La investigación que llevó a la captura de la exfiscal Ana Catalina Noguera —de entera confianza del exfiscal general Néstor Humberto Martínez— es de vieja data. Interceptaciones telefónicas, declaraciones juradas, informes forenses y consultas a la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), hacen parte del expediente que llevó a que este 13 de febrero capturaran a Noguera. Así fue la caída de una exfuncionaria judicial que hasta 2020 fue una de las personas más poderosas al interior del búnker.
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Según dio a conocer la Fiscalía en un comunicado, junto al capo Carlos Ramón Zapata, un oficial y dos suboficiales de la Policía “se encargaban de ubicar personas que tenían procesos inconclusos en la Fiscalía, los identificaban y extorsionaban con altas sumas de dinero para que no fueran extraditados a Estados Unidos”. Ya Zapata y los dos suboficiales, Anderson Jesús Alva Contreras y Jhon Fredy Redondo Bautista, aceptaron cargos. Pero poco se conoce del caso que terminó en la captura de una exfuncionaria que amasó un gran poder en el ente investigador.
El Espectador conoció buena parte de ese expediente, pues hace parte de los miles de documentos filtrados en el hackeo del colectivo Guacamayas contra la Fiscalía, información a la que este diario tuvo acceso a través de Distributed Denial of Secrets. En los cruces de comunicaciones entre el fiscal que lleva el caso, Mario Burgos, y sus investigadores y asistentes, se deja ver que le estaban pisando los talones a Noguera y a su supuesto socio, el antiguo narcotraficante Carlos Ramón Zapata, también conocido como el Médico, o Anestesia.
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Las primeras órdenes de investigación que aparecen en los documentos se remontan al 18 de abril de 2022. Allí se cita una declaración jurada que, al parecer, dio la abogada Ruth García Rojas, hermana del capo Javier García, alias Maracuyá. Según se desprende de los documentos, la mujer declaró en la Fiscalía que una grabación en la que ella hace acusaciones contra la vicefiscal Martha Mancera había sido editado. Y el fiscal del caso dio una serie de órdenes para verificar lo dicho por García Rojas.
Por ejemplo, citó a declaración jurada al periodista que publicó la grabación, ordenó que se hiciera un peritaje técnico para determinar si había sido editada y pidió información a la DEA. En concreto, la orden de investigación le pide a esa agencia norteamericana: “copia de cada uno de los audios entregados por la señora Ruth García Rojas, los cuales grabó las (6) veces que se reunió con el señor Carlos Ramón Zapata, reuniones a las que también habría asistido la señora Ana Catalina Noguera”.
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Aunque todavía no se conoce qué vinculación tiene la abogada García Rojas con los hechos por los que la Fiscalía imputará a Ana Catalina Noguera, los documentos muestran que el ente investigador estaba esculcando en lo que ocurrió entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020. Entre ellos, que al día siguiente de impartir las primeras órdenes de investigación el fiscal Burgos tomó otra decisión. Se presentó en un juzgado de garantías de Cali y pidió acceder a los registros de llamadas de una serie de teléfonos.
En una audiencia reservada, el fiscal Burgos explicó así los hechos: “La Fiscalía adelanta una investigación integral de un posible tráfico de influencia al interior de la Fiscalía, donde se estuviese recomendando ciertas actuaciones para favorecer de una u otra forma a funcionarios de alto nivel de la institución. Estos hechos comienzan en la ciudad de Cali”. Según explicó, habría funcionarios involucrados, así como personas externas involucradas.
Aunque dijo no saber a quiénes pertenecían los teléfonos, en la lista estaban los números de Noguera y quien habría sido su socio en la empresa criminal, Carlos Ramón Zapata. Un mes más tarde, tras analizar las llamadas que se cruzaron esos números de teléfono, el investigador del caso le reportó al fiscal Burgos sus primeros hallazgos. Le explicó que Zapata y Noguera se hicieron cuatro llamadas en ese lapso y dio cuenta de una reunión en una finca en Puerto Boyacá que se dio el 6 de julio de 2020.
Ahora, Noguera será presentada ante un magistrado del Tribunal de Bogotá, audiencia en la cual el fiscal Burgos le imputará cargos. Tras ser directora de Extinción de Dominio y delegada para las Finanzas Criminales, ahora la poderosa exfiscal e hija del exrector de la Universidad Sergio Arboleda, Rodrigo Noguera, pasa al centro de una investigación penal en la que la mayoría de implicados han aceptado cargos.
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