Las pruebas de la Fiscalía para capturar al general Henry Torres Escalante

Un breve comunicado del Comando del Ejército, divulgado horas después de que el general Henry William Torres Escalante se entregara en el búnker de la Fiscalía tras enterarse de que había una orden de captura en su contra, fue contundente en evidenciar una especie de dolor institucional. Nunca antes un general activo había sido detenido por ejecuciones extrajudiciales en Colombia. “A la familia del señor mayor general Torres Escalante –decía el documento–, nuestro sentimiento de consideración y de comprensión en estos momentos difíciles por los que atraviesa”.

La Fiscalía, sin embargo, está segura de que esto es mucho más que “momentos difíciles”. Después de 41 inspecciones judiciales, nueve pruebas periciales, 207 pruebas documentales y 86 declaraciones, recogidas desde hace varios años por distintos fiscales y concentradas por la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema, el organismo investigativo parece estar bastante seguro de su hipótesis: el 16 de marzo de 2007, Daniel Torres y su hijo, el menor de edad Roque Torres Torres, murieron en la “Operación fragmentaria No. 05 Marte” en calidad de civiles, no de guerrilleros.

En la medida de aseguramiento, un documento de 275 páginas conocidas por El Espectador y Noticias Caracol, la Fiscalía señala que ese 16 de marzo de 2007 en la vereda El Triunfo, del municipio Aguazul (Casanare), el Ejército estableció una misión táctica para ejercer control territorial sobre la zona. “No obstante esto no fue más que un plan creado, ideado y puesto en ejecución para segar la vida de padre e hijo y, finalmente, mostrarlos como un resultado operacional positivo, específicamente consistente en dos personas del grupo muertas en combate producto de la operación adelantada por el Grupo Especial Delta 6”.

La razón por la cual, según la Fiscalía, Daniel Torres y su hijo Roque Torres fueron asesinados se remonta a un poco antes del mismo crimen. “Las víctimas no eran desconocidas para los integrantes de la Brigada (XVI), tampoco para su comandante (Torres Escalante). Siete meses antes del fatídico suceso habían estado dentro de las mismas instalaciones de la brigada, rindiendo declaración ante Óscar Nelson Guerra Chinchía, juez 44 de Instrucción Penal Militar , poniendo en conocimiento los detalles del homicidio del señor Hugo Édgar Araque Rodríguez, reportado también como supuesta muerte en combate (...) de la cual habían sido testigos”.

Ese no fue el único caso del que fueron testigos. La medida de aseguramiento se refiere a otro similar: “Dos días después de la declaración suministrada en la justicia penal militar, el 13 de agosto de 2006, seis meses antes de su deceso, Daniel Torres y Roque Julio Torres Torres fueron testigos de otro homicidio perpetrado por el Grupo Especial Delta 4 orgánico de la Brigada XVI del Ejército, en desarrollo de la Misión Táctica N° 04 Albatroz II, que había sido ordenada de manera directa por Henry William Torres Escalante como comandante de la Brigada XVI. Como consecuencia de dicha operación fue víctima el señor Fredy Alexánder Sanabria”.

Después de la muerte de Sanabria, Roque Torres denunció los hechos con ayuda del Comité de Solidaridad de Presos Políticos. En esa ocasión contó cómo había amanecido en una fiesta cuando el Ejército llegó y, a la par, una mujer le pedía a Fredy Alexánder Sanabria llevarle una carne a un vecino. Sanabria, contó Roque Torres, hizo caso y algunos soldados, supuestamente, se fueron siguiéndolo. “Él ya cuando iba llegando el Ejército lo agarró y se lo trajeron a golpes cuesta abajo, lo hacían dar botes, y no duró ni media hora y lo mataron, formaron una balacera y decían que era un combate con la guerrilla”. Pura simulación, concluyó la Fiscalía.

Roque Torres continuó así su relato: “Llegaron tres soldados a la casa donde estábamos y nos dijeron que saliéramos para hacer una requisa, y tomarnos una foto, entonces todos enchichados por la fiesta de la noche anterior no nos dejamos, entonces mandaron llamar al teniente y llegó el teniente todo bravo y nos trató mal y nos tocó salir y ahí si nos tocó dejarnos tomar la foto. En la casa había menores de edad. Luego llegó el helicóptero y se llevaron al muerto que lo habían vestido con camuflado (...) “lo único que digo es que si me pasa algo al único que le hecho (sic) la culpa es al Ejército porque de pronto quieran vengarse porque yo declaré la verdad”.

Su padre, Daniel Torres, también había hecho otras denuncias contra el Ejército. Una llamó en particular la atención de la Fiscalía: el 12 de noviembre de 2006, cuatro meses antes de morir, denunció que 15 soldados de la Brigada XVI –bajo el mando del general Torres Escalante– habían llegado a hacer una inspección ilegal a su casa, que los militares catalogaron de censo: “Sin ninguna autorización de mi parte o de cualquier otro miembro de la familia procedieron a ingresar. Acto seguido se dirigieron al suscrito manifestándome que estaban realizando un censo y que le suministráramos los nombres de las personas que habitábamos en la casa”.

Al terminar la inspección, contó Daniel Torres, los militares le dijeron: “A ti te estábamos buscando y tienes que acompañarnos”. Él les preguntó que por qué lo capturaban, por cuál delito, qué autoridad lo requería. Nadie dio respuesta. Daniel Torres se negó a dejarse llevar sin una orden judicial de por medio. Entonces, relató, los militares le dijeron: “Usted nos cae por ahí solito”. Esa inspección generó una denuncia por parte de Daniel Torres: “Desde ya dejo constancia que en el momento que me llegare a suceder un percance criminal en mi persona o a cualquier integrante de grupo familiar responsabilizo a los integrantes del Ejército Nacional de la Decimosexta Brigada con sede en Yopal, Casanare”.

Por eso, sostuvo la Fiscalía: “Conviene precisar que el censo per se, es una actividad ajena a la función constitucional otorgada al Ejército Nacional, y si bien éste pretendió dar legitimidad a la misma utilizando precisamente como fachada el nombre de censo, lo que realmente ocurrió fue una operación de registro en búsqueda de información de las personas que habitaban en la vereda El Triunfo”.

La declaración del teniente Marco Fabián García –ya condenado a 22 años de prisión por estas muertes– fue clave en este caso. García testificó que los comandantes de brigada “siempre tuvieron el conocimiento de que morían personas inocentes, siempre sabían lo que pasaba, (pero) ellos para ese entonces lo único que les interesaba eran los resultados, fueran inocentes o no”. Y añadió que de parte de sus superiores en la Brigada XVI “nunca hubo objeción, nunca me dijeron nada, todo eran felicitaciones”.

Aún más, el teniente García reconoció que tras el crimen de los Torres fue propuesto como “candidato al curso de Fuerzas Especiales que duraba seis meses”, cuyo propósito era motivarlo “a seguir trabajando obteniendo estos beneficios”. El alto oficial en ese momento aprobó el pago de una recompensa de $1.500.000 por estos asesinatos. Los investigadores, además, documentaron cómo las muertes en combate de la Brigada XVI aumentaron en 2007 cuando el general Torres Escalante oficiaba como comandante en Casanare. Entre enero y abril de ese 2007 la mencionada Brigada reportó 94 muertos en 75 combates. La Fiscalía busca determinar si en esos casos hubo ejecuciones extrajudiciales.

De tal suerte que la conclusión de los investigadores fue esta: “El comandante de la Brigada XVI tenía la información precisa y completa acerca de las víctimas, la cual utilizó de manera conveniente para sus fines personales, que no eran otros que callar a quienes venían alertando ante las organismos de control y ONG las irregularidades en las operaciones militares (…) donde se reportaban civiles como muertes legítimas en combate, cuando lo que realmente acontecía eran homicidios deliberados de campesinos y labriegos no combatientes tildados de ser auxiliadores y milicianos de la guerrilla”.

Un breve comunicado del Comando del Ejército, divulgado horas después de que el general Henry William Torres Escalante se entregara en el búnker de la Fiscalía tras enterarse de que había una orden de captura en su contra, fue contundente en evidenciar una especie de dolor institucional. Nunca antes un general activo había sido detenido por ejecuciones extrajudiciales en Colombia. “A la familia del señor mayor general Torres Escalante –decía el documento–, nuestro sentimiento de consideración y de comprensión en estos momentos difíciles por los que atraviesa”.

La Fiscalía, sin embargo, está segura de que esto es mucho más que “momentos difíciles”. Después de 41 inspecciones judiciales, nueve pruebas periciales, 207 pruebas documentales y 86 declaraciones, recogidas desde hace varios años por distintos fiscales y concentradas por la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema, el organismo investigativo parece estar bastante seguro de su hipótesis: el 16 de marzo de 2007, Daniel Torres y su hijo, el menor de edad Roque Torres Torres, murieron en la “Operación fragmentaria No. 05 Marte” en calidad de civiles, no de guerrilleros.

En la medida de aseguramiento, un documento de 275 páginas conocidas por El Espectador y Noticias Caracol, la Fiscalía señala que ese 16 de marzo de 2007 en la vereda El Triunfo, del municipio Aguazul (Casanare), el Ejército estableció una misión táctica para ejercer control territorial sobre la zona. “No obstante esto no fue más que un plan creado, ideado y puesto en ejecución para segar la vida de padre e hijo y, finalmente, mostrarlos como un resultado operacional positivo, específicamente consistente en dos personas del grupo muertas en combate producto de la operación adelantada por el Grupo Especial Delta 6”.

La razón por la cual, según la Fiscalía, Daniel Torres y su hijo Roque Torres fueron asesinados se remonta a un poco antes del mismo crimen. “Las víctimas no eran desconocidas para los integrantes de la Brigada (XVI), tampoco para su comandante (Torres Escalante). Siete meses antes del fatídico suceso habían estado dentro de las mismas instalaciones de la brigada, rindiendo declaración ante Óscar Nelson Guerra Chinchía, juez 44 de Instrucción Penal Militar , poniendo en conocimiento los detalles del homicidio del señor Hugo Édgar Araque Rodríguez, reportado también como supuesta muerte en combate (...) de la cual habían sido testigos”.

Ese no fue el único caso del que fueron testigos. La medida de aseguramiento se refiere a otro similar: “Dos días después de la declaración suministrada en la justicia penal militar, el 13 de agosto de 2006, seis meses antes de su deceso, Daniel Torres y Roque Julio Torres Torres fueron testigos de otro homicidio perpetrado por el Grupo Especial Delta 4 orgánico de la Brigada XVI del Ejército, en desarrollo de la Misión Táctica N° 04 Albatroz II, que había sido ordenada de manera directa por Henry William Torres Escalante como comandante de la Brigada XVI. Como consecuencia de dicha operación fue víctima el señor Fredy Alexánder Sanabria”.

Después de la muerte de Sanabria, Roque Torres denunció los hechos con ayuda del Comité de Solidaridad de Presos Políticos. En esa ocasión contó cómo había amanecido en una fiesta cuando el Ejército llegó y, a la par, una mujer le pedía a Fredy Alexánder Sanabria llevarle una carne a un vecino. Sanabria, contó Roque Torres, hizo caso y algunos soldados, supuestamente, se fueron siguiéndolo. “Él ya cuando iba llegando el Ejército lo agarró y se lo trajeron a golpes cuesta abajo, lo hacían dar botes, y no duró ni media hora y lo mataron, formaron una balacera y decían que era un combate con la guerrilla”. Pura simulación, concluyó la Fiscalía.

Roque Torres continuó así su relato: “Llegaron tres soldados a la casa donde estábamos y nos dijeron que saliéramos para hacer una requisa, y tomarnos una foto, entonces todos enchichados por la fiesta de la noche anterior no nos dejamos, entonces mandaron llamar al teniente y llegó el teniente todo bravo y nos trató mal y nos tocó salir y ahí si nos tocó dejarnos tomar la foto. En la casa había menores de edad. Luego llegó el helicóptero y se llevaron al muerto que lo habían vestido con camuflado (...) “lo único que digo es que si me pasa algo al único que le hecho (sic) la culpa es al Ejército porque de pronto quieran vengarse porque yo declaré la verdad”.

Su padre, Daniel Torres, también había hecho otras denuncias contra el Ejército. Una llamó en particular la atención de la Fiscalía: el 12 de noviembre de 2006, cuatro meses antes de morir, denunció que 15 soldados de la Brigada XVI –bajo el mando del general Torres Escalante– habían llegado a hacer una inspección ilegal a su casa, que los militares catalogaron de censo: “Sin ninguna autorización de mi parte o de cualquier otro miembro de la familia procedieron a ingresar. Acto seguido se dirigieron al suscrito manifestándome que estaban realizando un censo y que le suministráramos los nombres de las personas que habitábamos en la casa”.

Al terminar la inspección, contó Daniel Torres, los militares le dijeron: “A ti te estábamos buscando y tienes que acompañarnos”. Él les preguntó que por qué lo capturaban, por cuál delito, qué autoridad lo requería. Nadie dio respuesta. Daniel Torres se negó a dejarse llevar sin una orden judicial de por medio. Entonces, relató, los militares le dijeron: “Usted nos cae por ahí solito”. Esa inspección generó una denuncia por parte de Daniel Torres: “Desde ya dejo constancia que en el momento que me llegare a suceder un percance criminal en mi persona o a cualquier integrante de grupo familiar responsabilizo a los integrantes del Ejército Nacional de la Decimosexta Brigada con sede en Yopal, Casanare”.

Por eso, sostuvo la Fiscalía: “Conviene precisar que el censo per se, es una actividad ajena a la función constitucional otorgada al Ejército Nacional, y si bien éste pretendió dar legitimidad a la misma utilizando precisamente como fachada el nombre de censo, lo que realmente ocurrió fue una operación de registro en búsqueda de información de las personas que habitaban en la vereda El Triunfo”.

La declaración del teniente Marco Fabián García –ya condenado a 22 años de prisión por estas muertes– fue clave en este caso. García testificó que los comandantes de brigada “siempre tuvieron el conocimiento de que morían personas inocentes, siempre sabían lo que pasaba, (pero) ellos para ese entonces lo único que les interesaba eran los resultados, fueran inocentes o no”. Y añadió que de parte de sus superiores en la Brigada XVI “nunca hubo objeción, nunca me dijeron nada, todo eran felicitaciones”.

Aún más, el teniente García reconoció que tras el crimen de los Torres fue propuesto como “candidato al curso de Fuerzas Especiales que duraba seis meses”, cuyo propósito era motivarlo “a seguir trabajando obteniendo estos beneficios”. El alto oficial en ese momento aprobó el pago de una recompensa de $1.500.000 por estos asesinatos. Los investigadores, además, documentaron cómo las muertes en combate de la Brigada XVI aumentaron en 2007 cuando el general Torres Escalante oficiaba como comandante en Casanare. Entre enero y abril de ese 2007 la mencionada Brigada reportó 94 muertos en 75 combates. La Fiscalía busca determinar si en esos casos hubo ejecuciones extrajudiciales.

De tal suerte que la conclusión de los investigadores fue esta: “El comandante de la Brigada XVI tenía la información precisa y completa acerca de las víctimas, la cual utilizó de manera conveniente para sus fines personales, que no eran otros que callar a quienes venían alertando ante las organismos de control y ONG las irregularidades en las operaciones militares (…) donde se reportaban civiles como muertes legítimas en combate, cuando lo que realmente acontecía eran homicidios deliberados de campesinos y labriegos no combatientes tildados de ser auxiliadores y milicianos de la guerrilla”.