Las razones de Aida Merlano para hablar sobre los Char en la Corte Suprema

La excongresista Aida Merlano, prófuga de la justicia colombiana, decidió hablar ante la Corte Suprema de Justicia en un caso que se desprendió de la condena que la llevó a la cárcel por delitos electorales. En esta versión que rinde hoy la excongresista, su intensión es ampliar su versión sobre la presunta complicidad de la casa política Char, específicamente de Arturo Char Chaljub, por el delito de corrupción al sufragante y otros, en el entramado de corrupción que tiene hoy condenada a Merlano.

Como lo determinó la Corte Suprema en 2019, Aida Merlano llegó al Congreso mediante la compra de votos auspiciada por una empresa criminal, razón por la cual fue condenada a 15 años de prisión. Ahora, la Corte estudia la presunta participación de figuras políticas de la Costa, dentro de las cuales resaltan nombres como el de Arturo Char, hermano del candidato presidencial Ajandro Char; y Julio Gerlein, hermano del exenador Roberto Gerlein.

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El alto tribunal decidió ponerle la lupa a estos dos grandes políticos de la costa caribe, luego de estudiar todas las pruebas que reposaban en el expediente de Merlano. Por ejemplo, la Corte estudió los registros de allanamiento a la sede de campaña de Merlano, conocida como la Casa Blanca (propiedad de Julio Gerlein, desde donde se coordinaban las operaciones).

Adicionalmente, están los testimonios de dos personas que trabajaron en el entramado que constituyó la excongresista y que colaboraron con la investigación en contra de la excongresista. Ambos dieron pistas de cómo otros grupos políticos del Caribe habrían participado del entramado de corrupción de Merlano, especialmente en un tema clave para la Corte: la supuesta financiación del esquema que le permitió a la excongresista llegar al Senado a punta de compra de votos.

Precisamente, lo que hoy pueda decirle Merlano a la Corte podría ser clave en la investigación del alto tribunal sobre la movida de dinero para comprar unas elecciones. La declaración es ante el magistrado auxiliar Carlos Alberto Pedraza, del despacho del magistrado Francisco Farfán, quien adelanta el expediente en contra del hoy candidato, Arturo Char. En la condena contra Merlano, la Corte dejó las pistas claves para entender hacia dónde va la investigación.

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Según determinó el alto tribunal, “en la cúspide de la organización se encontraban particulares y funcionarios públicos, la mayoría políticos, entre ellos la acusada; luego figuraban los coordinadores y líderes de la comunidad quienes se encargaban de conseguir los votantes dispuestos a recibir dinero por el sufragio para los diferentes cargos de elección popular; y por, último; los didactas y punteadores, dedicados a ilustrar a los electores de cómo sufragar y controlar el número de votos obtenidos”.

Aunque se cree que la empresa criminal para comprar votos y subir candidatos de la costa viene funcionando hace bastante tiempo, el alto tribunal solo ha podido investigar recientes campañas electorales, obviamente incluida la que ascendió a Merlano como congresista (2014-2018).

Para la Corte, esta organización también “logró elegir como senador para el periodo 2014-2018 a Roberto Gerlein, y a la Cámara además de la acusada, a Laureano Augusto Acuña; como diputada a la Asamblea por el departamento del Atlántico fue elegida en octubre de 2015, Margarita Ballén, y para el Concejo Municipal de Barranquilla, Jorge Luis Rangel, Aissar Castro y Carlos Rojano, segundo esposo de (la excongresista) Merlano Rebolledo”.

La aparición de la casa Char se pone de presente en el caso, para las elecciones de 2018, cuando deciden apoyar a Lilibeth Llinás de Cambio Radical para que llegue a la Cámara de Representantes. En esa ocasión, Arturo Char habría participado en una reunión en octubre de 2017, donde, según declaraciones que se han dado en el proceso, “se concertó el apoyo que ofrecerían los dos clanes políticos para que la aforada (Merlano) llegara al Senado y a la Cámara de Representantes, Lilibeth Llinás”.

El caso Gerlein

Dentro de la historia que enlodó a Merlano y hoy quiere tocar a la casa Char, se conoció que al parecer Julio Gerlein, contratista de la Alcaldía de Barranquilla, era el quién ponía el dinero para el funcionamiento de la organización ilegal, eso según los testimonios. El alto tribunal determinó que “la mayoría de estas personas (los candidatos) fueron financiadas económicamente por el empresario barranquillero Julio Gerlein, quien presuntamente haría parte del entramado criminal, y que entre otros propósitos, tenía el de lograr que su hermano Roberto permaneciera en el poder, ya que venía ocupando el cargo de Senador desde hacía varios periodos”.

Esta supuesta participación de Gerleín no se limitó solo a lo que relataron las personas, pues la Corte Suprema se valió también de los documentos, computadores y demás elementos que se encontraron al allanar la Casa Blanca, desde donde se coordinaban las operaciones. Pruebas de esa supuesta participación fueron los computadores, certificados electorales, fotocopias de cédula de ciudadanía de votantes, listados de personas con número de cédula y códigos QR, contratos de arrendamiento de las terrazas de las casas, armas de fuego y dinero en efectivo que habpia en las instalaciones.

Una de las pruebas más dicientes fueron los videos en los que la excongresista claramente expresa en su sede de campaña que los $1.300 millones que tiene para la campaña no le alcanzan para pagar los votos y los patios, sino que necesita alcanzar los $2.300 millones. Según la Corte, este gasto de dinero “no se trató de meras actividades proselitistas consistentes en entregar a los líderes gastos de representación, transporte, reparto de sancochos o manejo de cuentas como lo aseguró la procesada (Merlano)”.

Para el alto tribunal, todas estas acciones de las que habrían hecho parte los Char y los Gerlein, comprobarían que “se conformó una verdadera empresa criminal bien organizada, con estructura administrativa y financiera para la compra de votos para alcanzar representación política en distintos órdenes”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

La excongresista Aida Merlano, prófuga de la justicia colombiana, decidió hablar ante la Corte Suprema de Justicia en un caso que se desprendió de la condena que la llevó a la cárcel por delitos electorales. En esta versión que rinde hoy la excongresista, su intensión es ampliar su versión sobre la presunta complicidad de la casa política Char, específicamente de Arturo Char Chaljub, por el delito de corrupción al sufragante y otros, en el entramado de corrupción que tiene hoy condenada a Merlano.

Como lo determinó la Corte Suprema en 2019, Aida Merlano llegó al Congreso mediante la compra de votos auspiciada por una empresa criminal, razón por la cual fue condenada a 15 años de prisión. Ahora, la Corte estudia la presunta participación de figuras políticas de la Costa, dentro de las cuales resaltan nombres como el de Arturo Char, hermano del candidato presidencial Ajandro Char; y Julio Gerlein, hermano del exenador Roberto Gerlein.

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El alto tribunal decidió ponerle la lupa a estos dos grandes políticos de la costa caribe, luego de estudiar todas las pruebas que reposaban en el expediente de Merlano. Por ejemplo, la Corte estudió los registros de allanamiento a la sede de campaña de Merlano, conocida como la Casa Blanca (propiedad de Julio Gerlein, desde donde se coordinaban las operaciones).

Adicionalmente, están los testimonios de dos personas que trabajaron en el entramado que constituyó la excongresista y que colaboraron con la investigación en contra de la excongresista. Ambos dieron pistas de cómo otros grupos políticos del Caribe habrían participado del entramado de corrupción de Merlano, especialmente en un tema clave para la Corte: la supuesta financiación del esquema que le permitió a la excongresista llegar al Senado a punta de compra de votos.

Precisamente, lo que hoy pueda decirle Merlano a la Corte podría ser clave en la investigación del alto tribunal sobre la movida de dinero para comprar unas elecciones. La declaración es ante el magistrado auxiliar Carlos Alberto Pedraza, del despacho del magistrado Francisco Farfán, quien adelanta el expediente en contra del hoy candidato, Arturo Char. En la condena contra Merlano, la Corte dejó las pistas claves para entender hacia dónde va la investigación.

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Aunque se cree que la empresa criminal para comprar votos y subir candidatos de la costa viene funcionando hace bastante tiempo, el alto tribunal solo ha podido investigar recientes campañas electorales, obviamente incluida la que ascendió a Merlano como congresista (2014-2018).

Para la Corte, esta organización también “logró elegir como senador para el periodo 2014-2018 a Roberto Gerlein, y a la Cámara además de la acusada, a Laureano Augusto Acuña; como diputada a la Asamblea por el departamento del Atlántico fue elegida en octubre de 2015, Margarita Ballén, y para el Concejo Municipal de Barranquilla, Jorge Luis Rangel, Aissar Castro y Carlos Rojano, segundo esposo de (la excongresista) Merlano Rebolledo”.

La aparición de la casa Char se pone de presente en el caso, para las elecciones de 2018, cuando deciden apoyar a Lilibeth Llinás de Cambio Radical para que llegue a la Cámara de Representantes. En esa ocasión, Arturo Char habría participado en una reunión en octubre de 2017, donde, según declaraciones que se han dado en el proceso, “se concertó el apoyo que ofrecerían los dos clanes políticos para que la aforada (Merlano) llegara al Senado y a la Cámara de Representantes, Lilibeth Llinás”.

El caso Gerlein

Dentro de la historia que enlodó a Merlano y hoy quiere tocar a la casa Char, se conoció que al parecer Julio Gerlein, contratista de la Alcaldía de Barranquilla, era el quién ponía el dinero para el funcionamiento de la organización ilegal, eso según los testimonios. El alto tribunal determinó que “la mayoría de estas personas (los candidatos) fueron financiadas económicamente por el empresario barranquillero Julio Gerlein, quien presuntamente haría parte del entramado criminal, y que entre otros propósitos, tenía el de lograr que su hermano Roberto permaneciera en el poder, ya que venía ocupando el cargo de Senador desde hacía varios periodos”.

Esta supuesta participación de Gerleín no se limitó solo a lo que relataron las personas, pues la Corte Suprema se valió también de los documentos, computadores y demás elementos que se encontraron al allanar la Casa Blanca, desde donde se coordinaban las operaciones. Pruebas de esa supuesta participación fueron los computadores, certificados electorales, fotocopias de cédula de ciudadanía de votantes, listados de personas con número de cédula y códigos QR, contratos de arrendamiento de las terrazas de las casas, armas de fuego y dinero en efectivo que habpia en las instalaciones.

Una de las pruebas más dicientes fueron los videos en los que la excongresista claramente expresa en su sede de campaña que los $1.300 millones que tiene para la campaña no le alcanzan para pagar los votos y los patios, sino que necesita alcanzar los $2.300 millones. Según la Corte, este gasto de dinero “no se trató de meras actividades proselitistas consistentes en entregar a los líderes gastos de representación, transporte, reparto de sancochos o manejo de cuentas como lo aseguró la procesada (Merlano)”.

Para el alto tribunal, todas estas acciones de las que habrían hecho parte los Char y los Gerlein, comprobarían que “se conformó una verdadera empresa criminal bien organizada, con estructura administrativa y financiera para la compra de votos para alcanzar representación política en distintos órdenes”.

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