Las pruebas en contra de exgobernador José María Ballesteros por el PAE

José María Ballesteros, exgobernador de La Guajira, está una vez más en el banquillo de los acusados de la Corte Suprema de Justicia, investigado por irregularidades en dos contratos que tenían como objetivo suministrar alimentación y transporte escolar a estudiantes del departamento. La posible falta de Ballesteros ocurrió en 2015 mientras fue jefe departamental y decidió dar continuidad a los programas de La Guajira Primero, que implementó la antigua administración. El expediente en su contra empezó en diciembre de 2020 por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado a favor de terceros. Ahora, será acusado ante la Sala de Primera Instancia del alto tribunal.

José María Ballesteros, exgobernador de La Guajira, está una vez más en el banquillo de los acusados de la Corte Suprema de Justicia, investigado por irregularidades en dos contratos que tenían como objetivo suministrar alimentación y transporte escolar a estudiantes del departamento. La posible falta de Ballesteros ocurrió en 2015 mientras fue jefe departamental y decidió dar continuidad a los programas de La Guajira Primero, que implementó la antigua administración. El expediente en su contra empezó en diciembre de 2020 por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado a favor de terceros. Ahora, será acusado ante la Sala de Primera Instancia del alto tribunal.

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Lo que reposa en el escrito de acusación que la Fiscalía le presentará al magistrado Jorge Caldas es que en el contrato de suministro de alimentación que se firmó en marzo de 2015 terminó en un altísimo sobrecosto. Ese convenio se firmó con María Angélica Araújo, representante legal del consorcio Nutriendo Escolares de La Guajira, y tenía como objetivo brindar el desayuno y el almuerzo por 125 días a 192.358 estudiantes de quince municipios de La Guajira, teniendo como prioridad la zona rural, indígenas, desplazados y población vulnerable. El convenio, inicialmente, se pactó por $37.000 millones. No obstante, una adición terminó costándole a la Gobernación $41.000 millones, que justificaron con el argumento de que el servicio debía prestarse durante más días.

En este caso, la Fiscalía, en su análisis, encontró alrededor de ocho irregularidades. La primera obedeció a los estudios previos que debe hacer toda administración antes de suscribir un convenio. Si bien el ente acusador dijo que sí se presentaron esos cálculos, también resaltó que presentaron fallas. Además, explicó que la sumatoria de los beneficiarios daba 192.319 y no 192.358 como había quedado estipulado. “Es decir, hay una diferencia de 39 beneficiarios de más, lo que no solo incide en el valor, sino que sobre el número de beneficiarios no se tenía claridad en el momento de la planeación”, dice la acusación.

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Entre otras cosas, la Fiscalía le reprochó al exgobernador su presunto incumplimiento en el suministro de comedores escolares para que los estudiantes recibieran los alimentos. Reposan imágenes que evidenciarían a niños comiendo en el piso y debajo de los árboles. A juicio de la Fiscalía, el exgobernador “transgredió el principio de planeación, pero también el de responsabilidad, al someter a los niños, niñas y adolescentes, que son sujetos de especial protección, a tomar sus alimentos en condiciones más que deplorables, de alto riesgo para la salud, el bienestar y la dignidad de aquellos”.

“En conclusión, las anteriores anomalías referidas a los estudios previos conducen a colegir que José María Ballesteros Valdivieso, como cabeza visible de la administración departamental, no solo transgredió el principio de responsabilidad, en tanto como tal le eran exigibles obligaciones y responsabilidades, entre ellas la de verificar que los estudios previos considerados como hoja de ruta a seguir, para lograr la alimentación para niños, niñas y adolescentes en el departamento de La Guajira, fuesen elaborados de manera juiciosa y responsable, lo que obvió sin justificación alguna”, explicó la Fiscalía en el documento.

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El segundo convenio que firmó la administración de Ballesteros fue en mayo de 2015 y tenía la finalidad de prestar servicio de transporte escolar a más de 6.477 estudiantes. Inicialmente, se planeó que 250 buses serían distribuidos en los quince municipios del departamento y cubrirían las necesidades de traslado, especialmente, en zonas de difícil acceso y población dispersa. El convenio fue firmado con la unión temporal Anas Watta Kai, representada por Adeilys Mendoza. El plazo de la ejecución era de 88 días y tuvo un costo inicial de más de $9.310 millones. No obstante, la suma fue reducida en $2.664 millones en octubre de 2015 y se prorrogó el plazo inicial a veinte días más.

En este caso, la Fiscalía sostuvo que se presentaron irregularidades en cuanto a la selección de la entidad con la que se firmó el contrato. Aunque en los estudios previos del proyecto reposa que analizaron tres cotizaciones, lo que encontraron los investigadores es que “esos posibles proponentes y sus cotizaciones no existen, en tanto no fueron encontrados. En otras palabras, ese supuesto análisis de los indicadores financieros y de capacidad de organización de los posibles proponentes no existe, pues carece de soporte, razón por la que se desconoce cómo se fijó el valor unitario para establecer el presupuesto oficial”, dice la Fiscalía en el documento.

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Sobre la forma en la que se escogieron los colegios que serían beneficiados con el transporte, la Fiscalía encontró que no fueron incluidos tres municipios: Maicao, Riohacha y Uribia. No obstante, sí fueron tenidos en cuenta en el presupuesto que fue presentado para la continuación del proyecto de la administración anterior, denominado La Guajira Primero. El cuestionamiento del ente acusador se basa en que, pese a que no se tuvieron en cuenta tres municipios, el monto del convenio no disminuyó.

En materia económica, la Fiscalía tuvo en cuenta el servicio de busetas y camionetas que se necesitaron para el traslado de los estudiantes. Dice el escrito de acusación que hubo irregularidades debido a que contabilizaron vehículos para transportar alrededor de 400 estudiantes; pero, según las pesquisas, solo llegaban a 262 menores. También tienen en su reporte de investigación que las camionetas fueron alquiladas por $412.800, pero en el contrato aparecían por $443.780. Es decir, $30.980 de más, lo que equivaldría a un incremento de $39 millones por el servicio total.

Con esa serie de irregularidades, la Fiscalía le reprocha a Ballesteros que, si bien delegó algunos de sus funcionarios para adelantar los convenios, debía estar pendiente de los contratos suscritos y que los estudios y ofertas se presentaran en el marco de lo ordenado para contratar públicamente. Además, le cuestiona que haya permitido un detrimento de $13.253 millones, dinero que, como representante legal del departamento, tenía bajo su custodia. El exgobernador de La Guajira se ha declarado inocente de todo lo que la Fiscalía lo acusa. No obstante, tendrá que enfrentar este proceso, mientras termina de cumplir una condena de catorce años de prisión por un contrato que firmó en 2014 que tenía como fin prevenir el dengue en La Guajira, donde hubo una pérdida de más de $300 millones.