Las pruebas que salpican a cinco oficiales del Ejército en escándalo de corrupción en la Cuarta Brigada

Millonarios contratos amañados, contratistas beneficiados a dedo a cambio de sobornos, felicitaciones en las hojas de vida de los militares que se prestaron para estos delitos y hasta seguimientos y vigilancias a los fiscales e investigadores que documentaron estos presuntos hechos de corrupción hacen parte del dosier de evidencias que tiene la justicia contra cinco oficiales del Ejército. Hace un mes la Fiscalía les imputó a dos coroneles y tres tenientes coroneles los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho. Se trata de la segunda parte de un expediente que ya cobró las cabezas de dos generales de la República que hoy están acusados: Jorge Arturo Salgado y Jorge Horacio Romero, excomandantes de la Séptima División y la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, respectivamente.

Millonarios contratos amañados, contratistas beneficiados a dedo a cambio de sobornos, felicitaciones en las hojas de vida de los militares que se prestaron para estos delitos y hasta seguimientos y vigilancias a los fiscales e investigadores que documentaron estos presuntos hechos de corrupción hacen parte del dosier de evidencias que tiene la justicia contra cinco oficiales del Ejército. Hace un mes la Fiscalía les imputó a dos coroneles y tres tenientes coroneles los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho. Se trata de la segunda parte de un expediente que ya cobró las cabezas de dos generales de la República que hoy están acusados: Jorge Arturo Salgado y Jorge Horacio Romero, excomandantes de la Séptima División y la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, respectivamente.

El proceso judicial que empezó a cobrar forma en junio de 2018, cuando oficiales de Contrainteligencia del Ejército establecieron una serie de irregularidades en los procesos contractuales del Batallón de Servicios Yariguíes, de la Cuarta Brigada en Medellín. Trece meses después, el 24 de julio de 2019, fueron capturadas las primeras nueve personas: dos tenientes coroneles, un mayor, un capitán, un sargento del Ejército y cuatro contratistas. Y el 8 de agosto de ese año cayó detenido el general Romero, quien comandó la Cuarta Brigada entre 2016 y 2017. Un año más tarde, el 18 de agosto de 2020, producto de las investigaciones, fue imputado el general Salgado —hoy en retiro, como Romero—, quien está pendiente de que le sea aceptado un preacuerdo. Dos contratistas y un oficial involucrados también llegaron a acuerdos con la Fiscalía.

El Espectador conoció los detalles de estas nuevas imputaciones contra los coroneles Juan Carlos Guerra Durán y John Torres Ballén y los tenientes coroneles Édgar Orlando Castro, José Gregorio Montañez y José William González. Las audiencias en las que la Fiscalía los señaló de estos delitos se dieron el pasado 1° de diciembre. Según la Fiscalía, entre 2016 y 2017 en el Batallón Yariguíes, encargado de centralizar toda la contratación de la Séptima División, la Cuarta Brigada y sus unidades tácticas, se presentaron una serie de delitos para amarrar millonarios contratos a favor de dos compañías: Distrilogística, representada por Samir Fernando García Buitrago, y Ferdiesel, representada por Luis Fernando Ramírez Gómez. Los uniformados involucrados tuvieron roles como jefes de Sección Logística de la Cuarta Brigada, encargada de adjudicar estos contratos.

Según el expediente, mientras el general Jorge Horacio Romero ofició como comandante de la Cuarta Brigada, el teniente coronel Hárold Felipe Páez Roa, el capitán Edwin Eduardo Carrillo, comandante y jefe de presupuesto del Batallón Yariguíes, y la asesora jurídica Angélica María Oviedo, entre otros militares y civiles que trabajaban para el Ejército, “acordaron con contratistas apropiarse del dinero del Estado a través de la contratación de esa unidad militar”. El acuerdo consistió en que los pliegos de condiciones se ajustaban al perfil de los proponentes elegidos a dedo, quienes a cambio se comprometían a pagar el 10 % del valor del contrato a los oficiales y personal civil de esta unidad. Para garantizar su elección, la información de los contratos no era registrada oportunamente en la plataforma SECOP del Estado.

Si por alguna razón los contratistas elegidos eran descartados del proceso, la organización, supuestamente, usaba maniobras para declarar desiertas las licitaciones, evitar que otro las ganara y así garantizar el pago de las coimas. De esta manera, por ejemplo, el coronel Guerra Durán le habría ordenado al coronel Páez Roa conseguir información reservada del contrato de mantenimiento de vehículos para entregársela al representante de la firma Ferdiesel, quien se ganó ese negocio. Además, les habría pedido a varios oficiales y suboficiales que fueran emisarios del contratista Samir Fernando García para que este le pagara $5 millones mensuales. Dinero que, según la Fiscalía, Guerra Durán le daba al general Jorge Horacio Romero. En total, según las pesquisas, este oficial, que se retiró del Ejército en agosto pasado, recibió $30 millones del contratista.

Con otra particularidad que salió a relucir en la audiencia de imputación de cargos y que el fiscal Javier Fernando Cárdenas resumió así: “En el año 2018, mientras funcionarios de la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte realizaba las investigaciones, usted [coronel Juan Carlos Guerra Durán] personalmente, a través de sus subalternos, vigilaba, seguía y tomaba fotografías e informaba de las actividades a los funcionarios del Ejército que integraban la organización”. Es decir, el organismo investigador logró determinar que mientras avanzaban las pesquisas judiciales para desentrañar los alcances de esta presunta organización criminal, paralelamente varios oficiales del Ejército involucrados en estos hechos, al parecer, monitorearon a sus investigadores, conocieron los nombres de los fiscales y hasta les tomaron fotografías ilegalmente.

“Los generales Jorge Salgado Restrepo y Jorge Romero Pinzón y el coronel Juan Carlos Guerra, a cambio de la adjudicación de los contratos, exaltaban con felicitaciones y reconocimientos en el folio de vida los buenos resultados del coronel Hárold Felipe Páez Roa en la gestión administrativa del Batallón de Servicios Yariguíes. Igual lo hacían con los tenientes coroneles José Gregorio Montañez Acosta y Édgar Orlando Castro Malagón”, señaló la Fiscalía. Dicho de otra manera, mientras se consumaban los delitos o repartían los sobornos, se extendían aplausos en las hojas de vida de estos oficiales. Congratulaciones que, además, garantizaban sus ascensos en el Ejército. Estos delitos se habrían presentado en la millonaria contratación de productos de cafetería y cáterin, mantenimiento de talleres, repuestos de carros, mobiliarios y aires acondicionados.

El contratista Samir García Buitrago manejaba todos los negocios en la tras escena. La Fiscalía estableció que, además de entregar dinero, esta persona pagaba el alquiler de bodegas para el comandante de la Cuarta Brigada, así como distintas facturas; suministraba teléfonos celulares y hasta el champú que los oficiales utilizaban para su aseo personal. La trazabilidad de todos estos pagos fue documentada por los investigadores. Por ejemplo, en el caso del coronel John Torres Ballén, por la adjudicación de dos contratos por $700 millones al contratista Alexánder Carrera Arias, habría recibido $58 millones entre 2016 y 2017. El pasado 7 de octubre, los contratistas Carrera Arias y Samir Buitrago firmaron un preacuerdo con la Fiscalía. Lo mismo ocurrió con el teniente coronel Hárold Felipe Páez Roa, funcionario clave en esta presunta organización ilegal.

El caso del teniente coronel José William González Solano es particular. Para la Fiscalía, el exjefe de la Sección Logística de la Séptima División del Ejército tuvo un rol primordial en esta señalada cadena de corrupción. Al parecer, a cambio de favorecer a Distrilogística y a su representante Samir Buitrago, el contratista pagaba “cuentas del comandante de la Séptima División en restaurantes, actividades sociales, facturas de celular y suministraba tiquetes aéreos”. González Solano fue supervisor de un contrato por $290 millones en 2017 para el suministro de tiquetes a oficiales del Ejército. Sin embargo, según la Fiscalía, el general Jorge Arturo Salgado “se aprovechó de su cargo” y obtuvo 25 tiquetes aéreos para su familia. Tiquetes que tuvieron un valor de más de $14 millones, cuyo dinero ya fue reintegrado por Salgado al Ministerio de Defensa.

Las respuestas

El Espectador se comunicó con los abogados de varios de estos oficiales imputados por la Fiscalía. Jairo Serrano, defensor del coronel Juan Carlos Guerra Durán, señaló: “La Fiscalía está totalmente equivocada con el coronel Guerra Durán, porque él llegó a Medellín en enero de 2017 al cargo de jefe de Estado mayor y segundo comandante de la Cuarta Brigada Territorial; eso es de combate, no es de contratación. A él lo vinculan con los mismos hechos que le fueron imputados al general Jorge Romero, pero él no tiene nada que ver ni participó en ninguna contratación de esa unidad militar”. Sobre el contratista Samir García, de quien la Fiscalía aseguró que recibió $30 millones en sobornos, el abogado del oficial en retiro agregó que su cliente no lo conoce ni tuvo contactos con él. “Por último”, dijo, “Guerra Durán no tenía personal para vigilar fiscales, eso nunca ocurrió”.

En lo que atañe al teniente coronel José Gregorio Montañez, jefe de Logística de la Cuarta Brigada en 2016, su abogado Héctor Escobar manifestó: “En esa labor él no era ordenador del gasto, ni intervino en la elaboración precontractual ni contractual y tampoco en la ejecución de los contratos. Además, de doce contratos que le fueron imputados, finalmente el fiscal retiró nueve de ellos. Los tres que mantuvo fue bajo el supuesto de que su interés indebido se concretó en llevar razones del general Jorge Romero al coronel Páez. Pero eso no tiene sentido: ningún general le manda razones a un coronel a través de un mayor, que en este caso es mi cliente. Finalmente, no puede existir un interés indebido en este caso si Montañez no intervino en el trámite de estos negocios. Este proceso está viciado y pediremos que sea enviado a la Justicia Penal Militar”.

Por su parte, Tania Parra, abogada del coronel John Torres Ballén, indicó que su cliente no aceptó cargos porque es inocente. Agregó que Torres Ballén sí tuvo un negocio de carácter personal con el contratista Alexánder Carrera, que consistió en la venta de una camioneta y que por ese tema están los documentos del traspaso. Pero, según ella, nunca recibió ninguna dádiva de ese contratista, como advirtió la Fiscalía. “Mi cliente era el comandante del batallón de servicios de la Cuarta Brigada y esa unidad no era encargada de realizar ningún tipo de contratación pública”. Los abogados consultados están convencidos de que probarán la inocencia de los uniformados e incluso señalaron que el caso es tan débil que no se pidió medida de aseguramiento para sus clientes. En la otra orilla, sin embargo, la Fiscalía dice tener todas las pruebas en este proceso.