con Bernal estarían Luis Guillermo Guerrero y Gloria Ortíz. Los votos de Antonio José Lizarazo, Diana Fajardo y Alberto Rojas no están claros.

Así, cualquier cosa puede pasar. Ante la Corte, el Gobierno defendió la ley diciendo que, sin esta, existe un riesgo de que los ingresos del Presupuesto General de la Nación del 2019 “no sean suficientes para cubrir los gastos e inversiones públicas”. E incluso dijo que ya se avizoran algunos efectos positivos “Con corte al primer trimestre de 2019, se observó un repunto en la inversión en maquinaria y equipo, la cual creció 17,4 % en términos reales, su incremento más alto en los últimos cinco años”.

La Ley de Financiamiento se la juega este miércoles en la Sala Plena de la Corte Constitucional. Se trata de la primera reforma económica que se presentó en el mandato de Iván Duque, con la que se esperan recaudar $7, 13 billones y la misma que ha sido cuestionada desde que fue tramitada en el Congreso por supuestos vicios de forma. En medio hay varios puntos claves: el impuesto al patrimonio para personas que posean uno superior a $5.000 millones, el IVA plurifásico para cervezas y gaseosas, una renta más alta para quienes ganen más de $40 millones, una sobretasa del 4 % de renta para el sector financiero y hasta impuestos a las modelos webcam, entre otros.

¿Cuál es el lío con esta ley? Que en la sesión plenaria de la Cámara de Representantes del 18 de diciembre de 2018 se aprobó el texto que el día anterior había votado el Senado, sin que se hubiera publicado el texto definitivo y, por tanto, no se conociera por parte de los representantes su contenido ni cambios de última hora. Este es el argumento principal de tres de 24 demandas que han avanzado en el alto tribunal, dos de los cuales ya están listos para ser debatidos en Sala y tienen posiciones opuestas de parte de los magistrados Alejandro Linares Cantillo y Carlos Bernal Pulido.

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El primero de ellos presentó inicialmente una ponencia moderada, que pedía tumbar solo los artículos que tuvieron cambios de última hora. No obstante, tras un primer debate el martes 10 de septiembre la propuesta quedó ahí. Este diario estableció que en esa primera sesión no hubo votos suficientes para esa postura y que hubo diferencias con la posición del magistrado Bernal, quien tiene a su cargo el estudio conjunto de las demandas que presentaron (por separado) el exvicepresidente Germán Vargas Lleras y el senador de la oposición Jorge Enrique Robledo.

Bernal se inclina (y así lo indicó oficialmente en su ponencia) a que la ley se debe salvar toda porque no hubo falencias en la publicidad del articulado ya que los congresistas tuvieron otras formas de enterarse de los cambios que se dieron previamente en el Senado. Tras varios días de pausa, al escenario llegó un nuevo elemento. El magistrado Linares, quien estudia la demanda que presentaron Daniel Libreros y David Retamoso, está pendiente de la votación sobre su primera ponencia que busca solo tumbar algunos artículos. No obstante, según pudo establecer El Espectador, está inclinado a que la ley se caiga por completo por vicio insubsanable de forma.

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Es decir, que no se cumplieron los requisitos mínimos de publicidad del texto aprobado en el Senado, para que los representantes pudieran conocerlo en detalle y votarlo al día siguiente. Sobre este asunto, fuentes del Ministerio de Hacienda habían reconocido a este diario la falla en el trámite: “sabemos que se cometió un error gravísimo al no cumplir uno de los requisitos exigidos en este tipo de debates. Pero nadie está dispuesto a aceptarlo ni a que nos tumben la Ley por eso. Haríamos el oso peor”. El asunto entonces depende de los votos en la Sala Plena. Hasta el momento, con tumbar toda la norma estarían Linares, Cristina Pardo y José Fernando Reyes. Y con Bernal estarían Luis Guillermo Guerrero y Gloria Ortíz. Los votos de Antonio José Lizarazo, Diana Fajardo y Alberto Rojas no están claros.

Así, cualquier cosa puede pasar. Ante la Corte, el Gobierno defendió la ley diciendo que, sin esta, existe un riesgo de que los ingresos del Presupuesto General de la Nación del 2019 “no sean suficientes para cubrir los gastos e inversiones públicas”. E incluso dijo que ya se avizoran algunos efectos positivos “Con corte al primer trimestre de 2019, se observó un repunto en la inversión en maquinaria y equipo, la cual creció 17,4 % en términos reales, su incremento más alto en los últimos cinco años”.