Las pruebas contra Uribe son “claras, inequívocas y concluyentes”: Corte Suprema
El Espectador conoció en su integridad la decisión de 1.554 páginas de la Sala de Instrucción del alto tribunal, en la cual quedaron en detalle las acciones que el senador y expresidente habría cometido para tratar de lograr que testigos en su contra, que lo señalan de nexos con el paramilitarismo, cambiaran de versión o que exparamilitares hablaran en su favor. Uribe actuó con “conciencia de la ilicitud”, dijo la Corte.
¿Por qué determinó la Corte Suprema que el senador y expresidente Álvaro Uribe debía quedar detenido mientras la investigación en su contra avanzaba? Las razones se encuentran consignadas en detalle en el documento de 1.554 páginas, en el que el alto tribunal definió su situación la jurídica, y que conoció El Espectador en su integridad. “Puede hacerse la inferencia razonable de que por interpuesta persona y en distintos eventos que se ofrecen recurrentes el senador Uribe Vélez efectuó ofrecimientos o promesas de beneficios económicos y/o jurídicos a varios testigos para que declararan falsamente a su favor”, se lee el documento. (“Uribe no le pidió a nadie que sobornara a ningún testigo”, dice abogado del senador)
Con ponencia del magistrado César Augusto Reyes, la Sala de Instrucción, por unanimidad, estuvo de acuerdo con lo planteado por el ponente: por las pruebas que había en el expediente, el senador Uribe debía ser privado de su libertad. Los cinco magistrados expresaron en la providencia que las pruebas indiciarias en contra de Uribe Vélez frente a su participación en la manipulación de testigos son tan “abundantes, claras, inequívocas y concluyentes”, que una medida diferente a la detención domiciliaria no podía ser viable en un proceso de esta magnitud.
Para la Sala de Instrucción, hay pruebas suficientes en el expediente que evidenciarían que el papel de Uribe dentro de esta historia no fue pasiva, sino que, de manera reiterada y sistemática, se encargó de conseguir testigos que cambiaran sus versiones o las reforzaran para salir bien librado de las investigaciones penales. La Corte señala que su rol fue fundamental, trascendente y muy activo en todas las fases que se requirieron para conseguir esos testimonios y que, además, fue el “determinador, inductor y beneficiario” y toda la idea criminal de presentarle al alto tribunal falsos testigos.
En el extenso documento con el que la Sala de Instrucción resolvió la situación jurídica del senador del Centro Democrático, se evidencia que, según las evidencias que tiene la Corte, el expresidente Uribe Vélez “emerge con probabilidad de verdad como el gran determinador de este entramado ilegal” que tiene como coprotagonista al abogado Diego Cadena, a quien hoy un juez de garantías de Bogotá le dictó una medida de aseguramiento de prisión domiciliaria. El jurista es investigado por los presuntos delitos de fraude procesal y soborno.
“En concreto, por vía de los varios testimonios que afirman y así se comprobó que la petición de retractarse, como en el caso de Juan Guillermo Monsalve, o de extender declaraciones a su favor y de su hermano (Santiago Uribe Vélez), que fue lo acaecido en el de Carlos Enrique Vélez, provino directamente del senador Álvaro Uribe Vélez”, se lee en la providencia de la Corte Suprema, cuya extensión nunca se había visto en una decisión de este tipo.
Las pruebas del tema Monsalve
Con respecto a Juan Guillermo Monsalve, quien está condenado a 37 años de prisión y ha declarado tanto contra Uribe como contra su hermano, Santiago Uribe Vélez, la Corte señaló que existen múltiples testimonios que indican “la serie de promesas” que, dice el alto tribunal, les hicieron para que Monsalve cambiara su versión. Está “la declaración del propio testigo Juan Guillermo Monsalve Pineda, la de su esposa Deyanira Gómez Sarmiento, incluso, la de Carlos Eduardo López Callejas, alias ‘Caliche’ o ‘Llanero’; Enrique Pardo Hasche, alias ‘El gringo’, y Diego Cadena Ramírez”.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema enumera las pruebas que recaudó para confirmar que esos ofrecimientos en favor de Uribe se hicieron. “Ciertamente, con la señalada prueba testimonial, la documental referida a los mensajes de texto y voz de los ingresos por alias ‘Caliche’ o ‘Llanero’, la inspección de los ingresos y visitas a la cárcel, los registros fílmicos de ese establecimiento, las legales grabaciones hechas por Monsalve Pineda y las interceptaciones a las comunicaciones monitoreadas, se probó que, en efecto, los hechos del 20, 21, y 22 de febrero de 2018 existieron”.
Esas fechas son claves por una razón: el 16 de febrero de ese mimos año (o sea, apenas días atrás) fue el día en que la Corte Suprema tomó la determinación de archivar la indagación en contra del senador Iván Cepeda, a quien el expresidente Uribe denunció de haber orquestado un cartel de falsos testigos en su contra, y en cambio ordenó que Uribe fuera investigado, precisamente, por tratar de manipular testigos. La Corte ha dejado claro que los días siguientes a esa decisión fueron aquellos en los que Uribe y personas a su alrededor se habrían movido para tratar de reversar los testimonios que había en su contra.
Según la Corte, Carlos Eduardo López Callejas o ‘Caliche’, un “seguidor y simpatizante uribista”, empezó a llamar a Monsalve en calidad de “emisario” del representante Álvaro Hernán Prada, quien, a su vez, “actuaba en la aducida condición de delegado del senador Uribe Vélez”. A Monsalve, dice el documento, ‘Caliche’ lo buscó para que se retractara, pidiera perdón e inculpara al senador Iván Cepeda “a cambio de variados beneficios”. Lo que le pidieron entonces a Monsalve fue “un video o una declaración en ese sentido”. (El proceso paralelo del hermano de Álvaro Uribe por paramilitarismo en Antioquia)
Al tiempo, dice la Corte, a Monsalve lo buscó Diego Cadena en la cárcel La Picota con la intermediación del también detenido Enrique Pardo Hasche. A él, dice la providencia, llegó Cadena a través de Victoria Eugenia Jaramillo (contra quien la Corte compulsó copias, igual que con ‘Caliche’) y Ricardo Williamson. Pardo Hasche “por lo menos desde el mes de diciembre de 2017, permanentemente, de manera indebida y abusiva, estaba convenciéndolo con el discurso de el senador Uribe Vélez era quien iba a ganar las elecciones y ‘ponía presidente’”.
“En ese empeño inicial, además, con la prueba testimonial de Jaime Lombana Villalba (uno de los abogados de Álvaro Uribe, Maria Mercedes Williamson, Enrique Pardo Hasche, Diego Cadena, Héctor Romero Agudelo (abogado de Juan Guillermo Monsalve), y las legales interceptaciones hechas a las comunicaciones de los abonados telefónicos del investigado Uribe Vélez y de Diego Cadena, se probó que tuvo significativa intervención el abogado (este es Diego Cadena) del mencionado senador”. En esta parte, señala la Corte, el abogado Jaime Lombana también tuvo un rol destacado.
“Efectivamente, el doctor Jaime Lombana Villalba compareció a la penitenciaria (La Picota, donde está detenido Juan Guillermo Monsalve) ese 22 de febrero, a la misma hora (de Diego Cadena), simulando tener una diligencia ajena a este asunto, en la que, a una prudente distancia, estuvo pendiente del desarrollo y resultados de la reunión que adelantaba Cadena Ramírez con el testigo Monsalve Pineda. En esa ocasión, este último acompañado de su abogado Héctor Romero, era presionado por Diego Cadena para que firmara” la carta de retractación que Cadena había llevado a la cárcel lista.
Para la Sala, la presencia de Jaime Lombana en ese espacio se trató de “un velado mensaje” para Monsalve. A él le habrían ofrecido cosas como mejores condiciones de su reclusión, pero, dice el alto tribunal, “lo fundamental era la obtención de la retractación, no la suerte judicial del testigo”. Y agrega: “Se aprecia probado con evidencia que, afanosamente, el senador Uribe Vélez buscó no solo que Monsalve Pineda se desdijera de sus anteriores declaraciones en su contra y de su familia, sino que particularmente debía señalar que las supuestas falsas acusaciones las había realizado” prebendas y ofrecimientos de Iván Cepeda.
Según la Sala de Instrucción, para el senador Uribe era tan importante aportar el nuevo testimonio de Monsalve en el que este se retractara “que para tal efecto no reparó en el despliegue de abordajes y ofrecimientos al testigo por dos vías distintas (su abogado Diego Cadena y el representante Álvaro Hernán Prada) y con distintos emisarios”. El plan era que esa retractación se incluyera en el recurso de reposición que Uribe tenía plazo de presentar hasta el 23 de febrero de 2018. Es decir, con base en la retractación de Monsalve, infiere el alto tribunal, Uribe iba a pedirle a la Corte Suprema que reconsiderara la decisión de investigarlo. (Nueve lecturas para entender el caso contra el senador Álvaro Uribe)
Ese 23 de febrero, el senador Uribe sí presentó el recurso de reposición, pero sin la carta de parte de Juan Guillermo Monsalve. Lo hizo con cartas de Jhon Jaime Cárdenas Suárez, alias Fosforito, de José Fauner Barahona Rodríguez, alias Racumín, y de Carlos Enrique Vélez, a quien, como ha dicho la propia Fiscalía, el abogado Diego Cadena le entregó por lo menos $48 millones. Cadena ha sostenido que se trataba de “ayudas humanitarias”; Uribe, por su parte, ha dicho que él no fue consultado con respecto a esa entrega de dinero. Para la Sala de Instrucción, que la carta de Monsalve no llegara no cambia “la estructuración del ilícito”.
La defensa del senador Uribe ha señalado reiterativamente que este no le pidió a nadie que sobornara a ningún testigo. Lo que la Corte encontró, sin embargo, es que, tras presentar el recurso de reposición, “el senador Uribe Vélez persistió en su determinación por obtener la retractación de Monsalve Pineda”. Cadena fue a visitarlo, por lo menos, tres veces más. Luego, dice la Corte, “se pretendió simular” que si no hubo retractación de Monsalve, fue porque exparamilitares como El Canoso y Don Mario lo amenazaron para impedirlo, versión que se ofrece “como producto de una invención”.
Sobre alias “Víctor” y alias “Diana”
La Corte Suprema de Justicia, tal como lo ha anunciado también la Fiscalía, encontró que el senador Uribe, por medio de Diego Cadena y su socio, Juan José Salazar (a Cadena un juez acaba de ordenarle detención domiciliaria mientras la investigación en su contra por este mismo tema continúa) , ofreció entre $100 y $200 millones a dos exparamilitares para que suscribieran cartas en su favor: Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, y Eurídice Cortés, alias Diana. Vélez, en una carta, y Cortés, en un video, desacreditaron a otro testigo que ha vinculado al senador Uribe con paramiltiares, Pablo Hernán Sierra.
La carta de Carlos Enrique Vélez aseguraba que, tras una reunión en la cárcel con Sierra (excomandante del frente Cacique Pipintá), este le había manifestado que si él declaró contra Uribe Vélez fue porque el senador Iván Cepeda así se lo había pedido, “lo que se comprobó que es absolutamente falso”, dijo la Corte. El video de alias Diana, por su parte, apuntaba a demostrar que Sierra hacía parte de un cartel de falsos testigos. “Así mismo, Vélez y Cortés fueron encargados además de buscar más declarantes, utilizando para ello cualquier mecanismo”, indicó la Sala de Instrucción.
Para la Corte, el contenido de las interceptaciones telefónicas hechas a Diego Cadena y Juan José Salazar, quienes estaban “en constante contacto con los potenciales testigos Carlos Enrique Vélez y Eurídice Cortés Velasco, aunada a la prueba directa testimonial de María Helena Vélez, hermana y madre de crianza de alias Víctor, como de su sobrino José Fernando Campo Vélez, permite concluir que en verdad existieron ofrecimientos y entregas de altas sumas de dinero”, indicó la Sala de Instrucción del alto tribunal en el documento. (El destino cruzado del abogado Diego Cadena y Álvaro Uribe)
Todos esos ofrecimientos, agrega la Corte, se dieron porque el senador Uribe “lo permitió y autorizó”. El abogado Juan José Salazar, señala la Sala de Instrucción, “fue dispuesto para atender exclusivamente todas las necesidades de Vélez” y para, también, “mantener un canal de comunicación en doble vía”: no se abordaban solo los requerimientos de Vélez, sino que se hablaba también de “cualquier diligencia judicial o gestión en general de la que tuviera conocimiento y pudiere tener relación con el proceso del senador Álvaro Uribe Vélez”.
El 1° de diciembre de 2016, Carlos Enrique Vélez dio su primera declaración a la Corte. Ese día estaba tan intranquilo que el magistrado que fue a tomar su versión sintió la necesidad de dejar registro de su estado y Vélez, “sin esperar siquiera que se le formulara una pregunta”, lanzó una ráfaga de acusaciones contra el senador Iván Cepeda, a quien señaló de querer “embalar” a los hermanos Santiago y Álvaro Uribe Vélez. Para esa época, Cepeda ya había liderado por lo menos dos debates en el Congreso sobre paramilitarismo en los que acusó a Álvaro Uribe de tener nexos con esos grupos ilegales.
Vélez, quien hizo parte del bloque Metro -el que, aseguró Monsalve, los hermanos Uribe promovieron-, declaró ante la Corte que Cadena fue quien lo buscó “de parte del presidente Álvaro Uribe” para que firmara una carta en favor del exmandatario. Vélez reveló que ese encuentro se estaba ”manejando desde hace mucho tiempo atrás con el supuesto abogado de nosotros que era Samuel Arturo Sánchez Cañón, que era el abogado del frente de nosotros, eso tiempo atrás él me había dicho que él iba a hablar con Mario Uribe” para que “cuadraran”.
La declaración de Vélez develó un nexo que no se conocía: el del primo del senador Uribe, Mario Uribe (condenado por parapolítica), con esta historia. Vélez agregó que, a través del abogado Juan José Salazar, empezó a recibir consignaciones, aunque la primera que le hicieron fue “como de cinco millones” por medio de su abogado, Samuel Sánchez, un hombre que surge en este proceso como alguien cercano a Mario Uribe. Una cifra que coincide con unos giros que encontró la Corte, que hizo Mario Uribe a Samuel Sánchez entre 2015 y 2016.
En el documento de la Corte se lee que Vélez afirmó que “la oferta, no solo lo fue por la primera carta sino por hacer todo el montaje que se pretendía era de ’100 a 200 palos’ y que por esa razón le dijo a Juan José que necesitaba así fueran 60 millones de pesos”. A Vélez le preguntaron si conocía el origen de ese dinero: “Que prácticamente lo que le informaban los abogados era que venía de parte del señor Uribe Vélez”. Alias Víctor fue, al tiempo, el hombre que presentó a Diego Cadena con Eurídice Cortés, alia Diana, otra exparamilitar que envió carta en favor de Uribe, al parecer, bajo promesas remuneratorias.
“La constante comunicación (de Diego Cadena, abogado de Uribe) con esta testigo se mantuvo incluso antes y después de rendir su declaración ante la Corte”, indicó la Sala de Instrucción de la Corte. Ella, santandereana de 45 años, estuvo en la guerrilla, luego fue informante de la Policía y el Ejército y, al final, resultó comandante política del frente Cacique Pipintá, al que también perteneció Pablo Hernán Sierra. Por esa razón, ella parecía ser la indicada para descacreditar el testimonio de Sierra, quien también estuvo en el bloque Metro y ha relacionado a Uribe con ese grupo paramilitar.
“Lo que, lo que yo sé es lo que tiene que ver con que Alberto (Pablo Hernán Sierra) no perteneció, no fue fundador, ni perteneció al Bloque Metro. Eso es básicamente lo que yo tenía para contarle a la Corte”. Aseguró que el video que hizo “no fue sugerido”. Fabián Rojas, integrante de la UTL de Uribe, fue quien recibió el video para mostrárselo a Uribe. Como en el video Diana no hacía alusión ni a Uribe ni a Cepeda, Rojas y María Claudia Daza (quien entonces también estaba en la UTL de Uribe) acordaron decirle a Cadena que no le informara “nada al jefe antes de tener ‘amarrado’ el tema”.
Alias Diana y alias Víctor, le dijo ella a la Corte, “mantenían comunicación telefónica permanente con mucha frecuencia desde que ella salió de la cárcel”, aunque por un tiempo la relación se opacó cuando él trató de presionarla y ella lo denunció por amenazarla. Fue en 2012. De Víctor añadió que “manipuló las cosas de una manera que, que, qué si él no obtenía lo que él quería, él pudiera cambiar la versión porque como le digo es lo que él ha hecho en todo el transcurso de su vida de su historia”. La Corte quedó extrañada de las aseveraciones que hizo Diana sobre alguien con quien tiene un contacto frecuente.
El 22 de junio de 2018 quedó grabada una conversación entre Diana y Víctor que, para la Corte, es muy diciente. “Eso(s) manes quieren es guerra, guerra les doy yo, que hijueputa uno quiso ayudarles, pero así tampoco, ahí le escribí al man y se hizo el marica, ahí está en la línea, entonces que coma mierda hijueputa, esos hijueputas quieren que a toda hora uno de piquitos mi amor, así no se puede”, dijo Víctor. “Uno puede voltear ahí eso y decir la verdad, ellos quieren que yo diga la verdad, pues la verdad la voy a decir”, agregó el exparamilitar.
Aunque alias Diana le dijo a la Corte que ella hablaba con Vélez solo para “seguirle el juego”, la Corte sostiene que la exparamilitar tuvo un papel clave en la “búsqueda de testigos a cambio de beneficios económicos y judiciales” y que, detrás de ellos y de Diego Cadena estaba el senador Uribe, quien asumió, “probablemente de manera antijurídica, un rol fundamental, trascendente y muy activo” para conseguir testigos a su favor. Por eso, en criterio de la corporación, hay “motivos graves y fundados que permiten inferir razonablemente que el senador Álvaro Uribe Vélez podría incurrir en conductas dirigidas a la obstrucción de la justicia”.
En conclusión, señaló la Sala de Instrucción de la Corte, “el examen probatorio deja expuesta con suficiencia (...) la existencia de conductas punibles que pueden y deben atribuirse al senador Uribe Vélez como posible responsable a título de determinador, puesto que se aprecia que actuó con dolo, vale decir, con conocimiento de los hechos, conciencia de la ilicitud y la voluntad o querer su realización”. Pensando en que el expresidente podría entonces obstruir de algún modo la investigación, la Corte determinó que lo mejor para el proceso era que él quedara detenido mientras las pesquisas siguen andando.
¿Por qué determinó la Corte Suprema que el senador y expresidente Álvaro Uribe debía quedar detenido mientras la investigación en su contra avanzaba? Las razones se encuentran consignadas en detalle en el documento de 1.554 páginas, en el que el alto tribunal definió su situación la jurídica, y que conoció El Espectador en su integridad. “Puede hacerse la inferencia razonable de que por interpuesta persona y en distintos eventos que se ofrecen recurrentes el senador Uribe Vélez efectuó ofrecimientos o promesas de beneficios económicos y/o jurídicos a varios testigos para que declararan falsamente a su favor”, se lee el documento. (“Uribe no le pidió a nadie que sobornara a ningún testigo”, dice abogado del senador)
Con ponencia del magistrado César Augusto Reyes, la Sala de Instrucción, por unanimidad, estuvo de acuerdo con lo planteado por el ponente: por las pruebas que había en el expediente, el senador Uribe debía ser privado de su libertad. Los cinco magistrados expresaron en la providencia que las pruebas indiciarias en contra de Uribe Vélez frente a su participación en la manipulación de testigos son tan “abundantes, claras, inequívocas y concluyentes”, que una medida diferente a la detención domiciliaria no podía ser viable en un proceso de esta magnitud.
Para la Sala de Instrucción, hay pruebas suficientes en el expediente que evidenciarían que el papel de Uribe dentro de esta historia no fue pasiva, sino que, de manera reiterada y sistemática, se encargó de conseguir testigos que cambiaran sus versiones o las reforzaran para salir bien librado de las investigaciones penales. La Corte señala que su rol fue fundamental, trascendente y muy activo en todas las fases que se requirieron para conseguir esos testimonios y que, además, fue el “determinador, inductor y beneficiario” y toda la idea criminal de presentarle al alto tribunal falsos testigos.
En el extenso documento con el que la Sala de Instrucción resolvió la situación jurídica del senador del Centro Democrático, se evidencia que, según las evidencias que tiene la Corte, el expresidente Uribe Vélez “emerge con probabilidad de verdad como el gran determinador de este entramado ilegal” que tiene como coprotagonista al abogado Diego Cadena, a quien hoy un juez de garantías de Bogotá le dictó una medida de aseguramiento de prisión domiciliaria. El jurista es investigado por los presuntos delitos de fraude procesal y soborno.
“En concreto, por vía de los varios testimonios que afirman y así se comprobó que la petición de retractarse, como en el caso de Juan Guillermo Monsalve, o de extender declaraciones a su favor y de su hermano (Santiago Uribe Vélez), que fue lo acaecido en el de Carlos Enrique Vélez, provino directamente del senador Álvaro Uribe Vélez”, se lee en la providencia de la Corte Suprema, cuya extensión nunca se había visto en una decisión de este tipo.
Las pruebas del tema Monsalve
Con respecto a Juan Guillermo Monsalve, quien está condenado a 37 años de prisión y ha declarado tanto contra Uribe como contra su hermano, Santiago Uribe Vélez, la Corte señaló que existen múltiples testimonios que indican “la serie de promesas” que, dice el alto tribunal, les hicieron para que Monsalve cambiara su versión. Está “la declaración del propio testigo Juan Guillermo Monsalve Pineda, la de su esposa Deyanira Gómez Sarmiento, incluso, la de Carlos Eduardo López Callejas, alias ‘Caliche’ o ‘Llanero’; Enrique Pardo Hasche, alias ‘El gringo’, y Diego Cadena Ramírez”.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema enumera las pruebas que recaudó para confirmar que esos ofrecimientos en favor de Uribe se hicieron. “Ciertamente, con la señalada prueba testimonial, la documental referida a los mensajes de texto y voz de los ingresos por alias ‘Caliche’ o ‘Llanero’, la inspección de los ingresos y visitas a la cárcel, los registros fílmicos de ese establecimiento, las legales grabaciones hechas por Monsalve Pineda y las interceptaciones a las comunicaciones monitoreadas, se probó que, en efecto, los hechos del 20, 21, y 22 de febrero de 2018 existieron”.
Esas fechas son claves por una razón: el 16 de febrero de ese mimos año (o sea, apenas días atrás) fue el día en que la Corte Suprema tomó la determinación de archivar la indagación en contra del senador Iván Cepeda, a quien el expresidente Uribe denunció de haber orquestado un cartel de falsos testigos en su contra, y en cambio ordenó que Uribe fuera investigado, precisamente, por tratar de manipular testigos. La Corte ha dejado claro que los días siguientes a esa decisión fueron aquellos en los que Uribe y personas a su alrededor se habrían movido para tratar de reversar los testimonios que había en su contra.
Según la Corte, Carlos Eduardo López Callejas o ‘Caliche’, un “seguidor y simpatizante uribista”, empezó a llamar a Monsalve en calidad de “emisario” del representante Álvaro Hernán Prada, quien, a su vez, “actuaba en la aducida condición de delegado del senador Uribe Vélez”. A Monsalve, dice el documento, ‘Caliche’ lo buscó para que se retractara, pidiera perdón e inculpara al senador Iván Cepeda “a cambio de variados beneficios”. Lo que le pidieron entonces a Monsalve fue “un video o una declaración en ese sentido”. (El proceso paralelo del hermano de Álvaro Uribe por paramilitarismo en Antioquia)
Al tiempo, dice la Corte, a Monsalve lo buscó Diego Cadena en la cárcel La Picota con la intermediación del también detenido Enrique Pardo Hasche. A él, dice la providencia, llegó Cadena a través de Victoria Eugenia Jaramillo (contra quien la Corte compulsó copias, igual que con ‘Caliche’) y Ricardo Williamson. Pardo Hasche “por lo menos desde el mes de diciembre de 2017, permanentemente, de manera indebida y abusiva, estaba convenciéndolo con el discurso de el senador Uribe Vélez era quien iba a ganar las elecciones y ‘ponía presidente’”.
“En ese empeño inicial, además, con la prueba testimonial de Jaime Lombana Villalba (uno de los abogados de Álvaro Uribe, Maria Mercedes Williamson, Enrique Pardo Hasche, Diego Cadena, Héctor Romero Agudelo (abogado de Juan Guillermo Monsalve), y las legales interceptaciones hechas a las comunicaciones de los abonados telefónicos del investigado Uribe Vélez y de Diego Cadena, se probó que tuvo significativa intervención el abogado (este es Diego Cadena) del mencionado senador”. En esta parte, señala la Corte, el abogado Jaime Lombana también tuvo un rol destacado.
“Efectivamente, el doctor Jaime Lombana Villalba compareció a la penitenciaria (La Picota, donde está detenido Juan Guillermo Monsalve) ese 22 de febrero, a la misma hora (de Diego Cadena), simulando tener una diligencia ajena a este asunto, en la que, a una prudente distancia, estuvo pendiente del desarrollo y resultados de la reunión que adelantaba Cadena Ramírez con el testigo Monsalve Pineda. En esa ocasión, este último acompañado de su abogado Héctor Romero, era presionado por Diego Cadena para que firmara” la carta de retractación que Cadena había llevado a la cárcel lista.
Para la Sala, la presencia de Jaime Lombana en ese espacio se trató de “un velado mensaje” para Monsalve. A él le habrían ofrecido cosas como mejores condiciones de su reclusión, pero, dice el alto tribunal, “lo fundamental era la obtención de la retractación, no la suerte judicial del testigo”. Y agrega: “Se aprecia probado con evidencia que, afanosamente, el senador Uribe Vélez buscó no solo que Monsalve Pineda se desdijera de sus anteriores declaraciones en su contra y de su familia, sino que particularmente debía señalar que las supuestas falsas acusaciones las había realizado” prebendas y ofrecimientos de Iván Cepeda.
Según la Sala de Instrucción, para el senador Uribe era tan importante aportar el nuevo testimonio de Monsalve en el que este se retractara “que para tal efecto no reparó en el despliegue de abordajes y ofrecimientos al testigo por dos vías distintas (su abogado Diego Cadena y el representante Álvaro Hernán Prada) y con distintos emisarios”. El plan era que esa retractación se incluyera en el recurso de reposición que Uribe tenía plazo de presentar hasta el 23 de febrero de 2018. Es decir, con base en la retractación de Monsalve, infiere el alto tribunal, Uribe iba a pedirle a la Corte Suprema que reconsiderara la decisión de investigarlo. (Nueve lecturas para entender el caso contra el senador Álvaro Uribe)
Ese 23 de febrero, el senador Uribe sí presentó el recurso de reposición, pero sin la carta de parte de Juan Guillermo Monsalve. Lo hizo con cartas de Jhon Jaime Cárdenas Suárez, alias Fosforito, de José Fauner Barahona Rodríguez, alias Racumín, y de Carlos Enrique Vélez, a quien, como ha dicho la propia Fiscalía, el abogado Diego Cadena le entregó por lo menos $48 millones. Cadena ha sostenido que se trataba de “ayudas humanitarias”; Uribe, por su parte, ha dicho que él no fue consultado con respecto a esa entrega de dinero. Para la Sala de Instrucción, que la carta de Monsalve no llegara no cambia “la estructuración del ilícito”.
La defensa del senador Uribe ha señalado reiterativamente que este no le pidió a nadie que sobornara a ningún testigo. Lo que la Corte encontró, sin embargo, es que, tras presentar el recurso de reposición, “el senador Uribe Vélez persistió en su determinación por obtener la retractación de Monsalve Pineda”. Cadena fue a visitarlo, por lo menos, tres veces más. Luego, dice la Corte, “se pretendió simular” que si no hubo retractación de Monsalve, fue porque exparamilitares como El Canoso y Don Mario lo amenazaron para impedirlo, versión que se ofrece “como producto de una invención”.
Sobre alias “Víctor” y alias “Diana”
La Corte Suprema de Justicia, tal como lo ha anunciado también la Fiscalía, encontró que el senador Uribe, por medio de Diego Cadena y su socio, Juan José Salazar (a Cadena un juez acaba de ordenarle detención domiciliaria mientras la investigación en su contra por este mismo tema continúa) , ofreció entre $100 y $200 millones a dos exparamilitares para que suscribieran cartas en su favor: Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, y Eurídice Cortés, alias Diana. Vélez, en una carta, y Cortés, en un video, desacreditaron a otro testigo que ha vinculado al senador Uribe con paramiltiares, Pablo Hernán Sierra.
La carta de Carlos Enrique Vélez aseguraba que, tras una reunión en la cárcel con Sierra (excomandante del frente Cacique Pipintá), este le había manifestado que si él declaró contra Uribe Vélez fue porque el senador Iván Cepeda así se lo había pedido, “lo que se comprobó que es absolutamente falso”, dijo la Corte. El video de alias Diana, por su parte, apuntaba a demostrar que Sierra hacía parte de un cartel de falsos testigos. “Así mismo, Vélez y Cortés fueron encargados además de buscar más declarantes, utilizando para ello cualquier mecanismo”, indicó la Sala de Instrucción.
Para la Corte, el contenido de las interceptaciones telefónicas hechas a Diego Cadena y Juan José Salazar, quienes estaban “en constante contacto con los potenciales testigos Carlos Enrique Vélez y Eurídice Cortés Velasco, aunada a la prueba directa testimonial de María Helena Vélez, hermana y madre de crianza de alias Víctor, como de su sobrino José Fernando Campo Vélez, permite concluir que en verdad existieron ofrecimientos y entregas de altas sumas de dinero”, indicó la Sala de Instrucción del alto tribunal en el documento. (El destino cruzado del abogado Diego Cadena y Álvaro Uribe)
Todos esos ofrecimientos, agrega la Corte, se dieron porque el senador Uribe “lo permitió y autorizó”. El abogado Juan José Salazar, señala la Sala de Instrucción, “fue dispuesto para atender exclusivamente todas las necesidades de Vélez” y para, también, “mantener un canal de comunicación en doble vía”: no se abordaban solo los requerimientos de Vélez, sino que se hablaba también de “cualquier diligencia judicial o gestión en general de la que tuviera conocimiento y pudiere tener relación con el proceso del senador Álvaro Uribe Vélez”.
El 1° de diciembre de 2016, Carlos Enrique Vélez dio su primera declaración a la Corte. Ese día estaba tan intranquilo que el magistrado que fue a tomar su versión sintió la necesidad de dejar registro de su estado y Vélez, “sin esperar siquiera que se le formulara una pregunta”, lanzó una ráfaga de acusaciones contra el senador Iván Cepeda, a quien señaló de querer “embalar” a los hermanos Santiago y Álvaro Uribe Vélez. Para esa época, Cepeda ya había liderado por lo menos dos debates en el Congreso sobre paramilitarismo en los que acusó a Álvaro Uribe de tener nexos con esos grupos ilegales.
Vélez, quien hizo parte del bloque Metro -el que, aseguró Monsalve, los hermanos Uribe promovieron-, declaró ante la Corte que Cadena fue quien lo buscó “de parte del presidente Álvaro Uribe” para que firmara una carta en favor del exmandatario. Vélez reveló que ese encuentro se estaba ”manejando desde hace mucho tiempo atrás con el supuesto abogado de nosotros que era Samuel Arturo Sánchez Cañón, que era el abogado del frente de nosotros, eso tiempo atrás él me había dicho que él iba a hablar con Mario Uribe” para que “cuadraran”.
La declaración de Vélez develó un nexo que no se conocía: el del primo del senador Uribe, Mario Uribe (condenado por parapolítica), con esta historia. Vélez agregó que, a través del abogado Juan José Salazar, empezó a recibir consignaciones, aunque la primera que le hicieron fue “como de cinco millones” por medio de su abogado, Samuel Sánchez, un hombre que surge en este proceso como alguien cercano a Mario Uribe. Una cifra que coincide con unos giros que encontró la Corte, que hizo Mario Uribe a Samuel Sánchez entre 2015 y 2016.
En el documento de la Corte se lee que Vélez afirmó que “la oferta, no solo lo fue por la primera carta sino por hacer todo el montaje que se pretendía era de ’100 a 200 palos’ y que por esa razón le dijo a Juan José que necesitaba así fueran 60 millones de pesos”. A Vélez le preguntaron si conocía el origen de ese dinero: “Que prácticamente lo que le informaban los abogados era que venía de parte del señor Uribe Vélez”. Alias Víctor fue, al tiempo, el hombre que presentó a Diego Cadena con Eurídice Cortés, alia Diana, otra exparamilitar que envió carta en favor de Uribe, al parecer, bajo promesas remuneratorias.
“La constante comunicación (de Diego Cadena, abogado de Uribe) con esta testigo se mantuvo incluso antes y después de rendir su declaración ante la Corte”, indicó la Sala de Instrucción de la Corte. Ella, santandereana de 45 años, estuvo en la guerrilla, luego fue informante de la Policía y el Ejército y, al final, resultó comandante política del frente Cacique Pipintá, al que también perteneció Pablo Hernán Sierra. Por esa razón, ella parecía ser la indicada para descacreditar el testimonio de Sierra, quien también estuvo en el bloque Metro y ha relacionado a Uribe con ese grupo paramilitar.
“Lo que, lo que yo sé es lo que tiene que ver con que Alberto (Pablo Hernán Sierra) no perteneció, no fue fundador, ni perteneció al Bloque Metro. Eso es básicamente lo que yo tenía para contarle a la Corte”. Aseguró que el video que hizo “no fue sugerido”. Fabián Rojas, integrante de la UTL de Uribe, fue quien recibió el video para mostrárselo a Uribe. Como en el video Diana no hacía alusión ni a Uribe ni a Cepeda, Rojas y María Claudia Daza (quien entonces también estaba en la UTL de Uribe) acordaron decirle a Cadena que no le informara “nada al jefe antes de tener ‘amarrado’ el tema”.
Alias Diana y alias Víctor, le dijo ella a la Corte, “mantenían comunicación telefónica permanente con mucha frecuencia desde que ella salió de la cárcel”, aunque por un tiempo la relación se opacó cuando él trató de presionarla y ella lo denunció por amenazarla. Fue en 2012. De Víctor añadió que “manipuló las cosas de una manera que, que, qué si él no obtenía lo que él quería, él pudiera cambiar la versión porque como le digo es lo que él ha hecho en todo el transcurso de su vida de su historia”. La Corte quedó extrañada de las aseveraciones que hizo Diana sobre alguien con quien tiene un contacto frecuente.
El 22 de junio de 2018 quedó grabada una conversación entre Diana y Víctor que, para la Corte, es muy diciente. “Eso(s) manes quieren es guerra, guerra les doy yo, que hijueputa uno quiso ayudarles, pero así tampoco, ahí le escribí al man y se hizo el marica, ahí está en la línea, entonces que coma mierda hijueputa, esos hijueputas quieren que a toda hora uno de piquitos mi amor, así no se puede”, dijo Víctor. “Uno puede voltear ahí eso y decir la verdad, ellos quieren que yo diga la verdad, pues la verdad la voy a decir”, agregó el exparamilitar.
Aunque alias Diana le dijo a la Corte que ella hablaba con Vélez solo para “seguirle el juego”, la Corte sostiene que la exparamilitar tuvo un papel clave en la “búsqueda de testigos a cambio de beneficios económicos y judiciales” y que, detrás de ellos y de Diego Cadena estaba el senador Uribe, quien asumió, “probablemente de manera antijurídica, un rol fundamental, trascendente y muy activo” para conseguir testigos a su favor. Por eso, en criterio de la corporación, hay “motivos graves y fundados que permiten inferir razonablemente que el senador Álvaro Uribe Vélez podría incurrir en conductas dirigidas a la obstrucción de la justicia”.
En conclusión, señaló la Sala de Instrucción de la Corte, “el examen probatorio deja expuesta con suficiencia (...) la existencia de conductas punibles que pueden y deben atribuirse al senador Uribe Vélez como posible responsable a título de determinador, puesto que se aprecia que actuó con dolo, vale decir, con conocimiento de los hechos, conciencia de la ilicitud y la voluntad o querer su realización”. Pensando en que el expresidente podría entonces obstruir de algún modo la investigación, la Corte determinó que lo mejor para el proceso era que él quedara detenido mientras las pesquisas siguen andando.