Las propuestas de las altas cortes para que no se cree la Corte Rural y Agraria

Dos propuestas son las que les llevaron la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura al Congreso para evitar que se cree la nueva Corte Rural y Agraria. La apuesta del Gobierno Petro que ya está andando en el legislativo busca que ese alto tribunal conozca exclusivamente de casos que tocan temas de tierras en el país. Sin embargo, la iniciativa de las altas cortes es fortalecer lo que ya existe en esa materia.

Por ejemplo, la Sala Civil y Agraria de la Corte Suprema ha hecho las veces de juez agrario cuando se requiere resolver ese tipo de casos y, el Consejo de Estado, también hace lo mismo cuando los temas vinculan procesos administrativos. En ese orden, las iniciativas de los altos tribunales que, fueron expuestas este jueves en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, lo que buscan es robustecer esas herramientas.

Lea aquí: ¿Es necesario crear una nueva Corte para el sector Agrario y Rural?

Consideran que es pertinente eliminar de la reforma el artículo que menciona la creación de la nueva corte y en su lugar lo que proponen es agilizar y disponer en término de meses la implementación de la Jurisdicción Agraria y Rural. Esa fue la apuesta de la Corte Constitucional en el fallo histórico de baldíos que se conoció recientemente en donde se mencionó que el Estado tenía una deuda con el campesinado y las tierras. La otra propuesta es mantener vigente el artículo 238 de la Constitución que menciona que la jurisdicción administrativa podrá suspender provisionalmente, por los motivos y con los requisitos que establezca la ley, los efectos de los actos administrativos que sean susceptibles de impugnación por vía judicial en materia de tierras.

En pocas palabras, las dos iniciativas de las altas cortes buscan: Primero, que se implemente más tribunales y juzgados agrarios. En este caso, el Consejo Superior de la Judicatura implementará de manera gradual y dentro de seis meses la creación de los tribunales y juzgados agrarios y rurales en la jurisdicción ordinaria. Además, coordinará con la Corte Suprema la creación de estos despachos teniendo en cuenta las zonas focalizadas por el Ministerio de Agricultura y la demanda de justicia sobre estos asuntos. El Gobierno Nacional deberá garantizar los recursos para su implementación. Y, lo segundo, es que el Consejo de Estado se regirá sobre los principios de consecutividad y unidad de materia por lo que deberá darle un tratamiento normativo a los asuntos agrarios y ambientales de manera integral.

Lea también: Protección a campesinos y corte agraria: el camino de cara a la reforma rural

La Corte Suprema, el Consejo de Estado y la judicatura mencionaron en la misiva de cuatro páginas que tienen voluntad de robustecer las herramientas existentes para superar los episodios de represamiento que padecen los temas agrarios en Colombia en materia judicial y administrativa. Consideraron que si bien, es innegable que se está frente a la oportunidad histórica de implementar la jurisdicción agraria, no es necesario que se consoliden juzgados y tribunales especializados exclusivamente en una corte para dirimir los conflictos de tenencia, usos y propiedad de las tierras.

“Son los jueces y los magistrados de los distritos judiciales agrarios y rurales, situados en las zonas estratégicas de mayor conflictividad, los agentes del Estado llamados a empezar la transformación del campo, administrando la justicia de la tierra”, señaló el documento. Añadió que la propuesta presentada está orientada a remover los posibles obstáculos temporales, logísticos, económicos y financieros que conllevaría la creación de la nueva corte. “En consecuencia, la creación de juzgados y tribunales agrarios y rurales ofrece la respuesta judicial eficaz y efectiva adecuada al compromiso de justicia agraria”, explicaron.

Lea: Jurisdicción agraria, otra burla al ciudadano

Para las altas cortes está claro que la creación de la jurisdicción agraria sanearía la deuda que tiene el Estado con el campesinado. “A seis años de la firma del Acuerdo de Paz del Teatro Colón, es urgente y de suma importancia la puesta en marcha del prometido sistema especial de justicia para la resolución de los conflictos de tierras y la protección de los derechos de propiedad en las áreas rurales y rurales dispersas”. La iniciativa del Gobierno Petro empezó a rodar en el legislativo desde el año pasado y podría ser una de sus apuestas más fuertes para superar la crisis agraria en la que está sumergida el país. Por ahora, la reforma agraria deberá pasar los debates en el Congreso y llegar a un consenso con las altas cortes.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Dos propuestas son las que les llevaron la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura al Congreso para evitar que se cree la nueva Corte Rural y Agraria. La apuesta del Gobierno Petro que ya está andando en el legislativo busca que ese alto tribunal conozca exclusivamente de casos que tocan temas de tierras en el país. Sin embargo, la iniciativa de las altas cortes es fortalecer lo que ya existe en esa materia.

Por ejemplo, la Sala Civil y Agraria de la Corte Suprema ha hecho las veces de juez agrario cuando se requiere resolver ese tipo de casos y, el Consejo de Estado, también hace lo mismo cuando los temas vinculan procesos administrativos. En ese orden, las iniciativas de los altos tribunales que, fueron expuestas este jueves en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, lo que buscan es robustecer esas herramientas.

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Consideran que es pertinente eliminar de la reforma el artículo que menciona la creación de la nueva corte y en su lugar lo que proponen es agilizar y disponer en término de meses la implementación de la Jurisdicción Agraria y Rural. Esa fue la apuesta de la Corte Constitucional en el fallo histórico de baldíos que se conoció recientemente en donde se mencionó que el Estado tenía una deuda con el campesinado y las tierras. La otra propuesta es mantener vigente el artículo 238 de la Constitución que menciona que la jurisdicción administrativa podrá suspender provisionalmente, por los motivos y con los requisitos que establezca la ley, los efectos de los actos administrativos que sean susceptibles de impugnación por vía judicial en materia de tierras.

En pocas palabras, las dos iniciativas de las altas cortes buscan: Primero, que se implemente más tribunales y juzgados agrarios. En este caso, el Consejo Superior de la Judicatura implementará de manera gradual y dentro de seis meses la creación de los tribunales y juzgados agrarios y rurales en la jurisdicción ordinaria. Además, coordinará con la Corte Suprema la creación de estos despachos teniendo en cuenta las zonas focalizadas por el Ministerio de Agricultura y la demanda de justicia sobre estos asuntos. El Gobierno Nacional deberá garantizar los recursos para su implementación. Y, lo segundo, es que el Consejo de Estado se regirá sobre los principios de consecutividad y unidad de materia por lo que deberá darle un tratamiento normativo a los asuntos agrarios y ambientales de manera integral.

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La Corte Suprema, el Consejo de Estado y la judicatura mencionaron en la misiva de cuatro páginas que tienen voluntad de robustecer las herramientas existentes para superar los episodios de represamiento que padecen los temas agrarios en Colombia en materia judicial y administrativa. Consideraron que si bien, es innegable que se está frente a la oportunidad histórica de implementar la jurisdicción agraria, no es necesario que se consoliden juzgados y tribunales especializados exclusivamente en una corte para dirimir los conflictos de tenencia, usos y propiedad de las tierras.

“Son los jueces y los magistrados de los distritos judiciales agrarios y rurales, situados en las zonas estratégicas de mayor conflictividad, los agentes del Estado llamados a empezar la transformación del campo, administrando la justicia de la tierra”, señaló el documento. Añadió que la propuesta presentada está orientada a remover los posibles obstáculos temporales, logísticos, económicos y financieros que conllevaría la creación de la nueva corte. “En consecuencia, la creación de juzgados y tribunales agrarios y rurales ofrece la respuesta judicial eficaz y efectiva adecuada al compromiso de justicia agraria”, explicaron.

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Para las altas cortes está claro que la creación de la jurisdicción agraria sanearía la deuda que tiene el Estado con el campesinado. “A seis años de la firma del Acuerdo de Paz del Teatro Colón, es urgente y de suma importancia la puesta en marcha del prometido sistema especial de justicia para la resolución de los conflictos de tierras y la protección de los derechos de propiedad en las áreas rurales y rurales dispersas”. La iniciativa del Gobierno Petro empezó a rodar en el legislativo desde el año pasado y podría ser una de sus apuestas más fuertes para superar la crisis agraria en la que está sumergida el país. Por ahora, la reforma agraria deberá pasar los debates en el Congreso y llegar a un consenso con las altas cortes.

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