Las pruebas que se tendrán en cuenta en juicio a Musa Besaile por cartel de la toga
El exmagistrado Francisco Ricaurte y Sami Spath se acogieron a su derecho a guardar silencio en el proceso. También se ordenaron inspecciones a los celulares de Luis Gustavo Moreno.
Redacción Judicial
El juicio en contra del senador suspendido Musa Besaile por su supuesta implicación en escándalo de corrupción conocido como el cartel de la toga, está en etapa preparatoria en la Corte Suprema de Justicia. La Sala Penal ordenó una serie de pruebas que serán tenidas en cuenta en el caso, entre las cuales está el testimonio del magistrado Gustavo Malo Fernández.
La Corte pidió la declaración, por certificación jurada, de Malo, quien ya fue acusado por la Cámara de Representantes también por su supuesta implicación en este caso, consistente en direccionar procesos en ese alto tribunal a cambio de gruesas sumas de dinero. Precisamente, Besaile fue acusado por haber pagado $2.000 millones de pesos para evitar ser detenido en un proceso que le adelantaba la Corte Suprema por parapolítica.
(Le puede interesar: Musa Besaile, también detenido por parapolítica)
Igualmente, la Sala ordenó los testimonios del expresidente de la Corte Suprema, Francisco Ricaurte; así como del abogado Leonardo Pinilla, socio del extraditado exfiscal Luis Gustavo Moreno; y de Sami Spath, amigo del exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, procesado por su implicación en el Cartel de la Hemofilia y quien supuestamente habría entregado dinero de ese acto de corrupción a Besaile.
No obstante, Ricaurte y Spath se acogieron al derecho de guardar silencio, dado que también están siendo procesados por este caso. En el caso de Pinilla, quien aparece en las grabaciones de las autoridades de Estados Unidos que dieron origen a toda la investigación el cartel de la toga, la declaración empezó, pero fue suspendida por petición del propio abogado.
(Le puede interesar: Musa Besaile, primer congresista llamado a juicio por el cartel de la toga)
En el juicio igualmente se escucharán los testimonios del excontratista de la Gobernación de Córdoba, Jesús Eugenio Henao Sarmiento; así como de Eder Pérez y Rubén Guerra, quienes fueron señalados por el exgobernador Lyons de conocer la corrupción administrativa en el departamento entre los años 2013 a 2015. Además, se ordenó al CTI de la Fiscalía hacer un estudio técnico de cuatro celulares, dos tarjetas micro SD y una sim card hallados en el sitio de reclusión de Moreno y de Pinilla.
Para la Corte es necesario, además, hacer una inspección a las investigaciones que adelanta la Contraloría General al exgobernador Lyons en relación con el Cartel de la Hemofilia. Y, finalmente, la Corte aceptó los testimonios que pidió la defensa de Besaile, como los de José Miguel Ramírez Gómez, Guillermo José Pérez Ardila, Daniel Enrique Montero, Rudi Naim Ortíz Carrascal y Neil Elías Badel Hoyos.
El ventilador de Musa Besaile
Tras reiniciar su acuerdo de colaboración con la Corte Suprema de Justicia el pasado 11 de mayo, este martes se conocieron detalles de la declaración entregada por el político al magistrado Luis Antonio Hernández. En el documento revelado por La W Radio, se afirma que desde el 2010 se empezó a manejar lo que se conoce como “mermelada burocrática” que se daba entre el Gobierno y el Congreso.Besaile también afirmó que todo era pactado en las instalaciones del Palacio de Nariño y que se “calificaba” a cada congresista de acuerdo con la cantidad de votos recibidos y su importancia electoral. Para el caso de las entidades, también se clasificaban por categorías.
En la Categoría A se encontraba el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En la B estaban el Incoder, ICA (Instituto Colombiano Agropecuario), DPS (Departamento para la Prosperidad Social), Invías y Banco Agrario. Y finalmente en la Categoría C estaban la Aeronáutica Civil, el Ministerio de Transporte y 4-72.
Del mismo modo describió que siendo presidente de la Comisión IV de Senado en 2013, se enteró que el Gobierno entregó el ICA al senador Efraín Cepeda para contar con el apoyo de varios congresistas del partido conservador. El mismo caso se dio con el senador Hernán Andrade, a quien se le entregó el Incoder.
Asimismo, y por la alta votación que obtuvieron en 2014 él y el senador Bernardo Elías, el Gobierno “les pagó” con Fonade. No obstante, Besaile quería una entidad de otro nivel. Finalmente, el político aseguró que el Gobierno repartió cuotas burocráticas en todos los departamentos donde se tuvo altas votaciones en la reeleción del 2014.
(Lea aquí: "Con Gustavo Moreno nunca tuve trato ni relaciones de amistad": magistrado Gustavo Malo)
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La Corte pidió la declaración, por certificación jurada, de Malo, quien ya fue acusado por la Cámara de Representantes también por su supuesta implicación en este caso, consistente en direccionar procesos en ese alto tribunal a cambio de gruesas sumas de dinero. Precisamente, Besaile fue acusado por haber pagado $2.000 millones de pesos para evitar ser detenido en un proceso que le adelantaba la Corte Suprema por parapolítica.
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Igualmente, la Sala ordenó los testimonios del expresidente de la Corte Suprema, Francisco Ricaurte; así como del abogado Leonardo Pinilla, socio del extraditado exfiscal Luis Gustavo Moreno; y de Sami Spath, amigo del exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, procesado por su implicación en el Cartel de la Hemofilia y quien supuestamente habría entregado dinero de ese acto de corrupción a Besaile.
No obstante, Ricaurte y Spath se acogieron al derecho de guardar silencio, dado que también están siendo procesados por este caso. En el caso de Pinilla, quien aparece en las grabaciones de las autoridades de Estados Unidos que dieron origen a toda la investigación el cartel de la toga, la declaración empezó, pero fue suspendida por petición del propio abogado.
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En el juicio igualmente se escucharán los testimonios del excontratista de la Gobernación de Córdoba, Jesús Eugenio Henao Sarmiento; así como de Eder Pérez y Rubén Guerra, quienes fueron señalados por el exgobernador Lyons de conocer la corrupción administrativa en el departamento entre los años 2013 a 2015. Además, se ordenó al CTI de la Fiscalía hacer un estudio técnico de cuatro celulares, dos tarjetas micro SD y una sim card hallados en el sitio de reclusión de Moreno y de Pinilla.
Para la Corte es necesario, además, hacer una inspección a las investigaciones que adelanta la Contraloría General al exgobernador Lyons en relación con el Cartel de la Hemofilia. Y, finalmente, la Corte aceptó los testimonios que pidió la defensa de Besaile, como los de José Miguel Ramírez Gómez, Guillermo José Pérez Ardila, Daniel Enrique Montero, Rudi Naim Ortíz Carrascal y Neil Elías Badel Hoyos.
El ventilador de Musa Besaile
Tras reiniciar su acuerdo de colaboración con la Corte Suprema de Justicia el pasado 11 de mayo, este martes se conocieron detalles de la declaración entregada por el político al magistrado Luis Antonio Hernández. En el documento revelado por La W Radio, se afirma que desde el 2010 se empezó a manejar lo que se conoce como “mermelada burocrática” que se daba entre el Gobierno y el Congreso.Besaile también afirmó que todo era pactado en las instalaciones del Palacio de Nariño y que se “calificaba” a cada congresista de acuerdo con la cantidad de votos recibidos y su importancia electoral. Para el caso de las entidades, también se clasificaban por categorías.
En la Categoría A se encontraba el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En la B estaban el Incoder, ICA (Instituto Colombiano Agropecuario), DPS (Departamento para la Prosperidad Social), Invías y Banco Agrario. Y finalmente en la Categoría C estaban la Aeronáutica Civil, el Ministerio de Transporte y 4-72.
Del mismo modo describió que siendo presidente de la Comisión IV de Senado en 2013, se enteró que el Gobierno entregó el ICA al senador Efraín Cepeda para contar con el apoyo de varios congresistas del partido conservador. El mismo caso se dio con el senador Hernán Andrade, a quien se le entregó el Incoder.
Asimismo, y por la alta votación que obtuvieron en 2014 él y el senador Bernardo Elías, el Gobierno “les pagó” con Fonade. No obstante, Besaile quería una entidad de otro nivel. Finalmente, el político aseguró que el Gobierno repartió cuotas burocráticas en todos los departamentos donde se tuvo altas votaciones en la reeleción del 2014.
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