Las pruebas de la omisión del general Mario Montoya para evitar los falsos positivos

El expediente con las pruebas de la Fiscalía contra el excomandante del Ejército, general (r) Mario Montoya Uribe, por siete ejecuciones extrajudiciales perpetradas por hombres bajo su mando en todo el país, está soportado en un minucioso arqueo de más de 350 sentencias judiciales por falsos positivos o desapariciones. Al revisar ese inmenso volumen de fallos, los investigadores descubrieron patrones comunes, órdenes de operaciones similares, las mismas simulaciones repetidas de combates inexistentes y una línea de tiempo indicativa: por donde pasaba el alto oficial, las cifras de muertos reportados como bajas guerrilleras aumentaban.

La Fiscalía cruzó las bases de datos de organizaciones de derechos humanos, que han venido denunciando miles de estos crímenes, con los “positivos” presentados por el Ejército en la lucha contra la subversión. En especial entre 2002 y 2008, haciendo un meticuloso recorrido por los cargos de mando que ocupó Montoya, primero como comandante de la IV Brigada en Medellín –allí protagonizó la cuestionada Operación Orión para retomar el control de la Comuna 13–, luego como jefe de la Primera División, con sede en Santa Marta, y finalmente como comandante del Ejército, cargo que ejerció durante 30 meses, hasta noviembre de 2008, tras el escándalo que se desató por los crímenes de once jóvenes de Soacha.

Desde su posesión en mayo de 2006 –en los tiempos de la primera reelección del presidente Álvaro Uribe Vélez– el general Mario Montoya fue advertido por organismos como el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Defensoría del Pueblo, el Programa Presidencial para los Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia –además de un largo listado de ONG en Colombia– de innumerables casos de muertes de civiles que no tenían relación con el conflicto, en los que se reseñaban operaciones militares cuestionadas. Las siete divisiones del Ejército fueron salpicadas por estas denuncias. El dosier contra Montoya está repleto de estos informes desoídos.

Posibles ejecuciones extrajudiciales en Córdoba, Antioquia, Sucre y Magdalena, entre otro largo etcétera de advertencias documentadas. ¿Por qué no hizo nada?, se preguntan los investigadores. El caso de Soacha, sin embargo, destapó la olla podrida de los falsos positivos –que hoy tiene a más de 4.000 militares investigados en 2.760 procesos por homicidios asociados con acciones de la Fuerza Pública– y puso en el radar de la Fiscalía al general Montoya. Precisamente el asesinato de Fair Leonardo Porras, perpetrado por la Brigada Móvil 15, con sede en Ocaña (Norte de Santander) el 12 de enero de 2008, es uno de los crímenes que se le imputarán a Montoya el próximo 31 de mayo.

Este caso se suma a otros seis procesos emblemáticos escogidos por la Fiscalía para probar la omisión del alto oficial en esta cadena de crímenes. En diálogo con El Espectador hace una semana Luz Marina Bernal, una de las madres de Soacha, señaló al respecto: “Fair Leonardo era especial, ya que su mentalidad solamente llegó hasta los 8 años. Además, tenía discapacidad en su brazo y su pierna derechos. En el momento del levantamiento encontraron un arma como a unos 50 centímetros de su mano derecha, lo cual resulta absurdo, pues él no podía manipular un arma con su mano discapacitada y él era zurdo”. Y añadió triste: “Mi hijo fue sindicado de ser el jefe de una organización narcoterrorista. Imagínese, una persona con una discapacidad, que no sabía ni leer ni escribir, no podía liderar un grupo ilegal”.

El año 2007 fue particularmente dramático, pues al tiempo que exponencialmente ascendían las cifras de insurgentes abatidos por militares, también crecían las denuncias por el delito de homicidio en persona protegida. Tanto fue así, que ese año, a instancias del Ministerio de Defensa que entonces comandaba Juan Manuel Santos, se creó un comité de alto nivel para revisar estos casos, en el que participaban delegados de la propia Fiscalía, de organismos internacionales como Naciones Unidas o la Cruz Roja y la cúpula de las Fuerzas Militares, con el general Montoya a la cabeza. Incluso, ese 2007 el alto oficial autorizó a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos para visitar las siete divisiones del Ejército a fin de esclarecer decenas de homicidios de civiles reportados.

No es todo. Los investigadores también determinaron, según versiones de varios generales, que tendrán que ratificar su testimonio durante el juicio, que el general Montoya retrasó durante varios meses la firma de una directiva que buscaba adoptar medidas urgentes para prevenir ejecuciones extrajudiciales. El Espectador conoció, por ejemplo, que a mediados de 2007 el Ministerio de Defensa expidió una directiva al respecto y que ésta fue complementada por otra más precisa en noviembre de ese año. No obstante, a pesar de esas disposiciones y de que un subalterno suyo proyectara para la firma de Montoya un documento con instrucciones similares, éste solo lo firmó en marzo de 2008. ¿Por qué tardo tanto tiempo? Esa es otra pregunta que ronda a la Fiscalía.

En el informe de gestión que presentó el fiscal Eduardo Montealegre se detallan más pistas sobre el caso Montoya. Aunque no lo dice con nombre propio, se advierte que hubo avances sustanciales en la investigación del fenómeno de los falsos positivos. Por ejemplo, se documentaron 2.297 expedientes que corresponden a presuntas ejecuciones extrajudiciales de civiles y que dejaron 3.185 víctimas y 645 más aún no identificadas. Sobre esos procesos se realizó un análisis de 357 fallos proferidos por jueces de la República. Es decir, los casos más avanzados de esta radiografía criminal. Se detectó que la gran mayoría de víctimas tienen un rango de edad entre los 18 y los 30 años.

“La revisión y clasificación de las 357 sentencias permitió identificar 695 personas procesadas y 610 condenadas por hechos identificados como falsos positivos. Los hechos relativos a estos procesos en su mayoría ocurrieron en Antioquia (101 procesos) y en Norte de Santander (27 procesos) y corresponden mayoritariamente a hechos sucedidos entre 2004 y 2007”, sostiene el reporte. De esos condenados, el 60 % son soldados o cabos y el 40 % restante incluye sargentos, subtenientes, tenientes, capitanes, mayores, siete tenientes coroneles y cuatro coroneles. Un total de 168 militares sentenciados pertenecían a la IV Brigada. Con una perla más: 11 personas discapacitadas fueron presentadas como guerrilleros abatidos en combate. Ese es el caso de Fair Leonardo Porras.

En el arqueo de la Fiscalía también se evidenciaron 215 procesos en donde se planearon homicidios “con el objetivo premeditado de presentarlos como bajas en combate”, y en 86 expedientes más las víctimas fueron engañadas para ser “trasladadas al sitio donde fueron ejecutadas”. En otros 90 casos éstas “fueron trasladadas en contra de su voluntad”. Por eso, los jueces “han destacado la existencia de un plan criminal en 130 sentencias, la distribución de responsabilidades en desarrollo del mismo en 106 sentencias” y la existencia de una orden clara o instigadora en 107 sentencias. En el 65 % de los casos, la justicia constató el mismo móvil de los crímenes: además de obedecer una orden superior, se trató siempre de aumentar la efectividad de la unidad militar para “obtener vacaciones, permisos y otros beneficios”.

El expediente con las pruebas de la Fiscalía contra el excomandante del Ejército, general (r) Mario Montoya Uribe, por siete ejecuciones extrajudiciales perpetradas por hombres bajo su mando en todo el país, está soportado en un minucioso arqueo de más de 350 sentencias judiciales por falsos positivos o desapariciones. Al revisar ese inmenso volumen de fallos, los investigadores descubrieron patrones comunes, órdenes de operaciones similares, las mismas simulaciones repetidas de combates inexistentes y una línea de tiempo indicativa: por donde pasaba el alto oficial, las cifras de muertos reportados como bajas guerrilleras aumentaban.

La Fiscalía cruzó las bases de datos de organizaciones de derechos humanos, que han venido denunciando miles de estos crímenes, con los “positivos” presentados por el Ejército en la lucha contra la subversión. En especial entre 2002 y 2008, haciendo un meticuloso recorrido por los cargos de mando que ocupó Montoya, primero como comandante de la IV Brigada en Medellín –allí protagonizó la cuestionada Operación Orión para retomar el control de la Comuna 13–, luego como jefe de la Primera División, con sede en Santa Marta, y finalmente como comandante del Ejército, cargo que ejerció durante 30 meses, hasta noviembre de 2008, tras el escándalo que se desató por los crímenes de once jóvenes de Soacha.

Desde su posesión en mayo de 2006 –en los tiempos de la primera reelección del presidente Álvaro Uribe Vélez– el general Mario Montoya fue advertido por organismos como el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Defensoría del Pueblo, el Programa Presidencial para los Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia –además de un largo listado de ONG en Colombia– de innumerables casos de muertes de civiles que no tenían relación con el conflicto, en los que se reseñaban operaciones militares cuestionadas. Las siete divisiones del Ejército fueron salpicadas por estas denuncias. El dosier contra Montoya está repleto de estos informes desoídos.

Posibles ejecuciones extrajudiciales en Córdoba, Antioquia, Sucre y Magdalena, entre otro largo etcétera de advertencias documentadas. ¿Por qué no hizo nada?, se preguntan los investigadores. El caso de Soacha, sin embargo, destapó la olla podrida de los falsos positivos –que hoy tiene a más de 4.000 militares investigados en 2.760 procesos por homicidios asociados con acciones de la Fuerza Pública– y puso en el radar de la Fiscalía al general Montoya. Precisamente el asesinato de Fair Leonardo Porras, perpetrado por la Brigada Móvil 15, con sede en Ocaña (Norte de Santander) el 12 de enero de 2008, es uno de los crímenes que se le imputarán a Montoya el próximo 31 de mayo.

Este caso se suma a otros seis procesos emblemáticos escogidos por la Fiscalía para probar la omisión del alto oficial en esta cadena de crímenes. En diálogo con El Espectador hace una semana Luz Marina Bernal, una de las madres de Soacha, señaló al respecto: “Fair Leonardo era especial, ya que su mentalidad solamente llegó hasta los 8 años. Además, tenía discapacidad en su brazo y su pierna derechos. En el momento del levantamiento encontraron un arma como a unos 50 centímetros de su mano derecha, lo cual resulta absurdo, pues él no podía manipular un arma con su mano discapacitada y él era zurdo”. Y añadió triste: “Mi hijo fue sindicado de ser el jefe de una organización narcoterrorista. Imagínese, una persona con una discapacidad, que no sabía ni leer ni escribir, no podía liderar un grupo ilegal”.

El año 2007 fue particularmente dramático, pues al tiempo que exponencialmente ascendían las cifras de insurgentes abatidos por militares, también crecían las denuncias por el delito de homicidio en persona protegida. Tanto fue así, que ese año, a instancias del Ministerio de Defensa que entonces comandaba Juan Manuel Santos, se creó un comité de alto nivel para revisar estos casos, en el que participaban delegados de la propia Fiscalía, de organismos internacionales como Naciones Unidas o la Cruz Roja y la cúpula de las Fuerzas Militares, con el general Montoya a la cabeza. Incluso, ese 2007 el alto oficial autorizó a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos para visitar las siete divisiones del Ejército a fin de esclarecer decenas de homicidios de civiles reportados.

No es todo. Los investigadores también determinaron, según versiones de varios generales, que tendrán que ratificar su testimonio durante el juicio, que el general Montoya retrasó durante varios meses la firma de una directiva que buscaba adoptar medidas urgentes para prevenir ejecuciones extrajudiciales. El Espectador conoció, por ejemplo, que a mediados de 2007 el Ministerio de Defensa expidió una directiva al respecto y que ésta fue complementada por otra más precisa en noviembre de ese año. No obstante, a pesar de esas disposiciones y de que un subalterno suyo proyectara para la firma de Montoya un documento con instrucciones similares, éste solo lo firmó en marzo de 2008. ¿Por qué tardo tanto tiempo? Esa es otra pregunta que ronda a la Fiscalía.

En el informe de gestión que presentó el fiscal Eduardo Montealegre se detallan más pistas sobre el caso Montoya. Aunque no lo dice con nombre propio, se advierte que hubo avances sustanciales en la investigación del fenómeno de los falsos positivos. Por ejemplo, se documentaron 2.297 expedientes que corresponden a presuntas ejecuciones extrajudiciales de civiles y que dejaron 3.185 víctimas y 645 más aún no identificadas. Sobre esos procesos se realizó un análisis de 357 fallos proferidos por jueces de la República. Es decir, los casos más avanzados de esta radiografía criminal. Se detectó que la gran mayoría de víctimas tienen un rango de edad entre los 18 y los 30 años.

“La revisión y clasificación de las 357 sentencias permitió identificar 695 personas procesadas y 610 condenadas por hechos identificados como falsos positivos. Los hechos relativos a estos procesos en su mayoría ocurrieron en Antioquia (101 procesos) y en Norte de Santander (27 procesos) y corresponden mayoritariamente a hechos sucedidos entre 2004 y 2007”, sostiene el reporte. De esos condenados, el 60 % son soldados o cabos y el 40 % restante incluye sargentos, subtenientes, tenientes, capitanes, mayores, siete tenientes coroneles y cuatro coroneles. Un total de 168 militares sentenciados pertenecían a la IV Brigada. Con una perla más: 11 personas discapacitadas fueron presentadas como guerrilleros abatidos en combate. Ese es el caso de Fair Leonardo Porras.

En el arqueo de la Fiscalía también se evidenciaron 215 procesos en donde se planearon homicidios “con el objetivo premeditado de presentarlos como bajas en combate”, y en 86 expedientes más las víctimas fueron engañadas para ser “trasladadas al sitio donde fueron ejecutadas”. En otros 90 casos éstas “fueron trasladadas en contra de su voluntad”. Por eso, los jueces “han destacado la existencia de un plan criminal en 130 sentencias, la distribución de responsabilidades en desarrollo del mismo en 106 sentencias” y la existencia de una orden clara o instigadora en 107 sentencias. En el 65 % de los casos, la justicia constató el mismo móvil de los crímenes: además de obedecer una orden superior, se trató siempre de aumentar la efectividad de la unidad militar para “obtener vacaciones, permisos y otros beneficios”.