Las pruebas que decretó la Procuraduría en la investigación a la congresista Pizarro

Un video que, al parecer, ronda en las redes sociales y que llegó de manera anónima a la Procuraduría General junto con una denuncia, vincula a la representante a la cámara, María José Pizarro, sobre quien se conoció este miércoles, pesa una investigación disciplinaria. La miembro del legislativo ha estado activa desde que se convocaron las manifestaciones el pasado 28 de abril como negativa a las directrices dadas por el Gobierno de Iván Duque. A Pizarro se le ha visto acompañando a la ciudadanía en el Valle del Cauca, lugar en el que han sido más notorias las acciones adelantadas por la sociedad. Sin embargo, la acusación en su contra, se habría presentado frente al Congreso de la República en Bogotá.

El Ministerio Público, en un documento de siete páginas conocido por El Espectador explica que Pizarro fue llamada ante el órgano de control porque habría usado su investidura como congresista para intervenir en un procedimiento policial que se llevó a cabo el 5 de mayo pasado en las afueras del Congreso. “Aquella trató de evitar que los uniformados de la Policía asignados a proteger el edificio del capitolio intervinieran una manifestación que pretendía usar la violencia contra las vallas de aislamiento de esa edificación”. Para la Procuraduría el comportamiento de la congresista podría configurar “un grave actuar” de su parte.

Lea aquí: De las 154 actuaciones disciplinarias de la Procuraduría por protestas, tres vinculan a congresistas

Según expone la denuncia, en el video que también se encuentra en uno de los despachos del Ministerio Público se ve a la congresista conversando junto con varios policías y de fondo una multitud de jóvenes que hacían parte de la protesta convocada para ese día. Con lo anterior, está claro para la Procuraduría que Pizarro pudo incurrir en “falencias conductuales” por presuntamente utilizar su cargo para intervenir en el procedimiento que adelantaban los miembros de la fuerza pública.

De acuerdo con la denuncia allegada al ente de control “la representante a la cámara, con su obrar, aparentemente obstaculizó el normal accionar de los miembros de la fuerza pública que participaron en el operativo, así mismo alude que instó a los uniformados a revelarse contra el mando, lo que significaría que hipotéticamente invadió órbitas funcionales exógenas a la labor que le atañe como legisladora. Las anteriores aseveraciones deberán ser objeto de verificación y corroboración fáctica y probatoria, por lo cual es apremiante el ejercicio del control disciplinario por parte de esta jefatura”.

Con lo anterior, el ente de control decretó una práctica de pruebas para demostrar los hechos que son adjudicados a la representante. En el documento conocido por este diario la Procuraduría le solicitó a la Secretaría General de la Cámara de Representantes que remita una certificación en la que se especifique la calidad de la congresista con los datos principales de su labor en el legislativo. Deberá enviar copia de los documentos adjuntos a su hoja de vida.

Igualmente, se deberá precisar quiénes estaban al mando de los uniformados asignados al Congreso de la República durante el pasado 5 de mayo. Así mismo, deben remitir información completa con nombres y cédulas de ciudadanía de los funcionarios ajenos a la Policía que participaron en el operativo que se llevó a cabo ese día. El Ministerio Público también deberá conocer un informe operativo de las manifestaciones en el que consten las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rondaron el procedimiento policial. “De no reposar dicho documento, la comandancia deberá ordenar a quien corresponda relatar de manera pormenorizada, minuciosa y específica de lo acontecido en la fecha señalada respecto de la operación mencionada”.

Por otro lado, el Ministerio Público también deberá conocer si Pizarro participó en algún momento en el procedimiento policial y las causas por las que lo hizo. Además de eso, en el despacho deben reposar los videos en los que quedó registrada la presunta actuación indebida de la miembro del legislativo. “El destinatario del requerimiento deberá señalar si el 5 de mayo, a la fecha, se han presentado quejas o solicitudes de algún tipo relacionadas con el procedimiento materia de discusión”. En caso de que existan dichos trámites deberán ser remitidos a la Procuraduría.

El ente de control también solicitó a la comandancia que informe si existe una querella o denuncia que vincule a Pizarro con los hechos ocurridos ese día. Sumado a lo anterior, la Procuraduría solicitó apoyo técnico científico a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales del Ministerio Público para que, en ejercicio de sus funciones de policía judicial verifique si en la red social Facebook aparece publicado el video al que hacen referencia en la denuncia motivo de la investigación. De ser afirmativo, el material fílmico deberá ser sustraído junto con la fecha y hora de la publicación. “Acorde a las posibilidades tecnológicas, dicha dependencia deberá conceptuar si el video fue editado o no (…) en ese orden de ideas, con el fin de esclarecer los hechos y determinar si existe responsabilidad o no de la investigada, el despacho comisionará a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales del Ministerio Público, inclusive las de policía judicial, para que obtengan el video completo y la información citada”.

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Si bien, aunque el proceso está en etapa de recibir pruebas que permitan establecer la posible responsabilidad de Pizarro, la congresista podrá enviar un escrito al Ministerio Público rindiendo su versión libre sobre lo ocurrido. La investigación de la representante a la cámara se suma a las que abrió este martes el ente de control en contra de los senadores Wilson Arias y Alexander López.

Un video que, al parecer, ronda en las redes sociales y que llegó de manera anónima a la Procuraduría General junto con una denuncia, vincula a la representante a la cámara, María José Pizarro, sobre quien se conoció este miércoles, pesa una investigación disciplinaria. La miembro del legislativo ha estado activa desde que se convocaron las manifestaciones el pasado 28 de abril como negativa a las directrices dadas por el Gobierno de Iván Duque. A Pizarro se le ha visto acompañando a la ciudadanía en el Valle del Cauca, lugar en el que han sido más notorias las acciones adelantadas por la sociedad. Sin embargo, la acusación en su contra, se habría presentado frente al Congreso de la República en Bogotá.

El Ministerio Público, en un documento de siete páginas conocido por El Espectador explica que Pizarro fue llamada ante el órgano de control porque habría usado su investidura como congresista para intervenir en un procedimiento policial que se llevó a cabo el 5 de mayo pasado en las afueras del Congreso. “Aquella trató de evitar que los uniformados de la Policía asignados a proteger el edificio del capitolio intervinieran una manifestación que pretendía usar la violencia contra las vallas de aislamiento de esa edificación”. Para la Procuraduría el comportamiento de la congresista podría configurar “un grave actuar” de su parte.

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Según expone la denuncia, en el video que también se encuentra en uno de los despachos del Ministerio Público se ve a la congresista conversando junto con varios policías y de fondo una multitud de jóvenes que hacían parte de la protesta convocada para ese día. Con lo anterior, está claro para la Procuraduría que Pizarro pudo incurrir en “falencias conductuales” por presuntamente utilizar su cargo para intervenir en el procedimiento que adelantaban los miembros de la fuerza pública.

De acuerdo con la denuncia allegada al ente de control “la representante a la cámara, con su obrar, aparentemente obstaculizó el normal accionar de los miembros de la fuerza pública que participaron en el operativo, así mismo alude que instó a los uniformados a revelarse contra el mando, lo que significaría que hipotéticamente invadió órbitas funcionales exógenas a la labor que le atañe como legisladora. Las anteriores aseveraciones deberán ser objeto de verificación y corroboración fáctica y probatoria, por lo cual es apremiante el ejercicio del control disciplinario por parte de esta jefatura”.

Con lo anterior, el ente de control decretó una práctica de pruebas para demostrar los hechos que son adjudicados a la representante. En el documento conocido por este diario la Procuraduría le solicitó a la Secretaría General de la Cámara de Representantes que remita una certificación en la que se especifique la calidad de la congresista con los datos principales de su labor en el legislativo. Deberá enviar copia de los documentos adjuntos a su hoja de vida.

Igualmente, se deberá precisar quiénes estaban al mando de los uniformados asignados al Congreso de la República durante el pasado 5 de mayo. Así mismo, deben remitir información completa con nombres y cédulas de ciudadanía de los funcionarios ajenos a la Policía que participaron en el operativo que se llevó a cabo ese día. El Ministerio Público también deberá conocer un informe operativo de las manifestaciones en el que consten las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rondaron el procedimiento policial. “De no reposar dicho documento, la comandancia deberá ordenar a quien corresponda relatar de manera pormenorizada, minuciosa y específica de lo acontecido en la fecha señalada respecto de la operación mencionada”.

Por otro lado, el Ministerio Público también deberá conocer si Pizarro participó en algún momento en el procedimiento policial y las causas por las que lo hizo. Además de eso, en el despacho deben reposar los videos en los que quedó registrada la presunta actuación indebida de la miembro del legislativo. “El destinatario del requerimiento deberá señalar si el 5 de mayo, a la fecha, se han presentado quejas o solicitudes de algún tipo relacionadas con el procedimiento materia de discusión”. En caso de que existan dichos trámites deberán ser remitidos a la Procuraduría.

El ente de control también solicitó a la comandancia que informe si existe una querella o denuncia que vincule a Pizarro con los hechos ocurridos ese día. Sumado a lo anterior, la Procuraduría solicitó apoyo técnico científico a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales del Ministerio Público para que, en ejercicio de sus funciones de policía judicial verifique si en la red social Facebook aparece publicado el video al que hacen referencia en la denuncia motivo de la investigación. De ser afirmativo, el material fílmico deberá ser sustraído junto con la fecha y hora de la publicación. “Acorde a las posibilidades tecnológicas, dicha dependencia deberá conceptuar si el video fue editado o no (…) en ese orden de ideas, con el fin de esclarecer los hechos y determinar si existe responsabilidad o no de la investigada, el despacho comisionará a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales del Ministerio Público, inclusive las de policía judicial, para que obtengan el video completo y la información citada”.

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Si bien, aunque el proceso está en etapa de recibir pruebas que permitan establecer la posible responsabilidad de Pizarro, la congresista podrá enviar un escrito al Ministerio Público rindiendo su versión libre sobre lo ocurrido. La investigación de la representante a la cámara se suma a las que abrió este martes el ente de control en contra de los senadores Wilson Arias y Alexander López.