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El abogado Laude José Fernández Arroyo, quien se desempeñó en el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) como director general de Inteligencia y jefe de Contrainteligencia, fue presentado ante un juez de garantías de Bogotá por su posible responsabilidad en la red de interceptaciones ilegales. Este martes, la Fiscalía le imputó cinco delitos, pero no aceptó ninguno y se declaró inocente. Ahora, tendrá que enfrentar un juicio para demostrar su inocencia. (Le podría interesar: Guatibonza e implicados en red de interceptaciones se declaran inocentes)
La investigación inició al buscar los responsables del hurto de una mercancía en la vía Panamericana. Producto de esas pesquisas, la Fiscalía identificó al coronel (r) del Ejército Calos Andrés Pérez, a quien posteriormente interceptaron su teléfono con el fin de esclarecer su posible participación. En las llamadas, Pérez hablaba reiteradamente con María Alicia Pinzón de interceptaciones ilegales y no del mencionado hurto, lo que llevó a la Fiscalía a identificar nuevos hechos.
En concreto, según la Fiscalía, estas dos personas conversan sobre la interceptación a un fiscal. En mayo de este año, y luego de estas evidencias, dos investigadores entregaron un informe que trata de supuestas actividades realizadas por un grupo de personas que, por medio de empresas fachada, vendían servicios de interceptación a teléfonos celulares, recuperación de mensajes de WhatsApp, ubicación de teléfonos en tiempo real, obtención de claves correos electrónicos, entre otras cosas. Estos servicios, al parecer, se ofrecían en Colombia y en Ecuador.
La Fiscalía, al interceptar otras líneas telefónicas, estableció que estas empresas eran gerenciadas por los exoficiales del Ejército Jorge Humberto Salinas y Luis Quiroga Cubillos, quienes, al igual que Pérez, hablaban frecuentemente con María Alicia Pinzón. En agosto de este año fueron capturadas estas cuatro personas y se confiscó, además, varios dispositivos digitales. En las inspecciones, la Fiscalía encontró varias carpetas que detallaban los casos que manejaba esta organización ilegal y uno de esos expedientes tenía relación con la empresa Avianca. (En contexto: El testimonio que hizo caer al general (r) Humberto Guatibonza)
Luis Quiroga Cubillos, en interrogatorio ante la Fiscalía, manifestó que la principal función en el caso de Avianca era buscar información sobre la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac), “para saber qué estaban planeando después del paro realizado”. El cliente que buscó esta información, según la investigación, es un funcionario de la Fiscalía. “El contenido de la información es básicamente lo que hablaban e interactuaban las personas del sindicato sobre proyecciones de tutela e impedir los procesos que perjudicaran al sindicato”, dijo Quiroga Cubillos.
Jorge Humberto Salinas, quien también rindió interrogatorio, dijo que Roberto Carlos Montenegro fue el funcionario de la Fiscalía que lo contactó. “(Montenegro) me contacta y me comenta el caso de Avianca. Lo que él me dio a conocer es que el personal de Avianca, y sus abogados, querían conocer en tiempo real lo que en este momento estaba pasando con el sindicato, y me pasó los números de celular del presidente y del vicepresidente de Acdac. Querían conocer las conversaciones referentes a las acciones o actividades que ellos estaban adelantando en contra de Avianca”, precisó Salinas.
El funcionario, en declaración juramentada, dijo que nunca solicitó actividades ilegales y explicó que un día, al regresar a su trabajo en el búnker de la Fiscalía, en Bogotá, su jefe, Luis Carlos Gómez, se encontró casualmente con una persona y se lo presentó. Ellos, dijo Montenegro, se quedaron hablando mientras él esperaba unos metros más adelante. “Mi jefe me llama y me pregunta que si yo conozco a una persona o empresa especializada en seguridad. Yo le dije que sí y él me manifiesta que es para realizar un análisis de riesgo a una persona”, dijo Montenegro, quien, de manera inmediata, contactó a Salinas para ese cometido. Luis Carlos Gómez, a quien la Fiscalía también tomó su declaración, precisó que la persona que lo contactó ese día era un abogado de apellido Laude, pero que no recordó su nombre completo. (Lea también: Presunto enlace entre el senador Benedetti y la red de ‘chuzadas’ fue enviado a la cárcel)
“Lo conozco hace más o menos diez años. No tengo trato frecuente con él, pero conocía que era del DAS. Es allí donde el señor Laude me solicitó que si tengo conocimiento de alguna empresa en esta clase de asesorías. Llamé a Roberto, los presenté y él realizó una llamada a una persona que desconozco, pero obviamente escuché que le decía mi coronel”, le dijo Luis Carlos Gómez a la Fiscalía, que certificó que varias conversaciones y mensajes de correos electrónicos de varios integrantes del sindicato fueron extraídos ilegalmente.
Por la presunta vulneración del derecho a la intimidad de los funcionarios del sindicato, la Fiscalía le imputó los delitos de utilización ilícita de redes de comunicaciones, acceso abusivo a un sistema informático, interceptación de datos informáticos, uso de software malicioso y violación de datos personales. “Era usted (Laude José Fernández Arroyo) quien tenía el interés directo para conocer esas actividades que realizaban los miembros del sindicato de Acdac, en relación con el paro que ellos sostuvieron el año pasado”, dijo el fiscal del caso.
Y agregó: “Ese interés directo por parte suya es el que lo lleva a contactar al señor Luis Carlos Gómez y al señor Roberto Carlos Montenegro para que, a través de ellos, se contratara a la empresa del señor Jorge Salinas, que era la encargada de realizar esas actividades ilícitas y obtener la información relacionada con las actividades de estas personas. Existía un interés directo por parte de la empresa de Avianca para tener información relacionada con esas actividades”. La audiencia se suspendió y el próximo jueves, primero de noviembre, la Fiscalía solicitará que este abogado sea enviado a la cárcel. (Le sugerimos: “Él siempre ha estado a disposición de la justicia”: defensa de Guatibonza)