Las preocupaciones del fiscal Barbosa frente a la ley de sometimiento

El fiscal dijo que participará activamente en el Congreso de la República sobre las discusiones respecto a la ley de humanización del sistema carcelario y, especialmente, sobre la ley de sometimiento a la justicia que fue radicado ayer miércoles 15 de marzo. Aunque dijo que dará a conocer las observaciones específicas respecto a este proyecto durante los próximos días, por ahora dio a conocer públicamente su descontento con la iniciativa.

(Lea también: Gobierno radicó proyecto de ley de sometimiento a la justicia)

La ley de sometimiento será clave para incluir en la “paz total” a grupos que no tienen carácter político: estructuras criminales con las que no se buscan acuerdos de paz sino la desestructuración a través de beneficios judiciales. Sobre esto, el fiscal general lo comparó con el proceso de paz en la Habana: “Tampoco se les puede aplicar el mismo rasero que se les aplicó en La Habana, como por la distinción de procesos: uno es un proceso de paz y el otro es un proceso donde se benefician estructuras derivadas del paramilitarismo y narcotráfico”.

Por un lado, Barbosa habló sobre el posible mensaje de urgencia al proyecto. Dice que ha hecho denuncias muy graves, como aquella de la existencia de un artículo en la ley de humanización que beneficia el narcotráfico en Colombia, y que por eso no debería debatirse como mensaje de urgencia. “Solicito al Gobierno, en el marco de la democracia, en el marco de la preocupación de estos temas, que reconsidere la posibilidad de enviar mensajes de urgencia para no convertir los debates en unos debates rápidos, porque este país requiere discusión democrática deliberación”, fue su declaración.

(En contexto: Los nueve reparos de la Fiscalía al proyecto de ley de sometimiento del Gobierno)

Además, dijo que no fueron tenidos en cuenta los reparos que había presentado, “con mucha preocupación y con alarma que muchas de las objeciones y de las observaciones que planteó la Fiscalía no fueron recogidas”. Y añadió que “no fueron recogidas, por ejemplo, la idea de tratar de mostrar que el concierto para delinquir agravado es un mecanismo que va a tener una suerte de indulto a través del principio de oportunidad en Colombia. Es decir, buscar que la gente salga de las cárceles como una especie de proceso de paz de La Habana, pero dentro de un proceso de sometimiento”.

Con respecto a la reparación de víctimas de los grupos que se sometan a la ley, el fiscal advirtió: “repito, el hecho de que pongan en el artículo una expresión de que esos bienes (los de extinción de dominio) son susceptibles de ir a las víctimas, pues me parece que no garantiza absolutamente nada, es una redacción completamente difícil, farragosa, complicada”. Con esto se refiere a que, según él, la ley debe acomodarse al Código de Extinción de Dominio.

Respecto a las víctimas no es lo único que le preocupa, el fiscal dice que no se incluyen las reparaciones individuales para aquellas que tienen muchos recursos. “Le estamos diciendo a cientos de colombianos que les han violado los derechos en todo sentido, que ahora los van a meter en una bolsa colectiva y no les van a reparar individualmente si tienen muchos recursos. Más bien hagan reparaciones individuales, ¿por qué no aplican los criterios de Justicia y Paz?”, aseguró.

“¿Cuál es el escenario de las víctimas dentro de esta reparación simbólica o reparación colectiva, mejor? ¿Qué significa la reparación colectiva para una madre cuya hija le fue violada, además en el marco de beneficios por el concierto para delinquir agravado, donde los agravantes, por ejemplo, son para delitos cometidos contra menores de edad?”, criticó del proyecto mientras insistió en que participará de los debates en el Congreso y el planteamiento de sus observaciones, de las cuales espera una discusión democrática. “La paz total tiene que ser abierta y democrática”, expresó.

“Yo como fiscal general no voy a dejar que pase esa norma. ¿Cómo así que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz o el Alto Comisionado para la Paz tiene o se obliga, dentro del proyecto, a la Fiscalía a entregarle toda la información judicial: expediente, indagaciones todo en el marco del acercamiento que le está haciendo?, ¿dónde quedó la separación de poderes? Quiero recordarle al gobierno nacional, que el fiscal general hace parte de la Rama Judicial del poder público, subalterno del ejecutivo (…) Yo realmente estoy cansado de ver estos proyectos, cada vez que vemos los proyectos ocurren nuevas incursiones que a mí a mi juicio atentan contra la institucionalidad colombiana”, concluyó.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

El fiscal dijo que participará activamente en el Congreso de la República sobre las discusiones respecto a la ley de humanización del sistema carcelario y, especialmente, sobre la ley de sometimiento a la justicia que fue radicado ayer miércoles 15 de marzo. Aunque dijo que dará a conocer las observaciones específicas respecto a este proyecto durante los próximos días, por ahora dio a conocer públicamente su descontento con la iniciativa.

(Lea también: Gobierno radicó proyecto de ley de sometimiento a la justicia)

La ley de sometimiento será clave para incluir en la “paz total” a grupos que no tienen carácter político: estructuras criminales con las que no se buscan acuerdos de paz sino la desestructuración a través de beneficios judiciales. Sobre esto, el fiscal general lo comparó con el proceso de paz en la Habana: “Tampoco se les puede aplicar el mismo rasero que se les aplicó en La Habana, como por la distinción de procesos: uno es un proceso de paz y el otro es un proceso donde se benefician estructuras derivadas del paramilitarismo y narcotráfico”.

Por un lado, Barbosa habló sobre el posible mensaje de urgencia al proyecto. Dice que ha hecho denuncias muy graves, como aquella de la existencia de un artículo en la ley de humanización que beneficia el narcotráfico en Colombia, y que por eso no debería debatirse como mensaje de urgencia. “Solicito al Gobierno, en el marco de la democracia, en el marco de la preocupación de estos temas, que reconsidere la posibilidad de enviar mensajes de urgencia para no convertir los debates en unos debates rápidos, porque este país requiere discusión democrática deliberación”, fue su declaración.

(En contexto: Los nueve reparos de la Fiscalía al proyecto de ley de sometimiento del Gobierno)

Además, dijo que no fueron tenidos en cuenta los reparos que había presentado, “con mucha preocupación y con alarma que muchas de las objeciones y de las observaciones que planteó la Fiscalía no fueron recogidas”. Y añadió que “no fueron recogidas, por ejemplo, la idea de tratar de mostrar que el concierto para delinquir agravado es un mecanismo que va a tener una suerte de indulto a través del principio de oportunidad en Colombia. Es decir, buscar que la gente salga de las cárceles como una especie de proceso de paz de La Habana, pero dentro de un proceso de sometimiento”.

Con respecto a la reparación de víctimas de los grupos que se sometan a la ley, el fiscal advirtió: “repito, el hecho de que pongan en el artículo una expresión de que esos bienes (los de extinción de dominio) son susceptibles de ir a las víctimas, pues me parece que no garantiza absolutamente nada, es una redacción completamente difícil, farragosa, complicada”. Con esto se refiere a que, según él, la ley debe acomodarse al Código de Extinción de Dominio.

Respecto a las víctimas no es lo único que le preocupa, el fiscal dice que no se incluyen las reparaciones individuales para aquellas que tienen muchos recursos. “Le estamos diciendo a cientos de colombianos que les han violado los derechos en todo sentido, que ahora los van a meter en una bolsa colectiva y no les van a reparar individualmente si tienen muchos recursos. Más bien hagan reparaciones individuales, ¿por qué no aplican los criterios de Justicia y Paz?”, aseguró.

“¿Cuál es el escenario de las víctimas dentro de esta reparación simbólica o reparación colectiva, mejor? ¿Qué significa la reparación colectiva para una madre cuya hija le fue violada, además en el marco de beneficios por el concierto para delinquir agravado, donde los agravantes, por ejemplo, son para delitos cometidos contra menores de edad?”, criticó del proyecto mientras insistió en que participará de los debates en el Congreso y el planteamiento de sus observaciones, de las cuales espera una discusión democrática. “La paz total tiene que ser abierta y democrática”, expresó.

“Yo como fiscal general no voy a dejar que pase esa norma. ¿Cómo así que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz o el Alto Comisionado para la Paz tiene o se obliga, dentro del proyecto, a la Fiscalía a entregarle toda la información judicial: expediente, indagaciones todo en el marco del acercamiento que le está haciendo?, ¿dónde quedó la separación de poderes? Quiero recordarle al gobierno nacional, que el fiscal general hace parte de la Rama Judicial del poder público, subalterno del ejecutivo (…) Yo realmente estoy cansado de ver estos proyectos, cada vez que vemos los proyectos ocurren nuevas incursiones que a mí a mi juicio atentan contra la institucionalidad colombiana”, concluyó.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.